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Joe Biden asumió finalmente la presidencia el miércoles 20 de enero. En medio de un pomposo show de estrellas de Hollywood y de la industria musical, que no lograron ocultar la militarización del acto protocolar con la presencia de 25 mil miembros de la guardia nacional, Biden y su vice Kamala Harris juraron en el cargo. Los desafíos de la nueva administración son enormes: luego del fracaso de los anteriores gobiernos, intentará revertir el retroceso de la hegemonía yanqui en su papel de potencia imperialista dirigente del mundo. No debemos olvidar que Biden fue parte de la administración Obama como vicepresidente, y anteriormente desde el senado apoyó el belicismo de Bush hijo y otras aventuras imperialistas de ambos partidos. La coyuntura apremia, por lo que las primeras medidas apuntan a frenar la crisis económica que aceleró la pandemia del COVID-19, intentando poner bajo un mínimo control la situación sanitaria y continuar con las políticas de estímulo. Todo esto, en medio del deterioro de las relaciones con el resto del mundo determinadas por los antagonismos económicos establecidos por la crisis y por la errática política exterior de Trump y, más novedoso, en la urgencia de encarar una crisis sin precedentes de las instituciones de la democracia imperialista que dejó el 2020 y la toma del Capitolio del 6/1.

 

Pandemia y crisis económica

La curva que miran los imperialistas no es tanto la de contagios y muertes por el COVID-19 sino la de la variación del PBI y la ocupación de mano de obra. La recuperación, luego de la abrupta caída entre febrero y abril de 2020, comenzó relativamente fuerte, pero se viene moderando hasta llegar a una cuasi meseta. El crecimiento del PBI del último trimestre de 2020 apenas supera el 1%. El país ha recuperado un poco más de la mitad de los 22 millones de empleos no agrícolas perdidos entre febrero y abril de 2020. El último número de enero arroja la creación de escasos 49.000 nuevos puestos de trabajo, y una revisión a la baja de los datos de los 3 meses anteriores. El balance de la era Trump de conjunto arroja un rojo de 2.100.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumiera a inicios de 2017 (Washington Post, 6/2/2021).

(ver gráfico 1)

Igual de alarmante es la acumulación de deuda que se viene registrando a partir de las políticas imperialistas para intentar dar una salida a la crisis de 2008, que se ha visto elevada a la enésima potencia con las políticas de estímulo implementadas por los diversos Estados imperialistas para enfrentar la pandemia y a través del mecanismo del sistema financiero privado, llevando a burbujas gemelas entre acciones y deuda oficial. La tendencia al debilitamiento del dólar, que se expresa en la suba de las llamadas commodities (mercancías genéricas utilizadas como materias primas y que se negocian a granel como metales, petróleo y granos) y de los metales-dinero (oro y plata), es otra cara tanto de esta crisis de endeudamiento como del deterioro de la hegemonía mundial del imperialismo yanqui.

Para dimensionar el problema, un estudio de Bankia de diciembre pasado indica que “de acuerdo a un reporte reciente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la deuda global del sector público y privado creció en 15 billones de dólares, hasta un total de 277 billones en 2020, máximo desde el inicio de la serie histórica. Como porcentaje del PIB, el IIF proyecta que la deuda global de un salto hasta 365% este año, desde 320% a finales del 2019 y 315% cinco años atrás.” Y continúa, “destaca EEUU, que puso en marcha un paquete de estímulo fiscal del 13% del PIB, así como la disponibilidad de múltiples ventanas de créditos a empresas por parte de la Fed. El país representó alrededor de la mitad del incremento de la deuda del grupo de los países desarrollados, con la ratio de deuda pública en torno al 125% del PIB, niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.”

(ver gráfico 2)

Entre las primeras medidas de Biden, destaca la continuidad de estas políticas de estímulo fiscal y monetario, con un nuevo paquete de U$S 1,9 billones para asistencia por el coronavirus. El paquete quedó habilitado con la aprobación del presupuesto en el senado el viernes 5/2, 1º iniciativa legislativa de la nueva legislatura que incluyó el voto de desempate de la vicepresidenta (tras las elecciones, el senado quedó conformado en un 50/50 por representantes del PD y el PR). La diferencia es que Biden pretende dar este estímulo combinándolo con una política sanitaria agresiva, que va desde el ridículo “100 días de barbijo” que lanzó como uno de sus primeros decretos presidenciales, hasta el plan masivo de vacunación, al mismo tiempo un gran guiño a la industria farmacéutica, uno de los principales lobbies imperialista.

 

Política exterior

En este terreno existe una continuidad en la línea agresiva hacia China, que los demócratas ya habían lanzado con su “pivote asiático” bajo Obama. Hay un “acuerdo de Estado” entre ambos partidos y todo el establishment imperialista en la necesidad de avanzar sobre China, las diferencias tienen que ver con el cómo. La guerra comercial basada en aranceles para negociar acuerdos de comercio exterior de Trump no ha sido evaluada positivamente por la burguesía, que apuesta a una política aún más dura que incluye una ofensiva sobre terceros países, semicoloniales, para desplazar la influencia que viene teniendo China a través de financiación y proyectos de infraestructura (nueva ruta de la seda). La política hacia América Latina mantiene su hostilidad hacia Venezuela y una política de palo y zanahoria para apuntalar las medidas restauracionistas en Cuba, mientras se busca disciplinar a toda la región a partir de una mayor influencia del FMI (Chile, Argentina, Ecuador). En cuanto a Medio Oriente, es una maraña más difícil de desanudar, pero por el momento Biden ha suspendido la política de retirada que venía implementando Trump. Esto puede apreciarse en la reevaluación de la línea hacia el enclave israelí (que fue fuertemente respaldado por Trump en los últimos 4 años), que tiende a volver apoyarse sobre las alianzas con otras facciones burguesas de la región, reflotando la política de Obama, mientras respalda, veladamente o no, las ofensivas reaccionarias de Israel sobre Siria y territorio palestino.  Del mismo modo que la política de seguridad hacia Europa basada en la OTAN. Muy relacionado a esto último está la mayor ofensiva hacia el gobierno de Rusia, al que Biden salió a presionar fuerte por el caso Navalni. Faltan muchas definiciones en relación a la política exterior en Asia, aunque el golpe de Estado en Myanmar/Birmania ha acelerado el enfrentamiento entre el bloque chino-ruso con EEUU y sus aliados en la ONU.

En términos generales, sostenemos que el multilateralismo que ensaya Biden retrocediendo en todas las medidas de Trump de ruptura con las instituciones internacionales de posguerra como la OMS, el acuerdo de París, los cuestionamientos a la OMC, carece por el momento de un eje estratégico. Es imposible volver la historia atrás, menos aun cuando los efectos de aceleración de la descomposición del imperialismo a partir de 2008 continuaron su trabajo de zapa, y lo continúan a la fecha. En cualquier caso, el avance en la asimilación de los ex Estados obreros, sobre todo China, y en menor medida Rusia, y el establecimiento de una nueva relación capital-trabajo para aumentar la tasa de explotación intentando revertir la caída de la tasa de ganancias, si bien son objetivos generales, aparecen como los objetivos no resueltos que debe encarar el imperialismo yanqui si pretenden detener su propia caída. No se trata de tareas fáciles y tiene por delante la resistencia de la lucha antiimperialista de la clase obrera y los pueblos oprimidos que vienen haciendo temblar el planeta, desde Túnez, Myanmar, Kirguistán, India y Líbano, pasando por Bielorrusia, Francia e Italia, hasta Chile y toda América Latina.

