Las negociaciones por el pago de la deuda externa con el sector de los fondos de inversión, que en teoría vence el 4 de agosto, pero que el gobierno dice que las extenderían un mes más, están bastante avanzadas, ya que el Estado argentino ha cedido en gran parte a los pedidos de los acreedores. Se calcula una mejora de hasta 16.000 millones de dólares respecto a la primera oferta.

La negociación es por más de 65.000 millones de dólares de deuda, que el Gobierno intenta reestructurar con los acreedores privados, y eso es sólo una parte de los vencimientos previstos para este año. Luego viene el FMI, que no sólo querrá cobrar la deuda, sino además dar las directrices para exigir las reformas de siempre.

A pesar de eso, el 20 de julio los tres principales grupos de acreedores - ACC, Ad Hoc y Exchange- confirmaron su rechazo a la oferta de canje argentina con un comunicado en el que dicen que “se han unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.

Para los acreedores, hay 2,6 puntos de valor presente neto entre la propuesta del Gobierno y la de ellos. “La diferencia es mínima. Son menos de UDS 300 millones de flujo de caja por año. Ambas partes pueden y deben llegar a un acuerdo. Es una propuesta para sentarse a conversar y negociar, y es responsabilidad de las autoridades seguir el camino hacia adelante”, precisó uno de los grupos de acreedores. Insisten en que la diferencia económica representa menos del 0,5% del PBI y que es un costo mucho menor para el país que no tener acceso a los mercados financieros internacionales, que sería el escenario ante un eventual default.

Los acreedores quieren más concesiones de parte del gobierno, ya que cada vez que los apretaron mejoraron la oferta. El último pedido fue garantías jurídicas y Alberto y compañía ya mandaron al Congreso leyes para complacer a los grupos acreedores.

Esas señales se vinculan a la Ley de deuda nacional, que ya está en el Senado, y a la posibilidad de modificar determinados aspectos jurídicos vinculados a la reasignación de las emisiones de los bonos para lograr los porcentajes previstos en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC) de los títulos 2005 y 2016. Estas leyes cuentan con el aval de la oposición burguesa.

En una entrevista al diario Financial Times, el presidente había sostenido que “no habrá otra oferta” de reestructuración. Es decir, que esta era la última oferta para alcanzar un acuerdo.

Debemos ver cómo termina la negociación, ya que no es lo mismo para el gobierno si se va a un default con todas las letras o un default parcial y seguir negociando con el FMI para tratar de que ese organismo habilite algún tipo de crédito para que la economía argentina no colapse.

Lo que sí es seguro es que cualquiera sean los escenarios post negociación, nada bueno puede venir para los trabajadores y el pueblo pobre, ya que pretenden pagar la deuda con un ajuste a los trabajadores y saqueando a los jubilados. Resulta de un cinismo importante escuchar a Martín Guzmán, negociador de la deuda, decir que Argentina ya no pude hacer más concesiones, si no, debería ajustar a los trabajadores y jubilados y eso no lo harían. Es lo que vienen haciendo en todo el periodo de la pandemia, pagando con los fondos del Anses los gastos de la cuarentena y rebajando el sueldo a los jubilados.

Cuando para la opinión pública se dice que se está discutiendo la postpandemia en el gobierno y la oposición, en realidad lo que se está discutiendo es la post negociación de la deuda. Y, desde esta perspectiva, es que se ubican las distintas fracciones capitalistas. Y en este terreno están las peleas de los K contra la línea más acuerdista de Alberto con el G6 de los grandes empresarios nacionales.

De poder negociar una salida a la deuda, entra en juego cuál es el plan para salir de la crisis -que ya es histórica- y con quién. Acá entra el debate de fracciones. Alberto, después de retroceder con la expropiación de Vicentin, sostiene que es mediante un plan Marshall a la argentina (un plan de rescate de gran parte de la economía), con emisión monetaria, obra pública y con los dólares del sector agroexportador. En esta idea, busca unir fuerzas con el sector “dialoguista” de Cambiemos. La otra ala sostiene el crecimiento del mercado interno apoyándose en la burguesía nacional que “no es cipaya”. Pareciera una discusión entre delirantes, si no fuera porque ambas políticas se asientan seriamente sobre la idea de reventar al movimiento obrero y al pueblo pobre.

Para la política de Alberto se necesita que el FMI vuelva a dar crédito al país, ya que la emisión monetaria tiene un límite. Apuesta a un nuevo blanqueo, para que estos capitales regresen o ingresen al proceso productivo; debe garantizarles reformas, como la laboral. Ahora el gobierno lanza una reforma judicial, no sólo para intentar garantizarle impunidad a CFK, sino también para buscar los mecanismos institucionales y jurídicos (reforma de los tribunales y de la Corte Suprema) que den garantía para las esperadas inversiones extranjeras. Está en carpeta la idea de una renta básica que reemplace al IFE ante la pauperización de grandes sectores para tratar de contener el descontento social y buscar que esa renta básica sea referencia para bajar los salarios.

El ala del desarrollo del mercado interno y, por lo tanto, de una burguesía nacional que pelee por la soberanía nacional, que expresan los sectores ligados a Cristina, no pueden mostrar a qué sector habría que apoyar, ya que ponen como ejemplo a Arcor y de ahí ya todo deja de ser serio.

Mientras tanto, el desarrollo de la crisis abre un sinfín de procesos de lucha de clases en sectores de trabajadores en distintas provincias, como el conflicto de los colectiveros en Córdoba. También, conflictos contra los aparatos represivos del estado, como las movilizaciones por la desaparición forzosa de Facundo Castro en Provincia de Buenos Aires.

