El pasado 22/06 el consejo superior de la UNC se pronunció en referencia a la elevación a juicio que pesa sobre los 27 estudiantes de la UNC por la toma del pabellón Argentina en el marco de la lucha educativa del 2018. El pronunciamiento se puso a discusión por propuesta de varios decanos K referenciados en la agrupación “Vamos”, que solicitaban que el superior se declare a favor de la absolución y en contra de la criminalización de la protesta, posición que bajaron más temprano que tarde, para terminar votando una declaración “de consenso” con el oficialismo rectoral conducido por el radical Hugo Juri y Yanzi Ferreira. En la misma se llama a respetar la institucionalidad y el Estado de derecho, es decir que avala el juicio, y llama a que los conflictos universitarios se resuelvan con los mecanismos del cogobierno y la autonomía, ocultando que fue el propio rector el que entregó los nombres a la justicia.
No nos puede escandalizar que los decanos K hayan votado esta declaración, o mejor dicho, solo puede sorprender a quien haya sembrado expectativas en que un/a decano/a de este régimen universitario vaya a ir en contra de sus propios intereses. Después de todo, estas autoridades universitarias, que con palabras elocuentes han dicho estar en contra de la criminalización de la protesta y a favor de los estudiantes, son parte de la coalición peronista que dirige al país, el mismo gobierno que en dos años solo ha ofrecido a la juventud desempleo, miseria, expulsión del sistema educativo y mayor represión.
Este nuevo ataque deja al descubierto, una vez más, que las autoridades universitarias dejan de lado sus diferencias cuando se trata de disciplinar a quienes osamos cuestionar el régimen universitario que dirigen, y que a la única presión y exigencia a la que sí se someten, no es a la de la “opinión pública”, sino a la del gobierno y el FMI.
No podemos olvidar ni por un momento que el origen de este reaccionario juicio fue la pelea que dimos junto a los trabajadores de la UNC en reclamo de mejoras salariales y enfrentando las políticas de miseria educativa que implicaba el pacto de Macri con el FMI. Esta pelea sigue aún vigente. La política de cuarentena impuesta por Alberto, como forma de control sobre los trabajadores ante los efectos inmediatos de la crisis, ha sido utilizada por el régimen universitario para hacer pasar el ajuste: precarización laboral y mayor deserción estudiantil producto de una virtualidad inconsulta y sin recursos, paritarias docente y no docente a la baja, recortes de contenidos, cierre del comedor, etc.
La lucha por la inmediata absolución de nuestros compañeros solo podrá ser reforzada si la ligamos a la pelea más general por enfrentar este ajuste, que no se restringe solo al ámbito educativo, sino que está implicando un enorme golpe para el conjunto de la clase trabajadora. Debemos buscar nuestros aliados, no entre las distintas facciones, integrantes de una u otra coalición burguesa (FdT, Cambiemos, Schiarettismo, etc.), del régimen universitario reaccionario que dirigen la UNC al servicio de los capitalistas, sino entre los trabajadores que vienen resistiendo el ataque. Debemos aunar fuerzas con los compañeros de salud, que con paros y movilizaciones vienen reclamando mayor salario y mejores condiciones laborales, con los compañeros docentes que se organizan contra las paritarias a la baja y las condiciones inseguras e insalubres de cursado, con los trabajadores de distintas ramas como alimentación, metalúrgicos, etc., que enfrentan los ataques de las patronales. Es en ese sentido que desde la COR mocionamos solidarizarnos con las compañeras Estela Fernández, secretaria adjunta de la UTS-FESPROSA, y Fabiana Fontana, delegada de la UOM de la ex-Valeo, ambas perseguidas por la justicia en represalia a su lucha sindical. Debemos levantar una campaña conjunta contra la represión y la persecución judicial hacia trabajadores y estudiantes. ¡Fuera las manos de la justicia patronal de nuestras organizaciones! ¡Abajo el juicio a los 27 estudiantes de la UNC, ningún desafuero, ningún despido! Viva la lucha de obreros y estudiantes contra el ajuste al servicio de las patronales y del pago de la deuda externa.

