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Por una salida obrera al problema de la vivienda.

Domingo, 20 Septiembre 2020 16:12

Durante los últimos meses, y sobre todo ante el agravamiento de la pandemia, asistimos a masivas ocupaciones de tierras por parte de algunos sectores de la clase obrera: desocupados, precarizados y de las franjas más empobrecidas de la población, se asientan en grandes extensiones de tierra (algunas de propietarios privados, otras fiscales, muchas en litigio), con el objetivo de acceder a una pequeña parcela, la que en algún futuro indeterminado les permita el acceso a la construcción de una vivienda propia.

Si bien el proceso es de extensión nacional, el epicentro y la mayor masividad de dichas tomas se da en diferentes zonas de Provincia de Buenos Aires. Sólo en la región de La Plata hay al menos 20 tomas. Y en la toma del distrito de Pte Perón, en la localidad de Guernica, hay más de 10.000 personas. Al menos cuatro tomas ya fueron desalojadas mediante la brutal represión de la Policía Bonaerense, y sobre la toma de Guernica está pendiente una orden de desalojo, a efectivizarse a partir del 23 de septiembre.

"No hay grieta en la defensa de la propiedad privada de la tierra"

Algo significativo ha sido la defensa cerrada de todas las corrientes burguesas respecto a la propiedad privada de las tierras ocupadas.

En el peronismo gobernante, desde el fascistoide Berni (que responsabilizó de las tomas a sectores de la izquierda e incluso a integrantes del Frente de Todos, como el Movimiento Evita y el M.t.e. de Grabois); pasando por el "progresismo" de Kicillof y la Ministra de Seguridad de la Nación, Silvia Federici; hasta los intendentes pejotistas del Conurbano bonaerense, todos coinciden en la necesidad de "imponer orden" y avanzar con el desalojo de las tomas de tierras.

Mención aparte merece el Frente Renovador de Massa, quién solicitó que la Anses dé la baja de los planes sociales (AUH, IFE) a quienes incurran en ocupaciones. Hace pocos días, a instancia de un diputado del F.R., la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a una ley que establece no sólo la baja de los beneficios sociales, sino el impedimento de acceder a cualquier plan de viviendas del IPV, a aquellos que participen de "usurpaciones ilegales de terrenos".

Por el lado de la oposición burguesa de Juntos por el Cambio, referentes y dirigentes tanto del Pro como de la UCR han levantado sus voces para condenar las tomas y defender el derecho propietario de los "dueños" de las tierras. Incluso acusan al Gobierno y a sectores de la Justicia por "dilatar los tiempos" y no avanzar de inmediato con el desalojo y la represión a los "ocupantes".

Todo esto demuestra que cuando se trata de defender los intereses de clase, y la sacrosanta propiedad privada, no hay grietas entre las diferentes facciones burguesas.

"La discusión respecto a la vivienda obrera"

Si se tienen en cuenta los datos manejados por los organismos estatales dedicados a la problemática, antes del inicio de la pandemia se registraba un "déficit habitacional" de más de 3,5 millones de familias. Esto da nota de que la imposibilidad del acceso a la vivienda obrera, es sin dudas uno de los mayores problemas sociales en la sociedad capitalista, lo que se ve agravado en países semicoloniales como Argentina.

Desde algunas corrientes de la izquierda se intenta desarrollar una discusión programática al respecto. En este sentido, el PO plantea: "creación de un banco de tierras disponibles, expropiación de la tierra ociosa e improductiva, reconocimiento de la tierra de las comunidades originarias, por un plan de viviendas con trabajo genuino y bajo convenio para la construcción de un millón de viviendas populares, con recursos del no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas y rentas".

El problema que no resuelve este planteo, ni intenta hacerlo, es la imposibilidad de reformas profundas y duraderas en el tiempo, dentro de los márgenes del Estado burgués y la sociedad capitalista. La idea de “un plan” al que hay que buscarle financiación capitalista, es una falacia; es alimentar ilusiones de que el capital puede de la mano del estado burgués, como milita Grabois, cumplir un rol progresivo.

Desde la COR sostenemos que el problema de la vivienda y la propiedad de la tierra no está escindido del problema general de propiedad privada de los medios de producción y de subsistencia. Por lo tanto, la única forma de dar resolución a la acuciante necesidad de acceso a la vivienda de grandes sectores de la clase trabajadora, es la perspectiva de que los sectores de la vanguardia obrera incluyan en su programa la lucha por la expropiación de las grandes extensiones territoriales, hoy en manos de los capitalistas y terratenientes; también de las casas de lujo o con capacidad para a alojar allí a los obreros sin vivienda o que viven hacinados.

Dicha lucha debe ir de la mano de la pelea por la expropiación de los grandes medios de producción, incluidos los de la producción de viviendas (construcción y materiales), disputando el control de los mismos en el corazón del poder capitalista, la economía.

Todo el apoyo a las tomas. No al desalojo. Abajo la represión.

Por un programa obrero.

C.O.R.