La burocracia sindical, como siempre, busca salvarse con algún ala de la burguesía nacional e internacional. En medio de la pandemia se quedaron en casa, pero permitieron los despidos, suspensiones y recortes salariales. El 21 de julio la CGT realizó una reunión virtual y firmó un documento junto a empresarios como Paolo Rocca (Techint), Marcos Galperín (Mercado Libre), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y otros, integrantes de la poderosísima Asociación Empresaria Argentina (AEA). En el documento reclaman “la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales”. Léase: ajuste fiscal y mayores concesiones a los empresarios. Con respecto al saqueo de la deuda externa reclamaron una “inserción inteligente de la Argentina en el mundo” y “un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos”. Esto demuestra que tanto los partidos patronales, como las distintas fracciones burguesas y la burocracia sindical son los garantes de que la crisis la paguemos los trabajadores.

Mientras se sigue desarrollando la crisis, profundizada por la pandemia, debemos deliberar dentro de nuestra clase cómo le damos una salida obrera. Dentro de nuestras organizaciones debemos plantear que no se debe pagar la deuda externa. No porque sea “fraudulenta” o “ilegítima”, sino porque es una forma de dominación que tiene el imperialismo para las semicolonias. Y además porque es una forma de sostén del imperialismo a las burguesías autóctonas, que son las garantes de los ajustes para pagar las deudas. Reiteramos, no podemos pagar la deuda externa y mantener una clase parásita, como es la burguesía, que no produce nada.

Es central apelar a la solidaridad activa de los trabajadores de los países imperialistas, que enfrenten a sus gobiernos en defensa de los trabajadores de las semicolonias. Los trabajadores de EEUU, Francia, España y Alemania, entre otros, deben apoyar la lucha de los trabajadores en contra del pago de la deuda externa. Es una lucha antiimperialista y los trabajadores de nuestro país deben ser la vanguardia de esta lucha, recuperando los sindicatos de la burocracia sindical, peleando por recuperar lo perdido en periodos anteriores de nuestro salario, sólo para que no sigan cayendo nuestras condiciones de vida. Junto a la clase obrera del resto de los países de la región, debemos ser caudillos de los procesos en el conjunto de Latinoamérica para derrotar los planes de ajuste de los gobiernos de turno.

Rechacemos el proyecto de ley de Larreta. Ninguna confianza a los partidos patronales

El 16 de julio se discute el proyecto de ley de Larreta que pretende avanzar sobre nuestro trabajo como repartidores. Este proyecto es un avance en las líneas precarizadoras de los distintos gobiernos que pretende “regular” nuestra actividad desde un problema de tránsito. Lo irónico de esto, es que no existe tal regulación, menos venida desde un gobierno que mantiene a la mayoría de sus trabajadores flexibilizados bajo la trampa del encuadramiento como monotributistas. Es evidente que la intención de este proyecto es favorecer a las patronales y aumentar la recaudación estatal mediante el aumento de impuestos, multas, cursos, etc. además de dejar a los trabajadores de provincia de buenos aires fuera de la posibilidad de trabajar en CABA, entre otras restricciones.  Tenemos que ser claros, no es un problema de regulación de tránsito los asesinatos laborales de nuestros compañeros, sino que es un problema de las condiciones en las que tenemos que trabajar. Basta con mencionar la cantidad de horas laborales para poder llegar a cobrar un sueldo que nos permita sobrevivir mes a mes, la necesidad de sumar pedidos y las presiones por parte de las patronales imperialistas de las aplicaciones que nos exigen cada vez más. Las mismas patronales que explotan a los trabajadores en todo el mundo.  Por esto es fundamental continuar el camino que venimos desarrollando a lo largo y ancho del país y profundizar las acciones y organización a nivel internacional, junto a los compañeros de Brasil, Chile, México, Ecuador y demás países.

¡No somos colaboradores, somos trabajadores!

Por esto es fundamental redoblar la organización para pelear por un convenio único que sea elaborado por nosotros y votado en asamblea, que incluya un salario igual a la canasta básica familiar, vacaciones, días de descanso, etc. Es decir, todas las demandas más sentidas de la clase trabajadora. Otro punto importante es la pelea por el reconocimiento a nuestra tarea. No somos trabajadores de delivery, somos trabajadores de transporte y debemos ser reconocidos como tal. Ni la CATT, ni la burocracia sindical de ASIMM durante el conflicto han estado presentes y ahora nos quieren imponer una regulación junto con el ministerio de trabajo sin discutirlo con quienes venimos luchando. Por esto es fundamental la organización sindical, la elección de delegados zonales y asambleas donde podamos discutir todas estas reivindicaciones y darles continuidad a estas demandas. No permitiremos que la burocracia y los organismos estatales discutan por nosotros nuestras condiciones laborales. No tenemos ninguna confianza en las instituciones de esta democracia burguesa, donde se sientan a discutir los socios de nuestros explotadores bajo qué condiciones tenemos que trabajar, es fundamental que tengamos claridad en este punto ya que la única forma de imponer nuestras demandas va a ser a través de la organización y la lucha.

Declaración TRCI

La situación mundial y las tareas de los revolucionarios

Estamos dentro de un periodo histórico caracterizado por una tendencia a la descomposición del imperialismo y un proceso de asimilación capitalista de los ex Estados obreros. La crisis de los Estados- nación, del bonapartismo como proceso histórico y la relación con la revolución social son parte de nuestro análisis para comprender las contradicciones del periodo.

La política imperialista, aun en su debilidad, propone una idea de nuevo pacto entre el capital y el trabajo, dentro del histórico conflicto entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción del capitalismo; apuntando a romper con los pactos de posguerra y las instituciones creadas durante el período anterior y definir un nuevo equilibrio de clases dentro de los Estados, ante el nivel de la crisis mundial. Esta intervención política del imperialismo, en el desarrollo de las leyes del capital, produce indefectiblemente efectos en las relaciones sociales de producción.

La agudización de la crisis ha producido una ruptura en los equilibrios interestatales, aumentado sus antagonismos económicos, generando una mayor guerra comercial entre EEUU y China, la caída del petróleo, conflictos entre los países dentro de la UE y una feroz competencia por insumos sanitarios en medio de la pandemia. De desarrollarse un enfrentamiento armado entre China e India, se abriría un conflicto a nivel internacional que modificaría la situación mundial.