Por un gobierno de la universidad de los sindicatos y las organizaciones estudiantiles

La experiencia hecha con el régimen tiene que dejar una clara conclusión a los luchadores: no es posible reformar a los consejos reaccionarios, ni es un problema de representación, sino que son los consejos de la LES, el BM y el FMI y deben ser destruidos. Para poner la educación al servicio de la lucha de la clase obrera debemos pelear por una Universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. Sabemos que las conducciones hoy al frente de nuestras organizaciones se han encuarentenado permitiendo que la causa que pesa sobre 27 estudiantes avance, al tiempo que han colaborado con la parálisis y desorganización de los estudiantes que no han podido dar una respuesta contundente frente a la crisis. Las conducciones de los sindicatos de docentes y no docentes también han jugado un papel nefasto dejando desorganizados a los trabajadores que tuvieron que soportar sobre trabajo mientras ellos firmaban paritarias por debajo de la inflación. Este accionar sólo demuestra que esas conducciones por acción u omisión son cómplices de la política de las autoridades. Si no están a la altura del ataque deben ser barridas de la dirección.
¡Recuperemos nuestras organizaciones para la lucha! Se hace urgente que quienes venimos levantando la campaña por la absolución redoblemos la apuesta, abandonando las peleas internistas por sellos o hablando de una unidad en general y debatamos programáticamente para poder dar la lucha política contra estas corrientes del régimen, que concentremos los esfuerzos en meter el debate en los cursos para poder desarrollar a las organizaciones en sus bases, convocando a asambleas, eligiendo delegados para poner en pie cuerpos de delegados por facultad y carrera, y avanzar hacia un plenario de Delegados Docentes, No Docentes, Investigadores y Estudiantes con mandato que nos permita definir un pliego único de reivindicaciones como así también el plan de lucha para imponerlo. Llamamos a las corrientes de izquierda de la UNC y los trabajadores y estudiantes combativos a debatir las tareas de la vanguardia en esta crisis, con el objetivo de poner en pie una Corriente Revolucionaria en la universidad, docente, no docente, estudiantil, con libertad de tendencias, que se proponga este objetivo.

Las movilizaciones y enfrentamientos se siguen dando en las calles de Colombia, después de 5 días de furia en contra de la reforma tributaria que quería imponer el gobierno y que tuvo que suspender ante la masividad de las protestas. El gobierno de Duque ha lanzado una verdadera cacería contra los trabajadores y el pueblo pobre, y al día de hoy se contabilizan más de 21 muertos, cientos de desaparecidos y detenidos.

Duque quiso imponer una reforma tributaria en medio de la pandemia, que en Colombia está golpeando muy fuerte, donde menos del 10 % de la población está vacunada y sigue sufriendo la situación de deterioro de la economía. Supuso el gobierno que el temor a tomar las calles por el nivel de contagios les iba a permitir imponer la reforma para que gran parte de la población pagara la crisis de la pandemia. Pero la reacción de los trabajadores y las masas populares fue lanzarse a las calles ante el hartazgo de la situación. Cali fue el epicentro de los enfrentamientos, una zona fabril y en donde más se ha expresado el nivel de crisis económica y sanitaria en la región.

Ahora, después de tener que retroceder con la reforma y ver si puede reformularla con algunos guiños demagógicos para que también paguen más impuestos los sectores más ricos, no logra contener la situación general y se apoya en las fuerzas represivas y en su jefe político Álvaro Uribe para, mediante el monopolio de la fuerza del Estado, reprimir las manifestaciones aduciendo que son terroristas y argumentando conmoción interna.

La burocracia sindical de la CUT y la CGT, entre otras centrales, llamaron a un paro nacional para el 5 de mayo. La particularidad de este llamado es que no es un paro, sino una movilización, lo que, si bien permite que no se pierdan las calles, no ataca al corazón de la burguesía colombiana y el capital extranjero, que está en la producción. Hay que preparar la huelga general con piquetes de autodefensa para derrotar al gobierno de Duque y hacer volar por los aires el Plan Colombia del imperialismo yanqui. No podemos entrar en ninguna trampa del régimen que buscará estirar su agonía hasta el 2022, fecha en que habrá elecciones, o buscar salidas institucionales como intenta Chile con su proceso constituyente.