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  • Solidaridad con los trabajadores de SanCor

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        Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los trabajadores y de los delegados sindicales de la planta de SanCor Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes enfrentan por estas horas un claro intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial que apostó a las fuerzas policiales dentro de la planta.
        Repudiamos enérgicamente la militarización de Pullaro, gobernador de la provincia, que a pedido de la patronal lechera impide que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga. Mientras tanto, la patronal sigue incumpliendo con el pago de salarios y aportes jubilatorios a sus trabajadores. Militarizan una planta industrial con el fin de impedir la paralización de la producción, método obrero que reivindicamos y defendemos frente a la avanzada patronal.
        SanCor viene de una larga lista de incumplimientos a sus trabajadores y de rescates millonarios por parte del Estado. El último intento fue la fallida puesta en marcha de un fideicomiso.
        Los trabajadores de la industria láctea bajo el sindicato de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) vienen denunciando públicamente que la patronal  ya tercerizó varias unidades de negocios, que existe un intento de vaciar la empresa y una posible “huida” de los directivos de la planta.
        Claramente las fuerzas de seguridad del estado burgués están para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a punta de pistola quieren imponer nuevas condiciones en la relación capital- trabajo a partir de una reforma laboral que garantice a las empresas mano de obra barata y flexible.
        La solidaridad de clase con los trabajadores lecheros no se puede hacer esperar. Hoy el conjunto de los trabajadores sufrimos los embates de las políticas de ajuste de las patronales, del gobierno nacional y los gobernadores para imponer el plan del FMI y las metas del déficit cero. Pero los trabajadores ya dimos sobradas muestras de combatividad a pesar de las direcciones sindicales, el pasado 24 de enero, con un paro nacional aunque sin continuidad. Enfrentamos el protocolo de Bullrich en todo el país. Es momento de preparar las condiciones para derrotar el plan de Milei y el FMI. Es primordial confiar en nuestras propias fuerzas para esto. Tenemos que reorganizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizarle el aparato estatal.

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    • Basta de represión, desprocesamiento inmediato de todos los luchadores.
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    • Por el derecho a huelga. Abajo el protocolo antipiquetes.
  • Libertad ya a Víctor da Vila y Martín Rodríguez

    Durante la movilización en Mendoza contra el tratamiento en el Congreso del paquete de leyes antiobreras del gobierno de Milei, fue detenido el dirigente del Partido Obrero, Víctor da Vila. Acusado de participar junto a miles de trabajadores de la masiva protesta en el marco del paro nacional convocado por las Centrales obreras el pasado 24 y de las acciones contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus este 31/1. En el transcurso del día de hoy, fue detenido en la calle Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, bajo las mismas acusaciones. Así opera la justicia burguesa. El gobierno de Cornejo hace gala del protocolo represivo que aplica Cambia Mendoza y mostrarle a la casta nacional cómo la casta provincial impone orden y disciplinamiento en medio del descalabro social y económico.

    Exigimos la inmediata libertad y desprocesamiento de Víctor, Martín y todos los trabajadores por luchar. La CGT y CTA tienen que actuar en consecuencia y convocar a paro general por la libertad de los compañeros, hasta tirar abajo el DNU, la ley ómnibus y los protocolos represivos de Bullrich y los gobernadores.

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  • La justicia cordobesa vota por la represión

    La justicia cordobesa, firme aliada del gobierno provincial de Schiaretti-Llaryora, envió ayer un claro mensaje en contra de la clase obrera y los luchadores. En un mismo día, dictó sentencia contra 4 trabajadores del Molino Minetti, 2 de ellos delegados sindicales, que en 2019 habían tomado los techos de la empresa para reclamar por el pago de salarios y contra el lockout patronal. El mismo día, elevó a juicio las imputaciones a 5 dirigentes piqueteros y al secretario general de ATE por un corte en el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional de protesta contra el hambre realizada el 5 de abril de este año. El “cordobesismo” y su justicia se alinean de esta forma a la clara perspectiva de la aceleración del ataque a la clase obrera y el pueblo pobre que traza el empresariado como respuesta a su propia crisis para después del balotaje, sea cual fuere el candidato patronal que resulte ganador. Todo enmarcado en la sumisión al plan del FMI en medio de una situación mundial explosiva, signada por la recesión, la inflación y la guerra en Ucrania y Palestina. La condena a los trabajadores de Minetti y a los dirigentes piqueteros y sindicales se suma a otras tantas persecuciones judiciales, como las que pesan sobre innumerables activistas populares, delegados sindicales y sobre los 27 estudiantes de la UNC. Nos ponemos a disposición de los compañeros molineros Maxi Gómez, Cristian Daniel, Juan Álvares y Dario López, de Soledad Díaz y Emanuel Berardo (PO), de Federico Giuliani (ATE-CTAA), Agustín Nazar (MST), Roxana Carezano (MTR-VL) y Marisa Cariddi (Libres del Sur) para impulsar en común las acciones que consideren necesarias para que caiga el juicio y para que se revierta la condena en el caso de los molineros.

