Jueves 2 de enero por la madrugada. Drones asesinos enviados por Trump bajo el consejo del alto mando militar yanqui disparan sobre el general iraní Qasem Soleimani, que muere junto a varios colaboradores. Soleimani se encontraba en Bagdad y fue ajusticiado sin juicio previo, como otros tantos bajo el fuego imperialista. Pero en este caso, se trata de un funcionario de un Estado extranjero, y en territorio de otro Estado, en los papeles independiente, aunque queda claro que la ocupación de Irak por parte de los yanquis nunca cesó en 17 años.
Trump vacila. Su política era retirar a las tropas norteamericanas de Medio Oriente, incluyendo Afganistan e Irak. Quiere usufructuar que EE.UU. ya no depende tanto del petróleo de la región gracias a la “revolución del fracking” dentro de su propio territorio y a una eventual “recuperación” de Venezuela. Pero los altos mandos del Pentágono lo convencen de que debe responder al ataque a la embajada norteamericana en Irak, producido el último día del 2019. Ese ataque tuvo características particulares: fue una movilización popular contra la presencia norteamericana en Irak. Trump acepta que es necesario responder y ordena el asesinato del general iraní. Es un acto de guerra contra otro Estado, por fuera de cualquier paraguas de la legalidad imperialista internacional. Es una brutal demostración de fuerza de la potencia imperialista que dirige el planeta.
Pero el asesinato en realidad muestra la debilidad de EE.UU. No, desde luego, desde el punto de vista militar, donde su supremacía es indiscutible, por lo menos en el mediano plazo. Se trata de la debilidad de su posición en el sistema de Estados configurado como superestructura del capitalismo mundial. Es una debilidad estructural, producto del avance de la descomposición imperialista, y está asimismo determinada por el peligroso resquebrajamiento del equilibrio de la posguerra. El ataque contra Soleimani no estaba inscripto en un plan de acción. Los hechos posteriores así lo demuestran. El parlamento iraquí votó una solicitud al primer ministro “encargado” (toda una definición) Adel Abdul Mahdi, que había renunciado a su cargo bajo presión de las movilizaciones populares en noviembre, para que dé curso a la salida de las tropas norteamericanas del país. La jefatura de las fuerzas yanquis en Irak respondió en una carta que iban a salir, pero pidió que esto se hiciera en orden. Luego el pentágono desacreditó a su mando “en el terreno”, negando cualquier iniciativa de retirada de tropas. Por supuesto, en última instancia esa retirada configuraría una contundente victoria para Irán y una tremenda derrota para EE.UU.

Procesos de masas

La debilidad de EE.UU. no contradice la propia debilidad del gobierno iraní. Obviamente, se trata de una semicolonia que no puede enfrentar al imperialismo en una guerra abierta. Pero esta debilidad también se inscribe en la situación de las sub-burguesías nacionales de las semicolonias en la crisis capitalista, presionadas por la agresividad imperialista, por un lado, y, por el otro, por movilizaciones de masas que en Irán se desataron con fuerza en el mes de noviembre, como parte de un proceso regional que también atraviesa al Líbano, Irak, y se da en simultáneo con los procesos de lucha de clases en América Latina, el Caribe, Hong Kong, África, Europa, etc.
El elemento de los procesos de masas es cualitativo para analizar el conflicto actual. Si nos retrotraemos a los procesos anteriores (2010-11) que se dieron en la región a partir del estallido económico de 2008, con la caída de varios dictadores que gobernaban con puño de hierro sus países (Ben Alí en Túnez, Gadafi en Libia, Mubarak en Egipto) podemos ver cómo esos procesos llevaron a varias salidas fallidas, desde el golpe militar en Egipto, hasta el semibonapartismo semidemocrático tunecino, donde se desarrolló lo más cercano a una experiencia democrático-burguesa. Pero lo que primó fue la descomposición de los Estados en su forma más brutal: la guerra civil en Siria y el surgimiento del ISIS, un verdadero anti-Estado. Esta descomposición cerró los caminos a los procesos de masas a partir de su cooptación por direcciones burguesas o pequeño burguesas contrarrevolucionarias. Una vez más, la crisis de dirección revolucionaria del proletariado se manifestó como crisis de la humanidad. La confusión de objetivos de la nueva generación de luchadores ante esta crisis de dirección determina lo tortuoso del proceso.
Ahora bien, el surgimiento del ISIS y la guerra civil Siria llevaron al imperialismo a pactar con viejos enemigos para tratar de poner coto a la amenaza de este engendro, que cuestionaba la idea misma de Estado nación, que es la forma de dominación de clase de la burguesía. Surgen así los frentes anti-ISIS y los compromisos con Rusia (e Irán) para contenerlo. En el medio, hay otros hechos muy importantes como el golpe de Estado fallido en Turquía y el desarrollo de las experiencias autonómicas en Kurdistán, sobre los que no abundaremos aquí. Es importante destacar que el actual estacionamiento de tropas yanquis en Irak se da bajo el pretexto de esta guerra contra el ISIS. En 2019, las fuerzas imperialistas anuncian el fin del ISIS. Pero con su derrota, ninguna de las contradicciones en la región han sido cerradas y así lo demuestra la actual escalada militar con Irán.

