Ya contamos 3 semanas de intensa agitación en Bielorrusia, motorizada por el rechazo al fraude electoral con que el presidente Lukashenko pretenden prolongar su mandato. Ya van 26 años desde que asumiera por primera vez, en 1994. Las movilizaciones callejeras vienen marcando el pulso desde el 9 de agosto, y la bestial represión del régimen, lejos de debilitarlas, ha producido lo contrario. En las calles, la juventud de clase media tiene un papel importante, pero todos los observadores destacan la irrupción del movimiento obrero, especialmente sus batallones más concentrados de la industria.
Las marchas y protestas, que llevaron a unas 100.000 personas a las calles de Minsk el domingo 23 de agosto, son muestra de un movimiento espontáneo, con confusión de objetivos y con una dirección debilitada por la poca estructuración de la oposición nacionalista/liberal, pro reformas de mercado, que tiene como figura electoral a la candidata opositora, Svetlana Tijanóvskaya, actualmente exiliada en Lituania. El movimiento tiene extensión nacional, y no se concentra sólo en la capital, Minsk.
Bielorrusia es un país de 9,4 millones de habitantes, ex integrante de la URSS y luego histórico aliado de Rusia. En esa alianza, es el socio menor, pero no debemos pensar la relación cómo estamos acostumbrados: Bielorrusia concentra importantes centros de industrialización de materias primas rusas. Un elemento que alienta la actual crisis es la depresión del precio del petróleo a principios de año, ya que las refinerías bielorrusas exportan petróleo procesando el crudo que obtienen a precios subsidiados de Rusia. Además de esta estrecha relación económica, que ha tenido sus altibajos en los últimos años, también unen a ambos países acuerdos militares y elementos culturales históricos.
Es por esta relación con Rusia que muchos, incluido el bonapartista Lukashenko, etiquetan a las recientes protestas como “pro-occidentales” o pro Unión Europea, tratando de igualarlas al llamado Euromaidán que irrumpiera en Ucrania en 2014, llevando a la dimisión del presidente, y más tarde a una guerra civil. Lo cierto es que las movilizaciones no reivindican la entrada del país en la UE, cosa que era explícita en 2014 en Ucrania, y ni siquiera levantan consignas anti rusas. La propia Tijanóvskaya, desde Lituania, se ha cuidado de desmarcar las posiciones de la oposición de un enfrentamiento con Moscú, dejando claro que se trata de protestas que se limitan a defender la democracia a secas, es decir, la democracia burguesa de la cual la única experiencia que tiene el país son… los gobiernos de Lukashenko, vaya paradoja.
La Unión Europea (UE) viene de años de aflojar las sanciones que aplicaba a Bielorrusia por las violaciones a las libertades políticas del llamado “último dictador de Europa”, en un cuadro de revisión de relaciones con la propia Rusia, país con el que Alemania tiene importantes vínculos productivos, sobre todo por la provisión de materias primas, especialmente hidrocarburos. Frente al actual proceso, las autoridades de la UE se han limitado a emitir declaraciones y el viernes 28/8 votaron sanciones para algunas figuras del régimen.
Por su parte, Putín tiene que manejarse con prudencia en su relación con el país. Si bien apoyó a Lukashenko y la última semana avanzó en amenazar con una intervención directa en la crisis, tiene que, por un lado, mantener su relación con Trump y la UE, y por el otro, pondera más la estabilización de Bielorrusia que al propio Lukashenko, por lo que un sector de su partido político tiende lazos con los sindicatos bielorrusos que participan de las movilizaciones a través de la burocracia sindical de la Federación de Sindicatos Independientes de la Federación Rusa (FNPR).
EEUU, por su parte, no ha tomado una postura clara, y es que el peso de la crisis interna del imperialismo no sólo puede explicar esto, sino que es un elemento determinante en la serie de crisis políticas, de régimen y Estados, y los procesos de lucha de clases que están atravesando el mundo. La desorientación imperialista, de cara a las elecciones presidenciales de Noviembre y con un gobierno de Trump bastante golpeado por las consecuencias de la recesión económica, el mal manejo de la pandemia y el proceso de lucha contra la brutalidad policial y el racismo, son un elemento central de la coyuntura internacional.
Toda una serie de corrientes políticas, la resaca del estalinismo y todo tipo de populistas, se centran en el antagonismo entre EEUU y la UE, por un lado, y Rusia y China por el otro, para condenar las movilizaciones en Minsk y otras ciudades y dar su apoyo al Lukashenko y su régimen, que viene de arrestar a 7.000 manifestantes, matar a más de 3 y que cuenta todavía con desaparecidos en las últimas represiones. El basurero de la historia es el único sitio donde pueden ser bienvenidos estos nostálgicos del Gulag, nada tienen que ver con la izquierda revolucionaria y la vanguardia del movimiento obrero internacional.
La ofensiva imperialista sobre Rusia, y sobre todo sobre China, tiene que apreciarse desde el punto de vista del proceso histórico, no desde la lógica burguesa de la geopolítica. Se trata del problema de la asimilación de los ex Estados obreros, cuyas contradicciones explosivas se desarrollan en todo tipo de manifestaciones especificas en diversos territorios nacionales, con características determinadas. Estamos hablando de procesos tan disímiles como los de Hong Kong, Ucrania y ahora Bielorrusia, pero que son expresión de toda una etapa histórica. Volveremos sobre este problema nodal de la situación mundial más abajo.
Bielorrusia, como otros ex Estados obreros, sufrió un proceso de privatización de la industria a principios de los años 90. Sin embargo, este proceso de restauración capitalista “en frío” tuvo límites tempranamente, llevando a la renacionalización de gran parte de las empresas ya en 1994. Actualmente, el capitalismo de Estado en la industria alcanza entre el 75% y 80% del sector. Se trata de un proceso de renacionalización que también realizó, aunque más tarde, Rusia bajo el comando de Putín. Estos elementos sirven para señalar que la protoburguesía bielorrusa es particularmente débil, y no existen los llamados “oligarcas”, que monopolizan ramas industriales enteras (aunque no de la industria pesada) como fue el caso en Ucrania. Los sectores de esta protoburguesía junto a capas pequeñoburguesas son la base de la candidata opositora, que en realidad viene a reemplazar a su marido, un empresario detenido por el régimen.
Otra diferencia con Ucrania, importante desde el punto de vista sociológico, es la relativa debilidad del sector agrícola y en general de producción de materias primas, en relación a la industria. La industria heredada de la URSS se mantiene en Bielorrusia, mostrándose competitiva en algunas ramas como la de fabricación de maquinaria pesada y tractores, y en la semielaboración de productos primarios. Esta relación es bastante elocuente llevada a cifras: la agricultura, pesca y actividad forestal representan un 6,6% de la producción bruta, mientras la industria significa el 26%. El sector servicios, el de mayor peso en la economía, sustenta a otra fracción importante de la clase obrera, que incluso ha tenido un papel activo en las protestas como es el transporte, y también a amplios sectores pequeñoburgueses.
Cuando hablamos del peso económico de la industria, esto también se refleja en la política. Porque todas las facciones en pugna tienen un activo interés en ganar para sí la simpatía de la clase obrera. Ya hablamos de la federación sindical rusa, pero una actividad similar lleva a cabo la burocracia de la Confederación Sindical Internacional (CSI, a la que están afiliadas las CTAs y la CGT argentinas), sobre todo sus seccionales europeas ligadas por mil y un lazos a los Estados y patronales imperialistas de la UE. También la oposición nacionalista/liberal lanza llamados a la huelga para apoyarse en las fábricas, mientras Lukashenko tuvo una desagradable sorpresa cuando intentó darse un baño de popularidad en su visita a la fábrica de tractores de Minsk, y ahora envía a las autoridades locales a negociar con los trabajadores.
Las acciones obreras han sido importantes, incluyendo paros, asambleas en portones, columnas obreras en las marchas y reuniones con las gerencias y las autoridades locales para exigir la liberación de detenidos y rechazar las sanciones a trabajadores participantes de las movilizaciones, aunque no se terminó de concretar el llamado a huelga general. Tal es el peso de las medidas sindicales que tras las primeras manifestaciones de este tipo Lukashenko tuvo que liberar a los primeros detenidos. Lo novedoso es que estén desarrollándose este tipo de luchas en un país donde el derecho a huelga no está reconocido legalmente y donde la represión está a la orden del día. Mientras la propiedad estatal de las empresas se ha mantenido, Lukashenko viene aplicando un programa, en acuerdo con el FMI, EEUU y la UE, de sucesivas reformas, liquidando la negociación colectiva, imponiendo contratos laborales a plazo fijo, aumentando la edad jubilatoria e impulsando una constante baja del salario real por efecto de la inflación y la devaluación.
Por el momento, las acciones del proletariado van en contra de tener que pagar por las peleas entre las fracciones dirigentes. Utilizan a la oposición para enfrentar a su patronal. Las organizaciones sindicales, estatizadas, no cumplen un rol por lo que los trabajadores han constituido comités obreros, que buscan ser influenciados por la oposición. La lucha por una dirección que permita la intervención de forma independiente de la clase obrera se hace urgente, y es a la vez una tarea internacionalista que los revolucionarios de Europa, Rusia y del resto del planeta debemos apuntalar con toda seriedad y audacia.
La caída de la URSS significó para muchas corrientes la restauración capitalista plena y la reversión histórica total de la Revolución de Octubre. Sin embargo, el proceso resultó mucho más tortuoso para los capitalistas, porque se produjo en una etapa avanzada de la descomposición imperialista. Las privatizaciones, como proceso de reforma económica sin recurrir a una contrarrevolución abierta para destruir los cimientos del aparato estatal surgido de Octubre, y de las sucesivas revoluciones que expropiaron a la burguesía acabando con su dominación en determinados territorios a lo largo del siglo XX, demostró ser un fracaso como apuesta del imperialismo. Entonces, ese proceso de asimilación al capitalismo continúa en desarrollo, sin haber logrado tampoco las protoburguesías de los diferentes ex Estados Obreros, sobre todo Rusia y China, convertirse en nuevas clases propietarias dominantes. Esto no se define nacionalmente, sino en la arena mundial. El proletariado, a su turno, constituye aún una reserva para enfrentar los procesos de restauración en curso, aun cuando haya sido utilizado en diferentes oportunidades como base de maniobra de uno u otro sector de la burocracia restauracionista y/o de las capas pequeñoburguesas aliadas al imperialismo. Esta tragedia tiene como principal causa la crisis de dirección revolucionaria del proletariado internacional.
Es curioso cómo volvemos a leer sobre las situaciones revolucionarias objetivas, esta vez de manos del PO (t) y Altamira, un declarado viejo enemigo de Nahuel Moreno, al discutir los procesos en los ex Estados Obreros. Lo que olvida Altamira es que, para establecer tendencias objetivas, que no están descartadas, es necesario definir cuáles son las transiciones. Cuando Lenin discutía este problema, ya había definido a la fase superior del capitalismo, el imperialismo, como transición entre el capitalismo y el socialismo. En el proceso Bielorruso, debemos considerar el problema de la asimilación, que complejiza la discusión de transición mucho más. No sólo porque no está definido el papel de los ex Estados Obreros en el sentido de si las protoburguesías serán o no capaces, a partir de un ineludible conflicto violento, conquistar una posición como clase capitalista en el mercado mundial y el sistema de Estados o quedarán relegadas como lamentables subburguesías semicoloniales (y este es el programa del imperialismo), sino que también podemos incluso tomar la hipótesis de León Trotsky, que discutía que la dirección contrarrevolucionaria que dirigiera los procesos de restauración, en su contradicción de no poder conformarse en clase, generaría, en su relación con las leyes tendenciales de la economía mundial, un caos capitalista. Esta última hipótesis es para nosotros la que más se acerca al proceso real. Y frente a este caos, lo que se impone es torcer esta tendencia a partir de una dirección revolucionaria consiente.