La pandemia del coronavirus puso al descubierto al sistema capitalista y sus formas de dominación. Pone de manifiesto las consecuencias del avance del capitalismo sobre la naturaleza de forma anárquica. La pandemia agudiza y acelera las tendencias de la crisis del 2008, llevando de seguro a una recesión con tendencias a una depresión mundial. Es importante comprender que, si bien es continuidad de la crisis de la década pasada, esta continuidad no es necesariamente lineal; pueden producirse saltos de calidad en el estado general del capitalismo imperialista, cuyas consecuencias se verán en el mediano y largo plazo.

El proceso de crisis mundial ya no vendría a ser un estadio de estancamiento (relación entre auges cortos y crisis), sino más bien en una tendencia a declinación de las fuerzas productivas. La relación ruptura - restauración en la definición de equilibrio está mediada por la lucha de clases. Si el proletariado no interviene de forma revolucionaria el capitalismo buscará restaurarse descargando la crisis en los trabajadores. Por eso cada paso que vaya en sentido de la reconstrucción del equilibrio significa un aumento en la explotación de nuestra clase. Cada esfuerzo de la burguesía que vaya en sentido de restablecer el equilibrio de la producción, de la distribución, de las finanzas del Estado, compromete fatalmente el inestable equilibrio de clase.

Ante la pandemia, podemos decir que asistimos a un ensayo general reaccionario del sistema capitalista, en medio de un proceso más histórico de descomposición. Es un gran ensayo de conciliación de clases, de patrioterismo. Ante una dirección anárquica, como lo es el sistema capitalista, que depende de sus Estados mayores armados para garantizar la reproducción del capital, nosotros peleamos por una dirección colectiva consciente, que prepare las etapas de la dictadura del proletariado, ya que el sistema actual engendra las condiciones materiales y las formas sociales para la reconstrucción económica de la sociedad.

La centralización estatal no puede ser más que reaccionaria. La cuarentena como política del Estado es para salvar al capital. Podríamos decir que la cuarentena es una política preventiva para resguardar a los grandes capitalistas y a su clase, desorganizando a nuestra clase con la complicidad de la burocracia sindical, para preservar sus Estados en descomposición, reforzando al aparato burocrático militar para disciplinar a las masas.

En este escenario, la burguesía mundial busca descargar la crisis sobre la clase trabajadora por medio de la desocupación y la carestía de la vida. Será prioritario que la vanguardia intervenga de forma audaz en las organizaciones obreras, como los sindicatos, para impulsar la lucha por unir ocupados y desocupados, levantando la escala móvil de horas de trabajo y salario, impulsando medidas de control obrero, preparando el camino hacia el régimen proletario.

La crisis del imperialismo norteamericano

Los procesos radicalizados que se dieron en EEUU después del asesinato de Floyd por parte de la policía, y que expresaron una crisis política en el corazón del imperialismo, aún no se han podido resolver. A diferencia de otros procesos en los que se busca justicia en general, el movimiento después del asesinato se centró en el rol de la policía, lo que obligó, tanto a republicanos como a demócratas a tener que plantear una serie de reformas para tratar de contener el movimiento. Un elemento muy importante es que Trump no pudo detener el proceso con represión e inclusive, cuando planteó la salida del ejército, se negaron los altos mandos, debilitando aún más la figura de Trump.

El debate que se abrió en torno a las fuerzas auxiliares del bonapartismo, que son las fuerzas armadas, en este caso la policía, pone en cuestionamiento toda la estructura de un Estado burgués. Por la crisis, ya se venía desarrollando una discusión ideológica, que se aceleró por la pandemia, en cuanto a los fundamentos mismos del sistema capitalista y su supuesta libertad y un debate interno en EEUU entre unión o federación de estados en cuanto a cómo actuar ante esta pandemia. Hay casos emblemáticos como Seattle, donde un sector de la ciudad se considera como zona liberada de policías.

El movimiento obrero venía realizando acciones aisladas, como huelgas salvajes en medio del ataque en medio de la pandemia, y actuó de forma diluida en los primeros momentos de las movilizaciones por el asesinato. Pero debemos remarcar que la huelga de portuarios del 19 de junio, fecha en que se conmemora el fin de la esclavitud, fue una huelga muy fuerte. Esto muestra que ha comenzado a irrumpir de forma organizada un sector combativo de la clase obrera norteamericana con mucha historia. Es muy importante que sectores del movimiento industrial salgan a la lucha, porque EEUU ha entrado en una crisis industrial producto del parate de las exportaciones ante la pandemia y la guerra comercial con China.

La crisis abierta, política y económica, en EEUU obliga a los revolucionarios a poner todas las fuerzas en función de tratar de intervenir en esta coyuntura, en la que el país imperialista por excelencia ha abierto un proceso de lucha de clases agudo donde los trotskistas tenemos que desplegar nuestro programa transicional para unir al proletariado norteamericano y el proletariado mundial en la pelea por el socialismo.

La cuestión negra fue un gran debate en las filas del trotskismo. Trotsky planteaba no sólo la discusión de la autodeterminación, sino que debíamos pelear por mostrar al proletariado blanco que EEUU no era nuestro Estado y, de esa forma, buscar la unidad con el proletariado negro.

La disolución de la policía es un debate muy importante al interior del movimiento obrero y los que luchan, para dar lucha política contra las visiones reformistas y contra el centrismo que considera que la policía debe organizarse en sindicatos. En EEUU, parte de los que se movilizaron levantaron la consigna de que se retiren los sindicatos de policías de la AFL CIO. Conlutas en Brasil los afilia y la CTA en Argentina, también. Desde la TRCI levantamos: ¡fuera los sindicatos de policía de las centrales sindicales! Así como peleamos por el no pago de la deuda externa, como medida antimperialista. El proletariado de toda América tiene tareas comunes: enfrentar al imperialismo y a los gobiernos semicoloniales, subordinados a éste. Debemos pelear por una Federación de Estados obreros de América, como forma estatal de la dictadura del proletariado.

