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La crisis internacional y su agravamiento producto de la pandemia hizo que varias industrias atraviesen importantes cambios a nivel internacional tales como: cambios en las condiciones de trabajo y los protocolos de seguridad e higiene; cambios en las tareas, tiempos y ritmos de trabajo; divisiones erradas entre los que son y los que no son esenciales; empresas que cierran y despiden trabajadores, pero hay otras que sacaron provecho llevándose superganancias como las farmacéuticas o las industrias alimenticias. La industria del vidrio y en particular el sector referido a envases para la industria alimenticia no escapa a esta realidad atravesando varios cambios no solo a nivel regional sino internacional.

Esta rama de la economía esta experimentando actualmente un problema global que es el faltante de envases de vidrio principalmente a causa de la pandemia de Covid-19. Durante el 2020 se registraron importantes aumentos en el consumo de alimentos y bebidas, lo que ocasionó una disminución de stocks de envases de vidrio en góndola. A eso se le sumó el hecho de que muchas industrias no pudieron trabajar al 100% de su capacidad por las diferentes restricciones sanitarias. Eso hizo que se consumieran los stocks de reserva en casi todas las plantas a nivel mundial. Además, que las materias primas con las que se elabora el vidrio pueden ser costosas o escasas.

Ahora vayamos al caso argentino, el país concentra la mayor parte de su producción de vidrio en tres empresas: Cattorini que produce el 60% del total de botellas para vinos, Verallia que produce el 35%, y Cristalerías Rosario con el 5%. El 75% de lo producido está dirigido al mercado interno, y el 25% restante es destinado al mercado de exportación de vinos y espumantes. En dicho periodo estas empresas han tenido enormes ingresos por un aumento de productividad (entre 2016 y 2019, la industria vitivinícola utilizó aproximadamente entre 800 y 900 millones de botellas por año, un número que aumentó en 2020).

Así mismo, las empresas contaron con un aliado imprescindible: la burocracia de Valdez. Ellos garantizaron en lo que va de la pandemia que se no dieran aumentos de sueldos y en donde se dieron, como vienen haciendo cada año, se firmaron en cuotas y a la baja (una de las ramas que menor porcentaje de aumento tuvo). Dicen hablar en nombre de cuidar a la “familia vidriera” pero ante los casos de despidos y suspensiones se posicionaron como si fueran empleados de recursos humanos de las empresas. No nos olvidemos que nada se hizo por las muertes de compañeros y las condiciones de seguridad e higiene en lo que va del periodo.

Mientras se registraba todo esto y se hacia la vista a un lado en los constantes avasallamiento hacia las y los trabajadores; el 19 de septiembre se produjo un incendio en la planta de Verallia en la localidad de Rodeo de la Cruz, Mendoza, que afectó el área de los hornos y dejó a varias líneas fuera de funcionamiento. Por suerte no hay que lamentar ninguna perdida de operarios. De hecho, gracias a ellos no se quemó el resto de la planta.

Esta situación provocó un cimbronazo en la industria vitivinícola, principalmente en las bodegas de Mendoza y San Juan, que temen por las exportaciones de vino ya pactadas. Claramente este incendio se debe a la sed de ganancias de esta empresa y por la falta de mantenimiento o la deficitaria inversión en infraestructura contra siniestros de este tipo. Rápidamente los productores y bodegueros advirtieron sobre el problema que podría atraer dicho incendio y presentaron sus quejas al Estado mendocino y nacional para que les vuelva a garantizar una vez más la producción de botellas necesarias y las consecuencias no afecte los dividendos empresariales. “Los que estamos en este negocio sabemos que el mes de octubre es el mes del despacho al exterior. Acá la única solución de corto plazo es que Verallia rápidamente pueda poner en funcionamiento sus hornos afectados. Y en eso tiene que estar el Estado al lado, acompañando” (Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura).  Se fueron brindado las líneas de financiación que se necesiten, aunque la empresa por el momento no ha solicitado nada y se ha colaborado en la entrada rápida de los técnicos de Brasil para que puedan resolver los problemas ocasionados por el siniestro. Y para coronar todo esto la burocracia del vidrio y sus delegados no hicieron ni siquiera una declaración frente al siniestro que podría haber sido evitado. Están tratando de garantizar que no haya ningún tipo de organización ante el esquema que se presenta.

