Por LOI Brasil

19 de marzo de 2021

El día 17 de marzo Brasil estableció un nuevo récord de muertes diarias por covid-19, con el registro de 3.149 muertes en las últimas 24 horas. La media móvil diaria, el día 18, batió un récord por vigésimo día consecutivo, superando los 2 mil muertos, alcanzando el índice de 2.096 muertos. El número total de muertes, tras un año de pandemia en el país, es de 287.795 con un aumento del 48% en la media móvil de los últimos 15 días. La aceleración de la contaminación y del número de muertes se debe, además de la trágica conducta del Estado en el control de la pandemia, a la difusión de la variación P.1 (la "cepa de Manaos"), que es más transmisible, más letal y afecta a la población más joven. Con el 3% de la población mundial, Brasil acumula el 10,3% de las muertes por covida-19 en todo el mundo. En 24 estados del país y el distrito federal, la tasa de ocupación hospitalaria supera el 80% y en 15 de ellos, la tasa ya supera el 90%. Para la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil vive "el mayor colapso sanitario y hospitalario de la historia". Miles de pacientes ya están muriendo en las colas para conseguir camas. Y, además de las camas, también empiezan a faltar suministros hospitalarios, como la medicación necesaria para intubar a los pacientes que necesitan ventilación mecánica, con existencias sólo para los próximos días.

Los estados y municipios aprueban nuevas medidas de aislamiento y cuarentena sólo en sectores comerciales no esenciales, reafirmando nuestra caracterización de que estas medidas no están determinadas para salvar vidas, sino para evitar el colapso de los sistemas sanitarios y los efectos más catastróficos en la relación entre las clases y el Estado. De las casi 300.000 muertes brasileñas en un año de pandemia, más de 90.000 son de estos últimos 3 meses. El Estado burgués sólo administra la ocupación de camas y vive muy bien con miles de muertes diarias, más aún cuando estas muertes son, en su gran mayoría, de trabajadores.

La vacunación sigue lentamente, sólo el 1,85% de la población ha recibido las dos dosis de vacunas actualmente en uso en el país, la CoronaVac producida en São Paulo, por el Instituto Butantan a partir de insumos chinos y la de Oxford, producida por Fiocruz. La lentitud del gobierno federal sumada a los errores logísticos del ex ministro de Salud, Gral. Pazuello, impulsó, a partir de la autorización del STF, la compra y distribución directa de vacunas por parte de las entidades federativas como forma de acelerar el débil plan de inmunización federal. A través de un consorcio, los gobernadores del noreste acordaron comprar 37 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y, más recientemente, se formó un consorcio de 1.703 gobiernos municipales para negociar directamente con los laboratorios la compra de vacunas. La cuestión de las vacunas ha erosionado aún más la relación del gobierno federal con los gobernadores y alcaldes.

A principios de este mes se informó que el gobierno de Bolsonaro había rechazado la compra de 70 millones de dosis de la vacuna Pzifer, aumentando aún más la crisis del gobierno por la conducta catastrófica de la pandemia, además de todo el negacionismo propagado por el propio Bolsonaro en relación con las medidas de seguridad sanitaria y el tratamiento médico sobre el covid-19. Esta crisis hizo que los "centristas" (“o centrão”) en el Congreso aumentaran su apoyo a Bolsonaro, exigiendo el cambio del ministro de Salud, que ya se ha producido, y el nombramiento de cinco ministerios más en manos de las alas que son la base de Bolsonaro: los militares y los conservadores ideológicos.

A pesar de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, ha declarado que "ve señales de que la economía está despegando", la expectativa es que el país entre en un largo periodo de estanflación, es decir, estancamiento económico y alto desempleo combinados con una alta inflación. La inflación acumulada en el periodo fue del 5,2%, inferior a la prevista. Aun así, el Comité de Política Monetaria (Copom) aumentó el tipo de interés básico, la tasa Selic, en un 0,75% hasta el 2,75%, en un claro intento de frenar la rápida devaluación del real. Como país semicolonial con una economía dependiente, tanto la suba del dólar como el aumento de los tipos de interés, en un intento de atraer inversiones, en un proceso económico recesivo, producen impactos directos en el aumento del costo de la vida de la clase trabajadora.

Brasil vive también una crisis humanitaria en la que, además de las consecuencias de la catástrofe pandémica, el desempleo récord, el fin de la ayuda de emergencia y el aumento de la cesta básica de alimentos han elevado el hambre a niveles críticos. Según el IBGE, en 2020 había 39 millones de personas viviendo en la miseria y 14 millones en la pobreza extrema. Hoy, el panorama es mucho peor. El precio de los alimentos aumentó tres veces más que la inflación oficial, un 15% en un año, animando a los medios de comunicación burgueses a "ayudar" en la creación de "nuevos hábitos alimenticios": cambiar el arroz por la pasta, la carne por los huevos y comer alimentos con insectos. Los alimentos básicos han subido mucho más que la suba general: el arroz ha subido un 70% y los porotos un 60% en un año. Se trata del aumento más rápido de los precios de los alimentos en 18 años. Con el gas de cocina costando alrededor de 90 reales, la comida regular para millones de familias brasileñas se ha convertido en una rareza.

La inmensa crisis económica presionó al gobierno para que planificara una nueva ayuda de emergencia, ya que, en diciembre de 2020, 56 millones de personas dejaron de contar con la ayuda. Esta vez, sin embargo, la irrisoria cantidad propuesta (entre 150 y 375 reales) llegó a través de un Pacto de Emergencia que, con la justificación de poder gastar 44.000 millones de reales adicionales fuera del techo de gasto para afrontar la ayuda, supuso un duro ataque a los empleados públicos, imponiendo restricciones a la contratación y a los concursos públicos y una congelación salarial cuando la relación entre gastos e ingresos alcance el 95% en el gobierno federal. Los estados y los municipios pueden imponer restricciones cuando esta proporción alcanza el 85%. Estas medidas también pueden imponerse en situaciones de calamidad pública y son válidas durante los siguientes 15 años.

Es notable que la histórica crisis brasilera haya movido a las diferentes facciones burguesas y pequeño burguesas a responder al colapso sanitario y a la recesión económica ante la catastrófica gestión del gobierno de Bolsonaro. Incluso el imperialismo ya está buscando formas de intervenir en el gobierno, ya que Brasil se está convirtiendo en una amenaza sanitaria mundial, además del impacto de la crisis en las cadenas productivas de la región. La OCDE ha creado un grupo de seguimiento permanente de la corrupción en Brasil. El organismo imperialista mostró su preocupación "con el sorprendente final del Lava-Jato, el uso de la ley contra el abuso de autoridad y las dificultades para compartir información de los organismos financieros para las investigaciones". Más allá de las representaciones de estas diferentes facciones en el congreso nacional, principalmente por el "centrão", y el ala militar desarrollista, la alternativa de la conciliación de clases está resurgiendo ahora, con la anulación de los juicios de Lula y su elegibilidad en 2022. Esta alternativa, ya llamada "efecto Lula" por sus implicaciones directas para el gobierno de Bolsonaro, más presionado por el Congreso, el escenario electoral de 2022 y la relación del país con el imperialismo, promete arrastrar a gran parte de la izquierda, que hasta ahora asumió la política burguesa de cuarentena y se mantuvo aislada de cualquier proceso de luchas.

También las direcciones sindicales permanecen cumpliendo con el aislamiento desde hace un año, abandonando toda lucha dentro de los métodos de clase y abrazando toda la adaptación a los medios digitales que serán plenamente utilizados en el próximo período para el aumento de la productividad, con una mayor explotación de los trabajadores junto con los despidos masivos. También esta semana, las direcciones de las principales centrales sindicales (CUT, CTB, UGT y Força Sindical) se reunieron con el gobernador de São Paulo, João Dória (PSDB), en un esfuerzo de colaboración y solidaridad con las políticas del gobierno del estado, ofreciendo las estructuras sindicales para la vacunación, mostrando apoyo político a las medidas de restricción y defensa de la ayuda de emergencia de R$600 y sugiriendo otras formas de seguridad sanitaria, como el ofrecimiento de alcohol en gel en el transporte público, el escalonamiento de los horarios de entrada y salida de los trabajadores de los sectores productivos para desahogar el sistema de transporte. Un claro esfuerzo por colaborar con un gobierno que, a pesar del discurso de oposición al gobierno de Bolsonaro, sigue colaborando con la muerte de los trabajadores, ya sea en la educación con la reapertura de las escuelas, ya sea en los sectores productivos que siguen trabajando sin condiciones sanitarias, ya sea de los trabajadores informales, perjudicados y reprimidos con las medidas de restricción de la circulación, ya sea de la juventud periférica, asesinada diariamente por la policía militar bajo el mando del gobernador.