En las distintas regiones del país, se han destacado en los enfrentamientos importantes destacamentos de jóvenes trabajadores y de la pequeña burguesía urbana que ya venia peleando antes de la pandemia, contra los efectos de la crisis económica y sanitaria, pero también contra la brutalidad del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Demuestra este escenario que energías hay para enfrentar a Duque y el conjunto del régimen, que no se diferencia en mucho a los gobiernos latinoamericanos y su dirección de la pandemia, la gran mayoría se apoyó en las fuerzas armadas y en descargar el ajuste en las masas para dirigir la pandemia y salvaguardar los intereses de los grandes capitales y su clase.

Es tarea de las fuerzas que se reclaman marxistas apoyar este levantamiento y contribuir a su triunfo. Debemos rodear de solidaridad a los trabajadores colombianos y de la región y confluir en acciones en las embajadas o consulados exigiendo el cese inmediato de la represión y la disolución del ESMAD. Además, debemos llamar a una Conferencia latinoamericana con las corrientes que aun levanten la necesidad de la dictadura del proletariado para discutir la situación explosiva en la región y las tareas de los revolucionarios. Esto puede ayudar a que en Colombia puedan desarrollarse núcleos de revolucionarios que puedan sacar conclusiones de las tareas que la situación histórica amerita.

Solidaridad con los estudiantes reprimidos por el gobierno griego

Cada año en Grecia, el 17 de noviembre la juventud y los estudiantes del país salen a las calles para conmemorar la Revuelta de la Universidad Politécnica que en el año 1973 enfrentó a la junta militar que gobernaba el país. Este año, el gobierno de Nueva Democracia encabezado por Mitsotakis lanzó la prohibición de cualquier manifestación en el marco de la nueva cuarentena impuesta ante la llamada segunda ola de la pandemia. Como en todos los países, esta medida reaccionaria, lejos de proteger la salud del pueblo, sirve para defender los sistemas de salud de la burguesía del colapso, sistemas que vienen siendo desmontados por las políticas de ajuste aplicadas por el imperialismo frente a la crisis del 2008 e incluso antes. En el caso de Grecia, el ajuste fue impuesto por la Troika (UE, FMI, BCE) a través de una serie de memorandums, el último de los cuales fue garantizado por el gobierno de Syriza y Tsipras.
La verdadera cara de la cuarentena es la represión ejercida contra la juventud el pasado 17 de noviembre, con miles de policías en las calles de Atenas para garantizar el orden y la estabilidad de las instituciones del Estado frente a la crisis social y económica que golpean al país, y para frenar la movilización de la clase obrera, sobre todo de sus sectores juveniles, y del estudiantado. La represión de los policía no se limitó a la capital y se desató en todas las ciudades importantes. En Ioánina, al noroeste, los anti-motines atacaron a un grupo de estudiantes, con el saldo de varios heridos, 30 detenidos y 23 estudiantes procesados por diversos cargos, entre ellos varios militantes del OKDE (Organización de Comunistas Internacionalistas de Grecia).
Nos solidarizamos con los estudiantes y la juventud que en Grecia enfrentan las políticas antiobreras de la UE, el FMI y su propio gobierno frente a la crisis, medidas que pretenden imponer con la represión más cruda y brutal. Nos ponemos a disposición de los jóvenes y los compañeros del OKDE para impulsar una campaña internacional por el desprocesamiento de los 23 estudiantes de Ioánina. Bregamos por la unidad internacionalista de la vanguardia de la clase obrera en todo el mundo, a través de un debate sobre los métodos, el programa y la organización internacional que necesitamos, que para nosotros es la IV Internacional reconstruida, para que nuestra clase pueda imponer una salida obrera y revolucionaria a la crisis capitalista que atraviesa el mundo.

• Abajo las medidas represivas del Estado griego y del gobierno de Mitsotakis
• Desprocesamiento de los 23 estudiantes de Ioánina

TRCI – Tendencia por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional

COR - Corriente Obrera Revolucionaria - Chile
LOI - Liga Operária Internacionalista - Brasil
COR - Corriente Obrera Revolucionaria - Argentina