Ante este escenario de crisis mundial, pandemia y crisis política en las principales potencias imperialistas es que llamamos a reorganizar las fuerzas del trotskismo que aun sostienen la necesidad de la dictadura del proletariado, para desarrollar una vanguardia al interior de nuestra clase y ayudar a que triunfen las luchas en curso, en la perspectiva de la reconstrucción de la IV internacional.

Desde la TRCI veníamos sosteniendo la necesidad de una Conferencia latinoamericana, en medio de los procesos de lucha de clase que se estaban dando en la región. La aceleración de la crisis impone el llamado a una Conferencia Internacional que intente abordar la crisis de dirección revolucionaria al calor de la situación mundial convulsiva.

28 de junio de 2020

LOI Brasil - COR Chile - COR Argentina 

El 30 de abril pasado, Facundo Astudillo Castro salió de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro con rumbo a Bahía Blanca, cuando fue retenido por la policía en un control en Mayor Buratovich, a 30km de Luro. Desde ese momento está desaparecido.

Bajo la conducción de Axel Kicillof y Sergio Berni, la policía bonaerense, responsable de la desaparición de Facundo, mató un pibe cada 40hs en el mes de junio. Alberto Fernández en acuerdo con los gobernadores, centraron el accionar estatal frente a la pandemia del covid-19 en el control represivo de la población, mediante un amplio despliegue de fuerzas policiales, de seguridad y militares en el territorio. El resultado no podía ser otro: desde el asesinato y desaparición del cuerpo de Luis Espinoza en Tucumán, las decenas de jóvenes muertos por gatillo fácil en todo el país, dos muertos en comisarías en San Luis, hasta la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.

De Jorge Julio López, a Luciano Arruga, de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a Luis Espinoza, son algunos de los nombres de los miles de desaparecidos y asesinados en democracia, que dan cuenta que los gobiernos pasan, pero el brazo armado del Estado burgués queda.

Tenemos la responsabilidad de llevar el reclamo en la calle por la aparición con vida de Facundo, por justicia para Luis Espinoza y tantos más, al interior de las organizaciones obreras. Los trabajadores en lucha sabemos bien cuál es la función de la policía: actuar como grupo de choque de las patronales. Impulsemos en cada plenario y asamblea de los sindicatos de base de la CTA una exigencia contundente: los policías no son trabajadores. ¡Fuera los sindicatos policiales de la Central! ¡Disolución de la policía! Extendamos internacionalmente el ejemplo de los sindicatos estadounidenses los que, tras el asesinato de George Floyd, exigen la expulsión de las organizaciones policiales de las centrales obreras.

Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: PARO GENERAL YA. APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO.

Los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, organizados en ATE, llevan ya un mes de conflicto en reclamo de recomposición salarial. Perciben salarios que rondan los 10 mil pesos, gran parte compuesto por adicionales no remunerativos ni bonificables. En este tiempo, el tándem radical Suárez-Suárez que gobierna el municipio y la provincia, los ha reprimido tres veces, con desalojos, gaseos, golpes, denuncias penales individuales y al sindicato, y sumarios.

La última represión, ocurrió este domingo 5/7, tras 12hs de intimidación policial y amenazas de la fiscalía, que concluyeron en el violento desalojo de la protesta que sostenían en el KM 0 de la ciudad, y la detención y agresión física de 46 trabajadores, entre ellos los dirigentes de ATE, Adriana Iranzo y Roberto Macho, y de SUTE, Sebastián Henríquez y Pablo Massutti. El argumento para el accionar policial, y la imputación posterior de 36 del total de detenidos, fue la violación del artículo 205 del código penal que castiga con prisión a quien no acate las medidas dispuestas por las autoridades para la prevención de una epidemia. Lo cínico de tal argumento, es que en Mendoza está permitido compartir una mesa de bar con 10 amigos, pero te mandan la infantería si 4 laburantes, que se cagan de hambre con sueldos miserables, se encadenan a un banco en la peatonal. Otra muestra más del carácter antiobrero del conjunto de medidas dispuestas por el decreto de Alberto en acuerdo con los gobernadores, para disciplinar a la población trabajadora que están cargando con lo peor de la crisis económica y sanitaria.  

El sector de limpieza urbana y de preventores que está en lucha por recomposición salarial, se está organizando en ATE, mientras el sindicato mayoritario es el SOEM, dirigido por el concejal radical Dugas Chapel, abiertamente alineado con la gestión Suárez. No es un dato menor que después de la primera represión a los municipales en lucha (desalojados por la policía el 13/6 cuando realizaban un acampe en el predio usado por la municipalidad en el Barrio La Favorita), el SOEM, para descomprimir, negoció el 16/6 que parte del salario pagado con tickets alimentarios, pasara a pagarse a partir de julio como dinero en efectivo, totalmente en negro. Acuerdo inconsulto con la base, mucho menos con el sector en lucha, y claramente insuficiente. Este es el rol de una burocracia podrida que no ha repudiado la represión sufrida por este sector de trabajadores municipales, y es la principal garantía de subordinación de los empleados municipales a las políticas de precarización, tercerización y pauperización de la gestión radical en la ciudad.

Este conflicto se volvió testigo de la problemática que padecemos el conjunto de los estatales. El radical Suárez en Mendoza, igual que Alberto en la nación, priorizan el pago de la deuda externa y la negociación con los bonistas, a costa de salarios congelados, despidos y suspensiones. Aguinaldos postergados. Paritarias cerradas. Alta precarización laboral, con contratos basura, prestaciones, suplencias, monotributo, etc. Y también porque la fragmentación sindical agrava la crisis de dirección del conjunto de los estatales. Los reclamos son los mismos: reapertura inmediata de paritarias, recomposición salarial, pase a planta permanente. Pero el alineamiento de conducciones con el gobierno del Frente de Todos por un lado, y de Cambia Mendoza por otro, se traduce en desmovilización y desconfianza de las bases.