Acá vemos cómo el Estado, su maquinaria, funcionarios y burocracia se ponen a disposición para lo que fueron elegidos: garantizar al capital su ganancia. Una clara contradicción ya que en esta pandemia no se podía ni siquiera andar en la calle, pero para garantizar la producción a las empresas se abren todas las fronteras y se dan todos los subsidios posibles.

Incluso se habla de importar botellas de otros países. Pero esto no es tan fácil como se dice. En primer lugar, el rubro de importación de envases de vidrio es uno que cuenta con licencias automáticas, lo que significa que pueden realizar importaciones sin ningún tipo de limitación. Practica a la que recurre Verallia desde hace años con su par chilena y luego cobra más caro a sus clientes. Pero como sabemos, el problema es más amplio y responde a una coyuntura global. Por otro lado, aunque a nivel mundial existieran stocks disponibles, organizar la logística para lograr importar los envases necesarios que cubran la demanda supone otros problemas. Hay también una escasez mundial en el comercio internacional de contenedores. Otra de las consecuencias de la pandemia fue un desajuste en el comercio mundial, que implicó un retraso de los buques de seis días en promedio, lo que ocasionó un faltante de contenedores en puertos.

Pero regresemos al vidrio, no tenemos que dejar que las verdaderas consecuencias afecten a los trabajadores y paguemos su crisis como ya se están viendo en las principales bodegas suspendiendo a personal tercerizado. Debemos tener en cuenta todas las presiones que tuvimos como rama y por empresa que pesan sobre nuestras espaldas: paritarias que fueron suspendidas por la pandemia o superadas constantemente por la inflación como lo vivieron las y los trabajadores de viñas y vitivinícolas reflejado en un aumento del costo de vida; protocolos y condiciones de higiene y seguridad deficitarias y que en la mayoría de los casos no se respetan o los aumentos de productividad en las líneas de producción garantizado solo por el mínimo personal para tales tareas. Además, debemos contar las vacaciones adelantadas, suspensiones y o despidos que están a la orden del día según el nivel de productividad que desee el empresariado.

Empresas del vidrio, el sector vitivinícolas y talleres que trabajan para dichas industrias tenemos que pensar en las situaciones que nos hace vivir en esta precariedad y las implicancias que tuvieron la cuarentena en ramas y fabricas como las nuestras que nunca pararon durante la pandemia para poder transformar esta ofensiva patronal en organización de los trabajadores.

Debemos tratar de hacer asambleas por sector y o general para que las implicancias de la falta de planificación de la patronales y recientemente la falta de botellas en el sector no recaiga sobre nuestras espaldas. Nosotros no tenemos que ser el primer factor en la ecuación de reducir costos patronales. No podemos confiar y dejar en manos de la empresa nuestra seguridad e higiene. Tenemos que presionar a los delegados que nada están haciendo para que se haga un relevamiento de las condiciones de higiene y seguridad en la infraestructura, elementos de protección personal, etc. y exigir que se respeten, mejoren o creen donde no las haya. Es tarea fundamental sacar a los delegados traidores de nuestras filas o elegir donde no los haya. Para ello debemos confiar en nuestras propias fuerzas.

Como perspectiva debemos convocar un congreso de delegados de base mandatados de la rama para pensar de conjunto una salida a la crisis y un programa de lucha para poder pelear por todas estas reivindicaciones.

