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Del ítem aula a la reforma laboral docente

Lunes, 21 Septiembre 2020 10:29

El jueves 17/9, el Director General de Escuelas de Mendoza, José Thomas, presentó en el Consejo General de Educación su proyecto de ley de Educación Pública. Con el argumento de cumplimentar la adecuación de la normativa provincial a la Ley Nacional de Educación, puesto que la ley provincial actual, la N° 6970, se enmarca en la derogada Ley Federal. El 18/9, la DGE emitió un memorándum para todas las escuelas, donde declama “Que la pandemia no paralice el debate”, sin embargo, la pandemia es la excusa del gobierno de Mendoza para no abrir las paritarias ni debatir con el sindicato docente tanto los reclamos salariales como no salariales, de condiciones de trabajo y de gastos de conectividad, enteramente descargados sobre trabajadores y estudiantes.

 

La promesa vacía de un amplio y democrático proceso de debate del proyecto de ley, incluye un “congreso pedagógico virtual” donde sólo hablarán expertos a sueldo del gobierno, mientras los docentes sólo tenemos una dirección de correo electrónico para enviar nuestra opinión, ya genera el rechazo de las escuelas. Con la restricción del Ministerio de Trabajo nacional que prohíbe el funcionamiento sindical de base, la arbitrariedad provincial para imponer fase 1 intermitentes, en el séptimo mes de trabajo domiciliario 24 x 7 impuesto a los docentes, está claro que los trabajadores de la educación no somos los interlocutores del Thomas en este debate. Al punto que las 29 escuelas de educación artística vocacional de la provincia, tomaron conocimiento de que el borrador no prevé su existencia, completando el ataque iniciado bajo la gestión Cornejo, el cual fue resistido por un proceso de lucha que tuvo su punto más álgido en la toma de la junta calificadora.

 

La reforma educativa fue la LEN, esto es una reforma laboral

 

La estructura y modalidades del sistema, la municipalización y descentralización, la apertura al arancelamiento, las evaluaciones de calidad educativa, la continuidad de la educación privada y confesional, el desfinanciamiento sostenido, la apertura del sistema educativo público al festival de negocios de las grandes empresas de tecnología digital, internet y comunicación, ya están instituidas en la LEN 26206 que tanto defiende el kirchnerismo, y que ningún sector de la oposición burguesa cuestiona. Al contrario, con total consenso, vienen implementando sus lineamientos en el consejo federal de educación desde 2006 en adelante, plan maestro y secundaria 2030 mediante.

 

Este proyecto de ley provincial recoge la tarea inconclusa de la Ley Federal y pendiente con la LEN: avanzar sobre el convenio colectivo del sector, el estatuto del docente. El proyecto de Thomas lo dice explícitamente en su artículo 142, como una tarea unilateral del director general de escuelas, excluyendo de dicho proceso cualquier instancia de negociación colectiva.

 

Enteramente encuadrado dentro de la Ley Nacional de Educación 26206, que modificó la estructura del sistema educativo que había establecido la Ley Federal menemista, pero manteniendo sus principios rectores, este proyecto de ley provincial, es su complemento de reforma laboral. Establece las bases normativas para:

 

-eliminar el derecho de huelga, al contraponer los derechos docentes con los derechos de los niños;

-eliminar la “libertad de cátedra” y restringir la libertad de expresión de los docentes (y estudiantes);

-modificar el régimen de ingreso, movimientos y estabilidad en el cargo, condicionándolos a resultados de los estudiantes en operativos de evaluación y otras variables (también contempladas en la LEN);

-modificar el régimen salarial, atando la remuneración a criterios de desempeño y evaluación personal, institucional y de los logros de los estudiantes en los operativos de evaluación;

-imponer la bimodalidad (presencial/virtual).

 

Este punteo no exhaustivo, señala algunos ejes del “espíritu” de la ley que se materializarán en la modificación posterior del Estatuto del Docente, y en leyes específicas para niveles y modalidades del sistema, y la creación de un instituto provincial de evaluación educativa, etc., que ya anticipa este proyecto. Es central entender que NO SE PONE A DISCUSIÓN UNA REFORMA EDUCATIVA, SINO UNA REFORMA LABORAL. Esta ofensiva busca cristalizar en una ley, una nueva relación de fuerzas impuesta por el Estado como patronal, a partir de la derrota que significó el ítem aula.

 

Cristalizar en ley el régimen laboral del ítem aula

 

La imposición del ítem aula en 2016 constituyó una fuerte derrota para los trabajadores de la educación. Este adicional de productividad impuesto por ley, estableció un doble presentismo que castiga salarialmente la adhesión a la huelga. No se ha logrado aún revertir este golpe, lo cual se expresa en que los mandatos de paro no lograron, desde entonces, el número suficiente para su votación en plenario del SUTE.