Vietnamizanción

Mucho se ha hablado de este término para describir la política de Irán en la región en los últimos años. Superficialmente, se la describe como una política de guerra asimétrica entre un Estado militarmente débil y la principal potencia mundial, sólo considerando el terreno de la táctica. Vietnamización así entendida sería la utilización de la de guerra de guerrillas o enfrentamientos “proxy” (a través de terceros). Sin negar este elemento táctico, Soleimani era el general a cargo de un desafío más complejo: unificar a las diferentes facciones étnicas y religiosas de Irak y, más en general, de toda la región en el objetivo común de liberarla del “gran Satán” norteamericano. De hecho, esa es la línea oficial que Irán ha hecho pública a través de declaraciones del Ayatollah Jamenei. Se trata entonces de una política que apunta a dar un objetivo de liberación nacional a los movimientos en la región, conformando el llamado “frente de la resistencia”, que incluye a Irán, Siria, Hezbollah, Hamas y otros agrupamientos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses. Esta política de Soleimani y su relativo éxito podría ser uno de los móviles más importantes de su asesinato, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho inmediato que llevó al mismo fue la movilización contra la embajada yanqui en Bagdad, que obligó al gobierno de EE.UU. a evacuar a su personal diplomático. Ahora bien, la política del gobierno iraní no apunta a la liberación nacional de los pueblos de Medio Oriente, sino a fortalecer a su semi-Estado para mejor negociar con el imperialismo, utilizando como carne de cañón a las heroicas resistencias palestina e iraquí, y no dudando en apoyar a Al Asad, uno de los principales criminales de guerra de la región, sólo por detrás de Trump, Obama y los gobernantes israelíes. El regateo por el plan nuclear, mesa de negociación de la que Trump se retiró en mayo de 2018 pero donde permanecen el resto de las potencias, es buen ejemplo del carácter de clase y de la naturaleza contrarrevolucionaria de esta política.
El empantanamiento en Irak resuena a la situación en Vietnam, eso es real. Como decíamos anteriormente, aún con una administración Trump ansiosa por dejar atrás la ocupación, no puede ahora hacerlo, ni se vislumbra ninguna salida para retirarse sin que esto sea interpretado como una enorme derrota del imperialismo. Por eso ahora es posible que el conflicto actual continúe en escalada. Por el momento, la primera respuesta iraní consistió en el bombardeo, bastante medido aunque humillante para EE.UU., de 2 bases militares en Irak el 8/1. La réplica de Trump se ha limitado a minimizar los daños provocados por estos bombardeos y a anunciar nuevas sanciones económicas; mientras pide al resto de los países imperialistas un compromiso para aislar a Irán abandonando el acuerdo nuclear e imponiendo sanciones, y a la OTAN una intervención más activa en la región.