 

La caldera

La erosión de las instituciones de la democracia imperialista, espejo de los sectores burgueses y pequeñoburgueses, de las semicolonias y de los ex estados obreros, que hacen suyo el programa de la asimilación bajo el ropaje de las promesas de la democracia burguesa, es la principal preocupación para Biden y su nueva administración. Debe encarar el impeachment de Trump bajo esta óptica, lo que no es sencillo, pero más grave aún es el problema del deterioro de los poderes del Estado y la relación del aparato burocrático militar con las masas en medio de la crisis y la descomposición social prevalecientes. Por el momento, la primera medida ha sido avanzar en la agenda antiterrorista, con apoyo de los republicanos, cosa que no debe extrañarnos ya que fue Bush (h) quién iniciara esta política luego del atentado de las torres gemelas. El avance en la política represiva del Estado parece ser la salida, confirmando que las tendencias bonapartistas generadas por la dinámica inmanente del capitalismo se despliegan por sobre las personalidades de los personeros del capital. Que las primeras medidas hayan sido tomadas a través de decretos (órdenes ejecutivas), algo que llamó la atención de los más acérrimos partidarios de Biden, va en el mismo sentido. Y es que la recomposición institucional de la democracia imperialista no puede pasar por otro camino, contra las ilusiones de los llamados progresistas, la supuesta ala izquierda del PD. Como indicaba Engels en su carta a Marx del 13 de abril de 1866, “… el bonapartismo es la verdadera religión de la burguesía moderna". Y los últimos 4 años de gobierno de Trump en EEUU han servido para dejar expuesto el carácter de esa democracia imperialista manejada por una élite, que tranquilizaba a muchos porque “no iba a dejar que Trump hiciera cualquier cosa”. El bonapartismo no significa el gobierno personal, aunque puede adquirir esa forma. Tomamos aquí otra cita de Engels: “... en la monarquía bonapartista moderna, el verdadero poder gubernamental se encuentra en manos de una casta particular de oficiales y funcionarios... La autonomía de esta casta que parece mantenerse fuera, y por decirlo así, por encima de la sociedad, confiere al Estado un viso de autonomía respecto de la sociedad” (F. Engels, Contribución al problema de la vivienda). Recordemos que, en la teoría política de la ilustración que fundamenta la constitución norteamericana, el presidente cumple ese papel de monarca.

Luego de la acción contrarrevolucionaria del 6 de enero, un importante sector de la izquierda centrista a nivel internacional ha caído en el error de centrar la táctica en la necesidad de enfrentar al fascismo, al golpismo o al protofascismo encarnado en las fuerzas pro Trump: se trata de un grave error porque el máximo peligro es la forma en la cual las fuerzas de la élite política, que dirige el aparato del Estado yanqui, va a utilizar los acontecimientos para reacomodar sus estructuras en búsqueda de una ofensiva bestial contra la clase obrera y los pueblos oprimidos del planeta. Cualquier frente único antifascista o similar con sectores de la burguesía no es más que una capitulación al enemigo de clase.

El desafío de recomponer las instituciones implica asimismo encarar la polarización política y social que tiene su origen en las bases económico-sociales derrumbadas por la crisis capitalista. Para ello, el plan de estímulos de Biden incluye un aumento del salario mínimo y un bono de U$S 1.400 por persona, que aún genera debate entre el gobierno y la gran patronal, así como al interior del dividido partido demócrata (PD). Estas concesiones no se dan sólo por el impulso de los aires de una suerte de desteñido neo keynesianismo, sino que responde a una serie de luchas que viene sosteniendo la clase obrera norteamericana. Los motivos son sobrados, todos relacionados al deterioro de las condiciones de vida a partir de la crisis de 2008 y a la recesión generada por la pandemia: por condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, por salarios, por la sindicalización en empresas y sectores no organizados. También ejercieron una influencia importante las grandes movilizaciones contra la policía y el racismo luego del asesinato de George Floyd, sobre todo en ramas industriales donde prevalecen trabajadores afroamericanos y latinos.

Los últimos meses de 2020, la influencia de las direcciones reformistas/contrarrevolucionarias de los socialistas democráticos de América (DSA) y los llamados progresistas del PD llevaron a estos movimientos detrás de la campaña electoral, atribuyéndose sus principales figuras (Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar) que ejercen de ala izquierda de la bancada oficialista en la cámara de representantes del congreso (cámara baja), la victoria en los estados del medio oeste revirtiendo los resultados de 2016. En términos de lucha de clases, esto llevó a la paradoja aparente de que mientras el ala derecha del partido demócrata, con Biden a la cabeza, ganaba la presidencia y los reaccionarios partidarios del trumpismo mostraban músculo en las calles, siendo su máxima expresión la toma del capitolio del 6/1, mientras los movimientos antipoliciales y de la clase obrera se volcaban a las expectativas electorales. Esto no debe verse como una foto: a principios de 2021, las cosas han cambiado y estamos presenciando nuevas e importantes huelgas, como la de los trabajadores del mercado de frutas y hortalizas de Nueva York, que a través de una huelga de poco más de una semana lograron un aumento salarial (aunque no de U$S 1 hora como reclamaban) y frenaron la intención patronal de aumentar el descuento por la prima de salud. También se vienen desarrollados procesos de organización sindical en empresas como Amazon y la autopartista alemana Borgers en Ohio, y una importante lucha contra la vuelta a clases presenciales sin medidas adecuadas de salubridad en varios estados.

 

Problema de dirección

Es posible que los trabajadores de base que forman parte de estos conflictos puedan considerar que la salida de Trump del gobierno plantee mejores condiciones para la lucha, pero la vanguardia no debe dejarse engañar por el DSA y demás direcciones contrarrevolucionarias que ofrecen como orientación “disputar” el gobierno demócrata desde el interior, presionando por un lado por mayores concesiones de Biden, mientras por el otro defienden un frente único contra el fascismo y la extrema derecha, poniendo énfasis en la recomposición institucional bajo un prisma pretendidamente democrático. Se trata de una trampa mortal para el proletariado y los sectores de masas empobrecidas, para la juventud, las minorías y los inmigrantes en EEUU. La vanguardia de nuestra clase debe encarar la lucha por romper la tutela de esa élite política de la democracia imperialista en putrefacción sobre el proletariado yanqui, tutela ejercida a través del PD y de la burocracia sindical de la AFL-CIO. El desafío es conquistar la independencia de clase a partir de un programa obrero de salida a la crisis y de una dirección revolucionaria que enfrente al Estado y se proponga la unidad estratégica con los pueblos oprimidos del mundo tras la bandera de la lucha antiimperialista. Será un paso decisivo en la reconstrucción de la Cuarta Internacional y su sección norteamericana. Con ese norte, proponemos a las corrientes revolucionarias que a nivel mundial defienden el programa de la dictadura del proletariado que impulsemos en común una conferencia internacional por la reconstrucción de la IV Internacional, el partido mundial de la revolución socialista.

 