 

La crisis de dirección en el sindicato, conducido por un frente multicolor sin delimitación de clase que abarca incluso a una tendencia que integra el Frente de Todos (PCR), y sumido en una fuerte tensión interna; el rol de la vieja burocracia celeste, dividida en dos listas pero unificadas en la defensa de la tregua de CTERA a Alberto y la colaboración de clases con el ajuste en curso, ha sido claramente leído por el gobierno de Suárez, que busca cristalizar esta nueva relación de fuerzas en una normativa que siente las bases para el desarme conquistas del sector e imponga un nuevo régimen laboral basado en la flexibilidad e inestabilidad laboral, la remuneración variable según productividad, y elimine las instancias de negociación colectiva de las condiciones de trabajo y concursos.

 

Esta ofensiva no es una acción aislada. Forma parte de una tendencia internacional que, ante la crisis estructural del capitalismo desatada en 2008, ha llevado a los gobiernos burgueses a buscar imponer otra relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, mediante reformas laborales, previsionales, educativas. Lo vimos en casi toda América Latina, con hitos en el ataque al magisterio mexicano que impuso a sangre y fuego Peña Nieto, o la “escuela sin partido” de Bolsonaro y su ofensiva privatista. La pandemia ha sido un acelerante de estos procesos, pero también del estallido de las contradicciones irresueltas de la política capitalista de salida a la crisis y de manejo de la pandemia. Los crímenes raciales de la policía yanqui, levantaron una ola de protestas masivas, que calaron hondo en los sindicatos docentes que luchan por la expulsión de la policía de las escuelas, y de los sindicatos policiales de las centrales. Así también, mediante huelgas enfrentan la orden unilateral de los gobiernos de volver a la presencialidad en medio de la pandemia.

 

Estos métodos y tareas programáticas, debemos discutir en las asambleas escolares y plenarios, y dar la pelea ideológica y programática porque el SUTE y los sindicatos y seccionales recuperados, se pongan a la cabeza de una campaña por la expulsión de los sindicatos policiales de la CTA. Por imponer a CTERA un paro general educativo por la reapertura de paritarias nacional y provinciales, y para frenar los intentos unilaterales de Larreta y demás gobernadores de imponer la vuelta a la presencialidad sin condiciones de higiene y seguridad.

 

ABAJO LA REFORMA LABORAL DOCENTE DE SUÁREZ

 

El gobierno de Suárez, aprovecha la cuarentena como medida de control exacerbado de la población, para tratar de recuperar la iniciativa política tras la derrota en las calles que significó la lucha por el agua en diciembre pasado. Su proyecto de reforma constitucional y su plan de reforma laboral docente, se inscriben en ese objetivo de intentar fortalecer el aparato estatal de cara a los procesos más críticos del ajuste por venir en el marco de la negociación de la deuda pública provincial, y a nivel nacional con el FMI.

 

Es central plantear con claridad el rechazo a este proyecto de reforma laboral. Derrotar la ofensiva de Suárez, NOS PONE ANTE EL DESAFÍO DE LEVANTAR A LAS ESCUELAS CONTRA EL ÍTEM AULA, por ello impulsamos de cara a los plenarios de delegados, mandatos de paro educativo y de congreso provincial de delegados de base, para preparar un plan de lucha provincial con el conjunto de los estatales hasta forzar a Suárez a retirar el proyecto de ley, y a reabrir paritarias.

 

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  • Si el FONID no existe, QUE TAMPOCO EXISTA NORMAL INICIO DE CLASES

    La incertidumbre es total ante este nuevo ciclo lectivo. La brutal devaluación de Milei que apalancó la espiral inflacionaria, pega de lleno en los ingresos de las familias obreras que tienen que afrontar un gasto descomunal en materiales, indumentaria y transporte para enviar a sus hijos a la escuela.

    Además, a escasos días del inicio de clases, Milei traslada a las provincias los costos de su derrotada ley ómnibus, al cerrar el grifo de las transferencias discrecionales. Dentro de estas partidas, se encuentran el FONID (que complementa los salarios docentes que pagan las provincias) y los aportes a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación.

    Este ataque, junto a la negativa a convocar a la paritaria nacional docente, pone en aprietos a la burocracia Celeste en CTERA y los sindicatos provinciales, que pretendían hacer la plancha, echándole la culpa a la base por no votar a su candidato Massa. La eliminación del FONID y el acelerado deterioro de las condiciones de vida, abrieron un debate importante en las escuelas, obligando a Alesso, Baradel y compañía a hablar de un NO INICIO de clases que no querían y no prepararon.