Panorama incierto

Mucho se ha hablado del frente interno en EE.UU. como acicate para el ataque. Hablamos de las consideraciones relativas al proceso de impeachment contra Trump y de las elecciones presidenciales. Aunque esto pueda pesar, los elementos estratégicos (o de debilidad de esta estrategia) creemos que son más importantes para desarrollar una caracterización de la posible nueva guerra del imperialismo norteamericano. Y acá sí existe un factor determinante del llamado frente interno, que es la imposibilidad del Estado imperialista de ganarse una base social sólida, donde debe tener un rol la aristocracia obrera, para lanzar una ofensiva militar a gran escala. Creemos que la conquista de semejante base social, que fue un objetivo de Trump, no ha sido concretada, como puede vislumbrarse en el desarrollo de una variedad de conflictos sindicales en la industria, los servicios y los sectores estatales, y como muestran también las movilizaciones contra una intervención en Irán que se llevaron adelante el fin de semana inmediato al asesinato de Soleimani en muchas ciudades estadounidenses. Por ahora las manifestaciones no son masivas, pero marcan la posibilidad de desarrollar la movilización contra una mayor intervención imperialista.
Otro factor importante son las consecuencias económicas de la guerra, que podrían acelerar una entrada en recesión de la economía mundial, la cual se viene pronosticando y, por ahora, se viene retrasando. La inestabilidad geopolítica ha hecho tambalear a los mercados financieros y de las commodities. Esta inestabilidad geopolítica se vuelve incertidumbre y la retirada de tropas de Irak de algunos aliados de la OTAN, la tibieza europea frente a los hechos e incluso las vacilaciones israelíes en relación al asesinato de Soleimani así lo indican. Si desde hace algún tiempo venimos ponderando las contradicciones de la política trumpista de implementar un cambio de rumbo en la política imperialista, hoy aparecen dudas sobre la posibilidad de un fracaso que lleve a que el resquebrajamiento del equilibrio de posguerra se convierta en una situación mundial mucho más caótica.

Fuera el imperialismo de Medio Oriente

Irak está ocupado militarmente por EE.UU. desde hace 17 años. Palestina, desde 1948, por el engendro israelí que responde a las necesidades imperialistas de control sobre Medio Oriente. La expoliación imperialista de la región viene de larga data, pero la actual descomposición imperialista, agudizada por la crisis mundial, acelera la situación de descalabro del equilibrio del sistema de Estados y la descomposición del Estado-nación burgués. Frente a esto, no han faltado respuestas de las masas, que han salido de forma espontánea y con una gran confusión de objetivos, lo que permitió que direcciones contrarrevolucionarias hayan llevado los diferentes procesos nacionales a la encerrona. Pero el imperialismo no ha conseguido cerrar la crisis y, por lo tanto, los procesos vuelven a abrirse poniendo ante los revolucionarios el desafío central de intervenir decididamente en los mismos, para que las lecciones de los anteriores fracasos sirvan para desarrollar un programa de transición entre la actual descomposición capitalista y el futuro socialista de la humanidad. La centralidad de la clase obrera en estos procesos queda marcada por la necesidad de disputar la lucha contra el imperialismo a las direcciones nacionalistas burguesas y pequeñoburguesas. Para ello, es necesario una política y una dirección internacionalista, planteando la unidad del proletariado de la región, centrado en los trabajadores del petróleo, con la clase obrera de los países imperialistas, centralmente de Estados Unidos. Por eso es necesario que los revolucionarios luchemos para que los sindicatos estadounidenses y europeos declaren la paralización de la maquinaria militar imperialista, ocupando las plantas y bloqueando el abastecimiento de las tropas estacionadas en la región y de Israel. En los países de Latinoamérica, además de desarrollar la movilización en las calles y denunciar la complicidad de los Fernández, los Bolsonaro, los Piñera y demás cipayos, debemos proponernos paralizar las empresas imperialistas contra la intervención militar en Medio Oriente, lucha que está entrelazada con la lucha contra las reformas fondomonetaristas que esos mismo gobiernos pretenden aplicar en nuestra región. Tenemos que desarrollar la organización y la lucha para que se vayan todas las tropas imperialistas de Medio Oriente y demás países semicoloniales. Por la derrota militar de EE.UU. en Irak e Irán. Por la destrucción de Israel. Por una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente. Por la reconstrucción de la IV Internacional.

El gobierno de Alberto comenzó su mandato cumpliendo sus promesas, no a los que lo votaron, sino al imperialismo y los acreedores. Y no podía ser de otra manera, ya que la dependencia de las fracciones burguesas y pequeño burguesas del capital imperialista es estructural. Algunos, como el gobierno de Macri, lo hacen de forma más abierta, mientras que el peronismo lo hace de forma más indirecta, ya que tiene otra relación con las masas.

