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La conducción de CTERA, garante de la reforma laboral y del ajuste

Viernes, 13 Mayo 2022 18:04

El paro docente en CABA contra la reforma del Estatuto, impulsada de forma unilateral por el gobierno de Rodríguez Larreta, tuvo altísima adhesión en las escuelas. Las medidas de lucha contra esta reforma laboral vienen siendo militadas por el activismo de Ademys, que obligó a UTE a poner su tregua con Cambiemos en suspenso y adherir a la medida de fuerza ante el rechazo masivo que genera en la base este ataque, que incluyó la represión a trabajadores y estudiantes mientras se aprobaba en la legislatura porteña.

Sin embargo, de parte de la conducción celeste de CTERA sólo recibió como apoyo un tibio comunicado. La ofensiva sobre las condiciones de trabajo de parte de los gobiernos del Frente de Todos, como de los gobiernos de la oposición burguesa, tiene un marco común: los acuerdos en el Consejo Federal de Educación, los acuerdos de ajuste en la paritaria nacional docente, y la negociación inconsulta de un Convenio colectivo de trabajo docente, todas instancias en las cuales la conducción celeste de CTERA colabora activamente, sin mandato de base.

Esta colaboración de la Celeste nacional desde CTERA y las conducciones sindicales de base, con el ajuste que se pactó con el FMI, y la cristalización en nuevas normativas que imponen los gobiernos nacional y provinciales, están avasallando las condiciones de trabajo, de ingreso y estabilidad en el cargo, la jornada laboral (extensión e intensificación), la bimodalidad, y un largo etcétera. Al que ahora hay que agregar nuevos intentos de declarar a la educación servicio esencial, para eliminar el derecho de huelga docente. Medida que gobiernos “nacionales y populares” como Correa en Ecuador y Tabaré Vázquez en Uruguay, impusieron respectivamente para castigar a los docentes en lucha. Por entonces, en Mendoza Cornejo imponía el ítem Aula, y Alicia Kirchner en Santa Cruz imponía un puntaje adicional en el bono docente por asistencia perfecta. Por esa misma época, las huestes de funcionarios kirchneristas (ejemplo: en 2014, Mariotto, vicegobernador de Bs As) dieron impulso al mismo debate que hoy retoma Finocchiaro.

Hay interna en el FdT y en Cambiemos, pero hay absoluta unidad burguesa y conciliación de clases de la burocracia sindical docente en consolidar el desplome salarial, y hacer pasar la reforma educativa y laboral que exige cumplir con el pago de la deuda externa. Están aprovechando el enorme terreno cedido durante la cuarentena, la dispersión y atomización del activismo aislado en sus casas, al que se adaptó la oposición antiburocrática docente, y que hoy, vuelta a la presencialidad en peores condiciones, no ha sabido revertir, como lo demuestra el retroceso de la multicolor en SUTEBA.

Brutal desplome del salario docente y del presupuesto educativo

Preventivamente se adelantaron revisiones paritarias y negociaciones en diferentes ramas de la industria y los servicios, para contener el malestar frente a la aceleración inflacionaria y la caída en la pobreza de los asalariados ocupados. Pero en el caso de la paritaria nacional docente, CTERA ni siquiera ha formalizado el pedido de reapertura. En paralelo, se ha desplomado el gasto público destinado a educación. Trabajadores con salarios de indigencia, aulas sobresaturadas de estudiantes, en edificios inhabitables. Hablan de más horas y días de clase, hablan de prohibir los paros docentes, pero no pueden garantizar la presencialidad por falta de espacio físico, mobiliario e incluso de docentes (caso de Jujuy).

Nunca les interesó la educación, sólo les interesa mostrarse como los más eficaces en la reducción del déficit y el disciplinamiento de la clase trabajadora ante el verdadero gobierno del país: el FMI y los acreedores privados.

Enfrentar la paz social de CTERA con el acuerdo gobierno/FMI, es la tarea de la oposición antiburocrática en cada sindicato de base. Instamos a forjar una oposición sindical, con independencia de clase y arraigo en la base, que dispute la dirección de los trabajadores de la educación, enfrentando la colaboración de la burocracia con el ajuste y la reforma educativa y laboral en curso.

Organicemos un congreso nacional de listas y agrupaciones antiburocráticas, para debatir fraternalmente un balance de las experiencias de las multicolores en los años recientes. Un balance que podamos discutir de cara a la base mediante boletines con libertad de tendencia, y plenarios de delegados escolares, y orientar la reorganización de la oposición a la Celeste a nivel nacional. Un congreso donde debatir un programa que arme para retomar el camino de lucha contra el ataque patronal en curso, y recuperar los sindicatos como parte de un nuevo ascenso en la lucha de las y los trabajadores de la educación.