    Muchos docentes no recuerdan ya, o no conocen, el origen del FONID. Es necesario traer su historia a colación porque explica en gran medida la debilidad de CTERA para enfrentar la motosierra de Milei.

    De bajar la huelga con una carpa. De la carpa a la cooptación.

    La docencia de las provincias venía de protagonizar el Maestrazo contra el ajuste salarial de Alfonsín, una huelga nacional docente de 43 días, que obligó incluso a la CGT a declarar un paro general en solidaridad. La conciliación obligatoria y el pésimo rol de la burocracia sindical docente, llevó la huelga a la derrota. Pero la simpatía y apoyo de todo el movimiento obrero y amplios sectores sociales a la lucha docente se forjaron en la firmeza del Maestrazo, mucho antes de la carpa blanca.

    La descentralización educativa impuesta por la dictadura genocida fue profundizada por Menem, quien completó el traslado de la educación no universitaria a las provincias y avanzó con las reformas educativas que promovían los organismos de crédito internacionales. Estas políticas del menemismo resultaron en estallidos provinciales. La docencia fue protagonista de las luchas, destacando la huelga de 140 días de la docencia rionegrina, pero también con huelgas educativas duras en Neuquén, Misiones, Jujuy y San Juan. La dirección de CTERA jugó la carta de siempre: aislar los conflictos provinciales, y desviar la atención hacia la Capital Federal, instalando una carpa de ayunantes frente al Congreso de la Nación, en reclamo de una ley de financiamiento educativo.

    Durante 1003 días, la carpa blanca se convirtió en un emblema de resistencia pasiva, cultural, al menemismo, mientras los conflictos provinciales eran reprimidos y ahogados. Así perdimos a la compañera Teresa Rodríguez, asesinada por la represión al Cutralcazo. La enorme simpatía social generada por la lucha docente, fue traicionada por la burocracia de CTERA cuando decidió levantar la carpa a cambio de la creación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) financiado mediante un impuesto adicional al impuesto automotor. La carpa se levantó, la recaudación del FONID fue un fracaso, y Menem nunca pagó. La conducción de CTERA fue cooptada por el gobierno de la Alianza que eliminó el impuesto y prometió el pago del FONID mediante Transferencias directas del Tesoro nacional a las provincias. Pero De la Rúa tampoco cumplió y abandonó el gobierno dejando la deuda docente sin pagar.

    El estallido de la convertibilidad menemista incluyó el veto de Duhalde al FONID dentro del presupuesto en 2002. Y siguió el derrotero de incumplimientos, incluso durante los primeros años de la gestión de Kirchner. Conflictos mediante, finalmente se empezó a pagar a fines de 2003, bajo el mismo régimen de transferencias directas del Tesoro, que hoy le permite a Milei borrarlo de un plumazo.

    Durante los gobiernos kirchneristas, la agrupación celeste nacional enquistada en CTERA y los sindicatos provinciales fue abyecta colaboradora del ajuste K y la creciente precarización laboral dentro del sistema. La burocracia de CTERA fijaba los techos salariales en al paritaria nacional docente, sin cuestionar nunca la fragilidad del FONID como parte de los fondos discrecionales del Poder Ejecutivo. Es la misma burocracia que hoy reclama que se cumplan los porcentajes del presupuesto establecidos en la Ley de Financiamiento Educativo, otro instrumento legal sancionado para derrotar la lucha docente en 2005, pero que dejó pasar su incumplimiento sistemático por todos los gobiernos anteriores.

    Los que hicieron de la Carpa Blanca el emblema de campaña de De la Rúa, finalmente se subieron al carro del Frente de Todos. Hoy, con Yasky de diputado por el kirchnerismo, Baradel de funcionario de hecho de Kicillof en Buenos Aires, y la celeste como gran mediación, la burocracia de CTERA ha logrado sobrellevar una profunda crisis de dirección. Ahora Milei pasa su motosierra sobre el FONID y el fondo compensador, poniendo a la burocracia sindical docente frente al espejo de su propia responsabilidad.

    Saquemos lecciones para organizar una oposición sindical revolucionaria en CTERA

    Este derrotero de la burocracia explica en parte por qué la lucha docente en estos años se dispersó en el paralelismo o recurrió a desbordes por fuera de los sindicatos a través de autoconvocatorias. Hubo avances en la recuperación transitoria de seccionales y sindicatos, pero las enormes experiencias de lucha en estos 40 años de democracia, destacando San Juan y Jujuy recientemente, no pudieron consolidarse en recuperación de sindicatos y en la disputa por la dirección nacional. Hay un balance pendiente entre las tendencias antiburocráticas y la izquierda, que necesitamos saldar para forjar una oposición nacional que pueda ponerse a la cabeza de la lucha por derrotar el ataque de Milei y los gobernadores, donde la independencia de clase es la base programática fundamental.