Las primeras medidas plasmadas en la Ley de Solidaridad, votada en tiempo récord en el Congreso, mostró que el único objetivo es pagar la deuda con los acreedores y el FMI. Y, para eso, no tuvieron mejor idea que atacar a los jubilados y al conjunto de los trabajadores al legalizar el robo al salario que hizo Macri y que ahora el nuevo gobierno quiere negociar a inflación futura, obviamente sin recomponer todo lo que se perdió en la etapa anterior.

Lo que busca el nuevo gobierno es una tregua de 180 días para, mediante un ajuste a los trabajadores y una actualización a los impuestos, estar en mejores condiciones para negociar la deuda. Hay que aclarar que estas ideas no nacieron de los cráneos del Frente de Todos, sino que fue consensuada con los técnicos del FMI. Es tan obvio el alineamiento con el imperialismo norteamericano, que se puede ver claramente en la posición sobre Venezuela y la negativa a condenar el ataque de EEUU en Irak.

A pesar de que al plan lo dibujen con la palabra “solidaridad”, es una política de ajuste contra los trabajadores y de solidaridad de clase entre los capitalistas ante una crisis mundial que se sigue desarrollando, con una América Latina convulsionada. Ante este escenario, Alberto les pide solidaridad a los empresarios y lanza el Plan Hambre, con la idea de contener futuros conflictos que cuestionen su dominación.

Un Estado capitalista tiene centralmente dos formas de mantener su aparato burocrático-militar: una, es con deuda publica y la otra, con impuestos. Ante la nula posibilidad de seguir endeudándose apela al aumento de impuestos, no sólo a los distintos capitales, sino al conjunto de los sectores de clase. Es decir, busca salvar de una crisis mayor al Estado burgués y, a la vez, desplegar una política estatista de economía dirigida para salvar al gran capital y a otros sectores del capital de una crisis mayor y de enfrentamientos de clase.

Esta idea de estatización también se da en el terreno político. Se puede ver en la cooptación de las organizaciones piqueteras dentro de ministerios y en lugares en el Consejo Económico Social. El objetivo es fortalecer el rol de un semi Estado para poder enfrentar futuros enfrentamientos de clase ante el nivel de crisis.

Esta es la tarea del peronismo en este periodo: ahora tregua, para después buscar un pacto social que garantice las relaciones de fuerza que decanten de esa tregua. Ese es el plan y para eso ya cuenta con la inestimable ayuda de todas las burocracias sindicales desde la CGT hasta las CTAs. Pero aun nada está dicho, ya que tanto la situación mundial como la de la región es inestable y se están dando procesos de masas progresivos.

En los primeros días de gobierno tuvieron que lidiar con procesos masivos en Mendoza en contra de las mineras y en donde el gobierno provincial tuvo que retroceder, al igual que sucedió, en menor medida, en Chubut.

Por eso lo importante en este periodo es pelear por romper esa tregua y organizarnos en nuestros lugares de trabajo buscando la verdadera solidaridad de clase contra nuestros enemigos de clase y nuestros enemigos en nuestras propias filas, que es la burocracia sindical. Ninguna solidaridad trucha, que no es otra cosa que conciliación de clases.

No tenemos que ser nosotros los que paguemos las crisis. Por lo menos tenemos que recuperar lo que perdimos en nuestro salario en la era macrista. Tenemos que seguir peleando por la reincorporación de todos los despedidos. ¡Basta de trabajo en negro! Por el pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados.

La lucha de clases es en definitiva la lucha por la plusvalía. No es creíble que un semi Estado, que es garante de los negocios del capital, sea defensor del valor de nuestra fuerza de trabajo. Tenemos que enfrentar a este Estado y sus instituciones, que atacan nuestras condiciones de vida. Y, por lo tanto, mostrar el poder de la clase obrera ante el imperialismo y sus títeres de turno.