 

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  • La docencia de San Juan desbordó a la burocracia. PARO EDUCATIVO NACIONAL PARA DESCONGELAR SALARIOS

    Trabajadores de la educación de todo el país discuten el impresionante proceso de lucha de la docencia sanjuanina. Una movilización por fuera de las estructuras sindicales, realizada el 25 de mayo para reclamar recomposición salarial, fue reprimida por la policía de Uñac. En respuesta, la docencia movilizó masivamente el 26 y 27 de mayo, parando las escuelas con un 70% de ausentismo. El impase de lunes 30/5 a miércoles 1/6 respondió al compromiso supuesto de analizar el petitorio de los autoconvocados. Presurosa la burocracia de UDAP, UDA y AMEP se reunieron con el gobierno y firmaron una recomposición salarial insuficiente y divisionista, a pagarse en 4 cuotas, el no descuento de los paros del 26 y 27/5 a cambio de la aplicación del criterio de día no trabajado/día no pagado, similar al ítem aula, a futuro.

     

    Sin embargo, la docencia desbordó la maniobra de la burocracia sindical y las amenazas de descuentos y sanciones del gobierno de Uñac, paralizando las escuelas con un acatamiento del 90% el lunes 6/6, con importante adhesión de la docencia de las escuelas privadas y acompañamiento de otros trabajadores estatales también por fuera de la estructura sindical. La firmeza del paro y la movilización en toda la provincia obligó al gobierno a recibir a representantes de la docencia en lucha, pero la nueva propuesta del gobierno fue rechazada y las medidas de lucha se mantuvieron el martes 7 y miércoles 8/6. El pliego de reivindicaciones que unificó a la docencia en lucha exigía recomposición salarial en una sola vez, equiparación del salario a la canasta familiar, el no descuento de los días de paro, y exigía una respuesta escrita de puño y letra del propio gobernador. Uñac tomó cartas en el asunto, ante el fracaso de las mediaciones sindicales y políticas de su gobierno, a las cuales salió a rescatar comunicando la decisión del ejecutivo provincial de aumentar un 15% los salarios de junio, con impacto en el medio aguinaldo del 40% acumulado, y un compromiso de mantener el salario un 30% arriba del Salario Mínimo Nacional garantizado que fija la paritaria nacional docente. En cuanto a los días de paro, la situación aún está por resolverse, puesto que la ministra informó la revisión caso por caso. La lucha obligó al gobernador a involucrarse directamente, y mejorar por 3era vez su propuesta en menos de una semana. Si bien no se conquistó el pliego de reivindicaciones, puso en aprietos al gobierno y le dio a la docencia confianza en su capacidad de lucha.

     

    La crisis de dirección
    El conflicto en San Juan puso en evidencia la profundidad de la crisis de dirección que atraviesa a las y los trabajadores de todo el país. La burocracia de UDA, UDA y AMEP se sentó en la paritaria provincial, pero no pudo garantizar esta vez el disciplinamiento de las bases que las dejaron en el aire. Uñac salió al rescate de sus correas de transmisión entre los estatales, que tendrán una sobrevida gracias a la estatización de nuestras organizaciones, pero la crisis no está saldada. La tarea por delante es profundizar la experiencia de esta lucha para avanzar en la recuperación de los sindicatos, echando a la burocracia sindical, e imponiendo en lo inmediato la elección y revocabilidad de los paritarios, mandatados en plenarios. Estas tareas encaminarán a una docencia que empezó a mostrar su fuerza, a lograr sus reivindicaciones.

     

    La crisis de dirección cruza a todos los sindicatos. Recientemente una elección con alta abstención le permitió a la rancia burocracia celeste de SUTEBA sostenerse en sus sillones, y desplazar con apoyo del aparato político del gobierno de Kicillof, de los intendentes, y maniobras fraudulentas, a la multicolor de la mayoría de las seccionales. El repudio al colaboracionismo de la burocracia, la firmeza de la huelga, la exigencia al gobernador de una respuesta directa, y el reclamo de un salario igual a la canasta familiar que orientaron a la docencia de San Juan tenemos que balancearlo en todo el país. No para intentar emular procesos inorgánicos, sino para orientar el accionar de las listas y activistas antiburocráticos desde los puntos de apoyo con los que contamos: las y los delegados escolares y los plenarios de delegados mandatados para imponer el curso de acción por nuestras demandas. Organizar el desborde a la burocracia, hasta romper el pacto de ajuste que negociaron Gobierno-FMI.

     

    CTERA acuerda congelar salarios a niveles de indigencia


    A nivel nacional, la burocracia de CTERA no emitió palabra alguna frente al conflicto sanjuanino, como tampoco respecto a la lucha de la docencia de La Rioja, o en respuesta al reclamo de los sindicatos de la Patagonia que exigen un paro nacional por salario. Este viernes 10/6 firmaron una revisión de la paritaria nacional docente que consolida el hundimiento del salario frente a la aceleración inflacionaria del primer semestre.