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

artículo publicado en TRCI-web

El 2020 fue un año para los trabajadores y estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) atípico por donde se lo mire. Pandemia de por medio, la virtualización de la educación y la actividad sindical, dejó vía libre para que la conducción del gremio docente (UEPC) con Juan Monserrat a la cabeza y el gobierno de la provincia, llevaran adelante un ataque mayúsculo a las y los docentes cordobeses con la modificación del estatuto. Claro que la oposición docente trató de poner en discusión, previo al tratamiento en la legislatura el pasado diciembre, los puntos de dicha reforma tales como la profundización de la precarización laboral, las dificultades para la titularización de cargos, el ajuste y el feroz ataque al conjunto de las y los docentes provinciales. En este contexto, las autoridades de la UPC en consonancia con el gremio de la UEPC redactan un acta acuerdo a espaldas de cientos de trabajadores para que entre en vigencia el ataque.
Mientras las autoridades daban curso al mencionado ataque algunos trabajadores de la UPC deciden organizarse bajo la cobertura gremial de la Asociación de Trabajares del Estado (ATE) quienes eligen a sus delegados normalizadores hace apenas unos meses. Resulta ser que el rectorado toma la decisión de poner fin al contrato del asesor legal de la Facultad de Artes (FAD), el abogado Juan Valfré, por incursionar en la organización sindical. Cabe destacar que desde la COR no vamos a avalar ningún despido ni persecución político gremial pero debemos aclarar lo que la CDP de ATE o bien desconoce, o se empeña en hacernos pasar gato por liebre. El caso es que la UPC viene de un proceso de “normalización” de hace 7 años y en consecuencia tiene a todos sus funcionarios designados a dedo por el ejecutivo provincial; y Valfré no es la excepción. Basta corroborarlo en la web oficial de la UPC el cual figura con dos cargos; uno como secretario general de Gestión y el otro como asesor legal de la FAD.
El Sr. Valfré en nuestra intervención política junto a compañeros independientes en la dirección del Centro de Estudiantes de la Roberto Arlt (CERA) en el período 2016-2018; asesoró legalmente a la directora del instituto y su lista de estudiantes a disputar la dirección del centro. Cabe recordar que nuestra pelea se trató siempre de defender la independencia de nuestra organización estudiantil de las autoridades de turno. Incomodaba sobremanera a las autoridades las discusiones políticas- sindicales y el apoyo activo por parte de los estudiantes a los conflictos gremiales de ese entonces tales como la lucha de la UTA, de AGR-Clarín; las negociaciones paritarias docente de UEPC; el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado desaparecido por la gendarmería nacional con la responsabilidad del estado nacional, etc. La actual agrupación dirigente del CERA es la misma que asesoró Valfré en aquel momento; permaneciendo aún fieles a sus objetivos de tener un centro a merced de las decisiones de las autoridades y lejos de los trabajadores.
La decisión actual de tener a funcionarios del riñón del régimen universitario como  trabajadores en las filas de un sindicato es un problema que deben debatir las y los afiliados de ATE y exigir la renuncia de este y todos los funcionarios que hayan buscado la cobertura gremial para salvar una situación personal que huele más a interna peronista que a las ilegalidades que denuncia el gremio. Además porque los sindicatos son de las y los trabajadores a pesar de las direcciones que circunstancialmente los dirijan; y resulta deshonesto para aquellos trabajadores de la universidad que definieron acercarse al sindicato para exponer sus problemas de condiciones laborales, de higiene y seguridad, salariales, etc.
El debate de que la persecución gremial y política que despliegan las autoridades de UPC es por la falta de democratización de los órganos de gobierno y la imposibilidad de votar a sus representantes y autoridades, es falso. Quienes aducen que estas peleas que se dieron a principios del siglo pasado como la autonomía y el gobierno universitario deben ser parte fundamental del programa para la UPC son aquellos que están mirándose en el espejo de la UNC. Esa UNC tan “democrática y autónoma” que se ha cansado de perseguir a trabajadores y estudiantes que osaron cuestionar el desfinanciamiento educativo y el congelamiento salarial y terminó con el procesamiento de 27 compañeros estudiantes en el 2018 por la toma del pabellón argentina e intentó, sin éxito, condecorar a ex funcionarios de la dictadura militar el año pasado a través del Consejo Superior. Esos son los ejemplos más recientes de la impoluta UNC, cuyo régimen de cogobierno pretendidamente democrático está permeado por todos los costados por la rosca de los partidos patronales (UCR, PJ en todas sus variantes) y los intereses de las empresas, el Banco Mundial y el FMI.
Los revolucionarios peleamos por una universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles que permita que el acceso a la educación de los trabajadores y sus hijos sea sin restricciones. Y para ello debemos recuperar nuestros sindicatos y centro de estudiantes de las manos de la burocracia sindical y de las organizaciones pro-patronales. El “proceso de normalización” de la UPC sigue su curso en base a la precarización laboral y de las condiciones edilicias y de estudio: debemos enfrentarlo impulsando un Congreso de Delegados con mandato de asamblea, docentes, co-docentes y estudiantiles, para votar un plan de lucha y sentar las bases del nuevo gobierno de trabajadores y estudiantes de la universidad.

Organizarnos y luchar, con independencia de las autoridades

Son varios los problemas que debemos enfrentar en lo inmediato: la lucha para hacer retroceder la implementación del nuevo estatuto docente y la vuelta a la presencialidad en las aulas sin las condiciones de seguridad e higiene garantizadas. La bimodalidad para el dictado de clases tiene como objetivo continuar como en el 2020 trasladando el gasto de conectividad y equipamiento a los docentes y estudiantes. Debemos rechazar y enfrentar la bimodalidad como sinónimo de la extensión de la jornada laboral docente.  Es éste un debate fundamental entre los trabajadores y estudiantes de la UPC; como nos enfrentamos a una campaña furibunda por parte de los gobiernos nacional y provincial de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales.
Pongamos en pie asambleas de docentes, co-docentes y estudiantes para la elección de representantes para la conformación de comisiones de higiene y seguridad por escuela; de este modo podremos encarar programáticamente la vuelta a la presencialidad.
Desde la COR nos ponemos a disposición de las y los trabajadores docentes y co-docentes de la UPC y repudiamos enérgicamente cualquier ataque y persecución que estén sufriendo por parte de las autoridades Krawchik -Bambozzi con la complicidad de la burocracia sindical de Juan Monserrat. Y llamamos a los activistas y estudiantes a sumarse al debate de cuales son las organizaciones que necesitamos y el programa que debemos levantar para enfrentar la política de ataque y ajuste del FMI, los gobiernos de turno para con los trabajadores y la juventud.

  • ¡Fuera los funcionarios de ATE! Por sindicatos independientes de las autoridades y el Estado.
  • ¡Basta de persecución en la UPC!
  • ¡Fin a la precarización laboral docente! ¡Por la titularización masiva de docentes!
  • ¡Reapertura de paritarias, recomposición salarial YA!
  • ¡Por Comisiones de higiene y seguridad elegidos por estudiantes y trabajadores por escuela!
  • ¡Por un Congreso de Delegados docentes, co-docentes y estudiantiles, con mandato de asamblea!

La escolaridad obligatoria en 2020 se desarrolló a distancia, con la confinación masiva de niños, jóvenes y docentes en sus hogares, mediando la relación educativa con recursos informáticos y de comunicación a cargo de las familias y trabajadores, con enorme desigualdad en el acceso y pérdida del vínculo educativo entre los sectores más empobrecidos.

 

A un año del cierre masivo de escuelas, dispuesto en casi todos los países como parte de las medidas de cuarentena, nos cruza el debate del retorno a las aulas en pandemia con una campaña furibunda de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales para doblegar la resistencia a un retorno sin condiciones de seguridad sanitaria.

 

La cuarentena, como medida estatal burguesa de control de la circulación de personas y mercancías, con el objetivo de preservar sus sistemas del colapso (en especial, su sistema de salud), se tradujo en una injerencia masiva del Estado en la producción y las relaciones sociales, entre ellas, la educación. “Urgidos por incesantes intereses y peligros sociales, los gobiernos irrumpen en el reino económico con medidas de emergencia cuyos resultados, la mayoría de las veces, ni ellos mismos pueden prever”1. El resultado de esta injerencia del Estado burgués no podía ser otro que la exacerbación de las desigualdades sociales, sus contradicciones y el aumento de la desorganización en las relaciones de producción y reproducción social. Contrariamente a las fantasías estatistas, el Estado capitalista, y menos aún un Estado semicolonial, es incapaz de introducir elementos de planificación. “En una sociedad donde prevalece la propiedad privada, es imposible que el gobierno conduzca la vida económica de acuerdo a un ´plan´”2.

 

La necesidad de mayor reapertura de la actividad económica es el verdadero motivo detrás de la ofensiva estatal y empresaria por la vuelta a la presencialidad, justamente por las implicancias en la organización de la vida de las familias asalariadas causadas por el cierre de escuelas en 2020. Las pujas interestatales por las vacunas, desnudando la voracidad del capital farmacéutico y la falacia de la cooperación internacional en el combate de la pandemia, obstruyen cualquier previsión sobre los planes de vacunación de la población de riesgo, o de los trabajadores considerados esenciales para los intereses de la clase dominante. Por ello, desde el gobierno de Fernández ya están abriendo el paraguas, señalando que la vacunación de los docentes no será prerrequisito para la presencialidad.

 

Sin embargo, la presión a la reapertura escolar de cara al 2021, se topa con la realidad de la “vieja normalidad” materializada en una infraestructura escolar absolutamente deficiente. En Argentina, soportamos la trágica muerte de dos trabajadores de la educación en la explosión de una escuela en Moreno, Pcia de Buenos Aires. Las escuelas-bomba, las escuelas-rancho, las escuelas-conteiner son las escuelas de la “vieja normalidad”. Hace décadas que las escuelas son inseguras e insalubres.

 

Al deterioro y deficiencia de la infraestructura se agregan los resultados de las políticas de los sucesivos gobiernos desde la dictadura en adelante, de achique del gasto en educación, de cierre de cursos, turnos y escuelas, que incrementó el hacinamiento en las aulas. El deterioro salarial hace imposible que un docente pueda vivir con un cargo o su equivalencia en horas cátedra, por lo que la gran mayoría de la docencia trabaja en múltiples escuelas para sobrevivir, lo cual añade gran complejidad al diseño de esquemas de burbujas/alternancia y el uso del transporte público. También fue parte de estas políticas el ataque a los regímenes jubilatorios del personal que trabaja en las escuelas, extendiendo la edad jubilatoria, lo cual, junto a las pésimas condiciones de trabajo que impactan en la salud del personal, se traduce en un alto porcentaje de población de riesgo en las escuelas.