Primera derrota política de los acuerdos Fernández-UCR

El acuerdo político entre la UCR y el Frente de Todos para impulsar la minería metalífera en Mendoza, fue derrotado en la calle.  El masivo y heterogéneo movimiento social que repudió la reforma de la Ley 7722, fue creciente y extendido a nivel provincial, pese a la violenta represión con la que Suárez pretendió disciplinar la protesta social el lunes 23/12 en casa de gobierno. La reforma aprobada el 20/12, fue suspendida en su reglamentación el 26 por el gobernador Suárez quien abrió una ronda de consultas, para terminar anunciando su derogación el 27. La legislatura que votó ampliamente la reforma, la derogó el lunes 30/12.

Tanto Fernández a nivel nacional, como Sagasti por el Frente de Todos mendocino, y su contrincante, el radical Rodolfo Suárez, hicieron campaña con eje en el desarrollo minero como fuente de divisas para sustentar el pago de la deuda. Suárez ganó la gobernación por el 52% de los votos. A 13 días de asumir, la mayoría conquistada en las urnas y el compromiso de la UCR y el PJ con el gran capital minero y los empresarios locales de servicios e industrias potenciales proveedoras, fueron insuficientes. La crisis de la democracia como forma de dominación burguesa, es una tendencia internacional a la que Mendoza no ha escapado.

Suárez comienza su gestión con un fuerte revés político. Esta derrota del oficialismo radical, poco le sirve al peronismo en la oposición. El Frente de Todos no sólo mostró que está lejos de haberse unificado. Dejó expuesto que tampoco tiene asegurado el control de la calle, como le prometió al imperialismo para avanzar en las reformas y el ajuste necesarios para el pago de la abultada deuda.

En lo inmediato, la derrota de Suárez implica que no habrá cambios en el statu quo del negocio del agua. Los propietarios de la tierra, grandes productores agrícolas, empresarios bodegueros, de la agroindustria e inmobiliarios seguirán controlando más del 80% del agua provincial. Esta facción burguesa fue parte del proceso de lucha, accionando la suspensión de los festejos vendimiales departamentales como medida de presión sobre los intendentes. Sin embargo, el movimiento social que copó las calles contra la reforma de la ley 7722, no considera a estos capitalistas como su dirección política. La lucha social contra la reforma de la ley 7722 no fue la reedición del apoyo urbano a la mesa de enlace que implicó el rechazo a la resolución 125 de retenciones móviles al agro en 2008. Fue la expresión de otras contradicciones.

Los obreros rurales, de bodegas, frutícolas y de la agroindustria no fueron actores visibles en las calles. Soportan la altísima informalidad laboral y las condiciones humillantes de trabajo en el campo mendocino, conocido por el trabajo esclavo y salarios de miseria, la desocupación creciente y la pobreza estructural. Su contracara, son las pingües ganancias de las empresas vitivinícolas, agropecuarias, agroindustriales e inmobiliarias de Mendoza, privilegiadas en la concentración de la propiedad de la tierra, que les da el control mayoritario del agua que pretenden perpetuar detrás de la “defensa de la ley 7722”. La amplia politización y movilización causada por la lucha por el agua en todo el territorio, podemos orientarla a sacudir las condiciones, ya tradicionales, de explotación en la zona rural. Esto abre un debate en el movimiento de lucha por el agua en Mendoza, sobre la necesidad de avanzar en establecer lazos de solidaridad y forjar una acción conjunta con los asalariados del campo, de la agroindustria y bodegas, que fortalezca la lucha por modificar las condiciones de vida y de trabajo rurales, e impulse la pelea por la recomposición salarial y contra la informalidad.

El movimiento obrero organizado de las ramas económicas ligadas a la actividad extractiva tampoco movilizó. Pese a ser convocado a concentrar durante el tratamiento de la reforma, bajo presión patronal y coacción de la burocracia de la CGT, lo hizo en escaso número y sin continuidad. No es anecdótico que el lunes 23/12, mientras miles se concentraban en Casa de Gobierno, los trabajadores del yacimiento petrolero operado por AESA en Rivadavia (Mendoza) fueron al paro como respuesta a la muerte de un operario en su puesto de trabajo. Un nuevo asesinato laboral que se sumó a la larga lista de obreros muertos en la industria extractiva más desarrollada de la provincia. Pero también tuvo una respuesta obrera, otra vez hubo paro en el corazón de la rama petrolera, definida desde las bases, aunque encorsetada por la burocracia.