Los municipales en lucha, que soportaron tres represiones y no han sido doblegados, tienen que triunfar. Son hoy una referencia para el conjunto de los estatales, y tienen ganada la autoridad para convocar a provincializar el conflicto, instando a poner en pie un congreso de delegados estatales de base mandatados, que supere la fragmentación de las conducciones y permita centralizar las fuerzas dispersas de los trabajadores. Esta instancia es clave para debatir y resolver un plan de lucha unificado, que prepare un paro provincial hasta imponer el reconocimiento de las demandas de los municipales, y que obligue a Suárez a sentarse a discutir en una paritaria estatal única.

Un congreso de delegados de base, es necesario, para avanzar en un debate programático de cara a resolver la grave crisis de dirección que nos atraviesa al conjunto de los estatales. Las tendencias y delegados antiburocráticos y de izquierda, tenemos la responsabilidad de batallar por un programa de independencia de clase, forjando una oposición sindical revolucionaria que dispute la dirección de la lucha de los estatales y prepare la recuperación de los sindicatos. En cada lugar de trabajo, impulsemos asambleas y mandatos de PARO PROVINCIAL y de ruptura de la tregua de las CGT y CTAs al gobierno del FdT. Preparemos un congreso que discuta cómo enfrentamos la crisis económica y sanitaria con nuestros métodos de clase.

Los estatales, la policía y el monopolio de la fuerza del Estado.

En el conflicto de los municipales, junto al sector de limpieza urbana, sostienen la lucha un grupo de preventores. Los preventores son un cuerpo de civiles, creado en el ámbito de la Municipalidad de Mendoza, por decreto del año 2008 (luego emulado por otros municipios), con el objetivo de observar, informar y colaborar con la Policía de Mendoza. Como cuerpo de civiles, auxiliares de la Policía provincial, portan tonfas y gas pimienta, y tienen acceso al sistema Tetra de comunicación encriptado que usa la policía. Si bien son civiles, son casi 300 los preventores de la ciudad, cuya función es la cooperación y coordinación como auxiliares en el accionar policial.

No podemos ser indiferentes a las implicancias de esta relación. Más aún en esta situación de crisis económica mundial acelerada por la pandemia, frente a la cual, la cuarentena es utilizada por Alberto y los gobernadores, para aumentar el control de la circulación de bienes y de trabajadores. Para ello son las medidas de mayor intervención de las fuerzas de seguridad, incluyendo el despliegue del ejército en las barriadas, como parte de la preparación de los capitalistas y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo. Medida que ya se ha cobrado numerosas vidas, como Luis Espinoza en Tucumán, dos jóvenes muertos en las comisarías de San Luis, Facundo Scalzo y tantos otros asesinados por gatillo fácil en el marco del ASPO. Esta tendencia es internacional, y vemos su expresión, con sus especificidades, en las movilizaciones contra los asesinatos raciales a manos de la policía en EEUU, y la discusión abierta en el movimiento obrero sindicalizado respecto a la expulsión de los sindicatos de policía de las centrales obreras.

La policía es una fuerza integrada por individuos que se forman y trazan su vida como miembros de las instituciones represivas del Estado burgués. Los policías, oficiales, suboficiales, espías de la exSIDE y demás servicios, no son obreros aunque ganen poco, soporten largas horas de servicio, los maltraten los superiores o vivan en malas condiciones. Es una aberración completa considerar que existe algún tipo de “unidad de clase” con los policías, a pesar de poder ellos mismos ser hijos de obreros u obreras, y de percibir por su servicio una remuneración salarial. Su función es opuesta a los asalariados que trabajan en la producción o en servicios. La función del policía consiste esencialmente en colaborar con la explotación capitalista, asegurando en forma “técnica y administrativa” la extracción de plusvalía y la disciplina laboral. Aunque sean pobres o maltratados no significa ni mucho menos que los policías sean explotados. Los trabajadores son explotados porque rinden plusvalía al patrón. El policía amordaza al obrero y ayuda al patrón a tenerlo esclavizado. “El hecho de que los agentes de policía fueran reclutados en gran parte entre los obreros socialdemócratas no significa absolutamente nada. Aquí también la existencia determina la consciencia. El obrero que se hace policía al servicio del Estado burgués es un policía burgués y no obrero. (…) Pero lo más importante es que todo policía sabe que los gobiernos cambian, pero la policía queda” (León Trotsky. Alemania, la revolución y el fascismo).

En este conflicto, un grupo numeroso de preventores estuvo en la lucha, junto a los trabajadores de limpieza urbana, soportando incluso la represión de la fuerza policial. Es importante dar el debate de la perspectiva que abre este conflicto para el sector. Por ello sostenemos que los preventores que están en la lucha junto al resto de los municipales, deben plantear la disolución del cuerpo de preventores, y su reubicación en otras tareas y servicios municipales.  Porque cualquier lucha reivindicativa elemental, nos encontrará una vez más, enfrentando el accionar policial como fuerza represiva del Estado para disciplinar a los trabajadores. Debilitar el poder represivo estatal, es central en la perspectiva estratégica de la destrucción de este Estado, que no es nuestro Estado.

Declaración de la TRCI

1 de julio

Tercer paro internacional de repartidores

La crisis mundial se ha acelerado por la pandemia del coronavirus y ha dejado más al desnudo al sistema capitalista y sus formas de dominación. Uno de los casos más emblemáticos de la relación entre el capital y el trabajo en este periodo son las “Apps”. Los trabajadores de éstas están cumpliendo un rol muy importante en medio de la pandemia, mientras las empresas están ganando fortunas. El negocio de las empresas de Apps se basa en mayor flexibilización, nulas condiciones de higiene y seguridad y la negativa a establecer algún tipo de relación laboral. Además, están amparadas por los gobiernos de turno, que permiten este tipo de explotación e intentan darles un marco legal a estas formas de trabajo.