    El DNU y los proyectos de prohibir el derecho de huelga en educación (declarándola servicio esencial), la reforma educativa, laboral y los ítems salariales de productividad que impulsan Milei y los gobernadores, así como los ataques directos al salario docente y las jubilaciones, el deterioro brutal de las condiciones de vida de nuestros estudiantes y de las y los trabajadores de la educación de todo el país, nos ponen ante el desafío de imponer la convocatoria a un PARO EDUCATIVO NACIONAL y un plan de lucha sostenido. Si el FONID no existe, QUE TAMPOCO EXISTA NORMAL INICIO DE CLASES.

    Impongamos la reapertura de paritarias nacional y provinciales, eligiendo en plenarios de delegados a nuestros paritarios, mandatados y revocables. Obliguemos a Milei y a los gobernadores a sentarse a discutir un salario inicial docente igual a la canasta familiar indexado a la inflación, con recomposición real de los básicos salariales. No podemos seguir tolerando que nuestro salario esté compuesto de adicionales, ítems en negro y bonos atados a la discrecionalidad del gobierno de turno. Si no hay plata para salarios, para salud y educación, que no haya plata para el FMI y los buitres.

    La docencia desconfía con razón de la burocracia, y Milei ha usado a su favor este hartazgo, generando enorme confusión. Las agrupaciones y listas antiburocráticas que defendemos la independencia de clase, tenemos la tarea de combatir esta confusión, forjando una alternativa de dirección en abierta oposición a la burocracia responsable de esta situación. La reciente recuperación de la seccional capital en Córdoba, las seccionales antiburocráticas de SUTEBA, son herramientas que pueden preparar las condiciones para avanzar en saldar la crisis de dirección. Las seccionales recuperadas y las listas antiburocráticas y de la izquierda tenemos que darnos una instancia nacional de discusión, que clarifique ejes programáticos y un plan de acción común para poner en pie una oposición sindical revolucionaria que pueda forjar un nuevo activismo docente, recuperando las mejores experiencias de lucha y la confianza en la huelga, la ocupación de escuelas y reparticiones y la movilización.

    Docentes de la COR

    14/02/2024

  • Los docentes no faltan. Faltan docentes.

    El ítem aula triunfó.

    Los docentes no faltan. Faltan docentes.

     

    La campaña electoral está desatada y, otra vez, está la educación en el barro de la disputa. Fracasada la aventura presidencial de Cornejo, vuelve a disputar la gobernación de Mendoza embanderado en el ítem aula como emblema de su gestión, muestra números de la caída del ausentismo docente del 18% en 2016, al 5% actual, a partir de la imposición de este ítem de productividad, que duplica al preexistente adicional por presentismo. A este número agregan que el Estado se habría ahorrado $5460 millones de pesos entre 2016 y 2019 gracias a la reducción de reemplazos. ¿A dónde fue a parar ese supuesto ahorro? Porque la provincia de Mendoza, junto con CABA, está entre los distritos de mayor reducción presupuestaria en Educación.

     

    Cambia Mendoza, y Cambiemos en CABA, hicieron de la presencialidad sin condiciones en pandemia, su caballito de batalla. Se volvió a la presencialidad con la misma carencia de preparación y recursos que hubo para enseñar de manera remota. “El hecho educativo” naufraga en escuelas sobrepobladas, que se caen a pedazos, estallan, o están atestadas de ratas. El gobierno del Frente de Todos pretendió disputar la bandera de la educación, extendiendo la jornada escolar en esas mismas escuelas, y dentro de la política general de ajuste brutal que el acuerdo con el FMI impone. En estas condiciones, la paritaria 2023 defendida por la burocracia de la Celeste Nacional en CTERA, y de sus sindicatos de base, le puso un techo de miseria al salario de referencia. El conflicto está instalado en las provincias donde la crisis de dirección de los trabajadores de la educación ha llevado al desborde de las conducciones y aparatos sindicales en procesos de lucha del activismo y sectores autoconvocados. San Juan, Misiones, La Rioja, Buenos Aires, y más recientemente Salta, desafían el techo salarial, e interpelan a las tendencias antiburocráticas a que asumamos la tarea de unificar las fuerzas dispersas y golpear unificadamente hasta romper la paz social electoral de la burocracia y los gobiernos nacional y provinciales. 