Alejadas de esta discusión, las organizaciones del trotskismo centrista latinoamericano en sus notas hacen abstracción del carácter de clase del Estado en Bielorrusia, del proceso de asimilación y de las contradicciones establecidas por la descomposición imperialista, para repetir lo que dicen en cualquier otro lugar: se trata de un proceso “por la democracia” donde la clase obrera debe intervenir “de manera independiente”. Continúan atrapados en el esquema del transcrecimiento de la revolución democrática en revolución socialista que les enseñaron Moreno o Guillermo Lora. Pueden incluso levantar consignas como el “fuera Lukashenko”, como hace el Nuevo MAS, donde se impone preguntarse ¿para que venga quién? El Partido Obrero (oficial) nos habla de impulsar “una alternativa política propia de los trabajadores”, mientras el PTS ni siquiera hace referencia a los trabajadores, hablando simplemente de “la independencia política que logre el movimiento respecto de la oposición liberal y populista” ¿nos están hablando de una candidatura independiente en las próximas elecciones? Las discusiones de la conferencia latinoamericana del FIT-U así nos lo hacen pensar.
La crisis abierta por el fraude electoral en relación a la democracia como forma política es un punto de partida para impulsar la lucha obrera contra la restauración capitalista y sus aplicadores, cuyas diferencias en todo caso son en la velocidad de esta restauración. La dictadura de Lukashenko es represiva, encarcela a los luchadores y los reprime, ¿no pueden plantear los trabajadores de Francia y los chalecos amarillos, el movimiento negro del BLM y los obreros chilenos que la democracia burguesa hace exactamente lo mismo? El problema de la relación de las masas con la política está planteado a partir de la relación del proletariado con las palancas de la economía. No es necesario dar rodeos, el carácter histórico de la Revolución de Octubre sigue vivo. La democracia obrera es mil veces superior a las elecciones parlamentarias burguesas, y si los trabajadores, que se han convertido en eje de la situación en el país, pueden desarrollar esta experiencia, es a partir de golpear a Lukashenko y la oposición pro imperialista en la producción, con la huelga general y avanzando en el control obrero de las ramas económicas. Es claro que semejante proceso no puede detenerse en Bielorrusia, porque hasta el final la contradicción del imperialismo y la propia supervivencia de Putín pasa por el proceso de asimilación de Rusia. Por eso, es necesario que la lucha se fortalezca a partir de la intervención del proletariado ruso y de toda la región, con el apoyo decidido de la clase obrera europea y norteamericana, denunciando a viva voz el real contenido de explotación de la democracia imperialista. Es en ese sentido que el proletariado bielorruso debe pelear por su independencia, independencia de clase en tanto sujeto en el proceso histórico, no sólo levantando demandas “sociales y económicas” sino postulando su dirección política a partir de la administración de las cosas, de la que brota de verdadera democracia, la democracia proletaria. La lucha por una Federación Socialista, recuperando lo mejor de la experiencia de la URSS, como forma política de la dictadura del proletariado en su desarrollo internacional. Hasta el final, la lucha de los revolucionarios es por la regeneración de la vanguardia comunista, retomando las tareas que nos legó León Trotsky, luchando por la reconstrucción de la IV Internacional. A la luz de los complejos y riquísimos procesos que se desarrollan ante nuestros ojos es que llamamos a las corrientes que se reivindican por la dictadura del proletariado a una Conferencia Internacional para discutir los desafíos urgentes que tenemos planteados.
El 19 de Agosto, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo Daniel Pizzi emitió una resolución que adopta “la definición de “antisemitismo” aprobada por la Alianza para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Esta disposición está en consonancia con la resolución N°114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, que invita a los organismos públicos y privados a que la adopten, y en sus fundamentos plantea que “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto"(http://www.uncuyo.edu.ar/prensa/resolucion-ejemplar-la-uncuyo-adopto-la-nueva-definicion-de-antisemitismo )
Esta definición, que para el lector incauto puede parecer inocente y justa, en tanto condena una evidente aberración como lo fue el holocausto cometido por los nazis, en el contexto actual responde al lobby sionista al cual se rinde tanto Pizzi como el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y al que vienen adhiriendo distintos gobiernos latinoamericanos y de las principales potencias imperialistas. Querer endilgar el antisemitismo a quienes cuestionen a las “instituciones de las comunidades judías” es la forma predilecta que el sionismo ha encontrado para encubrir las atrocidades cometidas por sus “instituciones”, principalmente el Estado de Israel. Este enclave imperialista en Medio Oriente, responsable de cientos de miles de palestinos masacrados, desplazados y privados de sus derechos humanos más elementales, dirigido por el criminal Netanyahu, viene avanzando a paso firme no solo con sus mortíferas bombas, sino también con un permanente proceso de colonización sobre territorios palestinos. El holocausto del siglo XXI es precisamente el que sufren los palestinos en Franja de Gaza y que enfrentan dando su sangre por conquistar su libertad e independencia.
Para muestra de lo canallesco del accionar sionista, cabe destacar los recientes bombardeos a escuelas, la demolición de hospitales en medio de una pandemia, el asesinato de activistas y un sinnúmero de atrocidades cometidas día a día por este enclave genocida apoyado por los principales países imperialistas. El gobierno de Fernández, que en su primera salida al exterior como primer mandatario visitó a su par israelí y adhirió a dicha campaña sionista, sigue el camino de defender la impunidad imperialista en Palestina y en la misma línea se ha pronunciado en la UNCuyo el rector Pizzi.
Es por esto que rechazamos enérgicamente esta nueva avanzada sionista que busca convertir los actuales victimarios en víctimas y a acusar a toda organización que ose cuestionar las evidentes atrocidades cometidas por los sionistas como “antisemita”. Es por eso que levantamos bien alto las banderas del pueblo palestino y luchamos por la destrucción del Estado de Israel y la construcción de una Federación de Repúblicas socialistas del Medio Oriente que plantee como tarea ineludible la lucha antiimperialista y la eliminación de los gobiernos reaccionarios de la región como parte de un plan de edificación de las bases de una nueva organización social y económica basada en la dirección de la clase obrera. Luchamos por la revolución socialista como forma de acabar con las atrocidades de un capitalismo en descomposición, que se sirve de las ideas más reaccionarias como forma de defender los intereses de la burguesía.
Desde la COR siempre hemos denunciado el accionar genocida del Estado de Israel, mediante campañas públicas y promoviendo acciones de solidaridad internacional proletaria, las que, con motivo de repudiar el bombardeo de Israel al Líbano, nos valieron el accionar persecutorio del régimen universitario mediante imputaciones de militantes por realizar acciones de protesta en la UNCuyo.
Es por eso que llamamos a las organizaciones de izquierda a levantar una campaña común contra esta nueva avanzada del sionismo, exigiendo a los centros de estudiantes, a la FUC y a la FUA la lucha por la derogación de dicha resolución. Instamos a los sindicatos docentes y no docentes a pronunciarse en este sentido, y a unificar acciones en pos de la anulación de la resolución de Pizzi.
Debemos continuar este camino de lucha antiimperialista y para eso convocamos a las organizaciones revolucionarias para realizar una campaña común.
CORRIENTE OBRERA REVOLUCIONARIA- RAMA UNIVERSITARIA
El 21 de agosto de 1940, en la ciudad de México, era asesinado por un agente del stalinismo León Trotsky. Pero a pesar de este brutal atentado contra el desarrollo de la línea revolucionaria liderada por Trotsky, el imperialismo y sus agentes no han logrado deshacerse de él. Hoy, a 80 años de su muerte, cuando en el mundo se desarrolla una crisis económica de características históricas, en medio de una pandemia producto de la relación del capitalismo con la naturaleza, la burguesía sigue viéndose acechada por los fantasmas que creía ya bien muertos y enterrados. En su decadencia actual, una clase tan parasitaria como la burguesía vuelve a sentir que está en peligro. Y en cierta medida está en lo cierto, porque se ha comenzado a romper todo el andamiaje de posguerra y las instituciones y pactos con distintos Estados que sostenían su equilibrio mundial. Asistimos actualmente a una descomposición del imperialismo. Los procesos radicalizados que se dieron en EEUU después del asesinato de George Floyd por parte de la policía y que expresó una crisis política en el corazón del imperialismo, aún no se han podido resolver. Las ideas y acción revolucionarias de Trotsky siguen estando hoy vigentes como guía para los marxistas revolucionarios del siglo 21, que asumimos las tareas históricas de la lucha contra el capitalismo.
El legado teórico y político de Trotsky nos permite encarar estos desafíos desde una perspectiva revolucionaria. Es decir, aplicar el marxismo en tanto método de análisis de las relaciones sociales con el fin de transformarlas; o sea, en tanto guía para la acción revolucionaria.
Actualizar la teoría marxista implica avanzar en el recorrido hecho por Trotsky en cuanto a la Teoría de la Revolución Permanente. Esto es, así como él mismo decía: desarrollar el carácter de la revolución, su nexo interno y el método de la revolución internacional en general. Este último punto es el que debemos desarrollar al calor de los elementos de descomposición del capitalismo y los procesos de asimilación en los ex Estados obreros.
La idea permanentista que incorporó y desarrolló Trotsky es uno de los aportes más importantes a la teoría marxista. Ésta permite entender el desarrollo de los conceptos y sus transiciones, para el estudio científico de las leyes de la economía capitalista, sus instituciones -el sistema de Estados y las formas de Estado, como el bonapartismo-, los procesos de la lucha de clase en la relación con la revolución socialista y las etapas de la dictadura del proletariado. Esta teoría ha quedado tan olvidada, que quienes intentaron “actualizarla” lo que hicieron fue actualizar de forma reformista las tácticas para aggiornarse a la época de posguerra entre dos sistemas y así adaptarse a la conciencia vigente en ese periodo.
Trotsky tuvo que discutir, ante la traición de la III Internacional stalinizada, la recuperación del método y la mecánica del programa. Es por eso que elaboró el Programa de Transición, que, como él decía, nos deja en el umbral de la revolución. Hacía mucho hincapié en mostrar que este programa era un sistema de reivindicaciones transitorias que se proponía atacar las bases del régimen burgués. O sea, desarrollar una de las premisas estratégicas de la III Internacional en su fase revolucionaria, que era la de desorganizar a la burguesía.
La formación de la IV Internacional intentó crear una nueva dirección revolucionaria, con un programa de transición, que fue la expresión de las conclusiones de la Revolución rusa generalizada para todo un proceso. Planteó las tareas históricas del proletariado para destruir el sistema capitalista. Y lo expresó de esta manera: “La Cuarta internacional se puede definir en tres palabras: ¡Por la dictadura del proletariado!”
Sacar las lecciones programáticas de las distintas tendencias centristas que dirigieron la IV Internacional hasta su virtual desaparición es una tarea necesaria para recuperar el Programa de Transición de la influencia estatista, sindicalista y reformistas que llevaron a que muchas corrientes degeneraran y se adaptaran al sistema capitalista.
Reconstruir la IV internacional es intentar saldar la crisis de dirección revolucionaria y preparar la lucha por el poder, recuperar el programa de transición y desplegar la acción revolucionaria ante una crisis mundial que sigue su curso.