Los protocolos que diseñan los ministerios de educación hablan de “burbujas” por aula, de distancia de 2 metros entre estudiantes, de ventilación, de lavado frecuente de manos, ingreso escalonado, alternancia, etc. Medidas delirantes e imposible de cumplir en la realidad escolar que los sucesivos gobiernos fueron responsables de crear. La fórmula mágica de los ministros de educación para parchar sus protocolos, es la bimodalidad. Por supuesto trasladando completamente el gasto en conectividad y equipos a los docentes y familias, como hicieron en 2020. La bimodalidad no es otra cosa que la intensificación y extensión de la jornada laboral docente. De imponerse como organizador del trabajo educativo, es una reforma laboral de hecho, que los docentes ya soportaron tras un año de trabajar 24x7. 

 

Las gestiones educativas son incapaces de diseñar protocolos para una “presencialidad segura” ante la profunda fragmentación de los sistemas educativos, la infraestructura, las condiciones de estudio de nuestros estudiantes y de trabajo del personal educativo que ya señalamos. Ante esta realidad de la miseria de la educación, las gestiones nacionales y provinciales se concentran en unificar criterios en el Consejo Federal y en disciplinar a los docentes con la colaboración de toda la burocracia sindical, mientras patean la responsabilidad de organizar la presencialidad al personal directivo de las escuelas. “Empoderar al directivo”, con la tarea de definir cómo abrirá su escuela, generará mayor atomización y desorganización entre los trabajadores, porque cada escuela se volverá un espacio de presiones y división interna, de aprietes y aislamiento al interior de cada unidad de trabajo. 

 

De asumir la cuarentena como programa propio, a garantes de la presencialidad

 

Las direcciones sindicales de CTERA, UDA, SADOP, etc, hicieron de la cuarentena su programa. A él se adaptaron la mayoría de las tendencias de oposición que exigían cuarentena para todos o cuarentena obrera. Con sus matices, depositaron en el Estado la tarea de combatir la pandemia. Y como vimos, el balance de esas medidas estatales ha sido brutal para la población asalariada y empobrecida. El despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, para controlar la circulación de la población, resultó en el asesinato de Facundo Castro y más de 100 personas más. El “quédate en casa” dio un Guernica, donde la respuesta del Estado fue un desalojo brutal de familias pobres. El “seguimos educando” de Trotta y Fernández, sólo desnudó y profundizó el carácter de clase de la educación, estructuralmente desigual y segregante. “Elegí salvar vidas sabiendo que vamos a pagar un costo en la economía” sentenció Alberto. Pero los números de víctimas lo desmienten. Y el costo de la crisis económica lo estamos pagando los trabajadores que cargamos con la desocupación creciente, con una crónica inflación confiscatoria del salario y con la caída brutal de nuestros ingresos, mientras el gobierno ató por décadas la generación nacional de riqueza al pago de la deuda externa con los buitres y a la negociación ahora con el FMI.

 

Los trabajadores de la educación necesitamos hacer nuestro balance de la cuarentena, de la posición asumida por las conducciones que delegaron en el Estado el combate de la pandemia. Porque así podremos encarar programáticamente cómo intervenimos en la discusión de la vuelta a la presencialidad, sabiendo que sólo con nuestros métodos y con independencia de clase podremos dar una respuesta a esta crisis, en resguardo de nuestras vidas y las de nuestros estudiantes. Necesitamos darnos condiciones para tener asambleas presenciales, por unidad de trabajo, preparando plenarios provinciales de delegados de base con mandato que deliberen y resuelvan un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones que necesitamos para reabrir las escuelas.

 

Saquemos lecciones de la experiencia internacional de nuestra clase, de la recuperación de los métodos obreros, como la huelga, para imponer cierres ante la ausencia de condiciones seguras, como en Italia o en EEUU. Pongamos en pie instancias de discusión con las organizaciones estudiantiles, interpelando a los estudiantes a elegir representantes estudiantiles para formar comités de higiene y seguridad conjuntos por escuela, con delegados específicos para esa tarea que designemos los trabajadores de la educación. Debemos instituir estas instancias ya, como fortalecimiento de la organización sindical en cada lugar de trabajo, reforzando el accionar de delegados mandatados de cada escuela de cara a preparar un no inicio de clases nacional.

 

Necesitamos obligar al gobierno de Fernández y a cada gobernador a reabrir paritarias salariales y de condiciones de trabajo. No puede haber retorno a las aulas sin recomposición salarial de todo lo perdido en el período anterior. No podemos aceptar volver a las aulas, sin un plan serio de vacunación ni inversión en implementos sanitarios. Llevemos a las mesas paritarias nacional y provinciales, nuestro pliego de reivindicaciones exigiendo la reapertura de los cursos y turnos cerrados, la reincorporación de todos los trabajadores dados de baja, e indicando las reparaciones y la cantidad de escuelas, distrito por distrito, que hacen falta. Exijamos la creación de cargos y horas para la atención de grupos reducidos, y la titularización masiva de todos los trabajadores: basta de precarización, ingreso único al sistema educativo. No podemos aceptar volver al aula, en base a la extorsión del descuento y el ítem aula.

 

No podemos aceptar que los garantes del ajuste, los que actúan como ministros de educación ad hoc, sean quienes nos representen en la mesa de negociación. Son los que vociferan contra la campaña de la oposición patronal, pero de un lado y otro de la General Paz garantizan los planes del gobierno a espaldas de los trabajadores. Elijamos y mandatemos en plenario, a nuestros delegados paritarios, nacionales y provinciales.

 

Las seccionales y sindicatos recuperados pueden jugar un rol central en forjar una nueva dirección de los trabajadores de la educación. Para ello, es imprescindible que rompan los acuerdos con las corrientes de colaboración de clases con las que pusieron en pie las multicolores. Necesitamos reagrupar al activismo a nivel nacional en una oposición sindical a la Celeste y sus colaboradores, que sea capaz de orientar su accionar con un programa de independencia de clase. La crisis de dirección de los estatales es brutal. La descomposición de nuestras organizaciones sindicales por la sujeción a la regulación estatal y por la política conciliadora de la burocracia, nos interpela a recuperar los sindicatos, superando los límites que tuvo la experiencia anterior de frentes anti celestes. Necesitamos una oposición sindical revolucionaria, que dispute la dirección del conflicto, poniéndose a la cabeza de la preparación del NO INICIO EDUCATIVO NACIONAL, organizando desde las bases un plan de lucha que nos devuelva la iniciativa a los trabajadores.



1 Trotsky, L. El nacionalismo y la economía, 1933.
2  Trotsky, L. Sobre el segundo plan sexenal en México, 1939.

Sábado, 23 Enero 2021 18:59

Tarifazo en Mendoza

El 2021 empezó con malas noticias para los ya muy vapuleados bolsillos de la población trabajadora y empobrecida de Mendoza.

Una brutal descarga de aumentos en diferentes servicios fue anunciada por el Gobierno de Suárez: el primero se efectivizó con la autorización de una suba en las tarifas de electricidad, cercana al 30% en las diferentes categorías. Acto seguido, a través de otro decreto, se impuso un tarifazo del 38% al costo del boleto del transporte público, llevando su precio de $18 a $25 en el caso de la tarifa mínima. Y llegando el valor en algunos recorridos diferenciales hasta los $55. Este aumento del boleto comenzó a regir este 21/1.

Para completar este cuadro de subas, días después se hizo público un aumento en los servicios de agua potable y cloacas. El mismo será de forma escalonada y llegará a ser del 100 %: 60% de forma inmediata, subirá 20% dentro de dos meses, y en cuatro meses otro 20%.

A todo esto, se suma el anuncio nacional de las petroleras YPF, Shell y Axion de un aumento del 3,5% promedio del precio de sus combustibles. Así, los valores de las naftas promedian más del 25% de suba desde agosto hasta la fecha. De más está decir que cada aumento en los combustibles se traslada directamente a la cadena de valor y movimiento de las mercaderías, lo que impacta en una suba generalizada del precio de los alimentos.

Los últimos datos oficiales reconocen que el valor de la Canasta Básica Total en Mendoza llegó a $48646 en diciembre de 2020 (un año atrás, el valor era de $33262), acumulando un aumento de 46,2%. Si tenemos en cuenta que este brutal ataque a los pauperizados salarios de los trabajadores (y que, en el caso de los estatales, el Gobierno impuso el cierre de la paritaria 2020 con 0% de aumento) se da en el marco de un 44% de pobreza y con los números de la desocupación en alza. Este tarifazo brutal sólo empeorará la carestía y las condiciones de vida del conjunto de la población trabajadora.