Además de colaborar con el gobierno del estado de Sao Paulo, las centrales anuncian una jornada de "confinamiento obrero" para el 24 de marzo (el próximo miércoles), adaptando lo que antes era una huelga general a una política de la burguesía. Según Sergio Nobre, presidente de la CUT, "el “quedate en casa” es una protesta contra las privatizaciones; por la vacuna ahora para todos, por la ayuda de emergencia, por los puestos de trabajo; contra los altos precios y los aumentos del gas, el combustible, el arroz, el frijol, entre otros, contra la Reforma Administrativa y por Bolsonaro fuera. Es un cierre en defensa de la vida. (...) Un confinamiento de al menos 24 horas es para quedarse en casa, es una jornada de reflexión sobre lo que pasa en Brasil". Sin ningún llamado a la paralización total de actividades, ni mucho menos asambleas en cada sindicato, la fecha será uno más de los eventos "simbólicos" de las direcciones, sin ninguna política para los trabajadores.

Es urgente que construyamos una salida obrera a la crisis sanitaria y económica que asola el país. No podemos confiar al Estado burgués el control de la pandemia ni la aplicación de medidas económicas para proteger los empleos y los ingresos de los trabajadores. No olvidemos que el Estado es el instrumento de dominación de la burguesía sobre los trabajadores. Debemos contraponer a las medidas estatales para controlar la pandemia nuestros métodos de clase, como la huelga. Los profesores de São Paulo, ante la reapertura de escuelas inseguras, medida que ya ha matado a decenas de trabajadores de la educación y estudiantes, impusieron la huelga como forma de resistencia y lucha por unas condiciones de trabajo saludables.

Es necesario construir en cada sindicato, a través de asambleas de base, esta forma de resistencia al genocidio en curso y empujar a las centrales a convocar una huelga general. Es necesario construir entre los trabajadores, a través de las centrales sindicales, un plan de luchas independiente que responda al desempleo masivo y a la crisis sanitaria. Es necesario imponer la escala móvil de horas y salarios, el control obrero de la producción de los sectores esenciales, especialmente de las vacunas, así como su distribución. Para ello, hay que combatir con la máxima urgencia las burocracias mezquinas que colaboran con la actual situación de colapso del país. Construir una salida obrera independiente es, ahora más que nunca, una cuestión de supervivencia para nuestra propia clase.

Texto original aquí

Alberto inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, a un año del comienzo de la pandemia, con un discurso confrontativo con la oposición parlamentaria y totalmente alineado con lo que nosotros decimos sobre el “protocolo FMI”. Hizo un racconto de todo lo bien que actuaron en la pandemia (¡tenemos 52 mil muertos y más de 2 millones de contagiados!) haciendo hincapié en que no colapsó el sistema de salud; pero difícilmente podría colapsar algo que no llega ni a sistema y considerando que la consigna “quedate en casa” también fue para que los enfermos no acudan a los hospitales. Intentó eludir el escándalo de los vacunados vips, que le ha generado una crisis política de la que aún no logra salir. Insistió con la reforma judicial y la creación de una bicameral para juzgar el desempeño de los jueces, iniciativa que le duró días, como el Consejo Económico Social lanzado el mismo día del escándalo de las vacunas.

Lo sorprendente es que consideran que actuaron bien en la crisis por el covid y es acá donde más se evidencia que favorecieron a los capitalistas en contra de las grandes masas, por eso los marxistas decimos que son representantes de la burguesía en el ejercicio del poder estatal. Efectivamente fueron buenos ejecutores de salvaguardar los intereses del capital extranjero y nacional ante la crisis de la pandemia, mientras les daban migajas a los trabajadores y el pueblo pobre con los IFE y otras ayudas. En el medio desarrollaron un feroz ajuste, que se ve claramente en el saqueo a los jubilados y el ataque a los salarios.

Debemos confrontar con ese balance y con quienes lo llevaron a cabo, no solo con la dirección del peronismo en el poder, sino con sus aliados de la oposición burguesa, los empresarios y la burocracia sindical.

Estamos asistiendo a una pelea de representantes de fracciones burguesas y pequeño burguesas en la que los trabajadores solo tenemos las de perder. Intentan dirimir una pelea burguesa para dirimir qué sector capitalista debe pagar la crisis y cuál podrá beneficiarse, todo bajo la tutela del FMI.

Pagadores seriales

El debate por la deuda externa muestra el cinismo de una clase descompuesta y parásita. Alberto dijo que va a iniciar una querella criminal contra el gobierno anterior por la deuda contraída con el FMI e investigar en qué se gastó esa plata. Pero mientras tanto seguirá pagando regularmente. En términos formales esa deuda se contrajo con la aceptación de los gobernadores del PJ y sus representantes en el parlamento al votar el presupuesto de los años de Macri. Son socios que de vez en cuando se pelean, pero, como siempre pasa, no son ellos los que la terminan pagando. En este debate, también se expresó nítidamente a qué sectores representan. Por un lado, el gobierno explica que no está mal endeudarse en pesos intra-Estado, es decir, robarles a los jubilados y denigrar las condiciones de vida de los trabajadores con menos presupuesto para educación, salud, vivienda y otros para beneficiar con esa deuda y subsidiar el desarrollo de una supuesta burguesía nacional que pueda pelear por migajas ante el imperialismo. El otro sector sostiene que está bien endeudarse en dólares para saldar el déficit fiscal y favorecer las inversiones de sectores más relacionados con el capital extranjero y las finanzas. Ambos sectores coinciden en que debemos endeudarnos, ahora quienes paguemos la deuda seremos los trabajadores porque, como todos sabemos, esta capa parasitaria de funcionarios no produce nada, solo administra los negocios de los capitalistas. Los que pagamos somos trabajadores activos y pasivos con lo que nos expropian de nuestro trabajo.

Por eso, ante la pelea entre fracciones debemos intervenir de forma independiente, mostrando con nuestro programa y acciones que no nos ubicamos de ningún lado de los bandos burgueses. Desenmascarando la envoltura democrática de este sistema, que nos dice que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, cuando los privilegios de la clase capitalista se ven cada vez más impúdicos ante la miseria de las masas trabajadoras. Una de las tantas falacias del capitalismo, que hasta la izquierda parlamentaria se está creyendo. Si ellos dirimen sus peleas en la justicia, es por la debilidad de nuestra clase, por no poder ajusticiarlos nosotros. Pero esa debilidad coyuntural no nos puede llevar a tomar partido por alguna fracción burguesa en pugna.

Debemos recuperar lo perdido en la pandemia con los métodos propios de nuestra clase, paros, piquetes, ocupación de fábricas y un programa de salida a la crisis. Ellos han dirigido esta pandemia utilizando todas las instituciones burguesas para desorganizarnos y disciplinarnos y nosotros sabemos cómo lo hicieron: estableciendo un control asfixiante, poniendo al ejército en las calles, encarcelando y hasta asesinando a jóvenes por circular, imponiendo el miedo a través de las fuerzas de seguridad. Debemos enfrentarlos y quebrar su dirección.

No iniciamos! PARO NACIONAL EDUCATIVO

Afirmaron que la vacunación del personal escolar no era requisito para la presencialidad porque no había vacunas suficientes, mientras se acovachaban las vacunas para los funcionarios y amigos del poder de turno. El gobierno del Frente de Todos ya no puede hablar de presencialidad cuidada, porque sólo se cuidan entre ellos.

Si se cumplen los protocolos, el inicio de clases “está garantizado”, dijo el ministro de hecho, Roberto Baradel, cabeza de SUTEBA y Secretario adjunto de CTERA. Es el papel que juega la burocracia garantizando la ofensiva unificada de Alberto y todos los gobernadores, contra los trabajadores de la educación. Forzar la presencialidad escolar ha unificado a todo el arco político en una unidad burguesa sin grieta para el objetivo común de preparar la pospandemia a costa de los trabajadores.

Los acuerdos tejidos en la gira de Trotta por las provincias, se cristalizaron en las resoluciones del Consejo Federal de Educación, con la venia de CTERA. Los nuevos “protocolos” nacionales que tanto defiende la burocracia Celeste, son una verdadera reforma laboral docente, avanzando en regular lo que se impuso de hecho durante la cuarentena: flexibilización horaria, aumento e intensificación de la jornada laboral, multiplicidad de tareas, bimodalidad, etc. Sin haber invertido en infraestructura escolar ni en implementos de sanitización, los protocolos avanzan en responsabilizar de posibles contagios en las escuelas al propio personal, a la par que limita a su mínima expresión la dispensa a quienes son población de riesgo. La presencialidad se impone bajo extorsión: amenazan a padres y estudiantes con la pérdida de banco; amenazan a exceptuados con no permitirles tomar cargo o suplencias; amenazas de cierre de cursos.