Los revolucionarios nos encontramos ante procesos históricos inéditos, un proceso de descomposición del imperialismo y un proceso de asimilación de los ex estados obreros. Pero tenemos herramientas teóricas y políticas legadas del marxismo. La teoría de Marx y Engels, la teoría de la revolución permanente, la teoría del imperialismo, la teoría del partido revolucionario, el programa de las internacionales en su fase revolucionaria, el programa de transición y tantas lecciones programáticas de procesos vivos de lucha de clase.
La TRCI intenta avanzar en el plano de la teoría y la práctica con la firme convicción de que debemos intervenir como una nueva generación de revolucionarios que rompa con las ideas de los centristas trotskistas de posguerra en la necesidad de regenerar al movimiento obrero y forjar una vanguardia revolucionaria que pelee por la reconstrucción de la IV Internacional, ya que opinamos que es la única forma que se puede recuperar la estrategia marxista.
Ante este escenario de crisis mundial, pandemia y crisis política en las principales potencias imperialistas llamamos a reorganizar las fuerzas del trotskismo que aun sostienen la necesidad de la dictadura del proletariado. La Conferencia Latinoamericana y de EEUU, llamada por el FIT-U (Argentina) mostró un gran límite, ya que en sus resoluciones no figuran ni la perspectiva de la dictadura del proletariado, ni la pelea por la reconstrucción de la IV. La aceleración de la crisis impone el llamado a una Conferencia Internacional, pero es imperativo que retome las tareas históricas e intente abordar la crisis de dirección revolucionaria al calor de la situación mundial convulsiva.
Nitrato de amonio, abandonado en cantidad de 2.750 toneladas, desde hace 6 ó 7 años según la fuente, en el puerto y a corta distancia del centro de la ciudad más importante de un pequeño país del mediterráneo oriental. Fue la causa inmediata de la voladura de Beirut, el martes 4 de agosto, que tuvo como saldo al menos 220 muertos, 7.000 heridos y la destrucción de viviendas de unas 300.000 personas. Entre los muertos, muchos trabajadores y la destrucción total de la oficina del Sindicato de Marinos del Líbano; aunque no se trata solamente de una masacre laboral: es la expresión cruda de la descomposición de las estructuras de un semi-Estado burgués. El puerto, manejado conjuntamente por 2 organismos estatales, la Autoridad del Puerto de Beirut y la Autoridad Aduanera, albergaba los silos de trigo con que se alimenta gran parte de la ciudad, que fueron destruidos. Y era la principal vía de comunicación del país. La anarquía capitalista y un Estado descompuesto son la explicación de la deflagración.
Luego de la conmoción inicial, las calles de Beirut volvieron a la efervescencia que viven desde septiembre del año pasado. Las movilizaciones, atizadas por la destrucción de la ciudad que endilgan correctamente al gobierno burgués y sus funcionarios, llevaron al enfrentamiento con las fuerzas represivas, a la toma de ministerios durante el fin de semana, hasta la caída del gobierno del primer ministro Hassan Diab el lunes 10/8. Aunque también se pide la cabeza del presidente Michel Aoun y del parlamento en pleno, lo que habilitaría el adelanto de las elecciones. Este “que se vayan todos”, que se identifica con el carácter espontaneo y con falta de claridad de objetivos de las movilizaciones con elementos semi-insurreccionales, no constituye un programa y deja abierto el debate sobre cómo debemos responder los revolucionarios y la vanguardia ante el problema del poder.
En El Líbano, el proceso de lucha se viene dando desde septiembre del año pasado, llevando a la caída del anterior primer ministro, Saad al-Hariri, en noviembre. No se trata de dos procesos independientes: la crisis económica y social en el país detonó en simultáneo con las movilizaciones en Irak, y también en otras regiones del globo, donde se destacan los procesos en Ecuador, Chile y otros países de Latinoamérica y el Caribe. Estos procesos, impulsados por el inicio de una caída acelerada del crecimiento de la economía mundial y un endurecimiento del mercado crediticio, que llevó a la crisis de deuda en El Líbano y Ecuador, no fueron derrotados. La pandemia y el ensayo general reaccionario de las políticas de cuarentena de los diferentes Estados, a lo sumo marcaron un impasse pero para nada cerraron los procesos y mucho menos solucionaron los elementos estructurales que los determinaban. Por el contrario, la pandemia aceleró de manera explosiva la crisis del capitalismo mundial. En El Líbano, de hecho se produjeron las primeras movilizaciones en medio de la cuarentena. Todo esto, mucho antes de la masacre del puerto de Beirut, que es un elemento que inflama aún más el estado de ánimo de los sectores en lucha.
Para comprender las fuerzas elementales que se debaten en El Líbano, debemos dimensionar la situación de la región del llamado Medio Oriente en su conjunto. El estallido de la crisis de 2008, de la cual la actual es continuidad pero no de forma lineal, produjo un proceso de lucha de clases en la región por el quiebre de las viejas instituciones estatales, que llevaron a la caída de dictaduras de décadas (Mubarak en Egipto, Ben Alí en Túnez, Gadafi en Libia). Este proceso de luchas fue derrotado y desviado hacia enfrentamientos fratricidas encabezados por direcciones contrarrevolucionarias como el islamismo o el nacionalismo burgués, por un lado, y la intervención abierta del imperialismo y sus agentes, en particular del gendarme israelí, enclave impuesto por el imperialismo para mantener el orden en la región. La derrota de estos procesos no significó una solución de los viejos problemas, todo lo contrario. El imperialismo, en el avance del proceso de su putrefacción estructural, agudizó todas las contradicciones, deteriorando aún más las estructuras de los semi-Estados, que en Medio Oriente en particular son aberrantes construcciones impuestas en el período de entre guerras por componendas entre las viejas metrópolis coloniales: Francia e Inglaterra. La actual etapa de la crisis, agudizada por la pandemia, acelera las tendencias centrífugas que presionan a cada semi-Estado de la región. Y sobre esas tendencias es que podemos entender la influencia de Irán, Turquía y Arabia Saudita, y otros tantos semi-Estados que defienden intereses de sub burguesías que intentan acomodarse ante el tambalear del equilibrio del sistema de Estados y la anarquía económica y social determinada por la descomposición imperialista.
En particular, la crisis abierta del semi-Estado libanés se tornó en fractura expuesta a partir de una aceleración de la fuga de capitales del sector financiero a mediados de 2019, que condujo a la devaluación de la libra y a una inflación del 60%, aumento del desempleo y del hambre, a partir del encarecimiento de los alimentos básicos como el trigo y el pan. Esta situación social se torna en un cuadro dantesco si le sumamos la cantidad de refugiados palestinos y, más recientemente, provenientes del éxodo sirio provocado por la guerra civil. Luego de la caída de Hariri, el gobierno de Diab decretó el default de la deuda, que alcanza la friolera del 170% del PBI del país. Las negociaciones con el FMI para habilitar uno de sus créditos de rescate, condicionados por las conocidas medidas de ajuste, cruza la situación, hasta la actualidad. Luego del estallido del puerto, Macron también aparece como supuesto benefactor, condicionando a su vez un rescate de donantes de la ONU a una comisión investigadora independiente, es decir, manejada por la ex metrópoli con sede en París, para la reconstrucción. Desde el aspecto militar, el asedio de las fuerzas de defensa israelíes en la frontera son una constante, más después de la guerra de 2006.
La incapacidad para controlar el puerto y la banca, los dos pilares económicos del país, por parte de la sub-burguesía libanesa, demuestra su grado de parasitismo, y la descomposición absoluta del Estado que dirigen. Las fuerzas centrífugas determinadas por la anarquía capitalista y la descomposición imperialista lo carcomen desde los cimientos. El movimiento obrero debe oponer a esta tendencia a la barbarie el control obrero de las ramas, empezando por la necesaria reconstrucción de la infraestructura. Claramente, esto no es posible sin enfrentar hasta el final las fuerzas del aparato burocrático militar que siguen en pie.
Sectores de la izquierda, como el Nuevo Mas o el PTS, soslayan estos elementos estructurales que determinan la actual crisis en El Líbano. O sólo consideran las determinantes internacionales desde un punto de vista geopolítico, típicamente el PO. Es innegable que El Líbano está atravesado desde su constitución como Estado burgués por un mosaico de comunidades étnico-religiosas que han llevado a un engendro de régimen político en su cima. El régimen libanés es un acuerdo entre facciones político-religiosas que pretende asegurar un “equilibrio” entre las diferentes direcciones burguesas y pequeño-burguesas: el presidente debe ser cristiano maronita, el primer ministro suní y el presidente de la Asamblea Legislativa un chiíta. Es una ilusión resolver este problema a través de una reforma de tipo constitucional (Asamblea Constituyente), democratizando el régimen a partir de un sistema de voto proporcional “a la francesa”. Aunque parezca contradictoria, fue la Francia de la revolución burguesa y su igualdad ante la ley (igualdad abstracta) la que determinó que el régimen burgués en su ex colonia tuviera esa forma determinada, pero no lo es: la semicolonia no se desarrolló a imagen y semejanza de la metrópoli, sus deformaciones bajo la ley del desarrollo desigual y combinado están determinadas por el desarrollo (descomposición) del sistema imperialista. Y esto sucede con el conjunto de la región. No hay que olvidar que la creación de estos semi-Estados “independientes” y separados en Medio Oriente es un aborto imperialista, coronado en 1948 por la creación de Israel.
Para acabar con la dominación imperialista en la región, con los mandatos de Francia y demás potencias europeas, de EEUU y el FMI, que negocian sus términos de dominación sobre terreno literalmente arrasado, el programa es el de la destrucción de Israel y la lucha por una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente, como forma estatal de la dictadura del proletariado. Es necesario preparar una dirección obrera a la altura de los procesos que seguramente se profundizarán. Es lo que fundamenta el llamado que desde la COR Argentina y la TRCI venimos haciendo a una Conferencia Internacional de aquellas corrientes que defiendan la dictadura del proletariado, que intente abordar la crisis de dirección revolucionaria al calor de la situación mundial convulsiva.
El festejo del conjunto de las fracciones burguesas, pequeño burguesas y toda la burocracia sindical por el acuerdo de la deuda con los acreedores privados muestra una vez más -si hacía falta- el parasitismo de una clase que no produce nada y que debe vivir a expensas de la explotación de los trabajadores. Debe ser servil al capital extranjero para sostener al semi Estado. Para pagar la deuda con los fondos privados y con el FMI en un futuro acuerdo, el gobierno ya se prepara para algunas reformas como la laboral, previsional y la recién presentada reforma judicial. En el plano económico es un ajuste en todas las líneas, devaluación, acuerdo de precios y salarios, liberación de tarifas, entre otras medidas.
El festejo se produce en medio de un aumento de contagios y muertes por la pandemia, en que el gobierno se jacta de haber invertido 200 pesos por día con el IFE para más de 9 millones de trabajadores desocupados y un subsidio sideral a las empresas para garantizar parte de los salarios. Y gran parte de esa plata para subsidiar a los empresarios y las migajas para el conjunto de la población salió de los fondos de la ANSES, es decir, de la plata de los jubilados y de los futuros jubilados. Todo un mensaje.
Todas las alas de la burguesía y los partidos patronales estaban a favor de que se llegara a un acuerdo con los fondos privados. Una vez acordada la entrega, las distintas fracciones capitalistas también llegaron a la conclusión que se puede presionar y conseguir todo lo que pidan, después de conocer cómo negocio la deuda el gobierno. Y en esta conclusión no se equivocaron. El gobierno cedió en absolutamente todo, por eso no pueden ni siquiera presentar como una quita de deuda, sino sólo una extensión de los plazos de pago y una reducción de intereses. La euforia del acuerdo les duró poco, ya que la brecha del tipo de cambio siguió en aumento. Además, el supuesto ahorro que dicen haber conseguido es ficticio, porque esa plata no la tenía el Estado para pagar. Simplemente.