    Es la mejor noticia que podían recibir los gobernadores que se niegan a reabrir paritarias que se cerraron en torno al 40 % en cuotas para todo el año, y que sólo deberán hacer pírricos ajustes hacia fin de año. Y nada dice respecto de la extensión de la jornada laboral, de los procesos de reforma laboral y persecución sindical que impulsan los gobernadores como Rodríguez Larreta atacando el estatuto y sancionando dirigentes.
    El compromiso de un salario mínimo garantizado pactado por la burocracia de CTERA con el gobierno nacional y los representantes de los gobernadores se fijó en $68.400 a diciembre de 2022. Una provocación si tentemos en cuenta que la canasta familiar alcanzó en abril los $96.590 según el INDEC, o $154.134 según los trabajadores del INDEC. Este acuerdo de miseria salarial debe ser repudiado por las y los trabajadores de todo el país. Impulsemos en cada escuela asambleas y pronunciamientos de rechazo al acuerdo firmado.

     

    Impongamos plenarios de delegadas/os de base mandatados para votar un PARO EDUCATIVO NACIONAL YA! Reapertura de paritarias nacional y provinciales, y paritarios electos y revocables por la base con un mandato claro: aumento al básico y salario inicial = canasta familiar por un cargo.

     

    La militancia antiburocrática y las seccionales recuperadas, tenemos la responsabilidad de sacar lecciones y generalizar la experiencia de San Juan: organicemos un congreso antiburocrático de delegadas/os de base con mandato que organice el desborde a la burocracia de la Celeste nacional y sus variantes en los sindicatos de base.

    Docentes de la COR

  • AL FONDO A LA DERECHA

    Paritaria Nacional Docente

    Desentendida de los ataques que sufrimos los trabajadores de la educación en todo el país, la burocracia de las cinco entidades sindicales que se sientan en la paritaria nacional docente le dan luz verde al ajuste salarial que propone Perczyk.

    Este 21 de febrero, en coincidencia con el inicio de clases garantizado por la burocracia del SUTE en Mendoza, y pese al paro de la docencia de CABA nucleada en Ademys, Alesso-Baradel-López por CTERA recibieron con gusto la pauta salarial enmarcada en los lineamientos que impone el preacuerdo con el FMI, y se disponen a aprobarla el próximo viernes 25 de febrero en el congreso de CTERA. El techo salarial es un nuevo aumento en cuotas del salario inicial, que pasaría de los $41250 actuales a:

    -$50000 en marzo (reconociendo apenas 5% como recomposición salarial 2021),

    -$53333 en junio,

    -$56666 en agosto,

    -$60000 en septiembre (con promesa de revisión).

    Para que los magros salarios de bolsillo lleguen a esos montos, el incentivo docente pasará de $3907 en marzo a $7391.

    Esta pauta salarial consolida el brutal desplome del salario docente que se viene profundizando en los últimos años. Con una canasta familiar cuyo valor oficial hoy supera los $80000, el escalonamiento que se dispone a aceptar la burocracia de CTERA, hunde a los trabajadores en la miseria.

    La política de colaboración de la burocracia sindical con el gobierno de Alberto Fernández está allanando el camino tanto del ajuste que negocia Guzmán con el FMI, como a los planes de reforma educativa y laboral que se cocinan en el Consejo Federal de Educación y en las negociaciones, de espaldas a la base, de un nuevo convenio colectivo de trabajo docente que servirá de marco a nuevas modificaciones de los estatutos del docente en las provincias. Como venimos discutiendo, las políticas estatales de manejo de la pandemia en Educación avanzaron en la extensión e intensificación de la jornada laboral, la bimodalidad y la precarización laboral docente que se preparan a cristalizar en nuevas leyes.

    En este marco nacional de ofensiva contra los trabajadores, las gestiones provinciales se envalentonan con paritarias que desconocen el atraso salarial 2020 (Salta 32%, Jujuy 20%, Tucumán 21%, Misiones 21%, etc.). Merece el alerta de todos los estatales del país, ofensivas como la del gobernador Suárez, de Mendoza, que pretende imponer un 2do ítem aula con un bono en negro condicionado al presentismo, ítem de productividad extorsivo que ahora quiere hacer extensivo al conjunto de los estatales.

    IMPONGAMOS A CTERA EL RECHAZO A LA PROPUESTA

    Este viernes 25/2 se reunirán los congresales de CTERA para validar la propuesta salarial de Alberto. Debemos impulsar asambleas en cada escuela, sacar pronunciamientos e impulsar una campaña que unifique nacionalmente la exigencia de una recomposición salarial real que permita recuperar todo lo perdido en el período anterior y el poder adquisitivo del salario.

    Las seccionales y listas antiburocráticas tenemos el desafío de organizar la bronca que expresan las escuelas en un planteo claro de repudio al acuerdo del gobierno nacional con el FMI, porque aún no se firma y ya lo estamos pagando con pauperización, reformas laborales y tarifazo. Preparemos un plenario nacional de la oposición antiburocrática para reagrupar las fuerzas que, con independencia de clase, pueden disputarle a la burocracia conciliadora la dirección del conflicto.

    No permitamos que los garantes sindicales del acuerdo con el FMI, se sienten en nuestro nombre a negociar: los paritarios nacionales debemos elegirlos en un congreso de delegados de base mandatados en cada escuela, y en esa instancia preparar un PARO EDUCATIVO NACIONAL hasta derrotar el ajuste, tirar abajo los planes de reforma educativa, laboral y previsional, y lograr todas nuestras demandas.