Este tercer paro internacional se da en medio de procesos de masas por el asesinato de George Floyd en EEUU y cuando el epicentro de la pandemia se está dando en América Latina. Por eso tiene una enorme importancia que un sector de trabajadores salga a la lucha, de forma coordinada internacionalmente, para mostrar la fuerza de nuestra clase y sus métodos, como el paro.

El miércoles 1 de julio se desarrollará el tercer paro internacional de repartidores. La acción fue votada en una asamblea virtual donde acordaron Raiders Unidos (Chile), Glovers Unidos (Ecuador), Treta no Trampo (Brasil), Entregadores Antifascistas (Brasil), Repartidorxs Unidxs (Costa Rica), Motociclistas Unidos (México), Ni un Repartidor Menos (México), la red de precarizados y Agrupación Trabajadores de Reparto de Argentina.

Los trabajadores de reparto siguen dando pasos firmes en el sentido de la organización y de la lucha. Este 1 de julio realizaremos un nuevo paro internacional con jornada de movilizaciones en varios países. En Argentina, los reclamos son por el aumento de un 100% de la tarifa por pedidos (que conforma hoy el salario), por elementos de seguridad e higiene, por justicia por Emma, Franco y por todos los repartidores fallecidos, por ART a cargo de las empresas y por el fin de los despidos y suspensiones (rehabilitación de las cuentas suspendidas). Ante el avance de la pandemia, por test a los compañeros que estuvieron expuestos al virus y aislamiento.

En Brasil, la movilización de los repartidores tomó cuerpo en las protestas antirracistas y contra el gobierno de Bolsonaro con la consigna “¡Hambre!” y con el discurso “no somos emprendedores, somos fuerza de trabajo”. Los repartidores, que reciben en promedio R$ 936 mensuales (menos de un salario mínimo) con 12hs diarias de trabajo, reivindican refrigerios durante el periodo de trabajo, además del aumento de la tasa mínima y por kilometraje andado y el fin de los bloqueos arbitrario de las empresas. Además de eso, exigen seguro de vida y contra accidentes y auxilio pandemia (EPP y licencia médica).

En Chile distintos agrupamientos vienen organizándose por ser reconocidos como trabajadores con todos los derechos y por el derecho a constituir una organización sindical. Han levantado distintas iniciativas como MAREA (mancomunal de repartidores por app de Chile) donde confluyen distintos grupos como Riders Unidos, Rappiteros y Repartidores Penquistas (Concepción). Estos agrupamientos vienen participando activamente del proceso de lucha y organización surgido luego del 18 de octubre en el país, levantando demandas de reconocimiento por las mutualidades de seguridad de accidentes, en los cuales han dejado postrados a trabajadores hasta por dos años, como el caso de Cristóbal Pinilla. También luchando contra el explotador sistema de puntos, que obliga a los trabajadores a mantenerse conectados a altas horas en toque de queda, y poner en riesgo su integridad física, perdiendo sus medios de movilidad o teniendo que devolver inclusive el monto de los pedidos.

Este proceso de organización en Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber Eats, Ifood y otras aplicaciones, viene creciendo día a día. No se detuvo a pesar de la cuarentena, la militarización de los barrios y calles, de la represión.

Los trabajadores de reparto estamos abriendo camino en las demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo. Repudiamos el asesinato laboral de estas empresas, que, con su política de aumento de los ritmos y la reducción de la paga, se están llevando la vida de cada vez más compañeros que mueren atropellados trabajando. Debemos reclamar un salario básico inicial y un contrato único, que sustituya a la actual forma de monotributo o boleta de honorarios, que usan y abusan estas empresas. Los trabajadores de reparto necesitan avanzar firmemente en el camino la organización sindical con independencia del Estado, superando el estadio inicial de movimiento, al que algunos llaman “red”. En este sentido, es importante el apoyo otorgado por la CSA, que agrupa a centrales sindicales como la CUT de Chile y la de Brasil, la CGT y la CTA argentinas, CNT México, AFL-CIO EEUU, entre otras, pero es necesario, al mismo tiempo, levantar los métodos de democracia obrera cuestionando los lazos de estas direcciones burocráticas con las patronales y los Estados.

Claramente la tarea de fortalecer y poner en pie la organización sindical de los trabajadores del reparto con independencia del Estado, es de primer orden e impostergable. Va de la mano de luchar por el reconocimiento de los verdaderos representantes votados por los repartidores, para discutir y defender sus demandas frente a estas empresas.

Vamos al tercer paro internacional de repartidores por el triunfo de nuestras demandas.

LOI Brasil - COR Chile - COR Argentina

Recientemente nos hemos enterado de la noticia del fallecimiento de Ricardo Galíndez, histórico militante de izquierda trotskista de Venezuela.
Ricardo fundó el periódico El Topo Obrero en 1975, que consistió en un gran aporte durante muchos años al desarrollo y organización del movimiento obrero en Lara. Fue secretario general
de FetraLara y un referente obrero de la región.
En el 2003 la CSR- Topo Obrero entró a la corriente de Alan Wood El Militante, que se declaró chavista y fue parte del gobierno en el primer período de Chávez.
Galíndez sufrió un atentado por parte de la burocracia de la CTV, recibiendo un disparo en el pecho
Luego rompe con el chavismo y con Alan Woods y finalmente en 2014 realizan un comité de enlace con el Partido de la Causa Obrera de Argentina.
Tuvimos la oportunidad de conocer a Galíndez y sus camaradas en el año 2013 cuando nos reunimos con ellos en Venezuela con el objetivo de iniciar un proceso de discusión. A pesar de las diferencias insalvables nos inspira un profundo respeto un compañero que ha sabido estar junto a nuestra clase siempre y que ha escrito sus propias líneas en la historia del trotskismo internacional.
Nuestro saludo a los compañeros de la CSR y PCO
Ricardo Galíndez Presente!!