La oferta original de Guzmán, allá por abril de este año, comprendía reconocer alrededor de U$S 40 por cada U$S 100 adeudados. Ahora, el Gobierno está reconociendo U$S 54,8 de cada U$S 100 adeudados. Podría decirse que logró reducir un 45% la deuda, pero eso no es así, ya que se comprometió a pagar el 98% del capital de los títulos de propiedad de la deuda y, si los bonistas pretenden capitalizar el acuerdo, esos bonos los adquirieron en el mejor de los casos a U$S 30. Fenomenal ganancia.
El peronismo quiere mostrar este acuerdo como un acto de soberanía e intenta presentar que tuvieron que hacerlo por el endeudamiento de Macri. Pero debemos recordar que la reestructuración de Guzmán comprende una parte importante de deuda emitida durante los gobiernos kirchneristas. Ambas fracciones burguesas han demostrado su subordinación al imperialismo. La relación de una semicolonia como la Argentina, no es de dominación, sino de dominado, es por esto que no existe una burguesía independiente, sino que depende de los designios de los países imperialistas.
Lo que debemos dejar en claro es que un Estado burgués se financia con impuestos y deuda pública. El mecanismo de la deuda externa implica tomar capital a préstamo y pagar anualmente a sus acreedores cierto interés por el capital prestado, en este caso, los fondos privados y, dentro de poco el FMI. En este caso hay una particularidad entre el Estado y el prestamista, el acreedor no puede romper con su deudor, sino vender el crédito, su título de propiedad, ya que el capital ya ha sido consumido, gastado por el Estado, ya no existe. Para este tipo de capital ficticio es, como diría Marx, valor pasado. El capital de la deuda pública sigue siendo capital puramente ficticio cuyo valor no corresponde con algún capital real.
Otras de las características del Estado burgués es que mediante las actividades de este no se produce ningún plusvalor. El estatismo es una política que intenta negar esta característica de los Estados tratando de que éste salve ramas de producción para seguir manteniendo a capas parasitarias. Por ejemplo, la estatización de empresas. Para pagar la deuda estatal, es decir, los intereses de los bonos que los acreedores logran capitalizar, ese dinero sólo puede salir de un sólo lugar, que es donde se produce el valor y el plusvalor. Nos referimos a la producción, a la explotación de los trabajadores. El canje por nuevos bonos, sus intereses y sus plazos están determinados por el nivel de ajuste a la clase trabajadora que está dispuesta a implementar nuestra clase enemiga. Es, en realidad, un derecho sobre el trabajo futuro que producirá supuestamente el plusvalor del que el interés (una retribución por la pura propiedad) será una parte.
Así se pagan las deudas en el sistema capitalista, creer que esa plata que destinan los gobierno para pagar la deuda externa se podría destinar para otras cosas, es totalmente delirante, es plata que no existe. Por eso no pagar la deuda externa significa una pelea por la destrucción del Estado burgués, atacando al régimen burgués en su base, en la producción.
Esta semana, la ciudad de Córdoba fue testigo de un nuevo asesinato a manos de la nefasta policía de la provincia. Blas Correas, joven de 17 años, fue acribillado por la espalda por agentes apostados en un control de circulación, de los que abundan en los barrios, rutas y en cada puente de la ciudad desde que se dictara la cuarentena por el gobierno de Fernández. Incluso, este control represivo del territorio viene de mucho antes, a partir de la política de seguridad del gobierno de Schiaretti. Tal es la conmoción generada por el caso, que el gobierno se vio obligado a relevar a la cúpula policial de Córdoba Capital, un cambio cosmético para sostener la política represiva de siempre.
Los asesinados durante la cuarentena a manos de las fuerzas represivas ya cuenta 5 en la provincia. Se suman a muchos otros casos a nivel nacional, como el de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, las detenciones arbitrarias y los “verdugueos” a la juventud de los barrios son moneda corriente, ahora “legalizada”, y apuntalada por la presencia de la gendarmería y el ejército. Venimos de una importante marcha por la aparición con vida de Facundo, a 3 meses de su desaparición, y se prepara una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil.
Mientras los sindicatos siguen en su tregua permanente, dándole la espalda a la juventud que sufre los abusos de las fuerzas represivas en los barrios, tenemos la responsabilidad de llevar el reclamo por justicia para Blas Correas, Luis Espinoza y tantos más, y por la aparición con vida de Facundo, al interior de las organizaciones obreras. Las fuerzas represivas del Estado, con la policía de Córdoba a la cabeza, son las mismas que reprimieron a los trabajadores de la UTA, del SUOEM, del sindicato de municipales Jesús María y de la Bagley de capital. Sólo por enumerar las represiones recientes, sin olvidar el histórico rol antiobrero de estos perros guardianes del capital. Impulsemos en cada plenario y asamblea de los sindicatos de base de la CTA una exigencia contundente: los policías no son trabajadores. ¡Fuera los sindicatos policiales de la Central! ¡Disolución de la policía! Extendamos internacionalmente el ejemplo de los sindicatos estadounidenses los que, tras el asesinato de George Floyd, exigen la expulsión de las organizaciones policiales de las centrales obreras.
También el movimiento estudiantil debe tomar en sus manos esta pelea. Que la FUC y los centros de estudiantes abran sus puertas y organicen la lucha contra la represión. ¡Que la policía se vaya de la UNC!
Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: ¡Paro General ya! Justicia para Blas Correas.
El 13 de marzo, en medio del endurecimiento de las medidas estatales respecto a la pandemia de Covid -19, la UNCUYO determinó que el cursado tanto de las facultades como de los colegios de la universidad se realizaría a través de clases virtuales. Esta medida se prolongó durante el primer cuatrimestre y se mantendrá en el segundo. Las condiciones laborales han empeorado, las paritarias docentes y no docentes están congeladas, el presupuesto universitario es totalmente insuficiente para surfear la crisis. A comienzos del primer cuatrimestre rechazamos la desvinculación de las trabajadoras y trabajadores de PEUCE. Los trabajadores y trabajadoras del comedor universitario reclaman un aumento salarial, cobro de aguinaldo, pase a planta permanente. Por otra parte, trabajadores de la limpieza hicieron público su reclamo, no les pagan su salario desde hace 6 meses.
Frente a estas situaciones de despidos, ajuste, precarización, salarios por debajo de la canasta básica familiar, sobrecarga laboral por la modificación de la modalidad de cursado, etc. los consejos y centros de estudiantes dirigidos tanto por el radicalismo y el arco del peronismo-k han garantizado un movimiento estudiantil sumiso y desorganizado frente a los ataques de las patronales y los gobiernos Provincial y Nacional. Las agrupaciones universitarias oficialistas han sido co-gestores de la política del gobierno de Alberto, sin cuestionar las brutales políticas de ajuste y represión como el asesinato de Luis Espinoza, la desaparición forzada de Facundo Castro y los innumerables casos de violencia por parte del sistema represivo del Estado, que justifican en nombre de la cuarentena. Al mismo tiempo no rechazan las modificaciones de las condiciones laborales que ha impuesto la virtualidad, el sobrecargo horario, no garantizar el pago de internet, el acceso a las computadoras o dispositivos para dar clases, etc.
A lo largo del primer cuatrimestre hemos presenciado cómo nuestras compañeras y compañeros abandonan el cursado o ni siquiera pudieron comenzar el año ya que las paupérrimas sumas monetarias que se han destinado para pagar parte del acceso a la conectividad llegaron a mitad de semestre. Todavía no sabemos con exactitud cuál es nivel de deserción en la UNCUYO, es necesario realizar un relevamiento curso por curso para que tengamos magnitud del desastre de las políticas de las autoridades. Este relevamiento puede ser realizado por los delegados de curso. La virtualidad ha puesto aún más en evidencia que la universidad por más de ser “pública” sigue teniendo filtros de clase que no permiten que los hijos de la clase obrera tengan el derecho a la educación superior.
Ya son tres las carreras que a partir del próximo año serán eliminadas de la UNCUYO. La primera fue Tecnicatura en Educación Social, hace un par de días se confirmó el cierre de la TUPA (Tecnicatura Universitaria Producción Audiovisual) y por último han decidido cerrar la Licenciatura en Enfermería en plena crisis sanitaria. No podemos permitir estos cierres, es necesario radicalizar las protestas en contra de estas medidas, bajo ningún motivo debemos permitir que las autoridades triunfen con estos atropellos.¡¡¡No al cierre de carreras!!!
Frente a la crisis que atraviesa la UNCUYO no podemos mantenernos en la pasividad y el control que quieren imponer Alberto y los rectores. Debemos seguir el ejemplo de las y los trabajadores municipales de Mendoza que se manifestaron para conseguir un aumento salarial y enfrentaron la represión de Suárez. Las y los docentes, también se han hecho presente en las calles reclamando el pago de aguinaldo, reapertura inmediata de paritarias, aumento del presupuesto educativo, etc. También de las y los trabajadores de la salud que han salido a protestar por pase a planta permanente, aumentos salariales, insumos, etc. Podemos tomar como ejemplo a estudiantes y organizaciones de izquierda de la Universidad Nacional de Córdoba que se están organizando para enfrentar el ajuste, realizando charlas, asambleas y cortes de calle. Debemos reagrupar al activismo y organizaciones combativas, saludamos la iniciativa de las agrupaciones universitarias del FIT-U de proponer instancias de discusión para reagrupar al activismo. Pongamos fecha pronto a una reunión de tendencias y el activismo para preparar las reuniones presenciales y organizar acciones, siguiendo el ejemplo de sectores en lucha, dándonos las medidas de resguardo necesario (distancia, tapabocas, etc). Los centros de estudiantes deben abrirse, es una tarea urgente realizar asambleas por facultades y en los colegios de la universidad. Debemos luchar por:
Es sobre esta base que prepararemos un plan de lucha para imponer nuestras demandas. Debemos pelear por una Universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, sobre la destrucción de los consejos reaccionarios, para ponerla al servicio de la lucha de la clase obrera.
COR-rama universitaria.
La flamante Ley del Teletrabajo presentada por el Frente de Todos (FdT) y cuestionada por el bloque de la oposición y algunos sectores empresariales, fue aprobada el jueves 30 de julio. Las modificaciones que formuló la oposición para dar el consenso en la cámara alta no fueron incorporadas dado que el peronismo contaba con la mayoría para aprobar el proyecto. Previamente, la oposición, venía desarrollando de forma pública los cambios al proyecto para favorecer a algún sector empresario que vio la posibilidad de hacer negocios con empresas de otros países con husos horarios diferentes y así cobrar los servicios en dólares y pagar salarios en pesos. Pero esto no fue posible, no porque el FdT no este seriamente pensando en favorecer a los empresarios amigos, sino porque ensaya los futuros cambios estructurales que va a pedir el FMI para la reestructuración de la parte de la deuda en manos de ese organismo imperialista. Las apuestas por parte del capital internacional dependerán de la capacidad del gobierno de Fernández para consumar la flexibilización laboral como indicio de una reforma laboral en ciernes. La velocidad con la que legalizaron el ataque mejora la performance luego de los fuertes cuestionamientos recibidos respecto al caso Vicentin, que finalizó con la derogación del DNU.
Respecto a la ley, en términos generales desde Juntos por el Cambio a Fernández, pasando por los empresarios y sindicalistas todos coincidieron en la necesidad de la regimentación del “home office” para plasmar en ley las condiciones de flexibilización laboral que se dan en los hechos. Además de profundizar la tercerización laboral. Pese a las declaraciones del séquito de burócratas peronistas que difunden las buenas intenciones de la ley para que el mercado no imponga sus reglas a falta de una normativa que regule.