Dante Oliveira

En medio del debate que recorre a las diferentes variantes burguesas y pequeño burguesas por la propiedad privada, el salvataje a las empresas y la función del estado, el rescate anunciado estas semanas a la empresa IMPSA (industrias metalúrgicas Pescarmona S.A.) fue noticia en todos lados. El Estado nacional quiso mostrar iniciativa ante un contexto económico en crisis con muchas deudas y pagos por afrontar ante organismos internacionales. Esta medida de incisión estatista es una muestra más de la intervención del Estado en la economía ante el descalabro de la crisis en curso donde el gobierno de Fernández aporta 15 millones de dólares y 5 millones el gobierno radical de Mendoza. Empresa que de igual manera seguirá funcionando como sociedad anónima. Medida que no soluciona los problemas estructurales de la economía argentina como pretenden hacernos creer y mucho menos los problemas del sistema capitalista.

Impsa es una empresa mendocina asociada con el capital extranjero que hizo su fortuna durante más de 100 años con diferentes gobiernos (Yrigoyen, Perón, la dictadura militar, el menemismo y diferentes gobiernos extranjeros como Brasil y Venezuela). Si hay un denominador común en Impsa es el siempre presente rescate por parte del estado bajo distintas administraciones. En su momento lo hizo los K con subsidios al salario y repros mientras renegociaba deuda. En 2015 con el gobierno de Macri se ve beneficiada con el blanqueo de capitales por $ 108 millones terminando en el 2018 con la formación de un fideicomiso hasta la reciente anunciada “estatización” que no es otra cosa que el desembolso de capital para rescatar a los mismos bancos y burgueses que venían siendo solventados para asegurar sus negocios agregando ahora la formalización como capitalización de la empresa.

La realidad que esto es un mecanismo burgués para socializar las pérdidas donde los trabajadores volverán a ser quienes paguemos las deudas continuando un proceso de garantizar el pago a través del Estado a los acreedores privados y eventualmente traspasar las operaciones de Impsa a otros grupos económicos en un contexto internacional que con los cambios en matrices energéticas especula con posibles jugosos negocios.

Resguardando al capital

Destaquemos que detrás de esta operatoria hay una disputa política y económica por los negocios que puede traer aparejado a los capitalistas de turno y un resguardo de la propiedad asemejando el proceso a lo que se quiso hacer con la empresa Vicentin (1). La grave crisis de Impsa tiene que ver en gran medida con el descalabro que significaron los bonapartismos sui generis en Latinoamérica (Chávez, Lula, Fernández) apostando al desarrollo de una burguesía nacional y su expresión en la industria. Proyectos políticos que fracasaron y que terminaron en un festival de guita, coimas y el guantazo de la brasilera Odebrecht. Hoy, una coalición de gobierno que se referencia en aquella apuesta burguesa pretende rememorar aquella ilusión que los terminó condenando. Y es que no se pude dar un desarrollo de un capital nacional para la industria en los países industrialmente atrasados donde el capital extranjero e internacional juega un rol decisivo y más aún en un Estado semi colonial como lo es Argentina dentro de un capitalismo en descomposición. Se ha demostrado que un Estado dirigido por una fracción burguesa no puede dar ningún beneficio a los trabajadores.

Un capítulo en esta novela lo merece el gobierno radical de Suárez donde no paran de criticar al gobierno nacional por el mal manejo de la pandemia y de la economía, pero no tuvo ningún problema a la hora de sentarse junto a Fernández para rescatar el capital y sacar una tajada para el empresariado mendocino. Pero no podía ser menos teniendo en su gabinete de economía a ex gerentes de Impsa como Emilio Guiñazú y Daniel Chicahuala (ex gerente de Impsa y Oderbrecht) quienes aseguraron negocios por ejemplo para la cuestionada construcción de la represa Portezuelo del Viento en el sur mendocino. No solo han participado ayudando a Pescarmona (cuya caída ya arrastró a muchas otras empresas), sino que ante cada conflicto que se generó, el Estado provincial garantizó, junto con la burocracia de la UOM, despidos, suspensiones y hasta desalojos con policía incluida.