Jamás el peronismo, como dice la marcha peronista, combatió al capital. Y es de buen peronista, como lo es Alberto, llevar a cabo la intervención de Vicentín para hacer el rescate de una empresa que estaba en convocatoria de acreedores por un manejo fraudulento y malos negocios. Entonces, en nombre de la expropiación, estatiza la deuda del holding Vicentín y prepara su venta en mejores condiciones. Es un mecanismo burgués que realizan los Estados para socializar las pérdidas e intervenir para que no se produzca una bancarrota de gran parte de la economía. En la situación de crisis mundial, estas medidas de neto corte estatista sólo sirven para huir para adelante, ya que no solucionan los problemas estructurales del sistema capitalista y sus leyes.

Alberto intenta rescatar a un sector de la burguesía ligado al campo y desata una crisis política, no sólo al interior de la coalición con la que gobierna, sino en las distintas fracciones burguesas, algunas a favor del rescate y pidiendo que se extienda esa medida a gran parte de la industria en crisis y otras, en contra argumentando que los propios mecanismos de competencia definan quién se queda con Vicentín. En medio de esta disputa, el gobierno también necesita hacer caja. Mientras se desarrolla la negociación de la deuda externa, en la que se especula con un acuerdo favorable para los acreedores, el gobierno también ha hecho una propuesta de pagar un cupón atado a las exportaciones de granos, con lo cual necesita la porción del mercado que tiene Vicentín. Toda idea de “soberanía alimentaria”, “empresa testigo” y expropiación tipo Venezuela es puro relato para la tribuna.

El Estado burgués es una firma burguesa y debe sostenerse con impuestos, créditos y, en algunos casos, con una intervención más directa en la economía. Pero el desarrollo histórico de los Estados nación entra cada vez más fuerte en contradicción con el capitalismo y éstos se descomponen. Al sostener a capas parasitarias de la economía, impiden el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso, tomando el caso del debate que ha abierto la intervención de Vicentín, debemos ser claros ante los trabajadores y el pueblo: expropiación y estatización de manos de una fracción burguesa que dirige el Estado jamás puede ser en beneficio de los trabajadores, nunca los garantes de nuestra explotación pueden a la vez ser nuestros protectores.

La característica estructural de las semicolonias es el bonapartismo sui generis, una forma de poder estatal especial. Esto se debe a que la relación de dependencia con el imperialismo impide que las burguesías autóctonas tengan un carácter independiente, por lo que deben subordinarse al capital imperialista y definir cómo se van a relacionar con el proletariado. Alberto representa una fracción pequeño burguesa que intenta tener una relación con el imperialismo distinta a la del gobierno anterior, apoyándose más en el capital nacional y la burocracia sindical, para mejor negociar las migajas con el imperialismo.

Hoy, en medio de la cuarentena por la pandemia mundial, el gobierno ha avanzado en un ataque en todas las líneas a los trabajadores y el pueblo pobre. El salvataje a las grandes empresas es impresionante, pagando parte de los sueldos y ofreciendo créditos blandos que salen de los fondos del ANSES, es decir, de parte del salario de los trabajadores confiscado por el Estado. Es un saqueo en todas las líneas, mientras rescata a Vicentín.

Mientras las distintas variantes burguesas y pequeño burguesas debaten sobre la importancia de la propiedad privada, del rol de los empresarios y la importancia del Estado. Los trabajadores debemos debatir cómo intervenir en esta crisis de forma independiente. Es imperioso que abramos un debate al interior de nuestra clase sobre la importancia del control obrero. La Federación Aceitera y los distintos sindicatos que dirigen las empresas del Holding Vicentín deben llamar a un Congreso de delegados de las distintas fábricas para discutir que la alternativa no es Vicentín o el gobierno, sino cuáles son las tareas de los trabajadores.

El control obrero no es lo que algunos sectores de izquierda pretenden hacer entender a los trabajadores, como una idea de control administrativo, mientras la dirección la tiene el Estado con su intervención. No es eso el control obrero, sino que es la intervención independiente de los trabajadores ante la desorganización de la economía, es buscar el control obrero de las principales ramas de la economía, es la injerencia del poder proletario en la sociedad capitalista, que prepara las condiciones para la lucha por el poder. En esta pelea se enmarca también la lucha por recuperar los sindicatos, para que amplíen sus funciones y tomen estas nuevas tareas.

En medio de esta pandemia solo los métodos obreros y su programa puede no sólo preservar la salud de nuestra clase, sino mostrar la capacidad de la clase obrera para la administración de las cosas.    

Una respuesta obrera ante el avance del Coronavirus

Ante el desarrollo de la pandemia del coronavirus, los gobiernos capitalistas han ensayado diferentes respuestas. Una línea es la de alineados con los postulados de la OMS y las medidas de confinamiento; otra línea diferente es la de Trump, Bolsonaro y, en un principio, Boris Johnson y su "inmunidad del rebaño". Estos son ejemplos que mencionamos sólo a fin de esquematizar, sin desconocer que los Estados y semi Estados han improvisado con matices entre sí, a lo largo y ancho del planeta. De una u otra forma se ha expresado la crisis del sistema capitalista mundial y sus sistemas sanitarios, aún en los países imperialistas más desarrollados.

Tras casi 80 días, la cuarentena impuesta en Argentina por el gobierno de Alberto Fernández tiene un saldo de más de 17 mil casos positivos y 550 muertes, mientras atravesamos una situación de mayor contagio comunitario con un crecimiento exponencial del virus. A su vez, vivimos una crisis económica que tras años de recesión se encamina hacia la depresión. Con el desplome de la producción industrial, la construcción y el comercio, se estima que el PIB caería un 8% durante este año. La devaluación de la moneda y una alta inflación llevaron a la pobreza a más del 50% de la población, mientras más de un 10% de los trabajadores sufre el desempleo.