Está claro que el debate sobre la Ley del Teletrabajo vino a plantear la pelea entre sectores empresariales de los servicios que saldrán a competir por un segmento del mercado, aunque algunos señalan que la ley vino a castigarlos más que a ofrecer incentivos para aquellos empleadores que apuesten por la contratación remota. Otros señalaban no tener asegurada la productividad del trabajo necesaria desde el “home office”, lanzando duras críticas a la reversibilidad como sinónimo de un aumento de la litigiosidad dado que permite de forma unilateral -por parte del trabajador - decidir la vuelta al trabajo presencial. El artículo 8º dice que si las empresas incumplen con este pedido; el trabajador podrá darse por despedido. Es tan cínico tanto el planteo de la ley como la posición de los empresarios, que lo único a lo que tendremos “derecho” los trabajadores será de acudir a la justicia (burguesa) y de forma individual para reclamar por una indemnización. Todo una demostración de por qué los trabajadores debemos rechazar de plano semejante ataque . Más aún cuando los gremios y centrales lo anuncian con bombos y platillos.
Los trabajadores debemos rechazar el trabajo remoto que surge como respuesta de las patronales a una pandemia universal y pretenden así perpetuar la modalidad “home office” para sentar precedente de un ataque mayúsculo en plena crisis económica. El ensayo reaccionario del Estado con la imposición del aislamiento bajo el “fierro” del ejército y la policía, le dio luz verde a las patronales para la migración forzada de miles de trabajadores que tenemos que garantizar la supervivencia de estos parásitos como clase. Podrán disfrazarlo bajo el mote de “modernización” pero de lo único que se trata es de establecer una nueva relación entre capital - trabajo que se exprese en una legalización de la flexibilización laboral.
La ley señala claramente que será para la pos-pandemia, ya que entrará en vigencia a los 90 días de terminado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena). Ni siquiera vino como respuesta a los problemas que enfrentamos en la actualidad: el aumento de la jornada laboral, la polivalencia, mayor control de los procesos, oficinas improvisadas, débil conectividad de internet, incremento de los gastos, grises en cuanto a los accidentes y enfermedades laborales, etc. Pero por sobre todas las cosas, nos niega la posibilidad de la organización colectiva en los lugares de trabajo. La tarea que enfrenta nuestra clase y su vanguardia es desafiar una nueva versión del viejo “trabajo a domicilio” que ya señalaba Marx: “La explotación de fuerzas de trabajo baratas e inmaduras […] es más desvergonzada en la llamada industria domiciliaria que en la manufactura, porque con la disgregación de los obreros disminuye su capacidad de resistencia; porque toda una serie de parásitos rapaces se interpone entre el verdadero patrón y el obrero; […] porque la pobreza priva al obrero de las condiciones de trabajo más imprescindibles, de espacio, luz, ventilación, etc.; porque se acrecienta la inestabilidad de la ocupación...” (Karl Marx, El Capital, Tomo I).
Claro que en la actualidad el mencionado “trabajo a domicilio” viene de la mano de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La legalización del mismo significa claramente que aprovecharon la excepcionalidad de la pandemia para introducir un ataque que estamos llamados no solo a rechazarlo sino a organizarnos para actuar con nuestros métodos. Nos congelaron las paritarias de varios sectores, hubo despidos y suspensiones en la industria y los servicios; ramas enteras estamos bajo la modalidad “home office”: bancarios, telecomunicaciones, salud, educación, la industria del software y los servicios informáticos y estatales, por mencionar algunas. Mientras los burócratas sindicales continúan en su eterno letargo comprometidos con la falta de acción para preservar sus intereses aunque insistan que se trata de nuestra salud. Debemos seguir el ejemplo de importantes sectores obreros que salieron a la lucha de forma aislada, pero decidida, lo que permite augurar futuros procesos de lucha que saquen lecciones del rol del gobierno, los empresarios y la burocracia sindical.
Mención aparte merecen los sindicalistas que además de garantizar esta extorsión de las patronales van a empezar a reclamar y negociar el encuadre de miles de trabajadores en aquellos CCT que definen la tarea específica de la atención y/o comercialización de bienes y servicios vía telefónica y plataformas virtuales. No ha sido ingenua ni gratis la participación en la comisión de legislación en el Senado, del burócrata sindical Walter Franzone, titular de la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos (ATACC) con sede central en Córdoba. Este gremio obtuvo la homologación de su CCT688/14 bajo el gobierno de CFK, que permitió disputarle, en el 2014, el encuadre de varios miles de trabajadores de las tercerizadas de call centers al massista Pablo Chacón (Comercio-Córdoba). La pelea no solo era por los trabajadores de ese momento sino por los que vendrían. Varias empresas se convertían en tercerizadoras de servicios y se instalaban de forma definitiva en Córdoba de la mano de las exenciones impositivas otorgadas por los gobiernos peronistas de De La Sota y Schiaretti. En 2015, Franzone consiguió la inscripción gremial y obligatoriedad del CCT688/14 en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
La división impuesta a los trabajadores por rencillas de los políticos burgueses (Massa –Cristina) y reproducida por los burócratas sindicales en 2014; nos costó mayor atomización para más tarde verlos unidos rescatando al peronismo y bancando, en la actualidad, al mismo gobierno.
Los tercerizados sufrimos todo tipo de abusos perpetrados por estos parásitos intermediarios que nos dividen de los compañeros de las empresas madres para las que realizamos la misma actividad, con salarios y condiciones muy por debajo de los que establecen los convenios por rama. Las tercerizadas imponen estas condiciones paupérrimas a miles de trabajadores desde los 90 hasta la actualidad, bajo la tutela estatal y el banque de la burocracia sindical. Nos suspendieron con el 75% del salario porque las patronales no se hicieron cargo de proveernos los elementos necesarios bajo el mote de “es mejor estar cobrando el 75% del salario que estar despedido”. Dejaron pasar la baja de contratos de cientos de trabajadores de agencias de empleos que argumentaban la recontratación del personal cuando pasara la cuarentena. La directiva del ATACC introdujo una modificación al CCT -sin consultarle a nadie– sobre el Teletrabajo suprimiendo todas las cláusulas medianamente favorables a los trabajadores que establecía la Resolución 595/2013 del Ministerio de Trabajo.
Es hora que los tercerizados pongamos blanco sobre negro, y de forma decidida recuperemos el lugar que nos quitaron. Pelear por ponerle fin a las empresas tercerizadas y agencias de empleo; será el inicio del pase a convenio de la actividad principal y la efectivización en las empresas madre. Somos miles de compañeros que hacemos funcionar la atención a clientes, comercialización y cobranzas, de la banca pública y privada; los monopolios de las telecomunicaciones; alimentación, prensa, educación, salud, constructoras, correos, aseguradoras, petroleros, turismo, mega tiendas, gobiernos y un larguísimo etc.
Claro que este desafío lo debemos llevar adelante en unidad con los trabajadores efectivos de estas empresas y de forma decidida enfrentarnos a la burocracia sindical de Franzone y de los sindicatos de estas ramas (FOETRA, Bancarios, etc.) que han dado sobradas muestras de traición. ¡Por sindicatos únicos por rama y por oposiciones revolucionarias para recuperarlos de manos de la burocracia sindical! Rechazar la implementación de la ley del Teletrabajo será clave para evitar la migración de cientos miles de compañeros a una mayor dispersión de fuerzas en pésimas condiciones. Tenemos una ardua tarea por delante, ¡manos a la obra!
En su desarrollo, la crisis capitalista y sus efectos, acentuados con la pandemia del COVID-19, vinieron a mostrar la estructura de un estado burgués y la forma en que la burguesía se garantizó el flujo de mercancías y mano de obra a las fábricas. Lo cierto es que con la excusa de la pandemia, tanto empresarios como burócratas sindicales aprovecharon para avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y para tener un mayor control en los procesos productivos.
Desde el 20 de marzo la UOM Córdoba (como otros sindicatos) cerró sus puertas, dejando vía libre a que las patronales que fueron habilitadas en período de aislamiento social, modificaran y planificaran cómo iba a ser el proceso productivo, dejando a los trabajadores expuestos a posibles contagios en medio de la pandemia. Las patronales, consciente de los efectos que iba a tener la pandemia, tanto en caídas de ventas como problemas de logística, con la venia de las burocracias pudieron acomodarse mejor para recibir el impacto.
La UOM, por su parte, acordó una suspensión al 75 % “por whatsapp” ya que no hubo discusiones ni plenarios donde los obreros metalúrgicos debatieran sobre cómo serían las mismas o rechazarlas. Las cámaras empresariales ni amagaron un golpe para que Caló se bajara los pantalones. Todo trabajador que no fuera convocado por las patronales a trabajar como exceptuado, pasaba a estar suspendido de hecho, incluso los trabajadores considerados de riesgo. Otro elemento presente en el acuerdo de la UOM fue la posibilidad de llegar a acuerdos individuales entre trabajadores y patronales, por retiros voluntarios, que ya sabemos que son despidos encubiertos, a partir de la presión económica, falta de paritarias este año, sumado al atraso salarial acarreado por años de acuerdos.
Las empresas comenzaron a convocar como era de esperar al personal más afín a sus intereses, impidiendo el retorno de delegados. Las convocatorias fueron en para modificar puestos, delimitar zonas, colocar separadores de acrílico en los puestos que están a menos de un metro y medio, expendedores de alcohol en gel, etc., requisitos para que el C.O.E.(Centro de Operaciones de Emergencia, encargado de las habilitaciones en pandemia y aprobaciones de protocolos) les diera el ok.
Habiendo preparado los lugares de trabajo y armado los protocolos, algunas empresas comenzaron a trabajar. En el sector autopartes, ligado a las automotrices, lo han venido haciendo hasta el día de hoy a media máquina, sin la totalidad del personal. Se han dedicado a sacar pedidos atrasados hasta el mes de julio, previendo que los programas de producción comenzarán en octubre. En el sector linea blanca (electrodomésticos y afines) se sintió menos el impacto. Han regresado la totalidad de los planteles excepto compañeros considerados de riesgo y compañeros que no tienen movilidad propia.
Los metalúrgicos no podemos confiar en planes y protocolos que elabora una clase que tiene como único norte la obtención de ganancias apropiándose de la plusvalía que genera nuestra clase. Los protocolos están siendo aplicados en este ensayo reaccionario para disciplinarnos y quitarnos conquistas en búsqueda de un nuevo equilibrio que les permita mayores márgenes de ganancias en este periodo de crisis. Ante esta situación, los metalúrgicos tenemos que impulsar delegados de seguridad e higiene, comisiones independientes de seguridad e higiene y elaborar un protocolo obrero, nacido de discusiones y debates en los lugares de trabajo.
Por otro lado, la falta de discusión sobre las paritarias está generando, debate en los lugares de trabajo, porque al tener básicos que rondan los $32.000 se hace muy difícil la vida e incluso cumplir con los protocolos que se impulsan desde el estado y las fábricas: los compañeros optan entre comer o comprar desinfectantes. Es por eso que en el mes de junio, algunas seccionales, en su mayoría del interior del país, se descuelgan del secretariado nacional. En el caso de Córdoba, desde la seccional impulsan un pedido a las patronales de una “ayuda de $10.000” a cuenta de futuras paritarias, pedido que creemos insuficiente por que no es un aumento que vaya al básico y quede como parte del salario. Además, es un saludo a la bandera ya que no se proponen medidas para garantizarlo, puro confeti para descomprimir la bronca.