Ante este escenario, algunas corrientes de izquierda plantean como salida la estatización, "bajo control de los trabajadores" de las empresas de servicios. Dicho planteo queda trunco al no cuestionar el carácter de clase del Estado burgués, ya que cualquier "estatización" y/o "nacionalización" que no cuestione y enfrente a la burguesía en el seno de su poder, la economía capitalista, no pasaría de ser (en el mejor de los casos) una serie de reformas a la ya putrefacta organización de la matriz productiva capitalista.

Desde la COR sostenemos que la lucha contra los tarifazos y el aumento en la carestía de vida, no puede estar escindida de la lucha por enfrentar al Estado, y por disputar a la burguesía el control de los grandes medios de producción y de servicios en el corazón del poder capitalista, la economía. Es central plantear la reapertura inmediata de paritarias para la recomposición salarial acorde al aumento del costo de vida. Como señalamos en el acto que coronó la primera movilización contra el tarifazo en Mendoza, el pasado 12/1, no ha quedado sector de la población asalariada sin golpear bajo la política de ajuste de Suárez y Alberto, a tono con el sostenimiento de las ganancias patronales y la priorización del pago de la deuda externa con los buitres y la negociación con el FMI. Esto genera, objetivamente, las condiciones para un paro general que unifique a toda la clase obrera y los sectores empobrecidos en una acción conjunta. Un primer obstáculo a vencer es la tregua de las direcciones de las centrales obreras. La profunda crisis de dirección en el SUTE, único sindicato que vivió un proceso de recuperación por parte de un frente multicolor donde la izquierda del FIT tiene responsabilidad en su conducción, así como el quiebre del Frente de Unidad Estatal con el alineamiento de la conducción de ATE a la política de ajuste salarial de Suárez, complejizan aún más la situación.

Apostamos a que sectores de la vanguardia obrera tomen en sus manos esta perspectiva, para que no sean los trabajadores quienes paguen con su trabajo los costos de los negocios y la especulación capitalistas, y se pueda imponer un Plan Obrero de salida a la crisis. Instamos a reagrupar al activismo y los delegados antiburocráticos, para desplegar una fuerte campaña militante por un congreso de delegados de base mandatados de la industria, los servicios y estatales, que prepare un plan de lucha unificado y abra un debate con los trabajadores de las ramas del transporte y los servicios públicos sobre la necesidad de avanzar en medidas de control obrero. Necesitamos poner en pie una instancia de los trabajadores, de deliberación y resolución, que organice un PARO PROVINCIAL como tarea inmediata.

COR Regional Mendoza

Declaración de la TRCI

 

La democracia imperialista, una envoltura rajada

 

El asalto al Capitolio de Washington, sede el Congreso de EEUU, el miércoles 6 de enero, sacudió en lo más profundo a la elite que dirige el país capitalista más poderoso del planeta. La corrosión institucional que lleva varias décadas, pero que se aceleró a partir de la crisis de 2008, da un nuevo salto.

Los hechos del 6 de enero fueron una acción contrarrevolucionaria, llevada a cabo por grupos paraestatales pero alentadas por la cabeza del propio estado imperialista, Trump, y con la complicidad de la policía y otras fuerzas regulares de represión. Una farsa de la “marcha sobre Roma”, que no se proponía tomar el poder en una suerte de autogolpe, sino llevar a cabo una demostración de fuerzas para marcar el terreno al establishment que dirige la democracia imperialista, empezando por la elite del propio Partido Republicano que acababa de romper con Trump al negarse a rechazar la certificación de Biden como presidente electo por mandato del colegio electoral. Es claro que, luego de perder la segunda vuelta para elegir los 2 senadores del estado de Georgia y por lo tanto el control de ambas cámaras legislativas, la acción del movimiento trumpista del miércoles 6 ha demolido lo que quedaba del PR, uno de los 2 pilares de la democracia imperialista. Ya habíamos comentado en nuestro balance de las elecciones presidenciales que la alta participación electoral dejaba en crisis también al Partido Demócrata, ya que la democracia yanqui está diseñada como un sistema de elites: la toma del Capitolio fue una acción directa, armas en mano, contra esta elite. Y fue impulsada desde el movimiento que llevó a Trump al poder en 2016, con base en sectores pequeñoburgueses y de desclasados y cuyo antecedente fue el Tea Party. Un movimiento claramente reaccionario, que se alimenta en el fracaso del imperialismo en dar una salida a las masas frente a la profundidad de su crisis histórica, que se aceleró en 2008 y se profundizó aún más en 2020 con la pandemia del COVID-19 y la entrada en una nueva recesión.

Pero no debemos olvidar que el año pasado también entró en escena un movimiento de signo opuesto, que puso en cuestionamiento lo que nuevamente vimos el miércoles: el rol de las fuerzas de represión, en particular de la policía, como pilares del Estado imperialista. Aunque sin llegar a derrotar a estas fuerzas, cosa muy difícil sin una intervención decidida del proletariado industrial, la relación de las masas con las fuerzas represivas y de los sectores de clase con el estado, cubiertas por el tenue velo de la democracia imperialista, han quedado completamente expuestas. Las bandas trumpistas rompieron un poco más ese envoltorio de la dictadura del capital que es la democracia burguesa. Y ahora, el problema de la dirección imperialista en crisis es cómo solucionar esa cuestión, más allá de las medidas disciplinadoras que pretenderán imponer demócratas y republicanos para intentar recomponer esta idea de democracia que sirvió, no hay que olvidarlo, como la ideología por excelencia para sostener el rol dominante del imperialismo yanqui en el mundo, justificando todo tipo de intervenciones en América Latina y últimamente las invasiones de Irak, Afganistán, Libia y Siria o el impulso dado a las ofensivas reaccionarias de Israel.

Las tareas que tiene planteadas Biden son arduas, y podemos hacer varias hipótesis de cómo puede desarrollarse la interna en ambos partidos imperialistas y el propio movimiento trumpista. Pero sin duda lo más granado del empresariado yanqui que, a través de sus cámaras patronales por ahora, son el único elemento que ha logrado disciplinar a Trump dentro de un muy limitado orden institucional, son quienes imponen la agenda. Su objetivo es redefinir la relación capital-trabajo profundizando la descarga de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, incluyendo la debacle sanitaria en la que está inmerso el país y las llamadas “concesiones” (entiéndase de los sindicatos a las empresas) para recuperar la tasa de ganancia a costa de las condiciones laborales y el salario obrero. Y una línea mucho más intervencionista en la política exterior, ambos elementos poniendo en el centro la relación con las fuerzas armadas y auxiliares que indicábamos más arriba.

Debemos seguir el pulso de estos desarrollos, pero sin duda es muy importante tener en claro que caracterizar de golpe o autogolpe la acción del miércoles, o livianamente de fascismo sin más a los elementos contrarrevolucionarios que conforman el trumpismo, lleva en su seno el error fundamental de, tras un programa de defensa de la democracia, mantener al proletariado y a los sectores de masas que se expresaron en las calles contra el asesinato de Floyd y otros afroamericanos, atados a la dirección imperialista del PD. Allí cumplen un rol nefasto los Bernie Sanders y los DSA. Por el contrario, el carácter democrático de la lucha planteada es su contenido antiimperialista, lucha que debemos sostener en las semicolonias cuyos presidentes han salido prestos a apoyar a su nuevo amo Biden, salvo el caso grotesco de Bolsonaro, no por paladines de la democracia sino por obsecuencia cipaya.

Los revolucionarios debemos luchar porque en EEUU el proletariado recupere sus sindicatos de manos de la dirección contrarrevolucionaria de los Trumka y demás burócratas. La tarea es enfrentar a su propio Estado imperialista, apoyando la lucha de liberación nacional de los trabajadores y pueblos semicoloniales en todo el mundo. Luchando también contra las consecuencias de las malas condiciones de salubridad en los lugares de trabajo en medio de la pandemia, contra los despidos, el desempleo y los recortes de salario y conquistas a partir de un programa de transición y, retomando las mejores tradiciones de la clase obrera norteamericana: las tomas de fábrica, los piquetes de autodefensa y la huelga. No se tratará de luchas meramente económicas, ya que la dinámica planteada por la situación hace necesario que, desde el minuto uno, se plantee el problema del armamento, de cómo desarmar al enemigo y del enfrentamiento al Estado burgués. Desde la TRCI luchamos denodadamente por aportar a construir un Partido Obrero Revolucionario en EEUU, que será una de las secciones pilares de la cuarta internacional reconstruida. Insistimos en la urgencia de organizar una Conferencia Internacional por la reconstrucción de la IV internacional, donde las corrientes que defendemos el programa de la dictadura del proletariado pongamos en marcha la gigantesca tarea de comenzar a saldar la crisis de dirección revolucionaria de nuestra clase.