  • SUTE: TROPEZAR CON LA MISMA PIEDRA

    El cambio de conducción en el SUTE se formalizó en enero, en un acto con no más de veinte asistentes, vaciado por ganadores y perdedores. Pero a toda pompa, la conducción Azul Naranja del SUTE celebró este viernes 4/2 su triunfo electoral en las elecciones de diciembre pasado. Con la presencia de Baradel en representación de CTERA, entregaron presentes a referentes del Frente de Todos, como el legislador Ilardo, la intendenta Destéfanis y el jefe de ANSES Gallo, reconociendo sus generosas contribuciones en la campaña. El evento consagró la alineación de la “nueva” vieja conducción que encabezan Sedano-Membrives-Correa, con la política de la coalición de gobierno nacional, y su pata provincial que conduce Fernández Sagasti. Con Alesso a la cabeza en CTERA, la Celeste Nacional va a ir a fondo con lo que exige el Fondo.

    Con el inicio de actividades escolares en marcha, las acciones de la conducción Azul Naranja se centraron en mostrarse conciliadores con la gestión provincial de Cambia Mendoza, dispuestos a habilitar el avance en el proyecto de reforma de la Ley de Educación Provincial que busca el gobernador, y anticipando un planteo de cara a las paritarias provinciales a tono con el ajuste que convalida la Celeste Nacional de CTERA en la paritaria nacional docente.

    Un retroceso burocrático

    El contundente triunfo de la Azul Naranja en las elecciones del SUTE, imponiéndose además en 14 de las 18 seccionales (4 quedaron en manos de otra expresión burocrática, la Celeste-verde) expresa un retroceso burocrático tras la experiencia de recuperación del SUTE por parte de un frente multicolor en 2017, que no sólo se explica por la caída en la participación electoral (-2000).

    Hoy el SUTE vuelve a ser dirigido por las facciones de lo que fue la vieja Celeste en Mendoza, tras un período en que la conducción provincial y 6 de las seccionales más grandes fueran dirigidas por el FURS, previa experiencia en la seccional Godoy Cruz. Una mayoría de afiliadas/os le devuelve a la burocracia kirchnerista y pjotista el control del SUTE, luego de haber intentado otra orientación para revertir las profundas consecuencias de la derrota que significó el ítem aula y la crisis de la vieja celeste.

    El FURS fue la apuesta de un arco heterogéneo de agrupaciones, desde la histórica lista Marrón, agrupamientos ligados a la izquierda en el FIT (9 de abril -PTS-, Tribuna Docente -PO-) y expresiones conciliadoras como la verde (ligada al PCR). Defendida por sus integrantes como un frente único independiente, no trascendió la condición de acuerdo electoral anti Celeste. No fue sólo la integración de la Verde (PCR) al Frente de Todos lo que melló su independencia de clase. Fue su programa de origen, carente de este principio, lo que la tornó una conducción vacilante ante las presiones de tendencias patronales, y sobre todo ante las presiones del estatismo en su propio programa. Pronto provincializaron su orientación, y plantearon como la única vía para hacer frente a las políticas del gobierno provincial de Cambia Mendoza (Cornejo y luego Suárez) el establecer acuerdos con las conducciones seccionales burocráticas. Así pusieron en pie una lista conjunta con la Celeste para las elecciones de miembros de los órganos colegiados (Juntas), la cual defendieron como un “frente único” necesario para poder ganarle la mayoría de las Juntas a las listas ligadas a la UCR. Sin embargo, el resultado de este triunfo, le regaló a la DGE aliados con quienes negociar, sin control de la base. Y sin defensa, frente a la ofensiva de la DGE sobre las Juntas y los sumarios contra algunos de sus integrantes.

    Orientados por esta noción equivocada de frente único, al que dedicaron todos estos años tratando de unificar líneas con la AN y la Celeste en negociaciones que se discutían, no de cara a la base, sino en las reuniones de las conducciones de secretariado provincial y seccionales, terminaron señalando ante la base, que tantos unos como otros eran aliados válidos e imprescindibles para enfrentar el ajuste que sin tregua fue imponiendo el gobierno de Cambia Mendoza, a tono con las políticas nacionales del macrismo primero, y del Frente de Todos luego. La extensión de esta orientación, fueron los acuerdos de cúpula en el Frente de Unidad Sindical, con la burocracia de otros sindicatos estatales, versión burocrática con la que pretendieron sustituir la idea de congreso de delegados estatales de base mandatados. Al gobierno de Suárez no le costó nada quebrar ese acuerdo de cúpulas, aislando aún más al SUTE. El FURS se fue disgregando, perdiendo militancia y activismo, y, sobre todo, conexión con la base.