Por su parte, la UOM nacional adelantó que buscará retomar las paritarias congeladas en el marco de la pandemia y pedirá un bono especial de $10.000 para empezar a recomponer los ingresos. Los metalúrgicos tenemos que impulsar la reapertura de paritarias y realizar asambleas por sector para elegir delegados paritarios, partiendo de la base de que el obrero con la categoría más baja de nuestra rama debe ganar lo que equivale a la canasta básica y que los salario tengan una indexación mensual para que la inflación no supere el sueldo.
Por su parte, la UOM Córdoba está siendo muy cuestionada por su línea, ya que se han sucedido despidos de trabajadores contratados. Incluso hay patronales que no han abonado ni siquiera las suspensiones acordadas, pagando en partes. Tal es el caso de la autopartista Montich (produce autopartes para las diferentes terminales instaladas en la provincia) donde desde que comenzó la cuarentena les abonan un 60% de sueldo. También a tener en cuenta es lo que sucedió las últimas semanas en las autopartistas Fama, Fumicor y Servicios Industriales, donde estando algunos compañeros suspendidos y otros trabajando, les pagaban sumas de $4.000 por quincena. Estas empresas funcionan en el mismo predio y son propiedad de la misma familia. Al abonar los $4.000, lo hicieron a todo el personal, incluyendo a los compañeros suspendidos y a los que estaba trabajando también. El chamuyo para justificar esto: como la única planta que estaba trabajando era Fama, la plata que entraba la estaban “distribuyendo” entre todos los trabajadores para que todos, suspendidos y convocados, cobraran algo. ¡Cinismo patronal del peor para sembrar divisiones de parte de los zánganos que viven de nuestro trabajo!
Los compañeros, luego de hacer reclamos primero a los delegados (que no iban a trabajar ni daban solución a los pedidos), reclaman al gremio que se presente. Aparece uno de los dirigentes de la UOM y hace una asamblea, pero no se define ningún plan de acción para garantizar el pago del sueldo. El sindicato actuó como vocero de la empresa, tirando la línea de que la pandemia frenó la economía y que venía complicada la mano hasta octubre, fecha donde estarán comenzando a producir autopartes para el nuevo proyecto de pick up de Renault.
Dos semanas después, la situación que detona la lucha es la falta de pago del aguinaldo. Los compañeros van a las paradas de líneas y luego aparecen los dirigentes de la UOM, hacen asambleas donde se define quedar en asamblea permanente por dos días y finalmente hacer una toma de fábrica de un día en reclamo por lo adeudado. La empresa afloja y ofrece pagar el aguinaldo en dos veces y lo adeudado del sueldo de una sola vez. La patronal quiso mostrarse dura y no quería pagar los días de protesta y toma (dos días y medio), pero terminó ofreciendo $3.000 en forma no remunerativa.
Esta importante experiencia nos demuestra el rol que juega la burocracia sindical y sus delegados, y también que se puede luchar y que luchar da sus frutos. Pero también que es necesario recuperar la dirección del sindicato y los cuerpos de delegados, porque de lo contrario la burocracia, que no quería mover un dedo, es la que termina negociando por mucho menos de lo que podríamos haber conquistado. Nosotros luchamos y ellos negocian, eso no puede seguir así. Por eso el planteo de elegir delegados paritarios en asamblea e imponer veedores elegidos por la base en cualquier negociación con las patronales.
La UOM seccional córdoba se niega a llamar a cualquier tipo de congreso o asamblea para unificar la pelea que tenemos que dar los metalúrgicos. Los activistas y delegados combativos que venimos enfrentando los ataques de la patronal en las fábricas debemos imponer un congreso de emergencia donde participen delegados con mandatos de las bases para proponer un plan de lucha para enfrentar despidos, suspensiones y conquistar la reapertura de paritarias.
Sabemos que estas exigencias no son sólo de nuestra rama. Trabajadores de UTA, SUOEM, SUTNA, Alimentación, Hospitales, AOITA, municipales de Jesús María, docentes, están saliendo a la pelea y dieron los primeros pasos enfrentando las medidas represivas que implica la cuarentena impuesta por la burguesía y avalada por la burocracia.
Para romper este cerco los trabajadores de todas las ramas tenemos que imponer un plenario provincial de delegados convocado por los sectores en lucha, que discuta un plan de lucha y un paro activo provincial, para frenar los despidos, flexibilizaciones, sueldos adeudados y por la conquista de todas nuestras demandas. Será parte del reagrupamiento de los sectores de vanguardia y de la preparación de oposiciones sindicales para recuperar nuestras organizaciones, los sindicatos.
La crisis económica, profundizada y acelerada por la pandemia, también se ha colado en la UNC. La cuarentena y el paso inconsulto a la virtualidad han traído aparejados una serie de problemas que se suman a la crisis y el ahogo presupuestario que vive hace años la universidad. Tanto a los docentes como a los no-docentes se les han congelado las paritarias, se pasó a la virtualidad sin que se garanticen las mínimas herramientas y condiciones, obligándolos a tareas fuera de los convenios. Los trabajadores que continuaron asistiendo a la UNC denunciaron falta de condiciones de seguridad e higiene adecuadas frente a la pandemia; las condiciones de precarización laboral continúan con cientos de contratos basura, monotributos y trabajo ad honorem. Los estudiantes también hemos visto erosionadas las condiciones de cursado, los contenidos han tenido que ser reducidos, hay una incertidumbre total respecto a los exámenes finales, pero en especial preocupa la enorme deserción por la falta de recursos técnicos, como así también por el deterioro acelerado de las condiciones de vida productos de los despidos, las suspensiones, la inflación, el avance de la precariedad laboral, etc.
Mientras esta situación avanza, desde el gobierno de la universidad no han hecho una sola estadística seria que permita conocer el verdadero cuadro de la situación, sólo se han limitado a dar becas de conectividad que han resultado por demás insuficientes. Mientras tanto, en este 1º cuatrimestre han realizado acuerdos con el vaticano para ceder recursos a la Universidad del Sentido, se ha realizado la compra de “Respondus” (Software de vigilancia para la toma de exámenes) y se ha aprobado la reconducción del presupuesto 2019, es decir, funcionar con la misma plata que en 2019 a pesar de que ha habido una inflación de más del 50%.
Mientras los sindicatos de docentes y no docentes han dejado pasar el ataque y la FUC y centros de estudiantes se han mantenido cerrados, un grupo de estudiantes independientes y organizaciones combativas y de izquierda, junto con trabajadores de la UNC, nos hemos venido organizando con acciones callejeras, asambleas, y marchando a la última sesión de Consejo Superior donde, con las fuerzas represivas, se nos negó poder entregar el petitorio con los reclamos más urgentes, entre ellos: becas económicas de emergencia, aumento de presupuesto, reapertura de paritarias, etc.
La virtualidad se ha convertido en un paso más hacia la elitización de la educación. Tenemos que realizar un relevamiento curso por curso para conocer quiénes son los compañeros que se han quedado fuera de la educación y cuáles han sido los motivos, así como la situación específica de los docentes y los no docentes. El contacto directo con estos compañeros nos permitirá no sólo tener la información precisa de la situación sino también entablar relaciones con esos compañeros para organizar la pelea.
El regreso a la presencialidad también ha estado en discusión las últimas semanas. Luego de que el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se reuniera con el Ministerio de Educación para establecer un protocolo marco sobre el cuál cada unidad académica podrá evaluar el regreso presencial, en la UNC se ha debatido respecto a un posible regreso. Si bien momentáneamente ha quedado suspendido un regreso masivo, muchos trabajadores no docente ya realizan tareas presenciales. Estos protocolos se discuten a espaldas de los trabajadores y estudiantes y están hechos con la lógica patronal de los “errores humanos” que buscan que seamos nosotros los responsables si hay algún contagio.
Somos nosotros los únicos interesados en preservar nuestra salud y los más calificados para definir las condiciones de seguridad y salubridad indispensables para el trabajo y el estudio presenciales ante la pandemia, ya que transitamos esos espacios todos los días. Debemos ser quienes definamos un pliego de reclamos con las condiciones que se deben cumplir para regresar sin poner en riesgo nuestra salud. Impulsemos asambleas interclaustros por facultad para darnos esta discusión y elaborar estos pliegos.
Es necesario profundizar el debate para fortalecer la pelea. Las autoridades universitarias pretenden hacernos creer que ellos son los especialistas en el manejo de la universidad, y que son los que deben decidir sobre el destino de nuestra educación. Los órganos de co-gobierno universitario son la correa de transmisión de las políticas del gobierno nacional para la educación, defienden los intereses de las empresas con las que tienen mil y un lazos a través de los convenios y son la patronal para los trabajadores de la UNC.
La consigna de “defender la educación Pública” en realidad enmascara el carácter de clase que tiene la educación que es Burguesa, la educación no es pública ya que la enorme masa de trabajadores se queda fuera de las universidades. No se trata de si los fondos para la educación son estatales o privados, ya que el Estado actúa como una gran firma burguesa protegiendo los negocios de su clase. Es justamente esto lo que permite que las empresas y las organizaciones internacionales como el BM o el FMI tengan plena injerencia en nuestros planes de estudio.
Necesitamos organizarnos con independencia de clase llamando a un Plenario Universitario de delegados docentes, no docentes, investigadores y estudiantes para deliberar sobre todos los problemas de la universidad y que nos permita definir un pliego único de reivindicaciones, donde se incluya la reapertura inmediata de las paritarias docente y no docente, el aumento del presupuesto universitario, el no pago de la deuda externa, el salario inicial igual a la canasta básica, el pase a planta permanente de los precarizados, horas de estudio bancadas por las patronales, el triple turno de cursado, el ingreso irrestricto y demás reclamos. Junto con la aplicación de partidas específicas para las obras edilicias y la provisión de equipos y materiales para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salud para la vuelta a las aulas y demás espacios de estudio e investigación de la UNC. Es sobre esta base que prepararemos un plan de lucha para imponer nuestras demandas.
Debemos pelear por una Universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, sobre la destrucción de los consejos reaccionarios, para ponerla al servicio de la lucha de la clase obrera. Sabemos que las conducciones hoy al frente de nuestras organizaciones no han movido un dedo, esto sólo demuestra que esas conducciones por acción u omisión son cómplices de la política de las autoridades, si no están a la altura del ataque deben ser barridas de la dirección. ¡Recuperemos nuestras organizaciones para la lucha! Llamamos a las corrientes de izquierda de la UNC y los trabajadores y estudiantes combativos a debatir la tareas de la vanguardia en esta crisis, con el objetivo de poner en pie una Corriente Revolucionaria en la universidad, docente, nodocente, estudiantil, con libertad de tendencias, que se proponga este objetivo.
Debemos levantar enérgicamente la exigencia de ¡Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro! Desde el comienzo de la cuarentena Alberto Fernández, en acuerdo con los gobernadores, viene avanzado en el control represivo de la población, mediante un amplio despliegue de fuerzas policiales, de seguridad y militares en el territorio. Los trabajadores y los jóvenes en lucha sabemos bien cuál es la función de la policía: actuar como grupo de choque para defender los intereses de las patronales. Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: PARO GENERAL YA. APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO.