Abajo la presencialidad negociada por Alberto, los gobernadores y CTERA

La Celeste entregó las condiciones para la vuelta a la presencialidad una semana antes del inicio de la paritaria nacional docente. La discusión de un piso salarial que empate a la inflación es delirante tras el desfasaje entre el salario real y el valor de la canasta familiar en todo el país. Los gobernadores apuran los cierres de acuerdos, con colaboración de la burocracia que maniobra plenarios virtuales o directamente firma sin consultar como en San Juan, rechazados por la docencia que se moviliza por una recomposición real de sus salarios de indigencia. Los sectores que dieron batalla en plena cuarentena contra el congelamiento salarial y por el atraso en los pagos, como Misiones, Tucumán, Chubut, Mendoza, CABA, Buenos Aires, Neuquén, debaten y preparan el no inicio de clases. Nacionalicemos estos procesos de lucha. Contra la burocracia celeste y sus aliados en los gremios de base y en CTERA, impulsemos un PARO EDUCATIVO NACIONAL.

Necesitamos darnos condiciones para tener asambleas presenciales, por unidad de trabajo, preparando plenarios de delegados de base con mandato que deliberen y resuelvan un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones que necesitamos imponer para reabrir las escuelas. Saquemos lecciones de la experiencia internacional de recuperación de los métodos obreros, como la huelga, para imponer cierres ante la ausencia de condiciones seguras, como en Italia y EEUU. Pongamos en pie instancias de discusión con las organizaciones estudiantiles, interpelando a los estudiantes a elegir sus representantes para formar comités de higiene y seguridad conjuntos por escuela, con delegados específicos para esa tarea que designemos los trabajadores de la educación. Debemos instituir estas instancias ya, como fortalecimiento de la organización sindical en cada lugar de trabajo, reforzando el accionar de delegados mandatados de cada escuela de cara a preparar un no inicio de clases.

No puede haber retorno a las aulas sin recomposición salarial de todo lo perdido en el período anterior. No podemos aceptar volver a las aulas, sin un plan serio de vacunación ni inversión en implementos sanitarios e infraestructura. Llevemos a las mesas paritarias nacional y provinciales, nuestro pliego de reivindicaciones exigiendo la reapertura de los cursos y turnos cerrados, la reincorporación de todos los trabajadores dados de baja, e indicando las reparaciones y cantidad de escuelas que hacen falta. Exijamos la creación de cargos y horas para la atención de grupos reducidos, y la titularización masiva de todos los trabajadores: basta de precarización, ingreso único al sistema educativo. No podemos aceptar volver al aula, en base a la extorsión del descuento y el ítem aula.

No permitamos que los que actúan como ministros de educación ad hoc, sean quienes nos representen en la mesa de negociación. Son los que vociferan contra la campaña de la oposición patronal, pero de un lado y otro de la General Paz garantizan los planes del gobierno a espaldas de los trabajadores. Elijamos y mandatemos en plenario, a nuestros delegados paritarios, nacionales y provinciales. Las seccionales y sindicatos recuperados pueden jugar un rol central en forjar una nueva dirección de los trabajadores de la educación. Para ello, es imprescindible que rompan los acuerdos con las corrientes de colaboración de clases con las que pusieron en pie las multicolores.

Reagrupemos al activismo a nivel nacional en una oposición sindical a la Celeste y sus colaboradores, que oriente su accionar con un programa de independencia de clase. La crisis de dirección de los estatales es brutal. La descomposición de nuestras organizaciones sindicales por la sujeción a la regulación estatal y por la política conciliadora de la burocracia, nos interpela a recuperar los sindicatos, superando los límites que tuvo la experiencia anterior de frentes anti celestes. Necesitamos una oposición sindical revolucionaria, que dispute la dirección del conflicto, poniéndose a la cabeza de la preparación del NO INICIO EDUCATIVO NACIONAL, organizando desde las bases un plan de lucha que nos devuelva la iniciativa a los trabajadores.

Alberto inauguraba en un acto en el CCK la formación del Consejo Económico y Social para definir los lineamientos de una Argentina a mediano plazo, un engendro de conciliación de clases que busca instaurar en futuras leyes la relación de fuerzas pos pandemia, es decir, institucionalizar los ataques que sufrimos en la pandemia en el terreno de las condiciones de vida. Pero al mediano plazo se lo comió el corto plazo, se lo devoró al explotar el escándalo cuando se conocieron los privilegios de algunos para acceder a la vacuna contra el covid.

El “vacuna-gate” mostró que la democracia burguesa como forma de dominación es la expresión de una igualdad formal, que intenta en apariencia mostrar que somos todos iguales, valiéndose del instrumento de la legalidad burguesa, pero que en esencia es la desigualdad de clase y esto se expresa por todos los poros. Algunos analistas salieron a decir que son “la casta política, la casta empresarial y sindical” las responsables de estos privilegios, solo para encubrir con esa definición de casta el contenido de clase de un sistema capitalista. Para los trabajadores la lucha por la igualdad y la consigna de igualdad solo se pueden entender si se interpretan exactamente en el sentido de la destrucción de las clases, no puede ser de otra forma.

Por eso, este episodio que ya tomó el nombre de “vacunación vip” debe abrir un proceso de deliberación en el conjunto del movimiento obrero para sacar balance de la dirección burguesa de la pandemia y de por qué debemos quebrar esa dirección estatal para no seguir siendo nosotros los que sufrimos las consecuencias de las políticas estatales.

Por eso es central, que las comisiones internas o juntas recuperadas en la rama de salud planteen la necesidad del control obrero de la vacunación, recuperar los sindicatos de la salud echando a la burocracia sindical para imponer un plan obrero contra la pandemia. Esta debe ser una pelea internacional contra el ensayo general reaccionario que lanzaron los Estados para salvar sus empresas y sistema de salud ante la virulencia de la pandemia.

La tarea de los sindicatos, como organización de masas de los trabajadores es ampliar sus funciones, tomar medidas no solo en el plano de las reivindicaciones salariales, sino ante la desorganización de la economía. Campañas internacionales por el control obrero de las vacunaciones, en contra de las patentes y los grandes laboratorios, por el no inicio de clases en los establecimientos educativos en Latinoamérica, para dar algunos ejemplos. La burocracia sindical co-dirigió la desastrosa política ante la pandemia, que en el caso de Argentina ya ha dejado más de 51 mil muertes.

Las soluciones no van a venir de las instituciones burguesas, con leyes en el parlamento o constituyentes o juicios políticos por mal desempeño.

Enfrentar al Estado burgués y sus gobiernos para derrotar a los responsables históricos de nuestra condición de explotados.

Joe Biden asumió finalmente la presidencia el miércoles 20 de enero. En medio de un pomposo show de estrellas de Hollywood y de la industria musical, que no lograron ocultar la militarización del acto protocolar con la presencia de 25 mil miembros de la guardia nacional, Biden y su vice Kamala Harris juraron en el cargo. Los desafíos de la nueva administración son enormes: luego del fracaso de los anteriores gobiernos, intentará revertir el retroceso de la hegemonía yanqui en su papel de potencia imperialista dirigente del mundo. No debemos olvidar que Biden fue parte de la administración Obama como vicepresidente, y anteriormente desde el senado apoyó el belicismo de Bush hijo y otras aventuras imperialistas de ambos partidos. La coyuntura apremia, por lo que las primeras medidas apuntan a frenar la crisis económica que aceleró la pandemia del COVID-19, intentando poner bajo un mínimo control la situación sanitaria y continuar con las políticas de estímulo. Todo esto, en medio del deterioro de las relaciones con el resto del mundo determinadas por los antagonismos económicos establecidos por la crisis y por la errática política exterior de Trump y, más novedoso, en la urgencia de encarar una crisis sin precedentes de las instituciones de la democracia imperialista que dejó el 2020 y la toma del Capitolio del 6/1.

Pandemia y crisis económica

La curva que miran los imperialistas no es tanto la de contagios y muertes por el COVID-19 sino la de la variación del PBI y la ocupación de mano de obra. La recuperación, luego de la abrupta caída entre febrero y abril de 2020, comenzó relativamente fuerte, pero se viene moderando hasta llegar a una cuasi meseta. El crecimiento del PBI del último trimestre de 2020 apenas supera el 1%. El país ha recuperado un poco más de la mitad de los 22 millones de empleos no agrícolas perdidos entre febrero y abril de 2020. El último número de enero arroja la creación de escasos 49.000 nuevos puestos de trabajo, y una revisión a la baja de los datos de los 3 meses anteriores. El balance de la era Trump de conjunto arroja un rojo de 2.100.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumiera a inicios de 2017 (Washington Post, 6/2/2021).