 La burocracia ayudando a socializar las pérdidas

Otro de los que celebró la “capitalización” de Impsa fue Antonio Caló (secretario general de la UOM nacional) que tuvo participación estelar en la mesa principal del acto de relanzamiento de la firma. Este y muchos otros burócratas más fueron una de las partes que participaron activamente en el acuerdo. Hay que advertir en este caso que la burocracia de la UOM funciona como agente político de los capitalistas y el Estado para que todo marche sobre ruedas. La misma burocracia que firma paritarias a la baja por 35,2 % en cómodas cuotas sin discutir con los metalúrgicos y con delegados que no fueron elegidos por las bases, que garantiza los despidos y suspensiones en diferentes puntos del país frente a la crisis y la que nada hizo frente a los protocolos de higiene y seguridad durante la pandemia. Los trabajadores para nada estamos contentos con esta situación donde no solo no se va a crear empleo, sino que cada día nuestras condiciones de vida empeoran.

La CGT Mendoza con su titular Luis Márquez también festejó con alegría esta intervención estatal. De nuevo jugando para el capital como lo hizo durante toda su gestión al frente de la UOM Mendoza, poniendo su firma en los despidos que se produjeron a lo largo de los años en Impsa y en toda la industria metalúrgica mendocina, incentivando y generando división entre los trabajadores. Tomemos como tarea primordial recuperar la dirección de los sindicatos, de manos de la burocracia traidora.

Por una salida obrera ante la crisis

Los trabajadores, y los metalúrgicos en particular, no podemos poner expectativas en este tipo de maniobras como la estatización para salvataje de nuestros verdugos. La disyuntiva no es el capital privado o Estado, sino entre un programa de conciliación de clases o un programa que oriente la acción independiente de los trabajadores. La UOM debe llamar de forma urgente a asamblea en Impsa y convocar a un congreso de delegados para debatir cómo podemos dar una salida a la grave crisis que atraviesa la empresa empezando por la reincorporación de los despedidos y suba de salarios. Pensamos que para llevar adelante estas tareas y reivindicaciones es necesario formar al interior de la UOM una oposición sindical revolucionaria que sea capaz de luchar por los intereses de los trabajadores con los métodos obreros. Los metalúrgicos debemos unirnos e intercambiar experiencias con otros sectores del proletariado que estén en lucha como los trabajadores de Bimbo (San Fernando), así como el activismo antiburocrático de los vitivinícolas, para poder organizar un plan de salida a la crisis y la pandemia y actuar unidas ante el gobierno y los planes de los empresarios por cambiar las condiciones de vida de la clase obrera.

Los trabajadores tenemos que empezar a tener el ejercicio de como intervenir en la crisis que se desarrolla ante nosotros y discutir cuales son las tareas de los trabajadores. Así mismo es imperioso que abramos un debate al interior de nuestra clase sobre la importancia del control obrero como forma de intervención independiente ante la desorganización de la economía y mostrar la capacidad de la clase obrera para la planificación y administración de la producción.

1 ver nota Vicentin: rescatando al capital http://cor-digital.org/nacionales/item/292-vicent%C3%ADn.html

En la tarde del viernes 25/9 se reunió medio centenar de jóvenes en el Parque General San Martin, movilizaron hasta la casa de gobierno de Mendoza para reclamar la reapertura del Skatepark de la ciudad. Allí fueron recibidos por funcionarios. La movilización concluyó en el skate park del Parque O´Higgins, donde fueron fuertemente reprimidos por preventores de la ciudad y la policía provincial. Golpes, balas de goma, y un desproporcionado despliegue de agentes y móviles concluyó con una decena de jóvenes heridos y una veintena de detenidos. Desde la COR acompañamos en la puerta de la comisaría 3era a los jóvenes que se movilizaron junto a familiares de los detenidos, hasta lograr la liberación de todos. Ahora la tarea será pelear contra las acusaciones judiciales que la fiscalía anticipó que vendrán.