COR
Rama Universitaria Córdoba
Una paritaria bancaria en cuarentena y en línea con los pedidos del gobierno
Entre gallos y medianoche se alcanzó un acuerdo paritario bancario, casi al cierre del mes de julio, del cual ningún bancario estaba al tanto que se estaba discutiendo. El mismo significa un aumento (totalizado) del 26% al salario bancario, pero que en realidad son 4 aumentos trimestrales (7% para el primero y tercer trimestre y 6% para el segundo y cuarto trimestre) y los cuales no son acumulativos, ni retroactivos a enero y con una cláusula de revisión recién para noviembre de este año. Un aumento paritario, que, apenas cubre el “aporte solidario” que definió el gobierno a principios de año el cual iba ser absorbido por futuros incrementos.
Estas paritarias están enmarcadas en el pacto social del que tanto habló (y quería armar) Alberto Fernández en su campaña electoral presidencial del año pasado y que hoy, luego de más de cuatro meses de cuarentena obligatoria, se firma con la idea de imponer una nueva relación entre capital y trabajo, donde la variable ajuste seguimos siendo los trabajadores.
Está claro que lo que el gobierno, las patronales (nacionales e internacionales) y la burocracia sindical están tratando, es de dar forma a lo que se viene: no un escenario post pandemia, sino al que se impondrá luego de la negociación con los bonistas por el pago de la deuda externa y las condiciones en las que el país quedará después de ésta.
Es por eso que es tan importante, tanto para el gobierno, como por las patronales, el definir y legalizar hoy los ataques a los trabajadores: ya sea por medio de rebajas salariales (aumentos por debajo de la inflación proyectada, por ejemplo), masivos despidos encubiertos por medio de los famosos “retiros voluntarios”, suspensiones, la reforma previsional y la tan mentada y no lograda por el gobierno anterior: reforma laboral.
El acuerdo firmado sólo habla de aumento salarial y no dice nada al respecto de las condiciones en las que hoy están trabajando los bancarios (como la cantidad de horas extras que hacen con el homeoffice, escritorios improvisados en los hogares y malas herramientas informáticas y de conectividad). Esto se discutió por otro lado y quedó plasmado con la recién aprobada Ley de teletrabajo, que avala la flexibilización laboral (y la bancaria y la burocracia en general apoyan) y en la discusión que están planteando sobre productividad y la necesidad que tienen de “modernizar” las leyes laborales.
Por otro lado, la Bancaria avalando el “quédate en casa” del gobierno, también aceptó que el sindicato se cerrara y se cancelaran las reuniones de los trabajadores en nombre de “cuidar nuestra salud” desde marzo a esta parte. También aceptó los protocolos anti covid armados por los bancos y los homologó en el Ministerio de Trabajo, y que hasta el final eran garantía de una mejor explotación y de contagio en las sucursales. Es que, las medidas de protección no sólo llegaron tarde en muchos bancos, sino que no en todos se aplicaron y plantean lineamientos generales que no tienen en cuenta las verdaderas condiciones en las que trabajamos. En la práctica, muchos bancarios y bancarias se han infectado por el virus, no se han respetado las medidas mínimas de protección, ni se les ha brindado los insumos y elementos a los trabajadores para evitarlos y luego nos echan la culpa “por no cuidarnos”. Es necesario que votemos delegados de Seguridad e Higiene para definir y hacer cumplir las medidas necesarias de protección de nuestros compañeros.
Por todo esto es imperioso que nos organicemos para pelear por nuestras condiciones de trabajo y por todo los que nos quitaron antes y durante la cuarentena y lo que nos quieren quitar con las próximas medidas en puerta. Palazzo y compañía, apoyando al proyecto de Alberto Fernández, ató nuestra organización de pies y manos a un proyecto que busca explotarnos y oprimirnos cada día más. En este sentido, tenemos que recuperar nuestra organización para la lucha, independiente de los partidos patronales y que pueda, junto con hermanos sindicatos recuperados de manos de la burocracia sindical, pensar una salida revolucionaria para los trabajadores y el pueblo pobre en su conjunto. Hacemos un llamado a todas las agrupaciones combativas y de izquierda en La Bancaria a que discutamos la necesidad de poner en pie una oposición sindical revolucionaria dentro del sindicato.
Sindicatos y pandemia
En medio de la crisis por el coronavirus, que aun sigue golpeando en gran parte del país, centralmente en el AMBA, hemos podido constatar por qué afirmamos que la burocracia sindical es un enemigo en nuestras filas.
El gobierno, la oposición patronal, los empresarios nacionales e internacionales y sus aliados de la burocracia sindical intentan imponer una nueva relación entre el capital y el trabajo. Buscan legalizar los ataques en medio de la pandemia, con rebaja de salarios, una nueva reforma previsional y lo más importante una reforma laboral para “modernizar las leyes laborales” como planteó el gerente de Mercado Libre en el conflicto con los camioneros ante los bloqueos de sus depósitos. El plan de las distintas fracciones burguesas y pequeñoburguesas está bastante claro: sus peleas son por definir qué sector de la economía es el que debe ganar y cuál perder, pero en lo que sí tienen acuerdo es en que deben atacar a los trabajadores y el pueblo pobre.
En esta crisis quedó al descubierto el calamitoso sistema de salud y las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores. Y resulta que los mismos que nos llevaron a esta situación histórica, son los que nos prometen poner a la Argentina de pie.
Alberto Fernández decretó la cuarentena para preservar el sistema de salud de un semi-Estado, y la burocracia fue la garante de desorganizar al proletariado bajo la tutela del Estado, ya que aceptó alegremente que con dicho decreto se cerraran los sindicatos y se cancelaran las reuniones obreras en nombre cuidar la salud. Apoyaron la idea de trabajadores esenciales, que dividió a las filas obreras según un criterio burgués. En el desarrollo de la pandemia y el famoso “quedate en casa”, que la burocracia sindical practica desde hace muchos años, acordaron la rebaja salarial a los suspendidos, no abrir paritarias y, donde había paritarias, a la baja. Dejaron pasar todos los despidos y suspensiones y, ante el coronavirus, dejaron a su suerte a los trabajadores, aceptando todos los protocolos armados por los empresarios, que eran garantía de super explotación y contagio. Apoyaron la Ley de teletrabajo, una de las formas de flexibilización laboral que están intentando imponer la patronal y el gobierno para el escenario post pandemia. Con respecto a la deuda, se juntaron con los grandes grupos empresarios para solicitar que se les rebajen las cargas impositivas y que se pague la deuda. Ante la desorganización de los trabajadores se movieron en su salsa. Obvio que, en este proceso de más de 4 meses, importantes sectores salieron a la lucha de forma aislada, pero decidida, lo que permite augurar futuros procesos de lucha que saquen lecciones del rol de la burocracia sindical, el gobierno y los empresarios.
Tenemos que volver a organizarnos para luchar por recuperar todo lo que nos quitaron en la cuarentena y en los últimos años para, ya no sólo mejorar las condiciones de vida que se han pauperizado, sino para enfrentar el nuevo ataque que preparan contra nosotros para que seamos otra vez los que paguemos la crisis.
Recuperemos los sindicatos
En primer lugar, debemos pelear al interior de los sindicatos por ser una minoría activa, una oposición sindical revolucionaria que levante la necesidad de la independencia de los sindicatos del Estado, es decir, que luchamos en contra de la Ley de asociaciones sindicales y todas las leyes laborales que atan a los trabajadores al Estado. Que, ante la ofensiva de las patronales y el gobierno por conformar sindicatos por empresa, pelee por sindicatos únicos de rama, no para hacer sindicatos paralelos, sino para echar a la burocracia y centralizar las tareas de los trabajadores. Una minoría que imponga la democracia sindical con asambleas, cuerpos de delegados votados por la base y libertad de tendencias.
Levantamos la necesidad de un Congreso de delegados de base con mandato, presencial y no virtual, que ante la pandemia llame a un paro general para enfrentar la crisis sanitaria, social y política con nuestros métodos. Debemos llamar a conformar una Central única de trabajadores.
Sostenemos la independencia de los sindicatos del Estado, para enfrentar a un estado que no es nuestro, que tiene un contenido de clase que es burgués.
Los trabajadores no debemos ir detrás de medidas estatales que defienden intereses ajenos, como por ejemplo la supuesta expropiación de Vicentin, a la que los distintos sindicatos y federaciones, como la Aceitera defendieron. Esta política del gobierno no era otra cosa que salvar al capital. Nosotros, ante la desorganización económica sostenemos el control obrero y la apertura de los libros, es decir, la expropiación de Vicentin, pero con contenido obrero, mostrando que los sindicatos no sólo son organizaciones que pelean por las condiciones salariales y laborales, sino que pueden ampliar sus funciones a la administración de las cosas.
Es necesario un debate programático al interior de nuestra clase. Defendemos un programa de transición que permita preparar las condiciones para desorganizar a la burguesía desde su base, que es la producción, y organizar al proletariado, a una vanguardia que tome la tarea de luchar por la revolución y la posterior transición. La burguesía tiene su programa, la burocracia es la expresión de ese programa en las filas obreras, debemos propagandizar un programa obrero de salida a la crisis.
Un debate programático con la dirección del SUTNA
El SUTNA es un sindicato recuperado de la burocracia, es un gran avance de las fuerzas que se reivindican revolucionarias. En su interior conviven distintas tendencias y la dirección está influenciada por el PO. En su último comunicado, donde plantea algunos elementos para enfrentar la pandemia en la rama del neumático y cómo enfrentar la política de los empresarios en contra de los trabajadores, sostiene: “que no se permita la importación de ninguna cubierta que se puede fabricar en el país” y le reclaman al gobierno nacional que tome medidas a este respecto. Creemos que es equivocado el planteo, ya que la lucha que debe emprender contra las patronales del neumático debe ser internacional, en unidad con los trabajadores de otras fábricas alrededor del mundo, recuperando la federación internacional del neumático, para que impidamos que nos hagan competir en la división internacional del trabajo con compañeros de la rama en otros países. La lucha de clases es en definitiva la lucha por la plusvalía, es por eso que los marxistas sostenemos que hasta una lucha salarial es una lucha internacional, porque disputa en el terreno de la producción el plusvalor expropiado.
Extender la tarea del SUTNA a un plano internacional puede permitir dar ejemplos al conjunto de nuestra clase de la importancia del internacionalismo y de la fortaleza del proletariado para enfrentar a las patronales nacionales y extranjeras.
Que las patronales importen y, de esa forma, intenten aumentar stock, es una línea para preparar el ataque a los trabajadores, pero también es una política para eliminar competidores en el rubro. Por eso debemos unirnos a los trabajadores de las otras empresas a nivel internacional y aprovechar la competencia a nuestro favor. La importación de neumáticos tiene un carácter especulativo, pero en el sistema capitalista la especulación es parte constitutiva de la compra y venta de mercancía.
En el mismo debate otras corrientes que están dentro de la directiva (PTS) plantearon que se debe levantar “el monopolio del comercio exterior, bajo gestión y control de los trabajadores, para que administren los dólares escasos del país” y así se defina “importar y exportar en función de las necesidades sociales”. Esto es una confusión en todos los términos. Si no se les dice a los trabajadores que toda reforma socialista es después de haber realizado la revolución, se liquida todo filo revolucionario del programa, ya que se da una explicación de cómo podría funcionar esa medida en un Estado burgués, y eso es imposible.
Polemizamos en función de que se desarrolle el debate en un sindicato recuperado y tratando de aportar sobre las tareas que tenemos los revolucionarios, especialmente la de organizar una vanguardia que luche por construir un partido revolucionario y, para ello, la política que nos demos hacia los sindicatos es central.
Las negociaciones por el pago de la deuda externa con el sector de los fondos de inversión, que en teoría vence el 4 de agosto, pero que el gobierno dice que las extenderían un mes más, están bastante avanzadas, ya que el Estado argentino ha cedido en gran parte a los pedidos de los acreedores. Se calcula una mejora de hasta 16.000 millones de dólares respecto a la primera oferta.