 

COR Chile – LOI Brasil – COR Argentina

 

 

Publicado en http://www.trci-web.org/es/trci/item/301-declaraci%C3%B3n-de-la-trci.html

El 22 de diciembre la CONADUH recibió una comunicación telefónica de Jaime Perczyk , informando la “propuesta” salarial del gobierno: 2% en enero de 2021 a cobrar en febrero, 4%  en febrero a cobrar en marzo y 4%  en marzo a cobrar en abril. También un bono por dedicación $1000 para los simples, $2000 para los semi exclusivos y $ 4000 para los exclusivos.

Esta propuesta, además de una suma irrisoria, liquida la instancia paritaria, al no ser hecha por escrito y en las instancias formales de la misma. Además, nuestra paritaria es de marzo a febrero 2020, por tanto, el incremento propuesto para marzo se corresponde con la paritaria 2021.

Frente a esto, algunas gremiales como AGD-UBA lograron hacer asambleas virtuales a pesar del poco tiempo y siendo una fecha complicada.

En todas se votó el rechazo por unanimidad. Finalmente, CONADUH votó el rechazo y planteó un aumento del 20% en diciembre y un bono igual para todos los docentes independientemente de la dedicación, una contrapropuesta bastante por debajo de las verdaderas necesidades de los docentes.

CONADU y las otras federaciones serviles al gobierno ya tenían la lapicera lista y no tardaron en firmar. Ante esto un sector de delegados y afiliados a CONADU hicieron circular un petitorio en contra de la firma de la paritaria por parte de esta federación por haberse realizado de forma inconsulta. Al día siguiente, la burocracia de FATUN firmó un acuerdo casi calcado para los no docentes, el otro sector de los trabajadores de las Universidades Nacionales; solo difiere en el alcance y monto de los bonitos.

Pero CONADUH tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Durante todo el año pasado, donde los docentes fuimos precarizados y flexibilizados con las clases virtuales, y ninguneados por el gobierno al negarse a aplicar la cláusula gatillo definida en la paritaria pasada, prácticamente no quisieron llevar adelante ninguna medida de lucha, salvo algunos paros virtuales por insistencia de las gremiales y jornadas de lucha que consistían básicamente en twitazos.

Con la excusa de que no había que movilizar por la pandemia, en realidad la causa del inmovilismo de CONADUH es una conducción que está compuesta por corrientes conciliadoras con el gobierno, el PCR y kircheristas ligados a la CTA, que sostuvieron que no había que hacer nada “para darle tiempo a Alberto”. Y si, Alberto tuvo tiempo para ajustarnos y precarizarnos para pagarle al FMI.

En la mayoría de las universidades nacionales que estuvieron cerradas todo este tiempo, no se puso un peso para mejorar las condiciones edilicias y de seguridad e higiene y sólo se sentaron a escribir protocolos irrealizables. Pongamos en pié comisiones de higiene y seguridad conformadas por trabajadores de cada facultad elegidos en asamblea para garantizar las condiciones de salubridad laboral e impongamos a las autoridades partidas presupuestarias específicas para las obras en infraestructura necesarias.

Es importante prepararnos para el no-inicio de clases, donde los docentes logremos una medida contundente para activar nuestros reclamos. Junto con esto, impulsemos un congreso nacional de delegados de base presencial de toda la docencia universitaria, con mandatos y elegidos en asambleas por Facultad o Universidad, instancia en la que también puedan asistir compañeros de otras federaciones, para deliberar acciones, medidas de lucha y un programa para pelear por nuestras exigencias.

  • Salario igual a la canasta familiar para el cargo testigo
  • Cargos rentados para todos los ad honorem
  • Mejoramiento ya de las instalaciones. Comisiones de higiene y seguridad en cada facultad, con representantes elegidos en asamblea
  • Aumento de presupuesto educativo
  • Basta de flexibilización y precarización laboral con la virtualidad. Reconocimiento de gastos por trabajo remoto con montos reales que vayan al básico

Docentes Universitarios de la COR

Domingo, 03 Enero 2021 23:39

Un calendario incierto

Alberto y Dylan dieron el saludo de fin de año prometiendo que el 2021 será un año de grandes oportunidades, un futuro promisorio y se avanzará en la reconstrucción de la Argentina, con un discurso que a nadie convenció mucho, ni siquiera a ellos mismos, en medio de un escenario económico ruinoso y un 2021 electoral de resultados inciertos. Macri, fiel a su estilo, habló de “un río de cambio” tratando de apelar confusamente a la mecánica de fluidos para dar a entender a sus seguidores que, gracias a los fallos del albertismo y la presencia inefable de la odiosa Cristina, todavía los globos amarillos están en carrera.

Sin embargo, Alberto brinda con esperanza. En los últimos días del año el gobierno hizo votar la Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, logró comenzar un plan de vacunación tratando de anticipar una segunda ola de Covid-19. Podría decirse que termina el año recuperando la agenda política, después de un largo período signado por errores en el plano económico y en el control de la pandemia.

A simple vista pareciera que se encuentra en mejores condiciones para encarar la negociación con el FMI, y se suma un poroto al lograr un acuerdo con la oposición para imponer la Ley de movilidad Jubilatoria. No obstante, la falta de rumbo económico y la posibilidad desastrosa de un rebrote de covid, complica la negociación por la inestabilidad del escenario futuro.

Además, en el medio de la supuesta paz que había logrado concertar con la burocracia sindical, con acuerdos paritarios miserables sin lucha, e impidiendo el ya casi tradicional diciembre de acciones obreras, se logró colar la enorme huelga de los aceiteros, que logró arrancarle un aumento salarial a las grandes patronales con métodos de la clase obrera como paros y piquetes duros durante 22 días. Incuso lograron que se sumen a la lucha otros gremios de la rama, potenciando aún más la medida. Si bien la negociación tuvo varios límites como la resignación del pago de los días caídos, la huelga aceitera prepara las condiciones de lucha en un año que va estar signado por el ajuste, alta inflación y en donde los trabajadores deberemos recuperar lo perdido en la pandemia.

Por otro lado, el albertismo logró votar en senadores la IVE, sin el escenario preocupante de un empate. Esta ley fue festejada con mucha alegría por parte de los movimientos verdes y la izquierda diluida en ellos. Los miembros del FIT– algunos con más reservas que otros- proclamaron la votación como una gran “conquista del movimiento de mujeres” y se unieron al festejo.

Como somos marxistas y no simples comentaristas de emociones, debemos aproximar esta situación a nuestras categorías, aunque esto genere pocas simpatías en los movimientos feministas.

Tal y como ha sido votado el proyecto de Ley, queda claro que más que una conquista, se trata de una “concesión” a un sector de masas. No se trata de un juego de palabras, sino de la necesidad de subrayar que la votación del proyecto de Ley, cuya última versión evidencia un cierto acuerdo entre sectores burgueses y la iglesia, no es producto de un movimiento extra- parlamentario de trabajadores y sectores de masas que hayan logrado imponer “su” proyecto de Ley- es decir-plasmado en los “términos” de los intereses de la clase y con los métodos obreros, sino que se trata de una ley consensuada entre los partidos burgueses, conciliadora con las iglesias, y hecha a la medida de los empresarios, no sólo para un mayor control estatal de la natalidad, sino para mejorar el terreno para grandes negocios de las clínicas privadas y prepagas.  La incorporación de la objeción de conciencia, los 1000 días y la eliminación de la integralidad en la salud no son “aspectos negativos” sino la esencia misma de la Ley. Además, hay que ver qué queda realmente de la misma luego de las posibles modificaciones que sufra con la reglamentación.  Sólo plantear que “se consiguió con la lucha” sin denunciar el carácter reaccionario del Senado, donde se terminó de plasmar este acuerdo inter-burgués, no sirve para que esta nueva generación que tomó como bandera el aborto, pueda sacar lecciones de sus experiencias y avanzar.

La IVE es parte de una concesión demagógica, entendida dentro del concepto de bonapartismo sui generis, donde se dan ciertas concesiones a las masas para mejor negociar con el imperialismo. La síntesis de ello se dio ese mismo día, votándose en diputados el saqueo a los jubilados, solicitado por el FMI.  