Muchos obreros calificados de la industria mendocina, tienen experiencia con la minería, porque tuvieron su paso por Veladero (yacimiento en explotación a cielo abierto, situado en la vecina provincia de San Juan, entre los 4000 y 4850 msnm). Conocen en carne propia las pésimas condiciones de trabajo de la minería, y la absoluta incapacidad de control alguno de parte del Estado sobre la actividad, tanto en resguardo de la vida de los trabajadores, como de su impacto ambiental. De ahí, la simpatía obrera con la movilización social por el agua. Es fundamental impulsar la deliberación obrera de las conclusiones parciales del proceso abierto en relación a la derrota del gobierno en su ofensiva por modificar el uso capitalista del agua.

La “democratización del agua” que comienza a discutirse en las asambleas ciudadanas y la coordinadora de organizaciones en las que participa la izquierda y algunas direcciones sindicales estatales, es una abstracción que orienta a centrar las acciones sobre una indefinida opinión pública respecto a la apropiación de un cauce por parte de un burgués individual, como Vila, sin cuestionar la propiedad de la tierra y las relaciones de producción que subyacen al problema, no sólo del acceso de la población al agua, sino a la satisfacción más elemental de las necesidades básicas. No hay democratización del agua posible en el marco de las relaciones capitalistas de propiedad de la tierra. Si queremos discutir seriamente el uso del agua y el impacto ambiental de las actividades económicas, los trabajadores de las ramas agrícola, agroindustrial, e hidrocarburíferas, así como los trabajadores de irrigación y de obras sanitarias, son aliados fundamentales.

La prolongada crisis económica nacional, y el profundo estancamiento de las economías regionales, abrieron un debate burgués sobre la “diversificación de la matriz productiva”. El compromiso asumido tanto por Fernández a nivel nacional, como por la UCR y el peronismo provincial, de favorecer el desarrollo minero, puso en guardia a la facción burguesa propietaria mayoritaria de la tierra. Las tendencias de conciliación de clases, burguesas y pequeñoburguesas, pretenden arrastrar a la mayoría asalariada de la población como base de maniobra detrás de uno u otro de los planes capitalistas de salida a la crisis. Por ello, es central que la clase trabajadora ponga en pie sus propias instancias de deliberación, orientando la discusión de un programa con independencia de clase, y de un plan de lucha que avance en medidas de control obrero sobre la producción.

Esta es la importancia de un congreso de delegados de base, con mandato de cada lugar de trabajo en la industria, los servicios y de estatales. Que permita sacar las conclusiones a que dio lugar este proceso de lucha, para hacer de esta derrota del gobierno, el puntapié inicial de un ascenso obrero contra la tregua de la burocracia sindical y los planes de pacto social que negocian Fernández, los empresarios y el FMI.

En medio de un verdadero torbellino internacional, marcado por la decadencia del Unión Europea, el Brexit, la guerra comercial planteada por EEUU y las crecientes tensiones militares entre esta última potencia e Irán, sumado a una serie de estallidos sociales en los países semicoloniales, como en Medio Oriente y América Latina, donde el imperialismo francés tiene ciertos niveles de influencia económica, el gobierno de Emmanuel Macron se apresta a avanzar con el proyecto de reforma previsional. Esta reforma se inscribe en el plan de desmantelamiento del Estado de bienestar y la necesidad por parte del imperialismo, en franca descomposición, de establecer un nuevo pacto entre capital y trabajo. A pesar de las protestas y los cuestionamientos, el gobierno de Macron no pretende recular, por un lado, porque no hay lugar para reformas sociales en este escenario internacional, por lo que las reformas que impulsa apuntan a atacar conquistas previamente adquiridas; por el otro, porque hay una crisis de dirección también en las filas de burguesía imperialista y, por el momento, no se vislumbra alternativa, aunque la derecha nacionalista sigue creciendo. Ante este panorama, el gobierno francés se juega al desgaste de la lucha vía negociaciones con la burocracia sindical. Mientras tanto, intentará neutralizar al ala derecha de Marine Le Pen, que representa a un sector burgués que pretende reflotar el capitalismo volviendo a un –ilusorio- mercado nacional. Y la reforma de las jubilaciones no es todo lo que hay en el tintero en 2020, también deberá encarar una reforma educativa, bajo la careta de la lucha contra la “desescolarización” y una reforma del sistema penal, visto que las fuerzas de seguridad se vieron totalmente sobrepasadas en las manifestaciones de los chalecos amarillos. Intentará suavizar los ataques con un discurso ecologista, como intento de ganarse el favor, hasta ahora renuente, de los más jóvenes. Hacia fuera, Macron quiere ser el paladín del capitalismo verde, en el plano doméstico, prepara palos a quienes se interpongan en sus planes.