Para los banqueros, los grandes capitales, los bonistas y el FMI se manotea de las escasas reservas del banco central, se multiplica la emisión monetaria en más de 600 mil millones de pesos desde diciembre y se dispone de las exiguas arcas de la Anses. Para los sectores de trabajadores en negro y todos aquellos que sufren la desocupación, se otorga una suma de miseria de 10 mil pesos. El gobierno para "los que menos tienen" aumenta por decreto la mínima del haber jubilatorio a 16.800 pesos o directamente lo recorta, como votó a instancias de Schiaretti la legislatura cordobesa.

Lejos de preparar al sistema de salud para afrontar la emergencia, son los médicos, los enfermeros y todo el personal sanitario los que se exponen en condiciones totalmente insalubres, en muchos casos sin los EPP indispensables. Un sistema que se sostiene a base de "pasantes" y "concurrentes" que en muchos casos trabajan sin recibir un salario.

En las villas y sectores populares, donde más golpea la carestía de la vida, escasea el agua potable y se padece la crisis habitacional, se improvisa llegando hasta la conformación de un Ghetto como el caso de Villa Azul. Test para detectar el virus a tiempo, muy pocos, pero se satura y se cerca el barrio con policías y milicos, con la complicidad de los "movimientos sociales" afines al kirchnerismo. La cuarentena intenta regular y legislar con una idea de "igualdad ante la ley" cuando las brechas económicas y sociales son cada vez más profundas.

Ante esta debacle económica, sanitaria y social, sectores de la pequeñoburguesa vienen planteando una posición totalmente reaccionaria. Con fraseología libertaria y de respeto por los derechos individuales, se aglomeran y se manifiestan de manera minoritaria en algunos centros urbanos. Se trata de una clase media acomodada golpeada por la crisis, llegando a plantear en algunos casos que el virus no existe. Los "anticuarentena" salen a la calle reclamando contra las restricciones que afectaron el desarrollo de sus comercios y profesiones liberales, intentando montarse sobre el agotamiento que genera el desarrollo de la cuarentena en un sector de la población.

Otra posición se expresó con una carta pública un grupo numeroso de científicos e intelectuales que denuncian la "infectadura". Sostienen, sobre todo, la necesidad de una "cuarentena inteligente" y la vuelta del funcionamiento de las instituciones estatales como la justicia y el Congreso nacional.

Por mucho que se peleen todos estos sectores, tienen algo en común y es que pretenden que seamos los trabajadores los que paguemos los costos de esta crisis.

Mientras las distintas fracciones burguesas y pequeño burguesas se dividen entre los pro-cuarentena y anticuarentena, los trabajadores y el pueblo pobre somos los que sufrimos el efecto de la pandemia. El contenido de clase de la cuarentena se viene expresando de forma descarnada en las villas y barrios populares, ya que es imposible el aislamiento en medio de las condiciones paupérrimas de vida. Los trabajadores debemos intervenir de forma independiente en esta crisis, con los métodos de nuestra clase y la disciplina obrera. Debemos pelear en cada lugar de trabajo en contra de la conciliación de clase, son los partidos patronales como el PJ, Cambiemos, UCR y otros, junto a los empresarios y la burocracia sindical, los responsables de las condiciones de vida en la que nos encontramos. Nada bueno puede venir de nuestros enemigos.

Enfrentar al COVID 19 y al ajuste descomunal en curso.

Ha quedado claro el rol rastrero de la burocracia sindical ante esta crisis. Subordinaron nuestros intereses a los de la UIA y las diversas cámaras patronales. Aceptaron sin chistar los despidos de más de 100 mil trabajadores y suspensiones masivas con rebajas salariales, que se implementaron con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Negociaron a nuestras espaldas con las patronales, el gobierno y el FMI, pero mantienen las puertas de los sindicatos cerrados para los trabajadores. En los lugares que se retomaron las actividades han actuado como un apéndice de Recursos Humanos de la patronal.

Para imponer estos ataques y el dominio burgués, la cuarentena, como medida estatal, apostó a desorganizarnos. Pero es justamente con nuestra organización y nuestros métodos como podemos enfrentar las consecuencias de la pandemia, frenar los ataques en curso y desorganizar a los capitalistas.

Para eso necesitamos poner en pie un Congreso Extraordinario de Delegados mandatados votados por la base. Podemos comenzar con asambleas por sector en cada lugar de trabajo donde, además de expresarse el activismo, se pronuncie la base para afrontar un proceso de masas sobre el que debemos intervenir. De esta forma preparamos las asambleas generales y los mandatos para enfrentar a la burocracia y recuperar nuestros sindicatos.

Tenemos que demostrar todo nuestro potencial como clase, ya que no sólo se trata de recuperar lo perdido durante la pandemia, sino de forjar una alternativa de dirección.

No son las medidas de un Estado que, como aparato burocrático militar intenta disciplinarnos, las que nos muestren una salida; sino con el cese de actividades, los paros y las ocupaciones de establecimientos vamos a lograr a enfrentar la pandemia y ofrecer una alternativa a la crisis capitalista.

Algunos de estos métodos los hemos visto en las luchas que recorren el país de norte a sur. Los mineros de Andacollo, los chóferes de la UTA en Córdoba y Rosario, los trabajadores de la salud en todo el país. Los trabajadores de la fábrica Penta, en la Zona Sur del conurbano, que enfrentaron la represión policial, y los trabajadores de Bed Time que ocuparon la planta contra las suspensiones y rebajas salariales. Son algunos ejemplos que también ha dado nuestra clase a nivel internacional, como el paro general en Italia, los trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos o las movilizaciones en las calles de Chile.

Un Congreso Extraordinario de Delegados elegidos por la base debe votar un plan de lucha que incluya el Paro General, y un programa obrero que enfrente el acuerdo que teje el gobierno con los bonistas extranjeros, con la venia del FMI. Por el no pago de la deuda. Por la ruptura total con el capital extranjero y los parásitos capitalistas locales. Por el control obrero de las ramas más importantes de la economía y la escala móvil de horas y salarios. Por la expropiación de la banca y la apertura de los libros contables de las empresas.