Si bien la IVE constituye un avance ya que en términos generales se elimina la clandestinidad desde el punto de vista “legal” (aunque no social, ya que la doble opresión de la mujer trabajadora se basa en las relaciones de producción y no se elimina mediante legislaciones parciales) muy lejos está de garantizar que el aborto sea realmente “libre”. Por eso es muy importante que los trabajadores de la Salud intervengan es este problema, y que los sindicatos se posicionen en contra de la objeción de conciencia o cualquier injerencia del Estado.

La votación también le ha generado un conflicto interno a la coalición gobernante, y quizás en donde más se evidencie sea en el conurbano bonaerense. Ante la ofensiva de Máximo por dirigir el PJ provincial, los intendentes díscolos están buscando alianzas con la iglesia católica e inclusive los curas villeros para armar un bloque más PJ clásico y no del tinte “progre”. Se va a establecer una nueva relación con la Iglesia en un año electoral, que se verá cómo se expresa en las urnas.

Este 2021 implica un gran desafío para el movimiento obrero. El primero de todos, es recuperar lo perdido durante la pandemia, y sacar a los burócratas de sus sillones, para que sea un año de luchas obreras y no de elecciones en paz y ordenadas como las patronales y sus partidos pretenden. El segundo, pero no menos importante, es impedir que un posible rebrote se traduzca en un nuevo ataque a las masas, como ya ocurrió con la cuarentena de Alberto, que sólo sirvió para cerrar los sindicatos y para que la patronales impongan la flexibilización laboral en nombre de protocolos ridículos.

Desde la COR pondremos todas nuestras fuerzas en ese sentido y someteremos nuestro programa a la prueba de estas experiencias.  

El 16 de diciembre cerró la revisión de la paritaria general de la administración pública nacional por el período Julio 2020/Junio 2021, que además se replica o marca la pauta para los convenios sectoriales de los organismos descentralizados. Luego del 7% que UPCN firmó en octubre, esta vez ambas burocracias acordaron una nueva pauta de 18% en 3 cómodas cuotas: 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo. A esto se suman la continuidad del bono de $4.000 otorgado a principios de año para salarios brutos inferiores a $60.000, un bonito de fin de año de $4.000 y el acuerdo de un “plan de regularización del empleo” para el pase a planta vía concursos (concursos 2.0) a lo largo del período 2021-2023, para supuestamente 29 o 30 mil trabajadores contratados, aunque el gobierno aclaró a los paritarios que sería 7.500 por año.
Estamos hablando de un aumento anual total de 25% en 4 cuotas no acumulativas, de las cuales 3 se otorgarán después de febrero, y contra una inflación acumulada interanual hasta noviembre de 35,8% según ATE-INDEC. La pauta es un recorte del salario real de más del 10%, lejos del “empate” que pretende vender la verde de ATE. Mientras, el gobierno miente diciendo que el 18% significa un aumento real para la 1º mitad de 2021, porque no cuenta todo lo que perdimos durante la cuarentena, menos lo perdido durante el macrismo y mucho menos la verdadera inflación 2021 que viene con tarifazos de todos los colores.
Con este acuerdo paritario, las burocracias sindicales de UPCN y ATE están avalando la política de ajuste que el gobierno impulsa en su negociación con el FMI, reflejada entre otras políticas en el presupuesto 2021 y la nueva reforma jubilatoria. La “convergencia fiscal” reclamada por los empresarios y el FMI se logra recortando los salarios para hacernos pagar la crisis y la pandemia a los trabajadores.
Desde 2006 que ATE no firmaba una paritaria y la explicación de “Cachorro” Godoy es simple: es necesario mantener el apoyo al Frente de Todos, esas son sus consideraciones políticas. Supuestamente, estaríamos ante la reversión de 4 años de ajuste… es una forma de intentar cubrir por izquierda lo que en realidad es la continuidad del mismo. El argumento de que hay que tener en cuenta el contexto de crisis internacional y pandemia, también agitado por la Verde y Blanca de Catalano (ATE Capital), es la contracara del apoyo que dieron UPCN y ATE a la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto y Cristina, con sus rescates y subsidios a las patronales vía ATP, y sobre todo dejando pasar, junto con ATSA que encabeza el secretario general de la CGT Daer, el mantenimiento de condiciones laborales deplorables (salarios de miseria, pluriempleo, falta de EPPs, etc.) de los trabajadores de la salud a lo largo y ancho del país, por no hablar de la aplicación de la cuarentena y los protocolos para reprimir las luchas por salarios, condiciones de trabajo y contra despidos y suspensiones de los compañeros de UTA, Alimentación, UOM, frigoríficos, municipales, etc., a lo largo de todo 2020.
La zanahoria del acuerdo, no cabe duda, es el plan de regularización y la plataforma Concursar 2.0 del gobierno, que la verde y Andrés Rodríguez ponen en primer plano para acallar las críticas a la entrega salarial. Junto con la integración política al acuerdo con el FMI, este alineamiento con el gobierno pone de manifiesto el profundo nivel de estatización de los sindicatos de trabajadores estatales, detrás de banderas del tipo “ganar espacios” para la transformación del Estado. Y es que los tan relegados y necesarios pases a planta de los más de 60.000 compañeros contratados en el Estado Nacional van a ser puestos en un plan de concursos manejado por el propio gobierno, donde las burocracias sindicales tendrán participación, no sólo impidiendo el pase directo a partir del simple control de los propios trabajadores del sector del desempeño efectivo de tareas por más de 6 meses, sino permitiendo el intercambio de favores y las “listas” negociadas entre funcionarios y conducciones burocráticas. De esto se trata el “ganar espacios”. Si los concursos son parte de la formación de una burocracia estatal a partir de una jerarquía del saber que es la contracara de la igualación puramente formal de los “ciudadanos” en la democracia burguesa, estos concursos agregan en la descomposición de la burocracia una “jerarquía de la transa”, fuente de las prebendas con las que negocian y de las que viven las burocracias sindicales. De paso, la conducción de UPCN sigue corriendo con el “centauro” del comisario ya que tendría garantizada una nueva compulsa en mayoría a partir de aumentar el numero de “espacios” que responden a Rodríguez.

Rechacemos el acuerdo

Los estatales nacionales debemos impulsar asambleas en todos los lugares de trabajo, como las que se vienen impulsando en el INTA, en el Garrahan, en CONICET y tantas otras reparticiones, para rechazar este acuerdo de ajuste, parte del protocolo FMI. La bronca recorre los lugares de trabajo, no podemos cerrar 2020 dejando pasar todo lo que perdimos durante la cuarentena, debemos sentar las bases de la lucha por recuperarlo. Impulsemos un plenario nacional de delegados, que vote un plan de lucha para reabrir la paritaria y delegados paritarios elegidos por la base, ¡que los burócratas no negocien más por nosotros! Ante el visto bueno a la política del Estado frente a la pandemia de la burocracia sindical, tenemos que hacer nuestro propio balance: desde el punto de vista de los trabajadores fue un desastre, nosotros sufrimos el recorte salarial y pusimos los muertos en los lugares de trabajo, empezando por los hospitales. Votemos comisiones de seguridad e higiene para garantizar las medidas de protección necesarias para enfrentar la llamada “segunda ola”. Por el pase a planta directo de todos los precarizados, a partir del simple control de los compañeros de sector del cumplimiento efectivo de tareas, y el fin de las tercerizaciones en el Estado; reincorporación de todos los despedidos. Por un aumento que recupere lo perdido durante el macrismo y la cuarentena, salario inicial igual a la canasta básica calculada por ATE INDEC de $74.000, todos los bonos y sumas en negro al básico, no al presentismo y demás adicionales por productividad.
Debemos recuperar los sindicatos de los trabajadores estatales para ponerlos en función de la lucha. Por la independencia de los sindicatos del Estado. Abajo la ley de asociaciones profesionales y todas las reglamentaciones y acuerdos de la burocracia que nos atan a nuestros enemigos de clase.
Proponemos a las corrientes de oposición dentro de ATE decididas a enfrentar el pacto del gobierno, el FMI, la burocracia sindical y los empresarios, impulsar en conjunto un plenario nacional presencial de delegados de la oposición, con mandatos de base, para discutir como poner en pie una dirección alternativa que nos permita desarrollar la lucha, tirar abajo a Cachorro Godoy y el Tano Catalano, y echar a patas a todos los traidores de nuestro sindicato.

El próximo 15 de diciembre el Consejo Superior de la UNC deberá votar el nombramiento como “Profesores Eméritos” de los abogados y docentes José Palazzo y Edmundo Barbará, dos ex funcionarios de la dictadura militar del ‘76. El pedido de reconocimiento viene de la Facultad de Derecho, luego de que su consejo directivo votara por unanimidad y a propuesta del decano Buteler condecorar a estos dos nefastos personajes.