     

    Los docentes no faltan. Faltan docentes.

    En Mendoza, la situación es crítica. Los docentes no faltan, pero sí renuncian, o no se presentan a los llamados para cubrir horas y cargos. Este es el gran logro del gobierno del ítem aula, con la enorme colaboración de la burocracia peronista, la lista Azul Naranja, que conduce el SUTE y que firmó una paritaria de ajuste brutal sobre el salario. Un acuerdo paritario vergonzoso que reconoce el piso miserable nacional de 130.000$ al cargo, pero que baja a 110.000$ si el docente tiene doble cargo. En la Mendoza del ítem aula y la represión a la protesta obrera en las calles, el salario disminuye a mayor carga horaria, o mayor antigüedad. El resultado de este disciplinamiento y colaboración del sindicalismo peronista con el gobierno radical, es un reflujo provisorio de la disposición a luchar que mostró el sector en 2022, y la primacía de la salida individual frente al hundimiento del salario en educación.

     

    Desde la oposición antiburocrática hemos impulsado la organización de las escuelas que defendimos en los plenarios el rechazo al acuerdo salarial de ajuste, organizando concentraciones en el sindicato e instancias de formación sindical en el gran Mendoza y en el Sur provincial. Desde la Lista Roja, junto a Tribuna Docente, COPLE, SITEA, vitivinícolas autoconvocados, la delegación Mendoza de Actores y otros sectores, estamos convocando a una Asamblea de Trabajadores, estatales y privados, ocupados y desocupados. Estamos convencidos que los trabajadores tenemos que poner en pie nuestras propias instancias de debate y decisión sobre cómo enfrentar la crisis. Mientras las coaliciones burguesas y sus acólitos en los sindicatos, pero también los frentes electorales de izquierda, pretenden que vayamos sumisos a votar quiénes serán los próximos gestores del ajuste, hay trabajadores que discutimos cómo intervenimos con nuestros métodos: asambleas, planes de lucha, paro general.

     

    Necesitamos construir una posición de fuerza, para obligar al gobierno nacional y provincial a recomponer salarios, para tirar abajo los instrumentos de disciplinamiento como el ítem aula y las leyes contra la protesta social. Los tiempos de la campaña electoral no son los nuestros. Instalar en cada lugar de trabajo la convocatoria a la asamblea de trabajadores del 24/6, organizando asambleas y elaborando mandatos, serán una primera instancia para reagrupar a los sectores que estén dispuestos a preparar las condiciones para derrotar al gobierno del ítem aula en Mendoza, y al gestor del FMI en la nación.

  • 24 de febrero: congreso de CTERA

     

    RECHACEMOS EL TECHO SALARIAL.

    IMPONGAMOS EL NO INICIO DE CLASES NACIONAL.

     

    Mientras sobrecumplen los objetivos del acuerdo con el FMI, la paritaria nacional docente volvió a ser el instrumento oficial para fijar una pauta de aumento salarial a tono con el ajuste: 60% anual. La mesa que priorizan las conducciones sindicales no es la paritaria, más pendientes de la definición de la interna del Frente de Todos de cara a las elecciones nacionales y provinciales 2023.

     

    El acta paritaria que celebra la burocracia de CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA, con fecha 17/2, tiene la caradurez de afirmar que el Salario Mínimo Docente Garantizado acumula dos años continuos de recuperación del poder adquisitivo “sobre la inflación”. Pero a la docencia no nos cierra esa cuenta. En diciembre 2022, el salario inicial se fijó en $90.338 mientras la canasta familiar estaba en $152.515, según datos oficiales. La conclusión es simple: el salario mínimo garantizado, es una garantía de pobreza.

     

    La burocracia pretende asegurar el normal inicio de clases en un año electoral a cambio de elevar a $130.000 el techo salarial en marzo ´23, monto que incluye los adicionales FONID y Conectividad que paga Nación y que los gobernadores contabilizan en sus propuestas salariales. Ningún docente usa ese dinero para capacitación o conectividad. Con sueldos de miseria, esos adicionales tienen un carácter alimentario.

     

    El ámbito de la paritaria nacional docente, no sólo se instala como espacio para fijar el techo salarial. La burocracia sindical, el ministro de educación y los representantes de los gobernadores, vienen avanzando en acuerdos marco que no son otra cosa que una reforma educativa y laboral. Sólo falta que cristalicen esa ofensiva en un Convenio Colectivo, compromiso que renovaron el 17/2, que sirva de instrumento para terminar de liquidar los estatutos del docente. En esta línea cocinan el respaldo sindical al proyecto de nueva ley de Financiamiento Educativo, que no sólo fija porcentajes de inversión en educación que no cumplen, sino que avanza en establecer un marco para modificar la estructura salarial, con bonificaciones y estímulos acordes a los lineamientos de la reforma educativa que cocina el Consejo Federal de Educación y los organismos internacionales de crédito.