    La propia impotencia e internismo a los que llevó esta orientación les servía de justificación para postergar indefinidamente cualquier discusión orientada a avanzar en cuestionar y preparar las condiciones para modificar las ligaduras a la sujeción estatal del SUTE recuperado. Nada se avanzó en el sentido de la reforma del estatuto sindical, profundamente burocrático, o en generar siquiera instancias de formación ideológica de delegados y trabajadores contra la injerencia del Estado burgués en las organizaciones obreras. La impronta de perspectiva de género, que reivindican como su mayor legado, estuvo marcada por la adaptación a la regimentación estatal de los sindicatos y la democracia burguesa en el protocolo de prevención y erradicación de la violencia de género que promovieron -enmarcado en lineamientos de la formulación realizada por la burocracia de CTERA- y que tuvo su punto cúlmine en el manejo burocrático de la denuncia contra el secretario general, Sebastián Henríquez, y su restitución en base a los argumentos de un fallo de la Justicia burguesa.

    La imposición de la cuarentena los encontró profundamente fragmentados. La adaptación a la conducción estatal de la pandemia les dio una sobrevida como frente, pero acentuó la distancia con la base, atomizada y aislada. Si bien el gobierno logró imponer hasta hoy el congelamiento salarial y el ataque a las condiciones de trabajo (extensión e intensificación de la jornada laboral, etc.), las bases se rebelaron en 2020 contra la reforma educativa que quiso apurar el Director Gral de Escuelas, Thomas. El SUTE canalizó la lucha que se gestó desde las bases, pero no la dirigió, logrando la suspensión transitoria de la reforma.

    El retorno a la presencialidad dejó en evidencia el curso de disolución del frente. Al postergado calendario electoral impuesto por el Ministerio de Trabajo, llegaron ya divididos. La Verde renovó su histórica alianza a la Celeste, y una discusión por lugares en las listas derivó en la presentación de Tribuna Docente (PO) en lista aparte del acuerdo Marrón-Bordó (PTS) que conservó el nombre FURS.

    Instamos, sin respuesta, a las agrupaciones de izquierda y antiburocráticas a debatir en un plenario para poner en pie una propuesta de dirección que retome la tarea de la recuperación del SUTE con independencia de clase. Los trabajadores de la educación de la COR integramos la Lista Roja junto a delegados escolares y activistas independientes, presentando listas seccionales en Capital, Las Heras y Guaymallén, obteniendo arriba de 100 votos. Recorrimos las escuelas discutiendo la necesidad de organizar compañeras/os para una tarea que excedía por mucho la instancia electoral: fortalecer la organización en cada lugar de trabajo y la relación de las escuelas con el sindicato para enfrentar los planes de ajuste, reforma educativa y laboral que vienen de la mano del acuerdo del gobierno con el FMI y el pago de la deuda externa a los buitres. Militamos nuestro balance de la cuarentena, y la importancia de orientar la lucha por nuestras reivindicaciones salariales y laborales, así como por la democracia sindical y la organización de los trabajadores a partir de un programa de independencia de clase respecto de los intereses patronales y del Estado.

    Nuestra intervención estos años en el SUTE, orientada con este programa, y nuestro cuestionamiento a la política estatal antiobrera para la pandemia nos permitió aglutinar activistas que hicieron su experiencia con el FURS, y sacaron sus conclusiones en la lucha en las calles, en los plenarios y escuelas. Compartimos el balance de que una política frentista sin independencia de clase puede permitir triunfos electorales circunstanciales, pero no permite dirigir desde los intereses de los trabajadores, ni preparar ninguna posición de fuerza que permita revertir un curso de debilidad de los trabajadores tras la derrota del ítem aula (de la que son responsables tanto la AN como la Celeste), mucho menos servir de base a un reagrupamiento que oriente la lucha contra la desorganización provincial y nacional de la clase trabajadora que garantiza la burocracia en pos de salvaguardar los intereses capitalistas.

    Por una oposición sindical revolucionaria

    Los pagos de la deuda a los buitres y el principio de acuerdo con el FMI, imponen al conjunto de la clase obrera una dolorosa hipoteca que es una sentencia de pauperización y sobreexplotación presente y futura. El balance de la orientación del FURS en el SUTE, que podemos extender a las experiencias de los frentes multicolores a nivel nacional, tiene que servir para dejar de perder tiempo valioso en buscar un ala del peronismo que pudiera jugar un papel progresivo en el enfrentamiento a las políticas antiobreras que pactan los partidos patronales para buscar una salida a la crisis a costa de las masas asalariadas.

    Retomemos la experiencia de las asambleas y plenarios del activismo antiburocrático para preparar la disputa por la orientación de la discusión paritaria provincial y nacional en cada escuela y en los plenarios, contra la política de colaboración con el ajuste de Suárez y Alberto, de la Azul Naranja y la Celeste Verde. Pongamos en pie una oposición sindical con libertad de tendencias, un frente único con independencia de clase que milite en cada lugar de trabajo por un plan de lucha para conquistar recomposición salarial real, condiciones de trabajo, el control de OSEP, y la derrota de la reforma educativa. Imponer el no inicio de clases y convocar a unificar en un paro provincial de todos los sectores de trabajadores contra la miseria salarial y las políticas de ajuste, hasta tirar abajo el acuerdo con el FMI y los buitres.