Hoy jueves 19 de noviembre, a primera hora de la mañana, la policía de la provincia de Córdoba desalojó a las familias que hace meses ocupan terrenos en el barrio Estación Ferreyra. Una vez más, el peronismo privilegió los intereses especulativos inmobiliarios a las necesidades de los trabajadores. No es casual que el desalojo se produzca luego del operativo de Berni y Kicillof en Guernica, a fines de octubre, y del avance del protocolo del FMI con la nueva reforma previsional y la aprobación del presupuesto 2021 a pedido del organismo imperialista.
En el operativo en Estación Ferreyra, fueron detenidos Jorge Navarro y Soledad Díaz García, del Partido Obrero, y varios militantes del Polo Obrero, quienes se encontraban en el lugar junto a los vecinos y vecinas. El repudio a los desalojos y las detenciones debe ser contundente. Las organizaciones sindicales deben pronunciarse, y pasar a la acción. Por un plan de lucha para frenar los ataques de las patronales, incluyendo los acuerdos paritarios a la baja, los despidos y las suspensiones, los desalojos y la represión a la juventud trabajadora. ¡Por un paro provincial activo!

COR
Corriente Obrera revolucionaria
Regional Córdoba

Desalojo en Guernica

Distanciamiento social

Otra vez, y seguimos sumando, el peronismo privilegió los intereses especulativos inmobiliarios a las necesidades de los trabajadores. En la madrugada de hoy un ejército de policías y gendarmes desalojó el predio de Guernica, reprimiendo a las familias y deteniendo a más de 40 compañeros.

Al comando de Berni, a las órdenes de Kicillof (que ahora no podrán decirle que es un dirigente estudiantil, ya que después de este desalojo se recibió de dirigente político) y supervisados por Alberto y Cristina, mostraron para qué clase gobiernan y en función de qué intereses defienden la propiedad privada de la tierra y la legalidad burguesa.

Antes del desalojo, en el Congreso, se votaba el presupuesto con rebajas en salud y educación, en consonancia con lo que plantea el FMI. Podríamos decir que ya está en marcha el acuerdo nacional al que llamaba Cristina en su carta. Toda la oposición burguesa festejó el desalojo, inclusive la iglesia, que, siendo los máximos usurpadores de tierra en la historia, ahora están en contra de las ocupaciones.

Pero no se va a poder frenar la bronca con represión, esto sólo es el comienzo de un proceso más álgido de lucha de clases. Así como el gobierno, la justicia, los empresarios, la oposición burguesa y la burocracia sindical tienen claro para qué clase gobiernan, debemos hacer consciente en el conjunto de los trabajadores la necesidad de la independencia de clase y de organizarnos para enfrentarlos.

Repudio al desalojo de Guernica.

Libertad a los detenidos.

Por un paro general para dar una salida obrera a la crisis.

  El ministerio de trabajo de la provincia, encabezado por Omar Sereno, amenaza a la UOM Córdoba de denunciar penalmente a 2 trabajadores de la empresa WEG equipamientos y a un miembro de la comisión directiva. La denuncia estaría fundada en que los trabajadores de la fábrica de motores eléctricos habrían violado el protocolo sanitario de la empresa y el COE en el transcurso de medidas de fuerza que venían llevando a cabo por un pedido de una mejora económica ante la miserable paritaria firmada por Caló a nivel nacional. Queda al desnudo el rol del ministerio, que lejos de ser un árbitro en los conflictos entre trabajadores y patronales, juega abiertamente del lado de estas, imponiendo una conciliación obligatoria para desactivar las medidas para luego… amenazar a los trabajadores con el código penal.
  Mientras tanto, el COVID-19 se esparce en los lugares de trabajo, incluídas varias fábricas de la UOM, porque los protocolos de las empresas y el COE están hechos solo a fin de culpar a los propios trabajadores ante los contagios, deslindando las responsabilidades de las patronales y las ART. Mientras los trabajadores se ven obligados a amontonarse en líneas de producción, talleres y otros espacios, las empresas declaran que los tapabocas caseros son infalibles, no toman las medidas de organización de los turnos necesarias ni hacen las obras de infraestructura correspondientes. Todo va en el mismo sentido: maximizar la ganancia y bajar todo “costo” que en este caso son las medias de seguridad e higiene para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias… y luego si hay contagios, no solo no se hacen cargo, sino que llaman al ministerio de trabajo para que nos amenace con el código penal.