     

    Este próximo 24/2 están convocados los congresales de CTERA para “legitimar” la negociación, poniendo a votación, sin respaldo de la base, la aceptación o rechazo al acuerdo. Pero son varias las provincias en las que está fresca la experiencia de lucha y desborde a la burocracia de 2022, y la exigencia de recomposición salarial se expresa en las asambleas que complican las negociaciones en Tucumán, Neuquén, San Juan, Jujuy y CABA. Las seccionales recuperadas y las agrupaciones antiburocráticas tenemos la responsabilidad de impulsar en todas las asambleas escolares y plenarios mociones de RECHAZO al techo salarial propuesto en la paritaria nacional docente y la reforma laboral y educativa que contiene, y un repudio a los congresales levantamanos. Necesitamos un congreso nacional de delegados de base con mandato, que prepare el no inicio de clases 2023 llamando a un paro educativo nacional contra el techo salarial del 60% anual, por un aumento al básico y una recomposición salarial acorde al costo de vida.

     

    La burocracia celeste en CTERA y sus acólitos enquistados en los sindicatos en las provincias, nos cuelgan el chaleco de plomo del ajuste para intentar mantener a flote una coalición peronista hacia las elecciones. Su crisis es tan grande, que ni siquiera en los distritos gobernados por Cambiemos van a dejar que los trabajadores hagamos olas. Es el caso del SUTE en Mendoza, donde la Azul Naranja de Sedano y Correa responde al lanzamiento de campaña a gobernador del padre del ítem aula, Alfredo Cornejo, con un inicio de clases sin paros.

     

    Ninguna variante de conciliación de clases podrá llevar adelante una lucha consecuente por nuestras demandas. Tampoco debemos depositar confianza en que los mecanismos electorales de esta democracia para ricos sienten, después de octubre, en los poderes ejecutivos provinciales o nacional, a un nuevo gestor de los negocios capitalistas que esté dispuesto a hacer algunas concesiones a los asalariados. La tarea planteada es saldar una prolongada crisis de dirección de los trabajadores, forjar una dirección con independencia de clase que asuma la tarea de recuperar los sindicatos y expulsar a la burocracia. En esta perspectiva es que insistimos a la izquierda y las agrupaciones antiburocráticas en iniciar un proceso de debate programático y lucha común, que ponga en pie una oposición sindical revolucionaria. En ese camino, podemos impulsar plenarios regionales y nacionales de delegados de base mandatados, que organice el desborde a la burocracia, hasta romper sus techos salariales y el pacto de ajuste Gobierno-FMI.

     

    Docentes de la COR

  • El massazo de Suárez: ajuste salarial por decreto y detenciones.

    LA LUCHA SIGUE

    Todos los trabajadores estatales de Mendoza llevan largas semanas de conflicto por reapertura de paritarias y por recomposición salarial contra el brutal ajuste de Suárez en la provincia, a tono con la descarga de la crisis sobre los asalariados que aplica el gobierno de los Fernández.

    La crisis de dirección de los sindicatos estatales, fragmentados en dos centrales, y movilizados sin unificación frente a la misma patronal, se vio desbordada por la masiva adhesión al paro de 48hs convocado para el martes 26 y miércoles 27 de julio por SUTE, SADOP, Ampros y ATE. Las escuelas vacías por primera vez en 6 años desde la imposición del ítem Aula, fue un golpe de lleno al pilar de la política de disciplinamiento y ajuste a los estatales impuesta por el radical Cornejo y sostenida por Suárez. Ni el ítem Aula ni el adicional por asistencia que negoció en marzo, sin apoyo de las escuelas, la burocracia kirchnerista al frente del SUTE, frenaron la masiva disposición al paro que tuvo un acatamiento de 90% y sacó a miles de trabajadores a las calles. La medida de fuerza recibió amplia simpatía de parte de la población trabajadora, harta de la pulverización de sus ingresos y del deterioro de sus condiciones de vida.