  • Paro educativo y plan de lucha

    Para frenar los contagios, reabrir la paritaria y garantizar la vacunación

    El evidente fracaso del gobierno en su intervención para el manejo de la pandemia nos obliga a los trabajadores a tomar el asunto en nuestras manos. Transitamos la segunda ola con una escasez de vacunas alarmante y con las últimas cifras de contagiados en el país que asciende a los 29.841 infectados y con 416 muertes (datos del último sábado). Córdoba contó con 3.393 nuevos infectados y un acumulado de 304.843 casos.
    Las restricciones de circulación que anunció Fernández el pasado 21 de mayo fueron acompañadas por todos los gobernadores observando que las capacidades de las terapias intensivas en los hospitales se encuentran colapsadas. Agregamos: y lo que es peor, con los trabajadores de la salud agotados, mal remunerado, con alta polivalencia y sin designación de nuevo personal. Mientras tanto, las burocracias sindicales de todos los colores miran para otro lado dejando pasar el ataque a nuestra clase.

    ¿Presencialidad sí o no?

    Este ha sido un largo y falso debate entre los representantes de los diferentes sectores burgueses que pusieron de relieve Rodríguez Larreta y Fernández en la falsa preocupación por la educación y la salud en pleno lanzamiento de la campaña por las legislativas. Un acto de cinismo cuando ni oficialistas ni opositores se ocuparon de la educación, más que para desfinanciarla y atacar a sus trabajadores y estudiantes.  
    Las medidas impuestas para la presencialidad solo dejaron expuesto que el impacto de la actividad del sistema educativo en la circulación de personas y de los trabajadores en general es parte de la explicación del alto grado de contagios, aunque los gobiernos y empresarios nieguen que los contagios se producen en los lugares de estudio y de trabajo. La presencialidad sin condiciones de bioseguridad solo ha generado caos y sobrecarga laboral (bimodalidad), trabajadores enfermos sin reemplazos, en edificios insalubres y escuelas sin recursos. El año pasado, la virtualización educativa demostró ser un fracaso y dejó al desnudo las intenciones de avanzar en la precarización laboral, cargando los costos de servicios y equipamiento a trabajadores y alumnos, dejando a suplentes en la calle y cerrando aulas y carreras completas en el nivel terciario. Mientras la burocracia colabora en el ataque patronal, desorganizando y cerrando a contra reloj paritarias a la baja, en cuotas y sin vacunas.
    En el caso de Córdoba, por un lado, el gobierno anunciaba el viernes pasado que finalizadas las restricciones a la circulación del DNU, retoma la educación presencial y con alternancia de todos los niveles educativos, a excepción de la secundaria en poblaciones de más de 30 mil habitantes que tendrá modalidad remota.  Por el otro, la directiva de UEPC publicó una carta junto a otros gremios provinciales de la educación titulada “en defensa de la salud y la vida”. Una oda a la virtualidad, claro que ellos llevan guardados más de un año, garantizando la suspensión de toda actividad sindical presencial para evitar cualquier cuestionamiento de la base y delegados opositores. Y lo que es peor, sin un paro educativo provincial, y menos nacional de CTERA, claro que la celeste nacional y la de los sindicatos de base se han votado colaborar con el Frente de Todos en la campaña por las legislativas.

    Por un Plenario de Delegados escolares de base con mandato

    Los únicos interesados en lo que realmente pasa en las aulas, en el resguardo sanitario y en el proceso de aprendizaje somos los trabajadores de la educación. Urge un debate con las tendencias antiburocráticas, es hora de orientar las fuerzas de los sectores en lucha para ubicarnos como alternativa  de dirección capaz de sacar a patadas a esta burocracia celeste y recuperar nuestro gremio para así enfrentar la ofensiva estatal y patronal.
    Las asambleas escolares serán las que definan los mandatos de los delegados para votar el plan de lucha que nos lleve a la organización de nuestras fuerzas en un Plenario escolar que junto a los trabajadores de la salud y el movimiento obrero se ponga como norte el Paro Provincial de la CGT y las CTAs para así enfrentar la crisis y dar una salida en resguardo de nuestros intereses. Vamos por el Paro General contra el accionar cómplice de CTERA y de todo el arco de la burocracia sindical, para enfrentar el accionar estatal ante la pandemia e imponer nuestras reivindicaciones.

    En cada asamblea de escuela y zona, levantemos 2 mociones:

    • Plenario provincial de delegados escolares con mandato de base
    • Para evitar los contagios, pelear por un plan de vacunación bajo dirección de los trabajadores y reabrir las paritaria, impongamos nuestros métodos: ¡vamos al Paro Educativo!
  • Presencialidad en pandemia: miseria de la Educación

    La escolaridad obligatoria en 2020 se desarrolló a distancia, con la confinación masiva de niños, jóvenes y docentes en sus hogares, mediando la relación educativa con recursos informáticos y de comunicación a cargo de las familias y trabajadores, con enorme desigualdad en el acceso y pérdida del vínculo educativo entre los sectores más empobrecidos.