José Palazzo fue jefe de personal en EPEC hasta junio de 1979, donde se convirtió en subsecretario de Estado de la provincia. El propio Menéndez usó estas palabras para definirlo: “ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa de Energía de Córdoba. Allí en Epec desactivó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco” . Por su parte, Jorge Edmundo Barbará, ocupó los cargos de Subsecretario de Gobierno y de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba durante la administración de Rubén Juan Pellanda, interventor en la provincia desde 1981. Barbará también figura como firmante, junto con el propio Buteler, de la solicitada pro dictadura de 1978: "Carta abierta al embajador norteamericano Raúl Castro".

Esta solicitud de nombramiento ha generado revuelo en la UNC, los decanos más ligados a los K ya se han pronunciado en contra y posiblemente no le alcancen los votos al sector más rancio para hacer efectiva la distinción a estas lacras. Pero el solo hecho de que llegue al Consejo Superior la petición y que vaya a votación muestra claramente el carácter descompuesto de las Autoridades Universitarias en todos sus niveles. Podrán votar en contra para intentar cubrir su flanco democrático, pero no nos olvidamos que son estas mismas autoridades las que llevaron a 27 compañeros a estar procesados por las tomas de edificios en la lucha del 2018, son estas autoridades las que mantiene a la policía en la UNC y es el propio Buteler el que ordenó el desalojo con la policía de compañeros reunidos en asamblea en la Facultad de Derecho en el 2018.

Debemos rechazar enérgicamente cualquier avance en festejar a los colaboradores de la última dictadura, como así también exigir su inmediato apartamiento de los cargos que ocupan. Pero esta pelea solo se puede dar en un enfrentamiento mayor a quienes dirigen hoy la UNC. Tanto oficialismo como oposición vienen demostrando que usará todos los recursos para que en educación se cumplan los protocolos… del FMI.

El ajuste que reclama el organismo y el gobierno de Alberto se viene poniendo en práctica sin demoras, tanto Docentes como No Docentes han tenido una paritaria a la baja con un 7% de aumento en un año donde la inflación anual se estima en 36%, sin contar que con la cuarentena impuesta como forma de control estatal, han logrado hacer pasar más ataques como son, el deterioro en las condiciones laborales sin garantizar los recursos para la virtualidad, aumentar la elitización de la educación empujando a la deserción a muchos compañeros y una larga lista de etc.  Condiciones que la vuelta a la presencialidad en el 2021 promete agravar.

Por eso no se trata solo de enfrentar los rasgos antidemocráticos y nefastos de las autoridades debemos enfrentar el carácter de clase que representan que es burgués.  Debemos pelear por una Universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, sobre la destrucción de los consejos reaccionarios, para ponerla al servicio de la lucha de la clase obrera. Sabemos que las conducciones hoy al frente de nuestras organizaciones no han movido un dedo, esto sólo demuestra que esas conducciones por acción u omisión son cómplices de la política de las autoridades, si no están a la altura del ataque deben ser barridas de la dirección. ¡Recuperemos nuestras organizaciones para la lucha! Llamamos a las corrientes de izquierda de la UNC y los trabajadores y estudiantes combativos a debatir las tareas de la vanguardia en esta crisis, con el objetivo de poner en pie una Corriente Revolucionaria en la universidad, docente, no docente, estudiantil, con libertad de tendencias, que se proponga este objetivo.

  • Rechazamos la condecoración a los funcionarios de la dictadura José Palazzo y Edmundo Barbará, y exigimos el inmediato apartamiento de sus cargos.
  • Desprocesamiento inmediato de los 27 estudiantes de la UNC.
  • Fuera la policía de la UNC.
  • Reapertura inmediata de las paritarias docentes y no docentes.
  • Aumento de Presupuesto.
  • No al pago de la deuda externa. No al acuerdo con el FMI.
Jueves, 10 Diciembre 2020 19:51

XIV Congreso ordinario de la COR 2020

Los días 5 y 6 de diciembre realizamos el XIV Congreso de la COR en Buenos Aires con delegados de distintas regionales y delegaciones de la TRCI de COR Chile y LOI Brasil.

El Congreso fue presencial, ya que consideramos que era un deber de la organización poder debatir en medio de la pandemia las tareas de los revolucionarios y votar una nueva dirección. Fue importante poder reunir a los delegados de las regionales y las delegaciones internacionales para poder intercambiar las experiencias militantes durante la pandemia y debatir las tendencias a nivel internacional y nacional.

En todo el periodo de pandemia, logramos mantener las células funcionando, con reuniones presenciales en las regionales y reuniones virtuales nacionales, ante las restricciones. Eso nos permitió afianzar aún más la organización en la concepción de partido leninista de trabajo legal e ilegal. La realización del Congreso de forma presencial fue la conclusión lógica de nuestra política como partido.

Tanto en el plano internacional como nacional avanzamos en la necesidad de profundizar un debate sobre el balance de la pandemia y la crisis mundial en el sistema capitalista, lo que nosotros llamamos un ensayo general reaccionario.

Debate sobre el punto internacional

Hemos vivido en estos meses, producto de la pandemia, un proceso de masas a nivel mundial donde se vio de forma descarnada lo que es el sistema capitalista y sus formas de dominación. La aparición del virus aceleró las contradicciones de la crisis mundial y produjo un sinfín de crisis políticas en los distintos Estados y semi Estados. Se mostró el rol de los Estados para salvar sus sistemas de salud, a sus bancos y empresas, en detrimento de las condiciones de vida de millones de trabajadores.

Asistimos a un control estatal reaccionario en un momento histórico de decadencia de los Estados burgueses. Esa contradicción histórica temporal cruzó todo este periodo, el cual nosotros colocamos entre la descomposición imperialista y los procesos de asimilación de los ex Estados obreros.

Debatimos sobre los procesos de lucha de clases abiertos en estos meses y la acción de los trabajadores en los mismos. Sobre los conflictos en los ex Estados obreros como Bielorrusia, la crisis de la UE y, centralmente, el cambio de gobierno en la principal potencia imperialista, EEUU, con el recambio con Biden y cómo se va a reconfigurar el panorama internacional y la relación con China como eje central. También analizamos la perspectiva de que se abran crisis de deudas en distintos países, ante el exorbitante endeudamiento que provocaron las medidas excepcionales de la pandemia.

Analizamos la situación en Latinoamérica y los desvíos institucionales ante la irrupción de las masas, como en Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, donde las sub burguesías intentaron institucionalizar los procesos radicalizado vía elecciones o constituyentes, como en Chile. Estos acontecimientos mostraron la debilidad de las corrientes revolucionarias para poder dirigir y a su vez dejaron en evidencia la adaptación del centrismo a las instituciones burguesas, con sus llamados a votar candidatos burgueses, como a Arce en Bolivia o Boulos en Brasil. También constatamos la aparición de una nueva generación de jóvenes en Latinoamérica y en gran parte en EEUU, que salen a pelear contra los distintos regímenes, sin grandes ataduras al pasado. Aun la clase obrera actúa de forma diluida en estos movimientos, pero es primordial para los revolucionarios hacer consciente esos procesos inconscientes.

Debate sobre el punto nacional

En el terreno nacional, reforzamos el planteo de avanzar en la lucha por recuperar lo que perdimos en la pandemia, ante el ataque brutal de nuestras condiciones laborales y de vida que hizo este gobierno en alianza con la oposición burguesa, los grandes empresarios y la burocracia sindical. Debemos organizarnos contra el ajuste y lo que denominamos “el protocolo FMI”, las directrices del Fondo para garantizar el pago de la deuda. Reforma previsional, laboral y tributaria, más una devaluación son parte del protocolo que quieren imponer. Definimos impulsar asambleas, reuniones y plenarios de base para imponer un paro general.

Algunas de las resoluciones

Votamos varias resoluciones en los puntos internacional y nacional y luego se votó una nueva dirección.

Resolvimos mejorar nuestro sistema de publicaciones y un plan de construcción de la COR para ganar a un sector que se destacó en la pandemia y enfrentó al estatismo reinante.

Reforzamos la tarea de impulsar una Conferencia latinoamericana y una Conferencia internacional con las corrientes que aun levanten la dictadura del proletariado y la reconstrucción de la IV Internacional.

El día 7 de diciembre hicimos una reunión de la TRCI, donde votamos sacar un boletín internacional online e impreso para el año que viene. Y preparar el II Congreso de la TRCI.

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