    La contundencia del paro, devolvió a las bases de las escuelas la confianza para encarar una pelea que será dura. El gobierno respondió con una propuesta irrisoria de adelantamiento del 5% ya previsto de noviembre a agosto, y retoques insuficientes de las mini cuotas del acuerdo de marzo, para dar cumplimiento al techo salarial firmado por CTERA en la paritaria nacional docente. La burocracia del SUTE, que se niega a discutir lo que hace su conducción nacional, rechazó por insuficiente en la paritaria provincial y milita un paro de 72hs para reabrir la negociación tras el decretazo de Suárez. Los sectores antiburocráticos hemos empezado a reagrupar a los delegados escolares tras una perspectiva de disputa a la burocracia azul naranja, impulsando la lucha por un paro hasta obligar al gobierno a sentarse en paritarias y recomponer salarios de una sola vez al básico, para equiparar el inicial a la canasta familiar.

    DEL ÍTEM AULA A LA JAULA

    La conducción de ATE también rechazó en la paritaria la mísera oferta de 44% de recomposición a agosto, y resolvió cortes parciales en los accesos a la ciudad. En una medida abiertamente anti sindical y anti obrera, el gobierno resolvió detener a 4 dirigentes de ATE tras una asamblea en el Hospital Notti, acusados de “entorpecimiento del transporte público” definido en el artículo 194 del código penal. Tres fueron liberadas, pero el secretario general Roberto Macho fue trasladado al Penal ese mismo día, en una decisión política del gobierno de Suárez de enviar un mensaje de disciplinamiento al conjunto de los trabajadores que desafiaron su política de ajuste salarial y su control de la calle.

    Este ataque inédito no puede quedar sin respuesta. Instamos a impulsar en cada repartición y lugar de trabajo, mandatos de repudio a la detención de los compañeros, de exigencia de acciones concretas para lograr su inmediata liberación y desprocesamiento. Tenemos que hacer saber al gobierno que esto es un punto de inflexión. Las conducciones se pronunciaron, pero no actuaron en consecuencia. Esa vacilación es un error gravísimo que los delegados y activistas antiburocráticos debemos revertir imponiendo un congreso de delegados de base de urgencia de todos los sectores estatales, de la industria y los servicios, con mandato de discutir y votar un plan de lucha unificado: PARO GENERAL hasta la liberación y desprocesamiento de los trabajadores por luchar, y por todas nuestras reivindicaciones.

    La burocracia al frente de los sindicatos estatales provinciales se esmera en acotar la discusión a la responsabilidad del gobierno de Cambia Mendoza en el hundimiento del salario. Pero los gobernadores y el gobierno de Alberto-Cristina-Massa son socios sin grieta en su ataque al conjunto de los asalariados y el pueblo empobrecido. La tregua sindical para dejar pasar las condiciones brutales que estableció el acuerdo del gobierno de los Fernández con el FMI es insostenible. Impongamos a la CGT y las CTAs un PARO GENERAL HASTA DERROTAR EL PLAN DE AJUSTE, MISERIA Y REPRESIÓN CON EL QUE PRETENDEN CUMPLIR CON EL FMI.

  • La docencia de San Juan desbordó a la burocracia. PARO EDUCATIVO NACIONAL PARA DESCONGELAR SALARIOS

    Trabajadores de la educación de todo el país discuten el impresionante proceso de lucha de la docencia sanjuanina. Una movilización por fuera de las estructuras sindicales, realizada el 25 de mayo para reclamar recomposición salarial, fue reprimida por la policía de Uñac. En respuesta, la docencia movilizó masivamente el 26 y 27 de mayo, parando las escuelas con un 70% de ausentismo. El impase de lunes 30/5 a miércoles 1/6 respondió al compromiso supuesto de analizar el petitorio de los autoconvocados. Presurosa la burocracia de UDAP, UDA y AMEP se reunieron con el gobierno y firmaron una recomposición salarial insuficiente y divisionista, a pagarse en 4 cuotas, el no descuento de los paros del 26 y 27/5 a cambio de la aplicación del criterio de día no trabajado/día no pagado, similar al ítem aula, a futuro.

     

    Sin embargo, la docencia desbordó la maniobra de la burocracia sindical y las amenazas de descuentos y sanciones del gobierno de Uñac, paralizando las escuelas con un acatamiento del 90% el lunes 6/6, con importante adhesión de la docencia de las escuelas privadas y acompañamiento de otros trabajadores estatales también por fuera de la estructura sindical. La firmeza del paro y la movilización en toda la provincia obligó al gobierno a recibir a representantes de la docencia en lucha, pero la nueva propuesta del gobierno fue rechazada y las medidas de lucha se mantuvieron el martes 7 y miércoles 8/6. El pliego de reivindicaciones que unificó a la docencia en lucha exigía recomposición salarial en una sola vez, equiparación del salario a la canasta familiar, el no descuento de los días de paro, y exigía una respuesta escrita de puño y letra del propio gobernador. Uñac tomó cartas en el asunto, ante el fracaso de las mediaciones sindicales y políticas de su gobierno, a las cuales salió a rescatar comunicando la decisión del ejecutivo provincial de aumentar un 15% los salarios de junio, con impacto en el medio aguinaldo del 40% acumulado, y un compromiso de mantener el salario un 30% arriba del Salario Mínimo Nacional garantizado que fija la paritaria nacional docente. En cuanto a los días de paro, la situación aún está por resolverse, puesto que la ministra informó la revisión caso por caso. La lucha obligó al gobernador a involucrarse directamente, y mejorar por 3era vez su propuesta en menos de una semana. Si bien no se conquistó el pliego de reivindicaciones, puso en aprietos al gobierno y le dio a la docencia confianza en su capacidad de lucha.