     

    A un año del cierre masivo de escuelas, dispuesto en casi todos los países como parte de las medidas de cuarentena, nos cruza el debate del retorno a las aulas en pandemia con una campaña furibunda de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales para doblegar la resistencia a un retorno sin condiciones de seguridad sanitaria.

     

    La cuarentena, como medida estatal burguesa de control de la circulación de personas y mercancías, con el objetivo de preservar sus sistemas del colapso (en especial, su sistema de salud), se tradujo en una injerencia masiva del Estado en la producción y las relaciones sociales, entre ellas, la educación. “Urgidos por incesantes intereses y peligros sociales, los gobiernos irrumpen en el reino económico con medidas de emergencia cuyos resultados, la mayoría de las veces, ni ellos mismos pueden prever”1. El resultado de esta injerencia del Estado burgués no podía ser otro que la exacerbación de las desigualdades sociales, sus contradicciones y el aumento de la desorganización en las relaciones de producción y reproducción social. Contrariamente a las fantasías estatistas, el Estado capitalista, y menos aún un Estado semicolonial, es incapaz de introducir elementos de planificación. “En una sociedad donde prevalece la propiedad privada, es imposible que el gobierno conduzca la vida económica de acuerdo a un ´plan´”2.

     

    La necesidad de mayor reapertura de la actividad económica es el verdadero motivo detrás de la ofensiva estatal y empresaria por la vuelta a la presencialidad, justamente por las implicancias en la organización de la vida de las familias asalariadas causadas por el cierre de escuelas en 2020. Las pujas interestatales por las vacunas, desnudando la voracidad del capital farmacéutico y la falacia de la cooperación internacional en el combate de la pandemia, obstruyen cualquier previsión sobre los planes de vacunación de la población de riesgo, o de los trabajadores considerados esenciales para los intereses de la clase dominante. Por ello, desde el gobierno de Fernández ya están abriendo el paraguas, señalando que la vacunación de los docentes no será prerrequisito para la presencialidad.

     

    Sin embargo, la presión a la reapertura escolar de cara al 2021, se topa con la realidad de la “vieja normalidad” materializada en una infraestructura escolar absolutamente deficiente. En Argentina, soportamos la trágica muerte de dos trabajadores de la educación en la explosión de una escuela en Moreno, Pcia de Buenos Aires. Las escuelas-bomba, las escuelas-rancho, las escuelas-conteiner son las escuelas de la “vieja normalidad”. Hace décadas que las escuelas son inseguras e insalubres.

     

    Al deterioro y deficiencia de la infraestructura se agregan los resultados de las políticas de los sucesivos gobiernos desde la dictadura en adelante, de achique del gasto en educación, de cierre de cursos, turnos y escuelas, que incrementó el hacinamiento en las aulas. El deterioro salarial hace imposible que un docente pueda vivir con un cargo o su equivalencia en horas cátedra, por lo que la gran mayoría de la docencia trabaja en múltiples escuelas para sobrevivir, lo cual añade gran complejidad al diseño de esquemas de burbujas/alternancia y el uso del transporte público. También fue parte de estas políticas el ataque a los regímenes jubilatorios del personal que trabaja en las escuelas, extendiendo la edad jubilatoria, lo cual, junto a las pésimas condiciones de trabajo que impactan en la salud del personal, se traduce en un alto porcentaje de población de riesgo en las escuelas.

    Los protocolos que diseñan los ministerios de educación hablan de “burbujas” por aula, de distancia de 2 metros entre estudiantes, de ventilación, de lavado frecuente de manos, ingreso escalonado, alternancia, etc. Medidas delirantes e imposible de cumplir en la realidad escolar que los sucesivos gobiernos fueron responsables de crear. La fórmula mágica de los ministros de educación para parchar sus protocolos, es la bimodalidad. Por supuesto trasladando completamente el gasto en conectividad y equipos a los docentes y familias, como hicieron en 2020. La bimodalidad no es otra cosa que la intensificación y extensión de la jornada laboral docente. De imponerse como organizador del trabajo educativo, es una reforma laboral de hecho, que los docentes ya soportaron tras un año de trabajar 24x7. 

     

    Las gestiones educativas son incapaces de diseñar protocolos para una “presencialidad segura” ante la profunda fragmentación de los sistemas educativos, la infraestructura, las condiciones de estudio de nuestros estudiantes y de trabajo del personal educativo que ya señalamos. Ante esta realidad de la miseria de la educación, las gestiones nacionales y provinciales se concentran en unificar criterios en el Consejo Federal y en disciplinar a los docentes con la colaboración de toda la burocracia sindical, mientras patean la responsabilidad de organizar la presencialidad al personal directivo de las escuelas. “Empoderar al directivo”, con la tarea de definir cómo abrirá su escuela, generará mayor atomización y desorganización entre los trabajadores, porque cada escuela se volverá un espacio de presiones y división interna, de aprietes y aislamiento al interior de cada unidad de trabajo. 