El Skatepark del parque O´Higgins fue construido por el radicalismo en un área periférica de la ciudad para sacar a la juventud del microcentro de Mendoza, donde se reunían en Plaza San Martín, este proceso contó con decenas de represiones. Desde el comienzo de la cuarentena este parque se encuentra cerrado y los jóvenes han tenido que realizar sus actividades deportivas en distintos puntos de la ciudad como el Parque San Martín o la plaza Yrigoyen donde se han registrado multas recaudatorias y hechos de represión sistemática por parte de los preventores y la policía. La cuarentena, ha sido utilizada por el Estado Provincial y Nacional para controlar a la población y asegurar al capital la circulación de mercancías y mano de obra, preservando del colapso su sistema sanitario. Desde el comienzo de la cuarentena, más de 100 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del Estado, torturadas en las comisarías, contando dos casos extremos de detenidos, desaparecidos y asesinados bajo responsabilidad policial: Luis Espinoza en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires.

Los deportes individuales están permitidos en los gimnasios pagos y clubes exclusivos para la práctica del tenis. En cambio, los deportes sociales y mayormente practicados por la juventud obrera están prohibidos, para nuestras pibas y pibes el Estado Nacional y provincial solo ofrece represión, hostigamiento, desempleo. Como señalamos en el conflicto de los municipales en mes de julio pasado, los preventores son fuerzas auxiliares que están al servicio de la represión policial, están como uña y mugre en manifestaciones, desalojos, etc. Lo que señalamos en ese momento, volvió a confirmarse en este accionar conjunto de represión a la juventud. Debemos luchar por la disolución de las fuerzas represivas del estado, el cuerpo de preventores debe desarticularse y quienes lo integran deben incorporarse en otras tareas municipales.

En momentos donde el gobierno provincial pretende imponer una reforma educativa y laboral docente, hablando del futuro de la educación para “nuestros niños y jóvenes”, la juventud hoy, al igual que los trabajadores, no tiene permitido manifestarse en las calles, no tiene asegurado su presente de subsistencia sumido en la pobreza, la desocupación y la criminalización por parte del gobierno. Ese proyecto de ley de educación sólo ofrece la profundización del evidente carácter de clase capitalista de la educación. Su complemento, es la realidad de desocupación, informalidad, salarios de miseria y precarización laboral de los jóvenes, quienes, en diferentes sectores como los trabajadores de reparto, vienen dando peleas para poder sindicalizarse. Instamos a los centros de estudiantes secundarios y universitarios, a las federaciones, a las agrupaciones de la izquierda, a debatir seriamente los problemas de la juventud trabajadora. Impulsemos asambleas para preparar una fuerte campaña de repudio a la represión a los jóvenes en el Parque O´Higgins y por su no acusación. Por la expulsión de la policía y preventores de los lugares de estudio y recreación de la juventud. Unifiquemos acciones en la lucha por el rechazo al proyecto de educación provincial. POR UN GRAN PARO DOCENTE ESTUDIANTIL.

En Estados Unidos, Colombia, Bielorrusia, etc… los jóvenes son parte central de las luchas en contra de la policía, que mientras aumenta la crisis del capitalismo muestra descaradamente su misión de contener y aplacar las manifestaciones a cualquier precio. No debemos permitir que sigan aplastando a nuestra juventud, basta de gatillo fácil, basta de persecución, luchemos por la disolución de las fuerzas represivas del estado, tiremos abajo el código contravencional de Cornejo – Suárez.

¡Fuera la policía de los lugares de estudio y recreación de la juventud!

Los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, organizados en ATE, llevan ya un mes de conflicto en reclamo de recomposición salarial. Perciben salarios que rondan los 10 mil pesos, gran parte compuesto por adicionales no remunerativos ni bonificables. En este tiempo, el tándem radical Suárez-Suárez que gobierna el municipio y la provincia, los ha reprimido tres veces, con desalojos, gaseos, golpes, denuncias penales individuales y al sindicato, y sumarios.