     

    La crisis de dirección
    El conflicto en San Juan puso en evidencia la profundidad de la crisis de dirección que atraviesa a las y los trabajadores de todo el país. La burocracia de UDA, UDA y AMEP se sentó en la paritaria provincial, pero no pudo garantizar esta vez el disciplinamiento de las bases que las dejaron en el aire. Uñac salió al rescate de sus correas de transmisión entre los estatales, que tendrán una sobrevida gracias a la estatización de nuestras organizaciones, pero la crisis no está saldada. La tarea por delante es profundizar la experiencia de esta lucha para avanzar en la recuperación de los sindicatos, echando a la burocracia sindical, e imponiendo en lo inmediato la elección y revocabilidad de los paritarios, mandatados en plenarios. Estas tareas encaminarán a una docencia que empezó a mostrar su fuerza, a lograr sus reivindicaciones.

     

    La crisis de dirección cruza a todos los sindicatos. Recientemente una elección con alta abstención le permitió a la rancia burocracia celeste de SUTEBA sostenerse en sus sillones, y desplazar con apoyo del aparato político del gobierno de Kicillof, de los intendentes, y maniobras fraudulentas, a la multicolor de la mayoría de las seccionales. El repudio al colaboracionismo de la burocracia, la firmeza de la huelga, la exigencia al gobernador de una respuesta directa, y el reclamo de un salario igual a la canasta familiar que orientaron a la docencia de San Juan tenemos que balancearlo en todo el país. No para intentar emular procesos inorgánicos, sino para orientar el accionar de las listas y activistas antiburocráticos desde los puntos de apoyo con los que contamos: las y los delegados escolares y los plenarios de delegados mandatados para imponer el curso de acción por nuestras demandas. Organizar el desborde a la burocracia, hasta romper el pacto de ajuste que negociaron Gobierno-FMI.

     

    CTERA acuerda congelar salarios a niveles de indigencia


    A nivel nacional, la burocracia de CTERA no emitió palabra alguna frente al conflicto sanjuanino, como tampoco respecto a la lucha de la docencia de La Rioja, o en respuesta al reclamo de los sindicatos de la Patagonia que exigen un paro nacional por salario. Este viernes 10/6 firmaron una revisión de la paritaria nacional docente que consolida el hundimiento del salario frente a la aceleración inflacionaria del primer semestre.

    Es la mejor noticia que podían recibir los gobernadores que se niegan a reabrir paritarias que se cerraron en torno al 40 % en cuotas para todo el año, y que sólo deberán hacer pírricos ajustes hacia fin de año. Y nada dice respecto de la extensión de la jornada laboral, de los procesos de reforma laboral y persecución sindical que impulsan los gobernadores como Rodríguez Larreta atacando el estatuto y sancionando dirigentes.
    El compromiso de un salario mínimo garantizado pactado por la burocracia de CTERA con el gobierno nacional y los representantes de los gobernadores se fijó en $68.400 a diciembre de 2022. Una provocación si tentemos en cuenta que la canasta familiar alcanzó en abril los $96.590 según el INDEC, o $154.134 según los trabajadores del INDEC. Este acuerdo de miseria salarial debe ser repudiado por las y los trabajadores de todo el país. Impulsemos en cada escuela asambleas y pronunciamientos de rechazo al acuerdo firmado.

     

    Impongamos plenarios de delegadas/os de base mandatados para votar un PARO EDUCATIVO NACIONAL YA! Reapertura de paritarias nacional y provinciales, y paritarios electos y revocables por la base con un mandato claro: aumento al básico y salario inicial = canasta familiar por un cargo.

     

    La militancia antiburocrática y las seccionales recuperadas, tenemos la responsabilidad de sacar lecciones y generalizar la experiencia de San Juan: organicemos un congreso antiburocrático de delegadas/os de base con mandato que organice el desborde a la burocracia de la Celeste nacional y sus variantes en los sindicatos de base.

    Docentes de la COR

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