(ver gráfico 1)

Igual de alarmante es la acumulación de deuda que se viene registrando a partir de las políticas imperialistas para intentar dar una salida a la crisis de 2008, que se ha visto elevada a la enésima potencia con las políticas de estímulo implementadas por los diversos Estados imperialistas para enfrentar la pandemia y a través del mecanismo del sistema financiero privado, llevando a burbujas gemelas entre acciones y deuda oficial. La tendencia al debilitamiento del dólar, que se expresa en la suba de las llamadas commodities (mercancías genéricas utilizadas como materias primas y que se negocian a granel como metales, petróleo y granos) y de los metales-dinero (oro y plata), es otra cara tanto de esta crisis de endeudamiento como del deterioro de la hegemonía mundial del imperialismo yanqui.

Para dimensionar el problema, un estudio de Bankia de diciembre pasado indica que “de acuerdo a un reporte reciente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la deuda global del sector público y privado creció en 15 billones de dólares, hasta un total de 277 billones en 2020, máximo desde el inicio de la serie histórica. Como porcentaje del PIB, el IIF proyecta que la deuda global de un salto hasta 365% este año, desde 320% a finales del 2019 y 315% cinco años atrás.” Y continúa, “destaca EEUU, que puso en marcha un paquete de estímulo fiscal del 13% del PIB, así como la disponibilidad de múltiples ventanas de créditos a empresas por parte de la Fed. El país representó alrededor de la mitad del incremento de la deuda del grupo de los países desarrollados, con la ratio de deuda pública en torno al 125% del PIB, niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.”

(ver gráfico 2)

Entre las primeras medidas de Biden, destaca la continuidad de estas políticas de estímulo fiscal y monetario, con un nuevo paquete de U$S 1,9 billones para asistencia por el coronavirus. El paquete quedó habilitado con la aprobación del presupuesto en el senado el viernes 5/2, 1º iniciativa legislativa de la nueva legislatura que incluyó el voto de desempate de la vicepresidenta (tras las elecciones, el senado quedó conformado en un 50/50 por representantes del PD y el PR). La diferencia es que Biden pretende dar este estímulo combinándolo con una política sanitaria agresiva, que va desde el ridículo “100 días de barbijo” que lanzó como uno de sus primeros decretos presidenciales, hasta el plan masivo de vacunación, al mismo tiempo un gran guiño a la industria farmacéutica, uno de los principales lobbies imperialista.

Política exterior

En este terreno existe una continuidad en la línea agresiva hacia China, que los demócratas ya habían lanzado con su “pivote asiático” bajo Obama. Hay un “acuerdo de Estado” entre ambos partidos y todo el establishment imperialista en la necesidad de avanzar sobre China, las diferencias tienen que ver con el cómo. La guerra comercial basada en aranceles para negociar acuerdos de comercio exterior de Trump no ha sido evaluada positivamente por la burguesía, que apuesta a una política aún más dura que incluye una ofensiva sobre terceros países, semicoloniales, para desplazar la influencia que viene teniendo China a través de financiación y proyectos de infraestructura (nueva ruta de la seda). La política hacia América Latina mantiene su hostilidad hacia Venezuela y una política de palo y zanahoria para apuntalar las medidas restauracionistas en Cuba, mientras se busca disciplinar a toda la región a partir de una mayor influencia del FMI (Chile, Argentina, Ecuador). En cuanto a Medio Oriente, es una maraña más difícil de desanudar, pero por el momento Biden ha suspendido la política de retirada que venía implementando Trump. Esto puede apreciarse en la reevaluación de la línea hacia el enclave israelí (que fue fuertemente respaldado por Trump en los últimos 4 años), que tiende a volver apoyarse sobre las alianzas con otras facciones burguesas de la región, reflotando la política de Obama, mientras respalda, veladamente o no, las ofensivas reaccionarias de Israel sobre Siria y territorio palestino.  Del mismo modo que la política de seguridad hacia Europa basada en la OTAN. Muy relacionado a esto último está la mayor ofensiva hacia el gobierno de Rusia, al que Biden salió a presionar fuerte por el caso Navalni. Faltan muchas definiciones en relación a la política exterior en Asia, aunque el golpe de Estado en Myanmar/Birmania ha acelerado el enfrentamiento entre el bloque chino-ruso con EEUU y sus aliados en la ONU.

En términos generales, sostenemos que el multilateralismo que ensaya Biden retrocediendo en todas las medidas de Trump de ruptura con las instituciones internacionales de posguerra como la OMS, el acuerdo de París, los cuestionamientos a la OMC, carece por el momento de un eje estratégico. Es imposible volver la historia atrás, menos aun cuando los efectos de aceleración de la descomposición del imperialismo a partir de 2008 continuaron su trabajo de zapa, y lo continúan a la fecha. En cualquier caso, el avance en la asimilación de los ex Estados obreros, sobre todo China, y en menor medida Rusia, y el establecimiento de una nueva relación capital-trabajo para aumentar la tasa de explotación intentando revertir la caída de la tasa de ganancias, si bien son objetivos generales, aparecen como los objetivos no resueltos que debe encarar el imperialismo yanqui si pretenden detener su propia caída. No se trata de tareas fáciles y tiene por delante la resistencia de la lucha antiimperialista de la clase obrera y los pueblos oprimidos que vienen haciendo temblar el planeta, desde Túnez, Myanmar, Kirguistán, India y Líbano, pasando por Bielorrusia, Francia e Italia, hasta Chile y toda América Latina.

La caldera

La erosión de las instituciones de la democracia imperialista, espejo de los sectores burgueses y pequeñoburgueses, de las semicolonias y de los ex estados obreros, que hacen suyo el programa de la asimilación bajo el ropaje de las promesas de la democracia burguesa, es la principal preocupación para Biden y su nueva administración. Debe encarar el impeachment de Trump bajo esta óptica, lo que no es sencillo, pero más grave aún es el problema del deterioro de los poderes del Estado y la relación del aparato burocrático militar con las masas en medio de la crisis y la descomposición social prevalecientes. Por el momento, la primera medida ha sido avanzar en la agenda antiterrorista, con apoyo de los republicanos, cosa que no debe extrañarnos ya que fue Bush (h) quién iniciara esta política luego del atentado de las torres gemelas. El avance en la política represiva del Estado parece ser la salida, confirmando que las tendencias bonapartistas generadas por la dinámica inmanente del capitalismo se despliegan por sobre las personalidades de los personeros del capital. Que las primeras medidas hayan sido tomadas a través de decretos (órdenes ejecutivas), algo que llamó la atención de los más acérrimos partidarios de Biden, va en el mismo sentido. Y es que la recomposición institucional de la democracia imperialista no puede pasar por otro camino, contra las ilusiones de los llamados progresistas, la supuesta ala izquierda del PD. Como indicaba Engels en su carta a Marx del 13 de abril de 1866, “… el bonapartismo es la verdadera religión de la burguesía moderna". Y los últimos 4 años de gobierno de Trump en EEUU han servido para dejar expuesto el carácter de esa democracia imperialista manejada por una élite, que tranquilizaba a muchos porque “no iba a dejar que Trump hiciera cualquier cosa”. El bonapartismo no significa el gobierno personal, aunque puede adquirir esa forma. Tomamos aquí otra cita de Engels: “... en la monarquía bonapartista moderna, el verdadero poder gubernamental se encuentra en manos de una casta particular de oficiales y funcionarios... La autonomía de esta casta que parece mantenerse fuera, y por decirlo así, por encima de la sociedad, confiere al Estado un viso de autonomía respecto de la sociedad” (F. Engels, Contribución al problema de la vivienda). Recordemos que, en la teoría política de la ilustración que fundamenta la constitución norteamericana, el presidente cumple ese papel de monarca.

Luego de la acción contrarrevolucionaria del 6 de enero, un importante sector de la izquierda centrista a nivel internacional ha caído en el error de centrar la táctica en la necesidad de enfrentar al fascismo, al golpismo o al protofascismo encarnado en las fuerzas pro Trump: se trata de un grave error porque el máximo peligro es la forma en la cual las fuerzas de la élite política, que dirige el aparato del Estado yanqui, va a utilizar los acontecimientos para reacomodar sus estructuras en búsqueda de una ofensiva bestial contra la clase obrera y los pueblos oprimidos del planeta. Cualquier frente único antifascista o similar con sectores de la burguesía no es más que una capitulación al enemigo de clase.

El desafío de recomponer las instituciones implica asimismo encarar la polarización política y social que tiene su origen en las bases económico-sociales derrumbadas por la crisis capitalista. Para ello, el plan de estímulos de Biden incluye un aumento del salario mínimo y un bono de U$S 1.400 por persona, que aún genera debate entre el gobierno y la gran patronal, así como al interior del dividido partido demócrata (PD). Estas concesiones no se dan sólo por el impulso de los aires de una suerte de desteñido neo keynesianismo, sino que responde a una serie de luchas que viene sosteniendo la clase obrera norteamericana. Los motivos son sobrados, todos relacionados al deterioro de las condiciones de vida a partir de la crisis de 2008 y a la recesión generada por la pandemia: por condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, por salarios, por la sindicalización en empresas y sectores no organizados. También ejercieron una influencia importante las grandes movilizaciones contra la policía y el racismo luego del asesinato de George Floyd, sobre todo en ramas industriales donde prevalecen trabajadores afroamericanos y latinos.

Los últimos meses de 2020, la influencia de las direcciones reformistas/contrarrevolucionarias de los socialistas democráticos de América (DSA) y los llamados progresistas del PD llevaron a estos movimientos detrás de la campaña electoral, atribuyéndose sus principales figuras (Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar) que ejercen de ala izquierda de la bancada oficialista en la cámara de representantes del congreso (cámara baja), la victoria en los estados del medio oeste revirtiendo los resultados de 2016. En términos de lucha de clases, esto llevó a la paradoja aparente de que mientras el ala derecha del partido demócrata, con Biden a la cabeza, ganaba la presidencia y los reaccionarios partidarios del trumpismo mostraban músculo en las calles, siendo su máxima expresión la toma del capitolio del 6/1, mientras los movimientos antipoliciales y de la clase obrera se volcaban a las expectativas electorales. Esto no debe verse como una foto: a principios de 2021, las cosas han cambiado y estamos presenciando nuevas e importantes huelgas, como la de los trabajadores del mercado de frutas y hortalizas de Nueva York, que a través de una huelga de poco más de una semana lograron un aumento salarial (aunque no de U$S 1 hora como reclamaban) y frenaron la intención patronal de aumentar el descuento por la prima de salud. También se vienen desarrollados procesos de organización sindical en empresas como Amazon y la autopartista alemana Borgers en Ohio, y una importante lucha contra la vuelta a clases presenciales sin medidas adecuadas de salubridad en varios estados.

Problema de dirección

Es posible que los trabajadores de base que forman parte de estos conflictos puedan considerar que la salida de Trump del gobierno plantee mejores condiciones para la lucha, pero la vanguardia no debe dejarse engañar por el DSA y demás direcciones contrarrevolucionarias que ofrecen como orientación “disputar” el gobierno demócrata desde el interior, presionando por un lado por mayores concesiones de Biden, mientras por el otro defienden un frente único contra el fascismo y la extrema derecha, poniendo énfasis en la recomposición institucional bajo un prisma pretendidamente democrático. Se trata de una trampa mortal para el proletariado y los sectores de masas empobrecidas, para la juventud, las minorías y los inmigrantes en EEUU. La vanguardia de nuestra clase debe encarar la lucha por romper la tutela de esa élite política de la democracia imperialista en putrefacción sobre el proletariado yanqui, tutela ejercida a través del PD y de la burocracia sindical de la AFL-CIO. El desafío es conquistar la independencia de clase a partir de un programa obrero de salida a la crisis y de una dirección revolucionaria que enfrente al Estado y se proponga la unidad estratégica con los pueblos oprimidos del mundo tras la bandera de la lucha antiimperialista. Será un paso decisivo en la reconstrucción de la Cuarta Internacional y su sección norteamericana. Con ese norte, proponemos a las corrientes revolucionarias que a nivel mundial defienden el programa de la dictadura del proletariado que impulsemos en común una conferencia internacional por la reconstrucción de la IV Internacional, el partido mundial de la revolución socialista.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

artículo publicado en TRCI-web

La escolaridad obligatoria en 2020 se desarrolló a distancia, con la confinación masiva de niños, jóvenes y docentes en sus hogares, mediando la relación educativa con recursos informáticos y de comunicación a cargo de las familias y trabajadores, con enorme desigualdad en el acceso y pérdida del vínculo educativo entre los sectores más empobrecidos.

A un año del cierre masivo de escuelas, dispuesto en casi todos los países como parte de las medidas de cuarentena, nos cruza el debate del retorno a las aulas en pandemia con una campaña furibunda de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales para doblegar la resistencia a un retorno sin condiciones de seguridad sanitaria.

La cuarentena, como medida estatal burguesa de control de la circulación de personas y mercancías, con el objetivo de preservar sus sistemas del colapso (en especial, su sistema de salud), se tradujo en una injerencia masiva del Estado en la producción y las relaciones sociales, entre ellas, la educación. “Urgidos por incesantes intereses y peligros sociales, los gobiernos irrumpen en el reino económico con medidas de emergencia cuyos resultados, la mayoría de las veces, ni ellos mismos pueden prever”¹. El resultado de esta injerencia del Estado burgués no podía ser otro que la exacerbación de las desigualdades sociales, sus contradicciones y el aumento de la desorganización en las relaciones de producción y reproducción social. Contrariamente a las fantasías estatistas, el Estado capitalista, y menos aún un Estado semicolonial, es incapaz de introducir elementos de planificación. “En una sociedad donde prevalece la propiedad privada, es imposible que el gobierno conduzca la vida económica de acuerdo a un ´plan´”².

La necesidad de mayor reapertura de la actividad económica es el verdadero motivo detrás de la ofensiva estatal y empresaria por la vuelta a la presencialidad, justamente por las implicancias en la organización de la vida de las familias asalariadas causadas por el cierre de escuelas en 2020. Las pujas interestatales por las vacunas, desnudando la voracidad del capital farmacéutico y la falacia de la cooperación internacional en el combate de la pandemia, obstruyen cualquier previsión sobre los planes de vacunación de la población de riesgo, o de los trabajadores considerados esenciales para los intereses de la clase dominante. Por ello, desde el gobierno de Fernández ya están abriendo el paraguas, señalando que la vacunación de los docentes no será prerrequisito para la presencialidad.

Sin embargo, la presión a la reapertura escolar de cara al 2021, se topa con la realidad de la “vieja normalidad” materializada en una infraestructura escolar absolutamente deficiente. En Argentina, soportamos la trágica muerte de dos trabajadores de la educación en la explosión de una escuela en Moreno, Pcia de Buenos Aires. Las escuelas-bomba, las escuelas-rancho, las escuelas-conteiner son las escuelas de la “vieja normalidad”. Hace décadas que las escuelas son inseguras e insalubres.

Al deterioro y deficiencia de la infraestructura se agregan los resultados de las políticas de los sucesivos gobiernos desde la dictadura en adelante, de achique del gasto en educación, de cierre de cursos, turnos y escuelas, que incrementó el hacinamiento en las aulas. El deterioro salarial hace imposible que un docente pueda vivir con un cargo o su equivalencia en horas cátedra, por lo que la gran mayoría de la docencia trabaja en múltiples escuelas para sobrevivir, lo cual añade gran complejidad al diseño de esquemas de burbujas/alternancia y el uso del transporte público. También fue parte de estas políticas el ataque a los regímenes jubilatorios del personal que trabaja en las escuelas, extendiendo la edad jubilatoria, lo cual, junto a las pésimas condiciones de trabajo que impactan en la salud del personal, se traduce en un alto porcentaje de población de riesgo en las escuelas.

Los protocolos que diseñan los ministerios de educación hablan de “burbujas” por aula, de distancia de 2 metros entre estudiantes, de ventilación, de lavado frecuente de manos, ingreso escalonado, alternancia, etc. Medidas delirantes e imposible de cumplir en la realidad escolar que los sucesivos gobiernos fueron responsables de crear. La fórmula mágica de los ministros de educación para parchar sus protocolos, es la bimodalidad. Por supuesto trasladando completamente el gasto en conectividad y equipos a los docentes y familias, como hicieron en 2020. La bimodalidad no es otra cosa que la intensificación y extensión de la jornada laboral docente. De imponerse como organizador del trabajo educativo, es una reforma laboral de hecho, que los docentes ya soportaron tras un año de trabajar 24x7. 

Las gestiones educativas son incapaces de diseñar protocolos para una “presencialidad segura” ante la profunda fragmentación de los sistemas educativos, la infraestructura, las condiciones de estudio de nuestros estudiantes y de trabajo del personal educativo que ya señalamos. Ante esta realidad de la miseria de la educación, las gestiones nacionales y provinciales se concentran en unificar criterios en el Consejo Federal y en disciplinar a los docentes con la colaboración de toda la burocracia sindical, mientras patean la responsabilidad de organizar la presencialidad al personal directivo de las escuelas. “Empoderar al directivo”, con la tarea de definir cómo abrirá su escuela, generará mayor atomización y desorganización entre los trabajadores, porque cada escuela se volverá un espacio de presiones y división interna, de aprietes y aislamiento al interior de cada unidad de trabajo. 

De asumir la cuarentena como programa propio, a garantes de la presencialidad

Las direcciones sindicales de CTERA, UDA, SADOP, etc, hicieron de la cuarentena su programa. A él se adaptaron la mayoría de las tendencias de oposición que exigían cuarentena para todos o cuarentena obrera. Con sus matices, depositaron en el Estado la tarea de combatir la pandemia. Y como vimos, el balance de esas medidas estatales ha sido brutal para la población asalariada y empobrecida. El despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, para controlar la circulación de la población, resultó en el asesinato de Facundo Castro y más de 100 personas más. El “quédate en casa” dio un Guernica, donde la respuesta del Estado fue un desalojo brutal de familias pobres. El “seguimos educando” de Trotta y Fernández, sólo desnudó y profundizó el carácter de clase de la educación, estructuralmente desigual y segregante. “Elegí salvar vidas sabiendo que vamos a pagar un costo en la economía” sentenció Alberto. Pero los números de víctimas lo desmienten. Y el costo de la crisis económica lo estamos pagando los trabajadores que cargamos con la desocupación creciente, con una crónica inflación confiscatoria del salario y con la caída brutal de nuestros ingresos, mientras el gobierno ató por décadas la generación nacional de riqueza al pago de la deuda externa con los buitres y a la negociación ahora con el FMI.

Los trabajadores de la educación necesitamos hacer nuestro balance de la cuarentena, de la posición asumida por las conducciones que delegaron en el Estado el combate de la pandemia. Porque así podremos encarar programáticamente cómo intervenimos en la discusión de la vuelta a la presencialidad, sabiendo que sólo con nuestros métodos y con independencia de clase podremos dar una respuesta a esta crisis, en resguardo de nuestras vidas y las de nuestros estudiantes. Necesitamos darnos condiciones para tener asambleas presenciales, por unidad de trabajo, preparando plenarios provinciales de delegados de base con mandato que deliberen y resuelvan un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones que necesitamos para reabrir las escuelas.

Saquemos lecciones de la experiencia internacional de nuestra clase, de la recuperación de los métodos obreros, como la huelga, para imponer cierres ante la ausencia de condiciones seguras, como en Italia o en EEUU. Pongamos en pie instancias de discusión con las organizaciones estudiantiles, interpelando a los estudiantes a elegir representantes estudiantiles para formar comités de higiene y seguridad conjuntos por escuela, con delegados específicos para esa tarea que designemos los trabajadores de la educación. Debemos instituir estas instancias ya, como fortalecimiento de la organización sindical en cada lugar de trabajo, reforzando el accionar de delegados mandatados de cada escuela de cara a preparar un no inicio de clases nacional.

Necesitamos obligar al gobierno de Fernández y a cada gobernador a reabrir paritarias salariales y de condiciones de trabajo. No puede haber retorno a las aulas sin recomposición salarial de todo lo perdido en el período anterior. No podemos aceptar volver a las aulas, sin un plan serio de vacunación ni inversión en implementos sanitarios. Llevemos a las mesas paritarias nacional y provinciales, nuestro pliego de reivindicaciones exigiendo la reapertura de los cursos y turnos cerrados, la reincorporación de todos los trabajadores dados de baja, e indicando las reparaciones y la cantidad de escuelas, distrito por distrito, que hacen falta. Exijamos la creación de cargos y horas para la atención de grupos reducidos, y la titularización masiva de todos los trabajadores: basta de precarización, ingreso único al sistema educativo. No podemos aceptar volver al aula, en base a la extorsión del descuento y el ítem aula.

No podemos aceptar que los garantes del ajuste, los que actúan como ministros de educación ad hoc, sean quienes nos representen en la mesa de negociación. Son los que vociferan contra la campaña de la oposición patronal, pero de un lado y otro de la General Paz garantizan los planes del gobierno a espaldas de los trabajadores. Elijamos y mandatemos en plenario, a nuestros delegados paritarios, nacionales y provinciales.

Las seccionales y sindicatos recuperados pueden jugar un rol central en forjar una nueva dirección de los trabajadores de la educación. Para ello, es imprescindible que rompan los acuerdos con las corrientes de colaboración de clases con las que pusieron en pie las multicolores. Necesitamos reagrupar al activismo a nivel nacional en una oposición sindical a la Celeste y sus colaboradores, que sea capaz de orientar su accionar con un programa de independencia de clase. La crisis de dirección de los estatales es brutal. La descomposición de nuestras organizaciones sindicales por la sujeción a la regulación estatal y por la política conciliadora de la burocracia, nos interpela a recuperar los sindicatos, superando los límites que tuvo la experiencia anterior de frentes anti celestes. Necesitamos una oposición sindical revolucionaria, que dispute la dirección del conflicto, poniéndose a la cabeza de la preparación del NO INICIO EDUCATIVO NACIONAL, organizando desde las bases un plan de lucha que nos devuelva la iniciativa a los trabajadores.



1 Trotsky, L. El nacionalismo y la economía, 1933.
2  Trotsky, L. Sobre el segundo plan sexenal en México, 1939.

El 2021 empezó con malas noticias para los ya muy vapuleados bolsillos de la población trabajadora y empobrecida de Mendoza.

Una brutal descarga de aumentos en diferentes servicios fue anunciada por el Gobierno de Suárez: el primero se efectivizó con la autorización de una suba en las tarifas de electricidad, cercana al 30% en las diferentes categorías. Acto seguido, a través de otro decreto, se impuso un tarifazo del 38% al costo del boleto del transporte público, llevando su precio de $18 a $25 en el caso de la tarifa mínima. Y llegando el valor en algunos recorridos diferenciales hasta los $55. Este aumento del boleto comenzó a regir este 21/1.

Para completar este cuadro de subas, días después se hizo público un aumento en los servicios de agua potable y cloacas. El mismo será de forma escalonada y llegará a ser del 100 %: 60% de forma inmediata, subirá 20% dentro de dos meses, y en cuatro meses otro 20%.

A todo esto, se suma el anuncio nacional de las petroleras YPF, Shell y Axion de un aumento del 3,5% promedio del precio de sus combustibles. Así, los valores de las naftas promedian más del 25% de suba desde agosto hasta la fecha. De más está decir que cada aumento en los combustibles se traslada directamente a la cadena de valor y movimiento de las mercaderías, lo que impacta en una suba generalizada del precio de los alimentos.

Los últimos datos oficiales reconocen que el valor de la Canasta Básica Total en Mendoza llegó a $48646 en diciembre de 2020 (un año atrás, el valor era de $33262), acumulando un aumento de 46,2%. Si tenemos en cuenta que este brutal ataque a los pauperizados salarios de los trabajadores (y que, en el caso de los estatales, el Gobierno impuso el cierre de la paritaria 2020 con 0% de aumento) se da en el marco de un 44% de pobreza y con los números de la desocupación en alza. Este tarifazo brutal sólo empeorará la carestía y las condiciones de vida del conjunto de la población trabajadora.

Ante este escenario, algunas corrientes de izquierda plantean como salida la estatización, "bajo control de los trabajadores" de las empresas de servicios. Dicho planteo queda trunco al no cuestionar el carácter de clase del Estado burgués, ya que cualquier "estatización" y/o "nacionalización" que no cuestione y enfrente a la burguesía en el seno de su poder, la economía capitalista, no pasaría de ser (en el mejor de los casos) una serie de reformas a la ya putrefacta organización de la matriz productiva capitalista.

Desde la COR sostenemos que la lucha contra los tarifazos y el aumento en la carestía de vida, no puede estar escindida de la lucha por enfrentar al Estado, y por disputar a la burguesía el control de los grandes medios de producción y de servicios en el corazón del poder capitalista, la economía. Es central plantear la reapertura inmediata de paritarias para la recomposición salarial acorde al aumento del costo de vida. Como señalamos en el acto que coronó la primera movilización contra el tarifazo en Mendoza, el pasado 12/1, no ha quedado sector de la población asalariada sin golpear bajo la política de ajuste de Suárez y Alberto, a tono con el sostenimiento de las ganancias patronales y la priorización del pago de la deuda externa con los buitres y la negociación con el FMI. Esto genera, objetivamente, las condiciones para un paro general que unifique a toda la clase obrera y los sectores empobrecidos en una acción conjunta. Un primer obstáculo a vencer es la tregua de las direcciones de las centrales obreras. La profunda crisis de dirección en el SUTE, único sindicato que vivió un proceso de recuperación por parte de un frente multicolor donde la izquierda del FIT tiene responsabilidad en su conducción, así como el quiebre del Frente de Unidad Estatal con el alineamiento de la conducción de ATE a la política de ajuste salarial de Suárez, complejizan aún más la situación.

Apostamos a que sectores de la vanguardia obrera tomen en sus manos esta perspectiva, para que no sean los trabajadores quienes paguen con su trabajo los costos de los negocios y la especulación capitalistas, y se pueda imponer un Plan Obrero de salida a la crisis. Instamos a reagrupar al activismo y los delegados antiburocráticos, para desplegar una fuerte campaña militante por un congreso de delegados de base mandatados de la industria, los servicios y estatales, que prepare un plan de lucha unificado y abra un debate con los trabajadores de las ramas del transporte y los servicios públicos sobre la necesidad de avanzar en medidas de control obrero. Necesitamos poner en pie una instancia de los trabajadores, de deliberación y resolución, que organice un PARO PROVINCIAL como tarea inmediata.

COR Regional Mendoza

Declaración de la TRCI

La democracia imperialista, una envoltura rajada

El asalto al Capitolio de Washington, sede el Congreso de EEUU, el miércoles 6 de enero, sacudió en lo más profundo a la elite que dirige el país capitalista más poderoso del planeta. La corrosión institucional que lleva varias décadas, pero que se aceleró a partir de la crisis de 2008, da un nuevo salto.

Los hechos del 6 de enero fueron una acción contrarrevolucionaria, llevada a cabo por grupos paraestatales pero alentadas por la cabeza del propio estado imperialista, Trump, y con la complicidad de la policía y otras fuerzas regulares de represión. Una farsa de la “marcha sobre Roma”, que no se proponía tomar el poder en una suerte de autogolpe, sino llevar a cabo una demostración de fuerzas para marcar el terreno al establishment que dirige la democracia imperialista, empezando por la elite del propio Partido Republicano que acababa de romper con Trump al negarse a rechazar la certificación de Biden como presidente electo por mandato del colegio electoral. Es claro que, luego de perder la segunda vuelta para elegir los 2 senadores del estado de Georgia y por lo tanto el control de ambas cámaras legislativas, la acción del movimiento trumpista del miércoles 6 ha demolido lo que quedaba del PR, uno de los 2 pilares de la democracia imperialista. Ya habíamos comentado en nuestro balance de las elecciones presidenciales que la alta participación electoral dejaba en crisis también al Partido Demócrata, ya que la democracia yanqui está diseñada como un sistema de elites: la toma del Capitolio fue una acción directa, armas en mano, contra esta elite. Y fue impulsada desde el movimiento que llevó a Trump al poder en 2016, con base en sectores pequeñoburgueses y de desclasados y cuyo antecedente fue el Tea Party. Un movimiento claramente reaccionario, que se alimenta en el fracaso del imperialismo en dar una salida a las masas frente a la profundidad de su crisis histórica, que se aceleró en 2008 y se profundizó aún más en 2020 con la pandemia del COVID-19 y la entrada en una nueva recesión.

Pero no debemos olvidar que el año pasado también entró en escena un movimiento de signo opuesto, que puso en cuestionamiento lo que nuevamente vimos el miércoles: el rol de las fuerzas de represión, en particular de la policía, como pilares del Estado imperialista. Aunque sin llegar a derrotar a estas fuerzas, cosa muy difícil sin una intervención decidida del proletariado industrial, la relación de las masas con las fuerzas represivas y de los sectores de clase con el estado, cubiertas por el tenue velo de la democracia imperialista, han quedado completamente expuestas. Las bandas trumpistas rompieron un poco más ese envoltorio de la dictadura del capital que es la democracia burguesa. Y ahora, el problema de la dirección imperialista en crisis es cómo solucionar esa cuestión, más allá de las medidas disciplinadoras que pretenderán imponer demócratas y republicanos para intentar recomponer esta idea de democracia que sirvió, no hay que olvidarlo, como la ideología por excelencia para sostener el rol dominante del imperialismo yanqui en el mundo, justificando todo tipo de intervenciones en América Latina y últimamente las invasiones de Irak, Afganistán, Libia y Siria o el impulso dado a las ofensivas reaccionarias de Israel.

Las tareas que tiene planteadas Biden son arduas, y podemos hacer varias hipótesis de cómo puede desarrollarse la interna en ambos partidos imperialistas y el propio movimiento trumpista. Pero sin duda lo más granado del empresariado yanqui que, a través de sus cámaras patronales por ahora, son el único elemento que ha logrado disciplinar a Trump dentro de un muy limitado orden institucional, son quienes imponen la agenda. Su objetivo es redefinir la relación capital-trabajo profundizando la descarga de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, incluyendo la debacle sanitaria en la que está inmerso el país y las llamadas “concesiones” (entiéndase de los sindicatos a las empresas) para recuperar la tasa de ganancia a costa de las condiciones laborales y el salario obrero. Y una línea mucho más intervencionista en la política exterior, ambos elementos poniendo en el centro la relación con las fuerzas armadas y auxiliares que indicábamos más arriba.

Debemos seguir el pulso de estos desarrollos, pero sin duda es muy importante tener en claro que caracterizar de golpe o autogolpe la acción del miércoles, o livianamente de fascismo sin más a los elementos contrarrevolucionarios que conforman el trumpismo, lleva en su seno el error fundamental de, tras un programa de defensa de la democracia, mantener al proletariado y a los sectores de masas que se expresaron en las calles contra el asesinato de Floyd y otros afroamericanos, atados a la dirección imperialista del PD. Allí cumplen un rol nefasto los Bernie Sanders y los DSA. Por el contrario, el carácter democrático de la lucha planteada es su contenido antiimperialista, lucha que debemos sostener en las semicolonias cuyos presidentes han salido prestos a apoyar a su nuevo amo Biden, salvo el caso grotesco de Bolsonaro, no por paladines de la democracia sino por obsecuencia cipaya.

Los revolucionarios debemos luchar porque en EEUU el proletariado recupere sus sindicatos de manos de la dirección contrarrevolucionaria de los Trumka y demás burócratas. La tarea es enfrentar a su propio Estado imperialista, apoyando la lucha de liberación nacional de los trabajadores y pueblos semicoloniales en todo el mundo. Luchando también contra las consecuencias de las malas condiciones de salubridad en los lugares de trabajo en medio de la pandemia, contra los despidos, el desempleo y los recortes de salario y conquistas a partir de un programa de transición y, retomando las mejores tradiciones de la clase obrera norteamericana: las tomas de fábrica, los piquetes de autodefensa y la huelga. No se tratará de luchas meramente económicas, ya que la dinámica planteada por la situación hace necesario que, desde el minuto uno, se plantee el problema del armamento, de cómo desarmar al enemigo y del enfrentamiento al Estado burgués. Desde la TRCI luchamos denodadamente por aportar a construir un Partido Obrero Revolucionario en EEUU, que será una de las secciones pilares de la cuarta internacional reconstruida. Insistimos en la urgencia de organizar una Conferencia Internacional por la reconstrucción de la IV internacional, donde las corrientes que defendemos el programa de la dictadura del proletariado pongamos en marcha la gigantesca tarea de comenzar a saldar la crisis de dirección revolucionaria de nuestra clase.

COR Chile – LOI Brasil – COR Argentina

Publicado en http://www.trci-web.org/es/trci/item/301-declaraci%C3%B3n-de-la-trci.html

El 22 de diciembre la CONADUH recibió una comunicación telefónica de Jaime Perczyk , informando la “propuesta” salarial del gobierno: 2% en enero de 2021 a cobrar en febrero, 4%  en febrero a cobrar en marzo y 4%  en marzo a cobrar en abril. También un bono por dedicación $1000 para los simples, $2000 para los semi exclusivos y $ 4000 para los exclusivos.

Esta propuesta, además de una suma irrisoria, liquida la instancia paritaria, al no ser hecha por escrito y en las instancias formales de la misma. Además, nuestra paritaria es de marzo a febrero 2020, por tanto, el incremento propuesto para marzo se corresponde con la paritaria 2021.

Frente a esto, algunas gremiales como AGD-UBA lograron hacer asambleas virtuales a pesar del poco tiempo y siendo una fecha complicada.

En todas se votó el rechazo por unanimidad. Finalmente, CONADUH votó el rechazo y planteó un aumento del 20% en diciembre y un bono igual para todos los docentes independientemente de la dedicación, una contrapropuesta bastante por debajo de las verdaderas necesidades de los docentes.

CONADU y las otras federaciones serviles al gobierno ya tenían la lapicera lista y no tardaron en firmar. Ante esto un sector de delegados y afiliados a CONADU hicieron circular un petitorio en contra de la firma de la paritaria por parte de esta federación por haberse realizado de forma inconsulta. Al día siguiente, la burocracia de FATUN firmó un acuerdo casi calcado para los no docentes, el otro sector de los trabajadores de las Universidades Nacionales; solo difiere en el alcance y monto de los bonitos.

Pero CONADUH tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Durante todo el año pasado, donde los docentes fuimos precarizados y flexibilizados con las clases virtuales, y ninguneados por el gobierno al negarse a aplicar la cláusula gatillo definida en la paritaria pasada, prácticamente no quisieron llevar adelante ninguna medida de lucha, salvo algunos paros virtuales por insistencia de las gremiales y jornadas de lucha que consistían básicamente en twitazos.

Con la excusa de que no había que movilizar por la pandemia, en realidad la causa del inmovilismo de CONADUH es una conducción que está compuesta por corrientes conciliadoras con el gobierno, el PCR y kircheristas ligados a la CTA, que sostuvieron que no había que hacer nada “para darle tiempo a Alberto”. Y si, Alberto tuvo tiempo para ajustarnos y precarizarnos para pagarle al FMI.

En la mayoría de las universidades nacionales que estuvieron cerradas todo este tiempo, no se puso un peso para mejorar las condiciones edilicias y de seguridad e higiene y sólo se sentaron a escribir protocolos irrealizables. Pongamos en pié comisiones de higiene y seguridad conformadas por trabajadores de cada facultad elegidos en asamblea para garantizar las condiciones de salubridad laboral e impongamos a las autoridades partidas presupuestarias específicas para las obras en infraestructura necesarias.

Es importante prepararnos para el no-inicio de clases, donde los docentes logremos una medida contundente para activar nuestros reclamos. Junto con esto, impulsemos un congreso nacional de delegados de base presencial de toda la docencia universitaria, con mandatos y elegidos en asambleas por Facultad o Universidad, instancia en la que también puedan asistir compañeros de otras federaciones, para deliberar acciones, medidas de lucha y un programa para pelear por nuestras exigencias.

• Salario igual a la canasta familiar para el cargo testigo
• Cargos rentados para todos los ad honorem
• Mejoramiento ya de las instalaciones. Comisiones de higiene y seguridad en cada facultad, con representantes elegidos en asamblea
• Aumento de presupuesto educativo
• Basta de flexibilización y precarización laboral con la virtualidad. Reconocimiento de gastos por trabajo remoto con montos reales que vayan al básico

Docentes Universitarios de la COR

Alberto y Dylan dieron el saludo de fin de año prometiendo que el 2021 será un año de grandes oportunidades, un futuro promisorio y se avanzará en la reconstrucción de la Argentina, con un discurso que a nadie convenció mucho, ni siquiera a ellos mismos, en medio de un escenario económico ruinoso y un 2021 electoral de resultados inciertos. Macri, fiel a su estilo, habló de “un río de cambio” tratando de apelar confusamente a la mecánica de fluidos para dar a entender a sus seguidores que, gracias a los fallos del albertismo y la presencia inefable de la odiosa Cristina, todavía los globos amarillos están en carrera.

Sin embargo, Alberto brinda con esperanza. En los últimos días del año el gobierno hizo votar la Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, logró comenzar un plan de vacunación tratando de anticipar una segunda ola de Covid-19. Podría decirse que termina el año recuperando la agenda política, después de un largo período signado por errores en el plano económico y en el control de la pandemia.

A simple vista pareciera que se encuentra en mejores condiciones para encarar la negociación con el FMI, y se suma un poroto al lograr un acuerdo con la oposición para imponer la Ley de movilidad Jubilatoria. No obstante, la falta de rumbo económico y la posibilidad desastrosa de un rebrote de covid, complica la negociación por la inestabilidad del escenario futuro.

Además, en el medio de la supuesta paz que había logrado concertar con la burocracia sindical, con acuerdos paritarios miserables sin lucha, e impidiendo el ya casi tradicional diciembre de acciones obreras, se logró colar la enorme huelga de los aceiteros, que logró arrancarle un aumento salarial a las grandes patronales con métodos de la clase obrera como paros y piquetes duros durante 22 días. Incuso lograron que se sumen a la lucha otros gremios de la rama, potenciando aún más la medida. Si bien la negociación tuvo varios límites como la resignación del pago de los días caídos, la huelga aceitera prepara las condiciones de lucha en un año que va estar signado por el ajuste, alta inflación y en donde los trabajadores deberemos recuperar lo perdido en la pandemia.

Por otro lado, el albertismo logró votar en senadores la IVE, sin el escenario preocupante de un empate. Esta ley fue festejada con mucha alegría por parte de los movimientos verdes y la izquierda diluida en ellos. Los miembros del FIT– algunos con más reservas que otros- proclamaron la votación como una gran “conquista del movimiento de mujeres” y se unieron al festejo.

Como somos marxistas y no simples comentaristas de emociones, debemos aproximar esta situación a nuestras categorías, aunque esto genere pocas simpatías en los movimientos feministas.

Tal y como ha sido votado el proyecto de Ley, queda claro que más que una conquista, se trata de una “concesión” a un sector de masas. No se trata de un juego de palabras, sino de la necesidad de subrayar que la votación del proyecto de Ley, cuya última versión evidencia un cierto acuerdo entre sectores burgueses y la iglesia, no es producto de un movimiento extra- parlamentario de trabajadores y sectores de masas que hayan logrado imponer “su” proyecto de Ley- es decir-plasmado en los “términos” de los intereses de la clase y con los métodos obreros, sino que se trata de una ley consensuada entre los partidos burgueses, conciliadora con las iglesias, y hecha a la medida de los empresarios, no sólo para un mayor control estatal de la natalidad, sino para mejorar el terreno para grandes negocios de las clínicas privadas y prepagas.  La incorporación de la objeción de conciencia, los 1000 días y la eliminación de la integralidad en la salud no son “aspectos negativos” sino la esencia misma de la Ley. Además, hay que ver qué queda realmente de la misma luego de las posibles modificaciones que sufra con la reglamentación.  Sólo plantear que “se consiguió con la lucha” sin denunciar el carácter reaccionario del Senado, donde se terminó de plasmar este acuerdo inter-burgués, no sirve para que esta nueva generación que tomó como bandera el aborto, pueda sacar lecciones de sus experiencias y avanzar.

La IVE es parte de una concesión demagógica, entendida dentro del concepto de bonapartismo sui generis, donde se dan ciertas concesiones a las masas para mejor negociar con el imperialismo. La síntesis de ello se dio ese mismo día, votándose en diputados el saqueo a los jubilados, solicitado por el FMI.  

Si bien la IVE constituye un avance ya que en términos generales se elimina la clandestinidad desde el punto de vista “legal” (aunque no social, ya que la doble opresión de la mujer trabajadora se basa en las relaciones de producción y no se elimina mediante legislaciones parciales) muy lejos está de garantizar que el aborto sea realmente “libre”. Por eso es muy importante que los trabajadores de la Salud intervengan es este problema, y que los sindicatos se posicionen en contra de la objeción de conciencia o cualquier injerencia del Estado.

La votación también le ha generado un conflicto interno a la coalición gobernante, y quizás en donde más se evidencie sea en el conurbano bonaerense. Ante la ofensiva de Máximo por dirigir el PJ provincial, los intendentes díscolos están buscando alianzas con la iglesia católica e inclusive los curas villeros para armar un bloque más PJ clásico y no del tinte “progre”. Se va a establecer una nueva relación con la Iglesia en un año electoral, que se verá cómo se expresa en las urnas.

Este 2021 implica un gran desafío para el movimiento obrero. El primero de todos, es recuperar lo perdido durante la pandemia, y sacar a los burócratas de sus sillones, para que sea un año de luchas obreras y no de elecciones en paz y ordenadas como las patronales y sus partidos pretenden. El segundo, pero no menos importante, es impedir que un posible rebrote se traduzca en un nuevo ataque a las masas, como ya ocurrió con la cuarentena de Alberto, que sólo sirvió para cerrar los sindicatos y para que la patronales impongan la flexibilización laboral en nombre de protocolos ridículos.

Desde la COR pondremos todas nuestras fuerzas en ese sentido y someteremos nuestro programa a la prueba de estas experiencias.