Más de un mes y la lucha sigue

Desde el 5 de diciembre de 2019 se vienen sucediendo jornadas de huelga, conducidas por las principales centrales sindicales francesas. Esta ola huelguista corona un año caliente en el país, que comenzó con el incendio en Notre Dame y quedó marcado a fuego por las movilizaciones de los chalecos amarillos. En esta oportunidad, es el movimiento obrero el que está poniendo la impronta, aunque aún dirigido por la burocracia sindical imperialista, que intenta no quedar en el aire ante el desguace del Estado de bienestar. Se han destacado los trabajadores del transporte, en particular los ferroviarios, que tienen una vasta tradición de lucha, pero las huelgas han alcanzado importantes sectores de la producción y los servicios en todo el país. Una nueva camada de jóvenes se está fogueando rápidamente al calor del combate callejero y las huelgas.

La intención del establecimiento de un nuevo pacto capital-trabajo queda totalmente explícita en el proyecto de reforma, que el gobierno intenta barnizar de progresista con el rótulo de “renovación del modelo social”, apelando a una supuesta solidaridad entre generaciones. El gobierno de Macron ha debido cambiar las estrategias de juego, sin desistir de la reforma. De la mano de su ministro Edouard Philippe, apuntan a una ronda de negociaciones para introducir modificaciones al proyecto, pactando con la burocracia y distintos sectores sociales. Por el momento, la línea de desgaste no ha logrado aplacar las movilizaciones, que han seguido en enero y se prepara una gran jornada para el día 9.

Experiencia y desafíos

Francia ya había vivido importantes luchas contra la reforma jubilatoria en los años ’90, cuando Alain Juppé, el primer ministro de entonces, intentó imponer modificaciones para poner a las pensiones a tono con las tendencias neoliberales del momento. 1995 dejó importantes lecciones de lucha. A comienzo de 2020 ya se habla de que el movimiento huelguista ha superado este antecedente. La experiencia de las generaciones que vivieron esta lucha previa puede ser un valioso acervo para los huelguistas actuales, pero también será necesario aprender las lecciones para enfrentar los obstáculos que han venido desde hace décadas subordinando a las organizaciones obreras a la convivencia con la burguesía imperialista dentro de los marcos del Estado.

Las nuevas generaciones que salen a la lucha lo hacen con un gran ímpetu y libres de las derrotas de sus antecesores, pero con confusión de objetivos y con las fuerzas dispersas. Es imperioso que la vanguardia obrera tome en sus manos la tarea de construir un partido revolucionario que acaudille al movimiento obrero no sólo contra las reaccionarias reformas de Macron, sino contra el Estado imperialista y el modo de producción que éste defiende. Recuperar los sindicatos de manos de la burocracia consorte de los patrones es fundamental para desarrollar un programa obrero. Además, debemos enfrentar mediaciones políticas como los partidos que, a partir del movimiento, pretenden volver a las reformas sociales en el marco de un Estado en descomposición, al estilo del Parti de Gauche o el NPA. Por el contrario, debemos llevar adelante un programa de transición hacia la revolución socialista, por la destrucción del Estado burgués y el establecimiento de los Estados Socialistas de Europa, que no es otra cosa que la forma estatal de la dictadura del proletariado. Claramente, esta tarea excede las fronteras nacionales de Francia, incluso impone tareas que trascienden la Europa continental y ponen al proletariado francés ante tareas internacionalistas junto con sus hermanos de clase en todos los continentes contra los intereses imperialistas en todo el mundo. Las fuerzas revolucionarias que bregamos por la reconstrucción del partido mundial de la revolución, la IV Internacional, tenemos una enorme tarea por delante.