La última represión, ocurrió este domingo 5/7, tras 12hs de intimidación policial y amenazas de la fiscalía, que concluyeron en el violento desalojo de la protesta que sostenían en el KM 0 de la ciudad, y la detención y agresión física de 46 trabajadores, entre ellos los dirigentes de ATE, Adriana Iranzo y Roberto Macho, y de SUTE, Sebastián Henríquez y Pablo Massutti. El argumento para el accionar policial, y la imputación posterior de 36 del total de detenidos, fue la violación del artículo 205 del código penal que castiga con prisión a quien no acate las medidas dispuestas por las autoridades para la prevención de una epidemia. Lo cínico de tal argumento, es que en Mendoza está permitido compartir una mesa de bar con 10 amigos, pero te mandan la infantería si 4 laburantes, que se cagan de hambre con sueldos miserables, se encadenan a un banco en la peatonal. Otra muestra más del carácter antiobrero del conjunto de medidas dispuestas por el decreto de Alberto en acuerdo con los gobernadores, para disciplinar a la población trabajadora que están cargando con lo peor de la crisis económica y sanitaria.  

El sector de limpieza urbana y de preventores que está en lucha por recomposición salarial, se está organizando en ATE, mientras el sindicato mayoritario es el SOEM, dirigido por el concejal radical Dugas Chapel, abiertamente alineado con la gestión Suárez. No es un dato menor que después de la primera represión a los municipales en lucha (desalojados por la policía el 13/6 cuando realizaban un acampe en el predio usado por la municipalidad en el Barrio La Favorita), el SOEM, para descomprimir, negoció el 16/6 que parte del salario pagado con tickets alimentarios, pasara a pagarse a partir de julio como dinero en efectivo, totalmente en negro. Acuerdo inconsulto con la base, mucho menos con el sector en lucha, y claramente insuficiente. Este es el rol de una burocracia podrida que no ha repudiado la represión sufrida por este sector de trabajadores municipales, y es la principal garantía de subordinación de los empleados municipales a las políticas de precarización, tercerización y pauperización de la gestión radical en la ciudad.

Este conflicto se volvió testigo de la problemática que padecemos el conjunto de los estatales. El radical Suárez en Mendoza, igual que Alberto en la nación, priorizan el pago de la deuda externa y la negociación con los bonistas, a costa de salarios congelados, despidos y suspensiones. Aguinaldos postergados. Paritarias cerradas. Alta precarización laboral, con contratos basura, prestaciones, suplencias, monotributo, etc. Y también porque la fragmentación sindical agrava la crisis de dirección del conjunto de los estatales. Los reclamos son los mismos: reapertura inmediata de paritarias, recomposición salarial, pase a planta permanente. Pero el alineamiento de conducciones con el gobierno del Frente de Todos por un lado, y de Cambia Mendoza por otro, se traduce en desmovilización y desconfianza de las bases.

Los municipales en lucha, que soportaron tres represiones y no han sido doblegados, tienen que triunfar. Son hoy una referencia para el conjunto de los estatales, y tienen ganada la autoridad para convocar a provincializar el conflicto, instando a poner en pie un congreso de delegados estatales de base mandatados, que supere la fragmentación de las conducciones y permita centralizar las fuerzas dispersas de los trabajadores. Esta instancia es clave para debatir y resolver un plan de lucha unificado, que prepare un paro provincial hasta imponer el reconocimiento de las demandas de los municipales, y que obligue a Suárez a sentarse a discutir en una paritaria estatal única.

Un congreso de delegados de base, es necesario, para avanzar en un debate programático de cara a resolver la grave crisis de dirección que nos atraviesa al conjunto de los estatales. Las tendencias y delegados antiburocráticos y de izquierda, tenemos la responsabilidad de batallar por un programa de independencia de clase, forjando una oposición sindical revolucionaria que dispute la dirección de la lucha de los estatales y prepare la recuperación de los sindicatos. En cada lugar de trabajo, impulsemos asambleas y mandatos de PARO PROVINCIAL y de ruptura de la tregua de las CGT y CTAs al gobierno del FdT. Preparemos un congreso que discuta cómo enfrentamos la crisis económica y sanitaria con nuestros métodos de clase.