Por comisiones de seguridad e higiene
Abajo la denuncia penal de Sereno

  No podemos confiar ni un segundo en los protocolos del COE y las empresas. Ya está demostrado que el supuesto “plan” sanitario del gobierno nacional con su cuarentena, y del COE provincial con su “ocupación quirúrgica” de barrios y pueblos, no ha evitado que estemos ante un récord de contagios y muertes. Debemos impugnar esos protocolos, votar en asambleas nuestra propia propuesta de medidas de protección y elegir comisiones de seguridad e higiene para garantizar su cumplimiento. Las medidas deben incluir hisopados PCR (los únicos tests que sirven para diagnóstico específico) para los trabajadores y aislamiento de todos los contactos estrechos de los casos positivos. Esto debe sumarse a todos los reclamos que vienen levantándose en las fábricas: salario que supere la línea de pobreza, pago al 100% del salario a los compañeros con licencias médicas, fin de los despidos y suspensiones, reincorporación de los despedidos. Hay que sumar una nueva reivindicación: abajo la denuncia penal contra los compañeros de WEG, es un ataque a nuestro sindicato y a todos los metalúrgicos.
  Debemos tener en claro, no sólo en la rama metalúrgica sino en todas las ramas, que a Schiaretti, a Alberto y a los empresarios no les importan nuestras vidas. Para frenar el avance de la pandemia y la intención de hacernos pagar la crisis, se impone avanzar en la medida del paro general hasta que se cumplan nuestras demandas.

COR - Regional Córdoba

En la tarde del viernes 25/9 se reunió medio centenar de jóvenes en el Parque General San Martin, movilizaron hasta la casa de gobierno de Mendoza para reclamar la reapertura del Skatepark de la ciudad. Allí fueron recibidos por funcionarios. La movilización concluyó en el skate park del Parque O´Higgins, donde fueron fuertemente reprimidos por preventores de la ciudad y la policía provincial. Golpes, balas de goma, y un desproporcionado despliegue de agentes y móviles concluyó con una decena de jóvenes heridos y una veintena de detenidos. Desde la COR acompañamos en la puerta de la comisaría 3era a los jóvenes que se movilizaron junto a familiares de los detenidos, hasta lograr la liberación de todos. Ahora la tarea será pelear contra las acusaciones judiciales que la fiscalía anticipó que vendrán.

El Skatepark del parque O´Higgins fue construido por el radicalismo en un área periférica de la ciudad para sacar a la juventud del microcentro de Mendoza, donde se reunían en Plaza San Martín, este proceso contó con decenas de represiones. Desde el comienzo de la cuarentena este parque se encuentra cerrado y los jóvenes han tenido que realizar sus actividades deportivas en distintos puntos de la ciudad como el Parque San Martín o la plaza Yrigoyen donde se han registrado multas recaudatorias y hechos de represión sistemática por parte de los preventores y la policía. La cuarentena, ha sido utilizada por el Estado Provincial y Nacional para controlar a la población y asegurar al capital la circulación de mercancías y mano de obra, preservando del colapso su sistema sanitario. Desde el comienzo de la cuarentena, más de 100 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del Estado, torturadas en las comisarías, contando dos casos extremos de detenidos, desaparecidos y asesinados bajo responsabilidad policial: Luis Espinoza en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires.

Los deportes individuales están permitidos en los gimnasios pagos y clubes exclusivos para la práctica del tenis. En cambio, los deportes sociales y mayormente practicados por la juventud obrera están prohibidos, para nuestras pibas y pibes el Estado Nacional y provincial solo ofrece represión, hostigamiento, desempleo. Como señalamos en el conflicto de los municipales en mes de julio pasado, los preventores son fuerzas auxiliares que están al servicio de la represión policial, están como uña y mugre en manifestaciones, desalojos, etc. Lo que señalamos en ese momento, volvió a confirmarse en este accionar conjunto de represión a la juventud. Debemos luchar por la disolución de las fuerzas represivas del estado, el cuerpo de preventores debe desarticularse y quienes lo integran deben incorporarse en otras tareas municipales.

En momentos donde el gobierno provincial pretende imponer una reforma educativa y laboral docente, hablando del futuro de la educación para “nuestros niños y jóvenes”, la juventud hoy, al igual que los trabajadores, no tiene permitido manifestarse en las calles, no tiene asegurado su presente de subsistencia sumido en la pobreza, la desocupación y la criminalización por parte del gobierno. Ese proyecto de ley de educación sólo ofrece la profundización del evidente carácter de clase capitalista de la educación. Su complemento, es la realidad de desocupación, informalidad, salarios de miseria y precarización laboral de los jóvenes, quienes, en diferentes sectores como los trabajadores de reparto, vienen dando peleas para poder sindicalizarse. Instamos a los centros de estudiantes secundarios y universitarios, a las federaciones, a las agrupaciones de la izquierda, a debatir seriamente los problemas de la juventud trabajadora. Impulsemos asambleas para preparar una fuerte campaña de repudio a la represión a los jóvenes en el Parque O´Higgins y por su no acusación. Por la expulsión de la policía y preventores de los lugares de estudio y recreación de la juventud. Unifiquemos acciones en la lucha por el rechazo al proyecto de educación provincial. POR UN GRAN PARO DOCENTE ESTUDIANTIL.

En Estados Unidos, Colombia, Bielorrusia, etc… los jóvenes son parte central de las luchas en contra de la policía, que mientras aumenta la crisis del capitalismo muestra descaradamente su misión de contener y aplacar las manifestaciones a cualquier precio. No debemos permitir que sigan aplastando a nuestra juventud, basta de gatillo fácil, basta de persecución, luchemos por la disolución de las fuerzas represivas del estado, tiremos abajo el código contravencional de Cornejo – Suárez.

¡Fuera la policía de los lugares de estudio y recreación de la juventud!

Durante los últimos meses, y sobre todo ante el agravamiento de la pandemia, asistimos a masivas ocupaciones de tierras por parte de algunos sectores de la clase obrera: desocupados, precarizados y de las franjas más empobrecidas de la población, se asientan en grandes extensiones de tierra (algunas de propietarios privados, otras fiscales, muchas en litigio), con el objetivo de acceder a una pequeña parcela, la que en algún futuro indeterminado les permita el acceso a la construcción de una vivienda propia.

Si bien el proceso es de extensión nacional, el epicentro y la mayor masividad de dichas tomas se da en diferentes zonas de Provincia de Buenos Aires. Sólo en la región de La Plata hay al menos 20 tomas. Y en la toma del distrito de Pte Perón, en la localidad de Guernica, hay más de 10.000 personas. Al menos cuatro tomas ya fueron desalojadas mediante la brutal represión de la Policía Bonaerense, y sobre la toma de Guernica está pendiente una orden de desalojo, a efectivizarse a partir del 23 de septiembre.

"No hay grieta en la defensa de la propiedad privada de la tierra"

Algo significativo ha sido la defensa cerrada de todas las corrientes burguesas respecto a la propiedad privada de las tierras ocupadas.

En el peronismo gobernante, desde el fascistoide Berni (que responsabilizó de las tomas a sectores de la izquierda e incluso a integrantes del Frente de Todos, como el Movimiento Evita y el M.t.e. de Grabois); pasando por el "progresismo" de Kicillof y la Ministra de Seguridad de la Nación, Silvia Federici; hasta los intendentes pejotistas del Conurbano bonaerense, todos coinciden en la necesidad de "imponer orden" y avanzar con el desalojo de las tomas de tierras.

Mención aparte merece el Frente Renovador de Massa, quién solicitó que la Anses dé la baja de los planes sociales (AUH, IFE) a quienes incurran en ocupaciones. Hace pocos días, a instancia de un diputado del F.R., la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a una ley que establece no sólo la baja de los beneficios sociales, sino el impedimento de acceder a cualquier plan de viviendas del IPV, a aquellos que participen de "usurpaciones ilegales de terrenos".

Por el lado de la oposición burguesa de Juntos por el Cambio, referentes y dirigentes tanto del Pro como de la UCR han levantado sus voces para condenar las tomas y defender el derecho propietario de los "dueños" de las tierras. Incluso acusan al Gobierno y a sectores de la Justicia por "dilatar los tiempos" y no avanzar de inmediato con el desalojo y la represión a los "ocupantes".

Todo esto demuestra que cuando se trata de defender los intereses de clase, y la sacrosanta propiedad privada, no hay grietas entre las diferentes facciones burguesas.

"La discusión respecto a la vivienda obrera"

Si se tienen en cuenta los datos manejados por los organismos estatales dedicados a la problemática, antes del inicio de la pandemia se registraba un "déficit habitacional" de más de 3,5 millones de familias. Esto da nota de que la imposibilidad del acceso a la vivienda obrera, es sin dudas uno de los mayores problemas sociales en la sociedad capitalista, lo que se ve agravado en países semicoloniales como Argentina.

Desde algunas corrientes de la izquierda se intenta desarrollar una discusión programática al respecto. En este sentido, el PO plantea: "creación de un banco de tierras disponibles, expropiación de la tierra ociosa e improductiva, reconocimiento de la tierra de las comunidades originarias, por un plan de viviendas con trabajo genuino y bajo convenio para la construcción de un millón de viviendas populares, con recursos del no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas y rentas".

El problema que no resuelve este planteo, ni intenta hacerlo, es la imposibilidad de reformas profundas y duraderas en el tiempo, dentro de los márgenes del Estado burgués y la sociedad capitalista. La idea de “un plan” al que hay que buscarle financiación capitalista, es una falacia; es alimentar ilusiones de que el capital puede de la mano del estado burgués, como milita Grabois, cumplir un rol progresivo.

Desde la COR sostenemos que el problema de la vivienda y la propiedad de la tierra no está escindido del problema general de propiedad privada de los medios de producción y de subsistencia. Por lo tanto, la única forma de dar resolución a la acuciante necesidad de acceso a la vivienda de grandes sectores de la clase trabajadora, es la perspectiva de que los sectores de la vanguardia obrera incluyan en su programa la lucha por la expropiación de las grandes extensiones territoriales, hoy en manos de los capitalistas y terratenientes; también de las casas de lujo o con capacidad para a alojar allí a los obreros sin vivienda o que viven hacinados.

Dicha lucha debe ir de la mano de la pelea por la expropiación de los grandes medios de producción, incluidos los de la producción de viviendas (construcción y materiales), disputando el control de los mismos en el corazón del poder capitalista, la economía.

Todo el apoyo a las tomas. No al desalojo. Abajo la represión.

Por un programa obrero.

C.O.R.

El cuerpo hallado en Villarino el 15/8 pasado, es de Facundo Astudillo Castro. El EAAF confirmó su identidad, y su madre recibió hoy la información oficial de parte de la jueza, luego de soportar una nueva operación del aparato de la inmundicia policial/judicial/servicios y sus voceros a sueldo el lunes pasado.

Desde el 30/4 Cristina Castro busca a su hijo Facundo, señalando claramente la responsabilidad de la policía bonaerense en su desaparición forzada, la responsabilidad del Fiscal Ulpiano Martínez, de la jueza María G. Marrón y del ministro Berni en el entorpecimiento de la investigación y en el amparo e impunidad del accionar policial. Y en cada acción de la Justicia y del poder político, confirma lo que venimos denunciando en las calles: FUE LA POLICÍA.

La muerte de Facundo es responsabilidad policial, pero hay que ser muy claros en esto: el accionar policial es el resultado de la implementación en todo el territorio de una política estatal reaccionaria de control de la circulación de las personas, la cuarentena. La decisión del gobierno del Frente de Todos de hacer frente a la pandemia, imponiendo el control estatal de la circulación de la población mediante el despliegue de sus fuerzas represivas y de seguridad en rutas, calles y barriadas, tuvo como resultado más de 100 muertes por gatillo fácil y en custodia de fuerzas de seguridad (muerte en comisaría), incluyendo desaparición forzada seguida de muerte como en el caso de Facundo, y antes de Luis Espinosa en Tucumán.

Esto es central porque, para contener la crisis política que implica la responsabilidad estatal en la desaparición y muerte de Facundo, desde la coalición de gobierno barajan desde una purga en la conducción de la bonaerense, que puede incluir la salida de Berni para descomprimir la bronca, hasta un proyecto de reforma policial. Para eso Alberto ya tienen en marcha una inyección millonaria de recursos para fortalecer el aparato policial, que necesitan apuntalar para afrontar la crisis social en el conurbano y en las provincias frente a la aceleración de la pauperización y las tensiones a que da lugar el descalabro económico y sanitario.

La línea de fortalecer y preservar el aparato burocrático militar es una tendencia internacional de la burguesía, para afrontar los agudos procesos de masas más abiertos, o más en ciernes, que amenazan su dominio. En oposición, el planteo de DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA que discuten los sindicatos y el movimiento Black Lives Matter en EEUU, y la exigencia de expulsión de los sindicatos policiales de las centrales obreras, son discusiones programáticas centrales del proletariado a nivel internacional, que deben orientar la discusión de la vanguardia respecto a cómo derrotar los planes de los gobiernos burgueses de preservar sus sistemas, de patear la crisis para adelante, y de avanzar con sus planes de reformas antiobreras. La consigna “Fuera Berni” es errada, porque centra el accionar político de las organizaciones políticas, sindicales y sociales en un cambio de fusible político, que en lo inmediato sólo serviría para descomprimir, preservando incluso a la coalición gobernante.

Los revolucionarios tenemos la responsabilidad de llevar al interior de las organizaciones obreras y sociales nucleadas en la CTA, la tarea de expulsar los sindicatos policiales de la central. Tenemos la responsabilidad de batallar por conquistar verdad y justicia para Facundo con nuestros métodos, imponiendo con un paro general, la creación de una comisión investigadora independiente.

El gobierno del Frente de Todos no puede garantizar independencia de poderes, imparcialidad, ni ninguna otra abstracción burguesa en su promesa de castigo a los responsables de la muerte de Facundo. No será el peronismo que ayer forjó la Triple A, que tiene una larga lista de desaparecidos en democracia bajo su gobierno y responsabilidad, que abrazó genocidas como Milani, y que hoy unta con miles de millones a una policía que suma un centenar de pibes asesinados por gatillo fácil, quien pueda garantizar verdad y justicia para nuestros muertos, como tampoco lo hizo el alfonsinismo de las leyes de impunidad a genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

No permitamos que el gobierno use el caso de Facundo para justificar cínicamente una reforma de su policía y su justicia de clase. Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia para Facundo y el castigo a los responsables, es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: PARO GENERAL YA. Extendamos internacionalmente la bandera de lucha que ya levantan en las calles, las organizaciones obreras y la juventud negra norteamericana: ¡DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA y de todas las fuerzas represivas del estado!

Esta semana, la ciudad de Córdoba fue testigo de un nuevo asesinato a manos de la nefasta policía de la provincia. Blas Correas, joven de 17 años, fue acribillado por la espalda por agentes apostados en un control de circulación, de los que abundan en los barrios, rutas y en cada puente de la ciudad desde que se dictara la cuarentena por el gobierno de Fernández. Incluso, este control represivo del territorio viene de mucho antes, a partir de la política de seguridad del gobierno de Schiaretti. Tal es la conmoción generada por el caso, que el gobierno se vio obligado a relevar a la cúpula policial de Córdoba Capital, un cambio cosmético para sostener la política represiva de siempre.
Los asesinados durante la cuarentena a manos de las fuerzas represivas ya cuenta 5 en la provincia. Se suman a muchos otros casos a nivel nacional, como el de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, las detenciones arbitrarias y los “verdugueos” a la juventud de los barrios son moneda corriente, ahora “legalizada”, y apuntalada por la presencia de la gendarmería y el ejército. Venimos de una importante marcha por la aparición con vida de Facundo, a 3 meses de su desaparición, y se prepara una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil.
Mientras los sindicatos siguen en su tregua permanente, dándole la espalda a la juventud que sufre los abusos de las fuerzas represivas en los barrios, tenemos la responsabilidad de llevar el reclamo por justicia para Blas Correas, Luis Espinoza y tantos más, y por la aparición con vida de Facundo, al interior de las organizaciones obreras. Las fuerzas represivas del Estado, con la policía de Córdoba a la cabeza, son las mismas que reprimieron a los trabajadores de la UTA, del SUOEM, del sindicato de municipales Jesús María y de la Bagley de capital. Sólo por enumerar las represiones recientes, sin olvidar el histórico rol antiobrero de estos perros guardianes del capital. Impulsemos en cada plenario y asamblea de los sindicatos de base de la CTA una exigencia contundente: los policías no son trabajadores. ¡Fuera los sindicatos policiales de la Central! ¡Disolución de la policía! Extendamos internacionalmente el ejemplo de los sindicatos estadounidenses los que, tras el asesinato de George Floyd, exigen la expulsión de las organizaciones policiales de las centrales obreras.    
También el movimiento estudiantil debe tomar en sus manos esta pelea. Que la FUC y los centros de estudiantes abran sus puertas y organicen la lucha contra la represión. ¡Que la policía se vaya de la UNC!
Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: ¡Paro General ya! Justicia para Blas Correas.