La negociación es por más de 65.000 millones de dólares de deuda, que el Gobierno intenta reestructurar con los acreedores privados, y eso es sólo una parte de los vencimientos previstos para este año. Luego viene el FMI, que no sólo querrá cobrar la deuda, sino además dar las directrices para exigir las reformas de siempre.
A pesar de eso, el 20 de julio los tres principales grupos de acreedores - ACC, Ad Hoc y Exchange- confirmaron su rechazo a la oferta de canje argentina con un comunicado en el que dicen que “se han unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.
Para los acreedores, hay 2,6 puntos de valor presente neto entre la propuesta del Gobierno y la de ellos. “La diferencia es mínima. Son menos de UDS 300 millones de flujo de caja por año. Ambas partes pueden y deben llegar a un acuerdo. Es una propuesta para sentarse a conversar y negociar, y es responsabilidad de las autoridades seguir el camino hacia adelante”, precisó uno de los grupos de acreedores. Insisten en que la diferencia económica representa menos del 0,5% del PBI y que es un costo mucho menor para el país que no tener acceso a los mercados financieros internacionales, que sería el escenario ante un eventual default.
Los acreedores quieren más concesiones de parte del gobierno, ya que cada vez que los apretaron mejoraron la oferta. El último pedido fue garantías jurídicas y Alberto y compañía ya mandaron al Congreso leyes para complacer a los grupos acreedores.
Esas señales se vinculan a la Ley de deuda nacional, que ya está en el Senado, y a la posibilidad de modificar determinados aspectos jurídicos vinculados a la reasignación de las emisiones de los bonos para lograr los porcentajes previstos en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC) de los títulos 2005 y 2016. Estas leyes cuentan con el aval de la oposición burguesa.
En una entrevista al diario Financial Times, el presidente había sostenido que “no habrá otra oferta” de reestructuración. Es decir, que esta era la última oferta para alcanzar un acuerdo.
Debemos ver cómo termina la negociación, ya que no es lo mismo para el gobierno si se va a un default con todas las letras o un default parcial y seguir negociando con el FMI para tratar de que ese organismo habilite algún tipo de crédito para que la economía argentina no colapse.
Lo que sí es seguro es que cualquiera sean los escenarios post negociación, nada bueno puede venir para los trabajadores y el pueblo pobre, ya que pretenden pagar la deuda con un ajuste a los trabajadores y saqueando a los jubilados. Resulta de un cinismo importante escuchar a Martín Guzmán, negociador de la deuda, decir que Argentina ya no pude hacer más concesiones, si no, debería ajustar a los trabajadores y jubilados y eso no lo harían. Es lo que vienen haciendo en todo el periodo de la pandemia, pagando con los fondos del Anses los gastos de la cuarentena y rebajando el sueldo a los jubilados.
Cuando para la opinión pública se dice que se está discutiendo la postpandemia en el gobierno y la oposición, en realidad lo que se está discutiendo es la post negociación de la deuda. Y, desde esta perspectiva, es que se ubican las distintas fracciones capitalistas. Y en este terreno están las peleas de los K contra la línea más acuerdista de Alberto con el G6 de los grandes empresarios nacionales.
De poder negociar una salida a la deuda, entra en juego cuál es el plan para salir de la crisis -que ya es histórica- y con quién. Acá entra el debate de fracciones. Alberto, después de retroceder con la expropiación de Vicentin, sostiene que es mediante un plan Marshall a la argentina (un plan de rescate de gran parte de la economía), con emisión monetaria, obra pública y con los dólares del sector agroexportador. En esta idea, busca unir fuerzas con el sector “dialoguista” de Cambiemos. La otra ala sostiene el crecimiento del mercado interno apoyándose en la burguesía nacional que “no es cipaya”. Pareciera una discusión entre delirantes, si no fuera porque ambas políticas se asientan seriamente sobre la idea de reventar al movimiento obrero y al pueblo pobre.
Para la política de Alberto se necesita que el FMI vuelva a dar crédito al país, ya que la emisión monetaria tiene un límite. Apuesta a un nuevo blanqueo, para que estos capitales regresen o ingresen al proceso productivo; debe garantizarles reformas, como la laboral. Ahora el gobierno lanza una reforma judicial, no sólo para intentar garantizarle impunidad a CFK, sino también para buscar los mecanismos institucionales y jurídicos (reforma de los tribunales y de la Corte Suprema) que den garantía para las esperadas inversiones extranjeras. Está en carpeta la idea de una renta básica que reemplace al IFE ante la pauperización de grandes sectores para tratar de contener el descontento social y buscar que esa renta básica sea referencia para bajar los salarios.
El ala del desarrollo del mercado interno y, por lo tanto, de una burguesía nacional que pelee por la soberanía nacional, que expresan los sectores ligados a Cristina, no pueden mostrar a qué sector habría que apoyar, ya que ponen como ejemplo a Arcor y de ahí ya todo deja de ser serio.
Mientras tanto, el desarrollo de la crisis abre un sinfín de procesos de lucha de clases en sectores de trabajadores en distintas provincias, como el conflicto de los colectiveros en Córdoba. También, conflictos contra los aparatos represivos del estado, como las movilizaciones por la desaparición forzosa de Facundo Castro en Provincia de Buenos Aires.
La burocracia sindical, como siempre, busca salvarse con algún ala de la burguesía nacional e internacional. En medio de la pandemia se quedaron en casa, pero permitieron los despidos, suspensiones y recortes salariales. El 21 de julio la CGT realizó una reunión virtual y firmó un documento junto a empresarios como Paolo Rocca (Techint), Marcos Galperín (Mercado Libre), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y otros, integrantes de la poderosísima Asociación Empresaria Argentina (AEA). En el documento reclaman “la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales”. Léase: ajuste fiscal y mayores concesiones a los empresarios. Con respecto al saqueo de la deuda externa reclamaron una “inserción inteligente de la Argentina en el mundo” y “un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos”. Esto demuestra que tanto los partidos patronales, como las distintas fracciones burguesas y la burocracia sindical son los garantes de que la crisis la paguemos los trabajadores.
Mientras se sigue desarrollando la crisis, profundizada por la pandemia, debemos deliberar dentro de nuestra clase cómo le damos una salida obrera. Dentro de nuestras organizaciones debemos plantear que no se debe pagar la deuda externa. No porque sea “fraudulenta” o “ilegítima”, sino porque es una forma de dominación que tiene el imperialismo para las semicolonias. Y además porque es una forma de sostén del imperialismo a las burguesías autóctonas, que son las garantes de los ajustes para pagar las deudas. Reiteramos, no podemos pagar la deuda externa y mantener una clase parásita, como es la burguesía, que no produce nada.
Es central apelar a la solidaridad activa de los trabajadores de los países imperialistas, que enfrenten a sus gobiernos en defensa de los trabajadores de las semicolonias. Los trabajadores de EEUU, Francia, España y Alemania, entre otros, deben apoyar la lucha de los trabajadores en contra del pago de la deuda externa. Es una lucha antiimperialista y los trabajadores de nuestro país deben ser la vanguardia de esta lucha, recuperando los sindicatos de la burocracia sindical, peleando por recuperar lo perdido en periodos anteriores de nuestro salario, sólo para que no sigan cayendo nuestras condiciones de vida. Junto a la clase obrera del resto de los países de la región, debemos ser caudillos de los procesos en el conjunto de Latinoamérica para derrotar los planes de ajuste de los gobiernos de turno.
Este martes 21 de julio se firmó un acta acuerdo entre las patronales, el municipio y el sindicato para cerrar un conflicto muy duro, que incluyó grandes movilizaciones, represión y una demostración de la fuerza de nuestra clase. Es un acuerdo tan precario como la posición que tuvo todo el tiempo la burocracia al frente del sindicato. No hay que aceptar la paz social, plasmada en un acuerdo que hasta ahora no se votó en ninguna asamblea.
Si los trabajadores somos los que salimos a luchar y ponemos el cuerpo en las calles contra la represión que nos mandó Llaryora y su padrino Schiaretti, ¿por qué vamos a aceptar que luego sea Esteban la que se siente a negociar? Fue a esa mesa sin mandato de ninguna asamblea, y tampoco consultó a la base lo que terminó firmando. De cara a las negociaciones, necesitamos elegir delegados paritarios con mandatos de asamblea o veedores para evitar que sigan negociando a nuestras espaldas. Sobre todo teniendo en cuenta que este acuerdo precario tiene fecha de vencimiento… no sólo porque está firmado hasta octubre sino también porque nada garantiza que patronales y gobierno no vuelvan a la carga incluso antes.
El acta firmada por Esteban y Farías, si bien refleja el fracaso de las jetoneadas de Llaryora que no logró imponer su plan de contingencia a partir de las reformas votadas el viernes en el consejo deliberante y el accionar de carneros, deja precedentes complicados. No se avanza en la reducción horaria y la rebaja salarial, es cierto. Pero al mismo tiempo el acta dice que “la entidad sindical reconoce que se están prestando solo el 50% de los servicios, transportando el 12% de los pasajeros habituales, y con un costo operativo del 87% de la capacidad plena del Sistema de Trasporte”. ¡Esos son los argumentos de la patronal y el municipio para hacernos pagar su crisis! Sobre esos argumentos, que no nos constan a los trabajadores porque las empresas mantienen su contabilidad bajo secreto comercial, avanzan sobre los adelantos mensuales, la posibilidad de utilizar vacaciones y licencias para adecuar el supuesto “esquema de emergencia”, realizarán descuentos a los trabajadores licenciados por sus condiciones de salud en la pandemia (descuentos que llegan a los $15.000) y finalmente abren la puerta a atrasos de todo tipo en los días de pago subordinándolos a los más que seguros atrasos en el giro de los subsidios que vienen de Provincia y Nación. Con esos “ajustes” salariales y de las licencias quieren que los trabajadores sean la variable para adecuar el sistema a la coyuntura de pandemia. Incluso llegaron a hacer correr el rumor de que efectivizarían a los compañeros fuera de convenio (¿porqué esto no estaba en el acta?), y luego aclararon que se trata solo de una bancarización del pago de los salarios, ¡se nos ríen en la cara!
¡No tenemos que comprar los llantos de la FETAP! Hay que abrir los libros contables de las empresas (Ersa, Aucor, Coniferal y Tamse) para verificar como la vienen levantando en pala a costa de nuestro trabajo, del boleto más caro del país y de los subsidios que les manda el Estado. Lo que firmó la burocracia de la UTA con las empresas y el municipio es un acuerdo para frenar el desarrollo de la lucha de los trabajadores.
Muchos compañeros piensan que se puede continuar la lucha, para que Llaryora retroceda mucho más en su línea antiobrera. La lucha la protagonizaron los trabajadores, son los trabajadores quienes tienen que definir si se aceptan o no las condiciones del intendente y las empresas. O si hay suficientes fuerzas para que no haya NINGÚN descuento salarial ni se toquen las LICENCIAS y se consiga la real EFECTIVIZACIÓN del personal fuera de convenio.
Es necesario hacer asambleas en cada punta de linea y una gran asamblea general frente a la UTA para discutir el acta firmada por la burocracia. Hay que rechazar de plano la claúsula de paz social que nos deja desarmados para lo que se viene. Y preparar las fuerzas de los trabajadores echando a los enemigos en nuestras propias filas, la burocracia sindical, de la conducción de la UTA. Hay que construir una oposición para recuperar el sindicato, lo que nos permitirá enfrentar en mejores condiciones el plan de Llaryora y la FETAP.
21/7/2020
COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba