23 de febrero paro nacional bancario

El primer mes del año arrancó con una inflación del 6% y el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores se siente cada vez más. Luego de un 2022 en el que no sólo no recuperamos lo perdido en la “emergencia sanitaria”, sino que nuestra situación es cada vez más ajustada, en el 2023 continúa la tendencia. En este contexto, el sindicato bancario llama a un paro nacional, ante el empantanamiento de las negociaciones paritarias con las cámaras de banqueros.

¡El salario no es ganancia!

En los últimos años, ante la escalada inflacionaria, los acuerdos paritarios bancarios, si bien siguen siendo anuales, contienen cláusulas de revisión, por periodos cada vez más cortos de tiempo. Si analizamos con detenimiento, encontramos que los porcentajes anunciados en los acuerdos son engañosos, ya que no reflejan el neto salarial luego de descontado el impuesto a las ganancias. Este año Palazzo y cía. pretendían un “acuerdo corto” por el primer trimestre, más el porcentaje de diciembre que quedó por debajo de la inflación. Sin embargo, la negociación se empantanó por el efecto distorsivo del impuesto al salario. El año pasado esta consigna había caído en el olvido de la conducción bancaria, que priorizó la vía parlamentaria para desarrollar la discusión del impuesto, pero ahora, ante la posibilidad de que un aumento salarial implique un neto salarial menor al previo, no tiene más remedio que reflotar la discusión. Correctamente, denuncian las maniobras financieras de los bancos, la “timba de los bonos” y las enormes ganancias que han tenido recientemente. El diputado Palazzo reconoce que el dinero descontado de nuestros salarios se destina a subsidiar a las patronales del transporte, de la generación (totalmente deficiente) de energía, de las exportaciones de productos como la soja. ¿Entonces por qué nuestra conducción sindical tiene que estar alineada con este gobierno que solo está favoreciendo al FMI y a las patronales?

Ensayo reaccionario de reforma laboral

Además de la cuestión salarial, las condiciones de trabajo se han ido transformando vertiginosamente, cosa que la conducción se limita a señalar, pero no plantea cómo enfrentar la ofensiva patronal. En los últimos 3 años se han perdido más de 7 mil puestos de trabajo en el sistema bancario, las tercerizaciones se han multiplicado, se han cerrado muchísimas sucursales en todo el país y los trabajadores han sido forzados a ritmos de trabajo más intensos, polifuncionalidad, etc. El trabajo bancario hoy es más productivo, pero los bancos dicen que “sobra gente”, porque han automatizado procesos a través de la tecnología. La conclusión es que los bancos están ganando más, tomando como variable de ajuste a los trabajadores. Por lo tanto, lo que está en juego en esta paritaria no es sólo el porcentaje de aumento salarial, sino los lineamientos que definirán las condiciones de trabajo a futuro. El proyecto de reforma laboral de las patronales apunta claramente a precarización laboral, intensificación de los ritmos de trabajo y socavar el poder de negociación colectiva que da una organización sindical fuerte para pasar a negociar individualmente, con “el palo y la zanahoria”.

Ante este panorama, la conducción del sindicato se ve obligada a salir a la lucha, a pesar de que su prioridad es llevar todas las discusiones que nos importan a los trabajadores a las instituciones burguesas, como por ejemplo el fallido proyecto de modificación del impuesto al salario que presentaron en el Congreso. Pero la conciliación de clases de Palazzo colapsa con la ofensiva patronal, que quiere imponer sus condiciones de explotación a toda costa, sin transigencias y a velocidad récord, aprovechando el impulso de la pandemia (momento crítico en el que la burocracia sindical se quedó en la casa). Es por esto que se avizora en el horizonte próximo un periodo decisivo en el que se definirán los lineamientos de las futuras condiciones de trabajo. Es tanto lo que hay en juego, que las medias tintas de la burocracia no alcanzan, las patronales quieren jugar a todo o nada y los trabajadores tenemos que presentar batalla. Solo lograremos estar a la altura con un sindicato que tenga total independencia de clase.

Este 23 de febrero vayamos al paro no solo para conquistar aumento salarial, también para parar la ofensiva de los bancos. No al impuesto al salario, no a las tercerizaciones, no a los despidos encubiertos. Impongamos nuestras demandas, con un plan de lucha acorde a las necesidades actuales. Elijamos delegados de base con mandato en cada sector. Seamos punta de lanza de un llamamiento a todo el movimiento obrero para enfrentar las condiciones de pauperización que nos imponen las patronales y sus partidos políticos, el gobierno y el FMI. Empecemos a construir, desde cada lugar de trabajo, la organización de base necesaria para darle a nuestro sindicato una orientación obrera que cuestione los cimientos del sistema capitalista. Vamos por una oposición sindical revolucionaria para recuperar los sindicatos y desplegar un programa de transición que prepare el futuro sistema de trabajo dirigido por la clase obrera.

RECHACEMOS EL TECHO SALARIAL.

IMPONGAMOS EL NO INICIO DE CLASES NACIONAL.

Mientras sobrecumplen los objetivos del acuerdo con el FMI, la paritaria nacional docente volvió a ser el instrumento oficial para fijar una pauta de aumento salarial a tono con el ajuste: 60% anual. La mesa que priorizan las conducciones sindicales no es la paritaria, más pendientes de la definición de la interna del Frente de Todos de cara a las elecciones nacionales y provinciales 2023.

El acta paritaria que celebra la burocracia de CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA, con fecha 17/2, tiene la caradurez de afirmar que el Salario Mínimo Docente Garantizado acumula dos años continuos de recuperación del poder adquisitivo “sobre la inflación”. Pero a la docencia no nos cierra esa cuenta. En diciembre 2022, el salario inicial se fijó en $90.338 mientras la canasta familiar estaba en $152.515, según datos oficiales. La conclusión es simple: el salario mínimo garantizado, es una garantía de pobreza.

La burocracia pretende asegurar el normal inicio de clases en un año electoral a cambio de elevar a $130.000 el techo salarial en marzo ´23, monto que incluye los adicionales FONID y Conectividad que paga Nación y que los gobernadores contabilizan en sus propuestas salariales. Ningún docente usa ese dinero para capacitación o conectividad. Con sueldos de miseria, esos adicionales tienen un carácter alimentario.

El ámbito de la paritaria nacional docente, no sólo se instala como espacio para fijar el techo salarial. La burocracia sindical, el ministro de educación y los representantes de los gobernadores, vienen avanzando en acuerdos marco que no son otra cosa que una reforma educativa y laboral. Sólo falta que cristalicen esa ofensiva en un Convenio Colectivo, compromiso que renovaron el 17/2, que sirva de instrumento para terminar de liquidar los estatutos del docente. En esta línea cocinan el respaldo sindical al proyecto de nueva ley de Financiamiento Educativo, que no sólo fija porcentajes de inversión en educación que no cumplen, sino que avanza en establecer un marco para modificar la estructura salarial, con bonificaciones y estímulos acordes a los lineamientos de la reforma educativa que cocina el Consejo Federal de Educación y los organismos internacionales de crédito.

Este próximo 24/2 están convocados los congresales de CTERA para “legitimar” la negociación, poniendo a votación, sin respaldo de la base, la aceptación o rechazo al acuerdo. Pero son varias las provincias en las que está fresca la experiencia de lucha y desborde a la burocracia de 2022, y la exigencia de recomposición salarial se expresa en las asambleas que complican las negociaciones en Tucumán, Neuquén, San Juan, Jujuy y CABA. Las seccionales recuperadas y las agrupaciones antiburocráticas tenemos la responsabilidad de impulsar en todas las asambleas escolares y plenarios mociones de RECHAZO al techo salarial propuesto en la paritaria nacional docente y la reforma laboral y educativa que contiene, y un repudio a los congresales levantamanos. Necesitamos un congreso nacional de delegados de base con mandato, que prepare el no inicio de clases 2023 llamando a un paro educativo nacional contra el techo salarial del 60% anual, por un aumento al básico y una recomposición salarial acorde al costo de vida.

La burocracia celeste en CTERA y sus acólitos enquistados en los sindicatos en las provincias, nos cuelgan el chaleco de plomo del ajuste para intentar mantener a flote una coalición peronista hacia las elecciones. Su crisis es tan grande, que ni siquiera en los distritos gobernados por Cambiemos van a dejar que los trabajadores hagamos olas. Es el caso del SUTE en Mendoza, donde la Azul Naranja de Sedano y Correa responde al lanzamiento de campaña a gobernador del padre del ítem aula, Alfredo Cornejo, con un inicio de clases sin paros.

Ninguna variante de conciliación de clases podrá llevar adelante una lucha consecuente por nuestras demandas. Tampoco debemos depositar confianza en que los mecanismos electorales de esta democracia para ricos sienten, después de octubre, en los poderes ejecutivos provinciales o nacional, a un nuevo gestor de los negocios capitalistas que esté dispuesto a hacer algunas concesiones a los asalariados. La tarea planteada es saldar una prolongada crisis de dirección de los trabajadores, forjar una dirección con independencia de clase que asuma la tarea de recuperar los sindicatos y expulsar a la burocracia. En esta perspectiva es que insistimos a la izquierda y las agrupaciones antiburocráticas en iniciar un proceso de debate programático y lucha común, que ponga en pie una oposición sindical revolucionaria. En ese camino, podemos impulsar plenarios regionales y nacionales de delegados de base mandatados, que organice el desborde a la burocracia, hasta romper sus techos salariales y el pacto de ajuste Gobierno-FMI.

Docentes de la COR

Este 2023 comienza con una gran muestra de cómo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa profundiza su sumisión al imperialismo yanqui. En la cumbre de CELAC del 24/01 lo que se dejó ver fue el nivel de descomposición de los semi-estados que sólo pueden recostarse en el imperialismo y apoyar sus políticas guerreristas y económicas para tener algo de sobrevida. La jefa del Comando Sur, Laura Richardson, lo dijo sin eufemismos: el interés yanqui en la región son los recursos estratégicos como el litio, las tierras raras en general, el oro, el petróleo, el gas y los acuíferos, por eso cuando Lula y Alberto hablan de “unidad” lo que están buscando es como viabilizan negocios para un puñado de monopolios asociados a los yanquis y a la UE.

En Argentina este será un año electoral en medio de una crisis global signada por la desaceleración económica, profundizada por la intervención reaccionaria de los Estados frente a la pandemia y los efectos que hace más de un año viene produciendo la Guerra de Rusia con Ucrania. Los altos niveles de inflación que sufren ya no sólo los países semicoloniales, sino las principales economías, son muestras de que lo que se ve en el horizonte es un camino sin vuelta hacia la recesión. Las disputas por candidatos y las internas furibundas que recorren tanto al Frente de todos, como a Cambiemos o al Pj no-Kirchnerista de Schiaretti-Urtubey, buscan medir quien tiene la capacidad para disciplinar a los trabajadores y ser los garantes del acuerdo con el FMI. Este último reclama que quien esté al frente del semi-estado argentino sea capaz de modificar la relación capital-trabajo en favor del primero. La mayor flexibilización laboral, la modificación en la semana laboral, la devaluación continua del salario real, los despidos y suspensiones, las reformas educativas y en las jubilaciones, son solo algunas muestras de que la coalición gobernante viene haciendo los deberes, con la ayuda inestimable de las burocracias sindicales que han dejado correr el ajuste.

Por eso para los trabajadores lo que está en disputa no son discursos más democráticos vs discursos más “fachos”, o como mejorar las descompuestas instituciones de esta democracia para ricos, se trata de una pelea sin cuartel por evitar que sigan degradando nuestras condiciones de vida y preparar los prerrequisitos que permitan a la clase obrera erigirse como dirección. Desde la COR creemos que es urgente la pelea por recuperar los sindicatos de manos de las burocracias, poniendo en jaque a las patronales en el único lugar que les duele, la producción. Los conflictos que viene recorriendo el mundo, como las huelgas en Francia en contra del aumento de la edad jubilatoria, las huelgas de ferrocarriles en Inglaterra, los procesos de sindicalización en EEUU, los procesos semi-insurreccionales de Perú, o en nuestro país, el conflicto del Neumático con un sindicato recuperado a la cabeza o el conflicto de salud que aún sigue abierto, solo por mencionar los más recientes, son una muestra de que el proletariado no está dispuesto a entregar nada sin dar pelea.

Metamos la lucha de clases al aparato educativo

En la UNC la crisis se cuela por todos lados. El ajuste presupuestario exigido por el FMI fue aplicado en el presupuesto 2023, que vía inflación recorta más del 10% los fondos a las universidades nacionales.  Las reaccionarias autoridades universitarias administran la miseria. El rector Jhon Boretto sigue los pasos de su antecesor Juri: mientras mantiene la precarización laboral, los salarios de miseria, el comedor reducido a migajas, el recorte en los planes de estudios y edificios cayéndose a pedazos, anuncia con  bombos y platillos las inversiones provenientes de diversos “fondos propios” que tiene la UNC (léase la plata que ingresa por postgrados, los acuerdos con empresas privadas, etc) para su proyecto de “Campus Norte” en Juárez Celman de “innovación educativa y tecnológica”, un ejemplo entre muchos de cómo la universidad busca adecuarse a los planes que dicta el BM y el FMI para la educación, formando a la mano de obra barata y flexible que exigen las empresas.

Es esta dirección reaccionaria de la educación la que tenemos que derrotar, por eso desde la COR sostenemos que las consignas de “defensa de la educación pública” no solo confunden a los sectores combativos dispuestos a dar pelea, sino que esconden algo esencial, que la educación tiene un carácter de clases: burgués, y el régimen que la sostiene defiende los intereses de esa clase. Además, la educación no es pública porque la inmensa mayoría de trabajadores se queda fuera de la universidad. Es por esto que para meter la lucha de clases al aparato educativo debemos poner en cuestionamiento su dirección, peleando por un gobierno tripartito de los sindicatos docentes, no-docentes y las organizaciones estudiantiles para poner la universidad al servicio de la lucha de la clase obrera.

Pelear por esta perspectiva implica recuperar nuestras organizaciones de manos de las burocracias sindicales y las conducciones de nuestros centros de estudiantes y la FUC que son las garantes para que se apliquen los planes del régimen universitario. Comencemos desde ahora desarrollando asambleas en cada curso de nivelación, discutiendo los problemas que tenemos, eligiendo delegados/as para comenzar a organizarnos.

Los docentes y no docentes también sufren las consecuencias del ajuste presupuestario, debemos preparar junto a ellos un plenario de delegados docentes, no docentes, investigadores y estudiantes para deliberar sobre todos los problemas de la universidad y que nos permita definir un pliego único de reivindicaciones, donde se incluya la reapertura inmediata de las paritarias docente y no docente, el aumento del presupuesto universitario, el no pago de la deuda externa, el salario inicial igual a la canasta básica, el pase a planta permanente de los precarizados, horas de estudio bancadas por las patronales, el triple turno de cursado, el ingreso irrestricto, un boleto obrero-estudiantil, la reapertura irrestricta del comedor y demás reivindicaciones. Es sobre esta base que prepararemos un plan de lucha con nuestros métodos como el paro, la movilización, la toma de edificios, etc para imponer nuestras demandas.

¡Fuera el FMI y los yanquis de América Latina!

Mientras los gobiernos latinoamericanos se reúnen en la CELAC para arrodillarse al gobierno de Estados Unidos, Perú vive un proceso semiinsurreccional donde miles se han lanzado a las calles para exigir la destitución de Boluarte; la represión ha sido brutal cobrando la vida de más de 50 personas. El pueblo peruano sigue en pie de lucha, las huelgas no cesan y los jóvenes y estudiantes también se ponen al frente de la pelea. Se hace urgente poner en pie en cada centro de estudiante y en la FUC secretarías de relaciones internacionales para establecer relaciones de solidaridad y lucha mancomunada con las juventudes y el movimiento estudiantil que en toda América Latina y el mundo pelea contra los ataques de los capitalistas para descargar su crisis sobre nuestras espaldas, como el pueblo palestino que hoy enfrenta la ocupación sionista. Proponemos una campaña por el derrocamiento de Boluarte y sus aliados y que desarrolle las acciones de solidaridad internacional para apoyar a la clase obrera, los campesinos y jóvenes peruanos en lucha. La lucha de los trabajadores y pueblos de nuestro continente tiene un profundo contenido antiimperialista, debemos ganarnos el apoyo de la clase obrera de EEUU y Europa en esta lucha y pelear por una dirección revolucionara para expulsar al imperialismo de nuestra región.

Llamamos a las corrientes de izquierda de la UNC y los trabajadores y estudiantes combativos a debatir las tareas de la vanguardia en esta crisis, con el objetivo de poner en pie una Corriente Revolucionaria en la universidad, docente, no docente, estudiantil, con libertad de tendencias, que se proponga dar la pelea que está planteada.

El reconocimiento de la posesión de tierras por parte de comunidades mapuche en departamentos del sur provincial, realizado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en las últimas semanas, ha sido objeto de una furibunda campaña de estigmatización de parte del gobierno de Cambia Mendoza, los intendentes del sur provincial (PJ incluido), las cámaras patronales y sociedades rurales, y por supuesto los medios de comunicación que les responden y pertenecen. Emulando épicas rancias de defensa del territorio nacional y la soberanía, agitan discursos con marcada intencionalidad electoral para alimentar los prejuicios de capas de clase media y asumir la representación de especuladores inmobiliarios, grandes propietarios de tierras y empresas mineras, petroleras y agrícolas con intereses en la región. Como parte del circo de campaña electoral de precandidatos, compiten por ser quien se embandere con el legado de Roca, al punto de impulsar “una caravana de mendocinos contra la cesión de tierras a falsos mapuches” el próximo 18 de febrero.

La ofensiva de parte del gobierno y las cámaras patronales, logró sacudir los claustros académicos que, desde la cuarentena, venían profundizando una postura de hermetismo frente a la crisis económica, social y política. Ahora, vemos salir de sus cubículos a doctores y especialistas escandalizados, quienes llegan a afirmar que se está cediendo tierras a “autopercibidos mapuche que no son originarios de esta zona, sino que son indígenas chilenos que masacraron a nuestros indígenas”. Sin ruborizarse, dicen “nuestros” indígenas, y refieren a los mapuche como indígenas que serían “extranjeros” por ser originarios chilenos, y los acusan de perseguir y masacrar a los pehuenche, sin siquiera mencionar la violencia, explotación y genocidio producida consecutivamente por el conquistador europeo, y luego por la sub burguesía criolla para establecer las fronteras y afirmar los muy posteriores semi estados chileno y argentino.

La tardía conformación de los Estado nación en América Latina, no suprimió la estructura de castas y clases, ni las formas pre capitalistas pre existentes. Sino que las subsumió a las relaciones de producción capitalistas, como formaciones sociales semicoloniales en un sistema que comenzaba a descomponerse en su fase imperialista. La opresión y represión a los pueblos originarios es una característica inherente a la conformación de estos Estados, y se manifiesta desde entonces en diferentes procesos de conflicto, más o menos abiertos en toda América Latina, pero que tienen en común la lucha por la tierra, la vivienda y las condiciones de vida. La crisis económica mundial en curso y la sumisión cipaya de los gobiernos latinoamericanos a la voracidad de los capitales imperialistas disputando los recursos de la región, reavivan estos conflictos, tensionando en extremo las relaciones entre las clases y capas de la población. No hay instituto, ley o constitución que resguarde a la población indígena, campesina, obrera urbana o rural, de la explotación capitalista, de la opresión estatal y de las consecuencias de la descomposición social a la que nos arrastran.

Desde la COR Regional Mendoza repudiamos la campaña de estigmatización y persecución que los partidos patronales, las cámaras empresarias y sus intelectuales están llevando a cabo en defensa del derecho a la propiedad privada de los grandes terratenientes y las empresas mineras y petroleras y en contra de las comunidades indígenas y los trabajadores rurales. La histórica reivindicación de los pueblos indígenas sobre su derecho a la tierra y a la autodeterminación, no tendrá respuesta de parte de un gobierno que se autopercibe nacional y popular, y que utiliza sus instituciones y leyes para negociar las condiciones de entrega de los recursos y la tierra a los grandes capitales. Sólo uniendo su lucha a la lucha de la clase trabajadora, con los métodos y centralidad de la clase obrera, se podrá avanzar en superar la realidad de opresión y explotación capitalista.

Debatamos en cada lugar de trabajo, en cada facultad y lugar de estudio, y resolvamos pronunciamientos y planes de acción concretos frente a las medidas de mayor descarga de la crisis sobre la población trabajadora urbana y rural, privada del acceso a la tierra, a la vivienda y a condiciones de vida. La tierra para quien la trabaja. Ningún trabajador debajo de la línea de pobreza. Basta de criminalización a los trabajadores por luchar. Abajo la campaña de persecución a las comunidades indígenas. Por un congreso de delegados de base de cada lugar de trabajo, que resuelva un plan de lucha de la clase trabajadora a la altura de estos ataques. 

C.O.R. Regional Mendoza