Los estatales, la policía y el monopolio de la fuerza del Estado.

En el conflicto de los municipales, junto al sector de limpieza urbana, sostienen la lucha un grupo de preventores. Los preventores son un cuerpo de civiles, creado en el ámbito de la Municipalidad de Mendoza, por decreto del año 2008 (luego emulado por otros municipios), con el objetivo de observar, informar y colaborar con la Policía de Mendoza. Como cuerpo de civiles, auxiliares de la Policía provincial, portan tonfas y gas pimienta, y tienen acceso al sistema Tetra de comunicación encriptado que usa la policía. Si bien son civiles, son casi 300 los preventores de la ciudad, cuya función es la cooperación y coordinación como auxiliares en el accionar policial.

No podemos ser indiferentes a las implicancias de esta relación. Más aún en esta situación de crisis económica mundial acelerada por la pandemia, frente a la cual, la cuarentena es utilizada por Alberto y los gobernadores, para aumentar el control de la circulación de bienes y de trabajadores. Para ello son las medidas de mayor intervención de las fuerzas de seguridad, incluyendo el despliegue del ejército en las barriadas, como parte de la preparación de los capitalistas y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo. Medida que ya se ha cobrado numerosas vidas, como Luis Espinoza en Tucumán, dos jóvenes muertos en las comisarías de San Luis, Facundo Scalzo y tantos otros asesinados por gatillo fácil en el marco del ASPO. Esta tendencia es internacional, y vemos su expresión, con sus especificidades, en las movilizaciones contra los asesinatos raciales a manos de la policía en EEUU, y la discusión abierta en el movimiento obrero sindicalizado respecto a la expulsión de los sindicatos de policía de las centrales obreras.

La policía es una fuerza integrada por individuos que se forman y trazan su vida como miembros de las instituciones represivas del Estado burgués. Los policías, oficiales, suboficiales, espías de la exSIDE y demás servicios, no son obreros aunque ganen poco, soporten largas horas de servicio, los maltraten los superiores o vivan en malas condiciones. Es una aberración completa considerar que existe algún tipo de “unidad de clase” con los policías, a pesar de poder ellos mismos ser hijos de obreros u obreras, y de percibir por su servicio una remuneración salarial. Su función es opuesta a los asalariados que trabajan en la producción o en servicios. La función del policía consiste esencialmente en colaborar con la explotación capitalista, asegurando en forma “técnica y administrativa” la extracción de plusvalía y la disciplina laboral. Aunque sean pobres o maltratados no significa ni mucho menos que los policías sean explotados. Los trabajadores son explotados porque rinden plusvalía al patrón. El policía amordaza al obrero y ayuda al patrón a tenerlo esclavizado. “El hecho de que los agentes de policía fueran reclutados en gran parte entre los obreros socialdemócratas no significa absolutamente nada. Aquí también la existencia determina la consciencia. El obrero que se hace policía al servicio del Estado burgués es un policía burgués y no obrero. (…) Pero lo más importante es que todo policía sabe que los gobiernos cambian, pero la policía queda” (León Trotsky. Alemania, la revolución y el fascismo).

En este conflicto, un grupo numeroso de preventores estuvo en la lucha, junto a los trabajadores de limpieza urbana, soportando incluso la represión de la fuerza policial. Es importante dar el debate de la perspectiva que abre este conflicto para el sector. Por ello sostenemos que los preventores que están en la lucha junto al resto de los municipales, deben plantear la disolución del cuerpo de preventores, y su reubicación en otras tareas y servicios municipales.  Porque cualquier lucha reivindicativa elemental, nos encontrará una vez más, enfrentando el accionar policial como fuerza represiva del Estado para disciplinar a los trabajadores. Debilitar el poder represivo estatal, es central en la perspectiva estratégica de la destrucción de este Estado, que no es nuestro Estado.