    Frente a esta avanzada antiobrera, llamamos a la oposición docente en UEPC, que ganó en las últimas elecciones la delegación capital del sindicato, al SUTNA, a los delegados fabriles, de servicios y estatales que enfrentan a la burocracia sindical cómplice del ajuste que vienen aplicando Massa y Schiaretti, a convocar a una reunión de emergencia para impulsar en conjunto un plenario de delegados con mandato de base e imponer el paro provincial hasta que caigan todas las persecuciones judiciales que pesan sobre los luchadores y dirigentes de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.

    Córdoba, 1/11/2023

  • La justicia burguesa de Schiaretti insiste con imputaciones a la vanguardia obrera

    El pasado miércoles 17 de mayo, en el marco de una jornada de lucha por la reapertura de paritarias y en desconocimiento de lo acordado por la burocracia sindical de los empleados públicos (SEP), los trabajadores de salud agrupados en la coordinadora se movilizaron hasta el ministerio de salud. Fue allí donde el fiscal Guillermo González imputó a Ricardo Barrionuevo, delegado de ATE por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, y a Andrés Campos, delegado de ATSA del Hospital Misericordia. Según el fiscal, lo previsto en el art 194 del código penal establece “que se constituye en delito el entorpecimiento y el normal funcionamiento del transporte” y es bajo este artículo que se produjeron las imputaciones recientes y las del mes pasado a los dirigentes piqueteros y al Secretario General de ATE Córdoba.

    Las garantías de Juan Schiaretti y la justicia burguesa a la aplicación y cumplimiento del acuerdo con el FMI se traduce en represión a la vanguardia obrera, trabajadores ocupados y desocupados que enfrentamos a diario los efectos de una crisis económica mundial sin precedentes. La huelga, el piquete, la toma de planta y de edificios públicos son ni más ni menos que los métodos de nuestra clase para enfrentar los ataques perpetrados por las patronales y el Estado, con la complicidad de la burocracia sindical. Las feroces internas que tienen los dirigentes sindicales son libradas para disputar cargos en las listas del peronismo local y nacional, pero esto burócratas no muestra la misma ferocidad para la defensa nuestra clase, todo lo contrario.

    La respuesta de los trabajadores estatales y privados ante semejante ataque debe ser la de convocar en cada lugar de trabajo a asambleas que se pronuncien contra las imputaciones antiobreras y contra la criminalización de la protesta, como parte de un programa de acción para que los capitalistas no descarguen la crisis sobre nuestras espaldas. Debemos imponer el Paro General Activo a las CTAs y la CGT para hacer retroceder el acuerdo con el FMI. Proponemos impulsar reuniones y asambleas para reagrupar a los sectores antiburocráticos de nuestra clase en Córdoba e impulsar en común estas tareas como minorías en los sindicatos.

    Desde la COR repudiamos las imputaciones y nos ponemos a disposición de los compañeros Barrionuevo y Campos y sus organizaciones sindicales para llevar adelante las acciones que se definan para responder a este nuevo ataque.

    COR
    Corriente Obrera Revolucionaria
    Regional Córdoba

  • Repudiamos el ataque judicial a dirigentes piqueteros y sindicales

    Desde la COR repudiamos enérgicamente las imputaciones a dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) y de ATE y la CTA-A resueltas por la justicia burguesa aliada al gobernador Schiaretti.

    El día 5 de abril se llevó a cabo una movilización en Córdoba en el marco del plan de lucha nacional de la UP ante el recorte de planes sociales de la ministra Tolosa Paz. Producto de la crisis y lo acordado con el FMI es que el gobierno nacional y las provincias cierran filas para amedrentar e impedir que los trabajadores ocupados y desocupados salgamos a las calles a enfrentar el ajuste. Es el caso de dos referentes del Polo Obrero Mendoza, Lorena Torres y Martín Rodríguez, quienes fueran detenidos varios días y luego de ser liberados producto de la movilización, quedaron imputados por la justicia local.

    Las recientes imputaciones por parte del fiscal De Aragón están caratuladas como “entorpecimiento del transporte” y se apoyan en el Habeas Corpus presentado por el centro vecinal de la ciudad de Córdoba. Esta persecución recae sobre los dirigentes del Polo Obrero, Emanuel Berardo, de Libres del Sur, Marisa Caridi, y de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la jornada de lucha. Y se esperan más imputaciones sobre otros dirigentes y militantes.

    La garantía del cumplimiento del acuerdo de nación con el FMI por parte de Juan Schiaretti consiste en poner a disposición todo el aparato represivo y la justicia burguesa contra la clase obrera y la juventud trabajadora. Además de la colaboración de la burocracia sindical de todos los colores para dejar pasar el plan de las patronales de techo salarial, aumento de los ritmos de trabajo, suspensiones y despidos y jubilaciones de miseria.
    La respuesta a semejante ataque no puede ser otro que la organización de asambleas en cada lugar de trabajo que se pronuncien en contra de las imputaciones y exijan a la CGT y las CTAs un paro activo nacional para hacer retroceder las leyes represivas y el descomunal ajuste a nuestra clase.

    Desde la COR acompañaremos las acciones que se definan y quedamos a disposición de las organizaciones a las que pertenecen los dirigentes perseguidos.

    COR
    Regional Córdoba

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