     

    De asumir la cuarentena como programa propio, a garantes de la presencialidad

     

    Las direcciones sindicales de CTERA, UDA, SADOP, etc, hicieron de la cuarentena su programa. A él se adaptaron la mayoría de las tendencias de oposición que exigían cuarentena para todos o cuarentena obrera. Con sus matices, depositaron en el Estado la tarea de combatir la pandemia. Y como vimos, el balance de esas medidas estatales ha sido brutal para la población asalariada y empobrecida. El despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, para controlar la circulación de la población, resultó en el asesinato de Facundo Castro y más de 100 personas más. El “quédate en casa” dio un Guernica, donde la respuesta del Estado fue un desalojo brutal de familias pobres. El “seguimos educando” de Trotta y Fernández, sólo desnudó y profundizó el carácter de clase de la educación, estructuralmente desigual y segregante. “Elegí salvar vidas sabiendo que vamos a pagar un costo en la economía” sentenció Alberto. Pero los números de víctimas lo desmienten. Y el costo de la crisis económica lo estamos pagando los trabajadores que cargamos con la desocupación creciente, con una crónica inflación confiscatoria del salario y con la caída brutal de nuestros ingresos, mientras el gobierno ató por décadas la generación nacional de riqueza al pago de la deuda externa con los buitres y a la negociación ahora con el FMI.

     

    Los trabajadores de la educación necesitamos hacer nuestro balance de la cuarentena, de la posición asumida por las conducciones que delegaron en el Estado el combate de la pandemia. Porque así podremos encarar programáticamente cómo intervenimos en la discusión de la vuelta a la presencialidad, sabiendo que sólo con nuestros métodos y con independencia de clase podremos dar una respuesta a esta crisis, en resguardo de nuestras vidas y las de nuestros estudiantes. Necesitamos darnos condiciones para tener asambleas presenciales, por unidad de trabajo, preparando plenarios provinciales de delegados de base con mandato que deliberen y resuelvan un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones que necesitamos para reabrir las escuelas.

     

    Saquemos lecciones de la experiencia internacional de nuestra clase, de la recuperación de los métodos obreros, como la huelga, para imponer cierres ante la ausencia de condiciones seguras, como en Italia o en EEUU. Pongamos en pie instancias de discusión con las organizaciones estudiantiles, interpelando a los estudiantes a elegir representantes estudiantiles para formar comités de higiene y seguridad conjuntos por escuela, con delegados específicos para esa tarea que designemos los trabajadores de la educación. Debemos instituir estas instancias ya, como fortalecimiento de la organización sindical en cada lugar de trabajo, reforzando el accionar de delegados mandatados de cada escuela de cara a preparar un no inicio de clases nacional.

     

    Necesitamos obligar al gobierno de Fernández y a cada gobernador a reabrir paritarias salariales y de condiciones de trabajo. No puede haber retorno a las aulas sin recomposición salarial de todo lo perdido en el período anterior. No podemos aceptar volver a las aulas, sin un plan serio de vacunación ni inversión en implementos sanitarios. Llevemos a las mesas paritarias nacional y provinciales, nuestro pliego de reivindicaciones exigiendo la reapertura de los cursos y turnos cerrados, la reincorporación de todos los trabajadores dados de baja, e indicando las reparaciones y la cantidad de escuelas, distrito por distrito, que hacen falta. Exijamos la creación de cargos y horas para la atención de grupos reducidos, y la titularización masiva de todos los trabajadores: basta de precarización, ingreso único al sistema educativo. No podemos aceptar volver al aula, en base a la extorsión del descuento y el ítem aula.

     

    No podemos aceptar que los garantes del ajuste, los que actúan como ministros de educación ad hoc, sean quienes nos representen en la mesa de negociación. Son los que vociferan contra la campaña de la oposición patronal, pero de un lado y otro de la General Paz garantizan los planes del gobierno a espaldas de los trabajadores. Elijamos y mandatemos en plenario, a nuestros delegados paritarios, nacionales y provinciales.

     

    Las seccionales y sindicatos recuperados pueden jugar un rol central en forjar una nueva dirección de los trabajadores de la educación. Para ello, es imprescindible que rompan los acuerdos con las corrientes de colaboración de clases con las que pusieron en pie las multicolores. Necesitamos reagrupar al activismo a nivel nacional en una oposición sindical a la Celeste y sus colaboradores, que sea capaz de orientar su accionar con un programa de independencia de clase. La crisis de dirección de los estatales es brutal. La descomposición de nuestras organizaciones sindicales por la sujeción a la regulación estatal y por la política conciliadora de la burocracia, nos interpela a recuperar los sindicatos, superando los límites que tuvo la experiencia anterior de frentes anti celestes. Necesitamos una oposición sindical revolucionaria, que dispute la dirección del conflicto, poniéndose a la cabeza de la preparación del NO INICIO EDUCATIVO NACIONAL, organizando desde las bases un plan de lucha que nos devuelva la iniciativa a los trabajadores.



    1 Trotsky, L. El nacionalismo y la economía, 1933.
    2  Trotsky, L. Sobre el segundo plan sexenal en México, 1939.

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