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Los trabajadores municipales de Mendoza tienen que ganar

Lunes, 06 Julio 2020 23:12

Los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, organizados en ATE, llevan ya un mes de conflicto en reclamo de recomposición salarial. Perciben salarios que rondan los 10 mil pesos, gran parte compuesto por adicionales no remunerativos ni bonificables. En este tiempo, el tándem radical Suárez-Suárez que gobierna el municipio y la provincia, los ha reprimido tres veces, con desalojos, gaseos, golpes, denuncias penales individuales y al sindicato, y sumarios.

La última represión, ocurrió este domingo 5/7, tras 12hs de intimidación policial y amenazas de la fiscalía, que concluyeron en el violento desalojo de la protesta que sostenían en el KM 0 de la ciudad, y la detención y agresión física de 46 trabajadores, entre ellos los dirigentes de ATE, Adriana Iranzo y Roberto Macho, y de SUTE, Sebastián Henríquez y Pablo Massutti. El argumento para el accionar policial, y la imputación posterior de 36 del total de detenidos, fue la violación del artículo 205 del código penal que castiga con prisión a quien no acate las medidas dispuestas por las autoridades para la prevención de una epidemia. Lo cínico de tal argumento, es que en Mendoza está permitido compartir una mesa de bar con 10 amigos, pero te mandan la infantería si 4 laburantes, que se cagan de hambre con sueldos miserables, se encadenan a un banco en la peatonal. Otra muestra más del carácter antiobrero del conjunto de medidas dispuestas por el decreto de Alberto en acuerdo con los gobernadores, para disciplinar a la población trabajadora que están cargando con lo peor de la crisis económica y sanitaria.  

El sector de limpieza urbana y de preventores que está en lucha por recomposición salarial, se está organizando en ATE, mientras el sindicato mayoritario es el SOEM, dirigido por el concejal radical Dugas Chapel, abiertamente alineado con la gestión Suárez. No es un dato menor que después de la primera represión a los municipales en lucha (desalojados por la policía el 13/6 cuando realizaban un acampe en el predio usado por la municipalidad en el Barrio La Favorita), el SOEM, para descomprimir, negoció el 16/6 que parte del salario pagado con tickets alimentarios, pasara a pagarse a partir de julio como dinero en efectivo, totalmente en negro. Acuerdo inconsulto con la base, mucho menos con el sector en lucha, y claramente insuficiente. Este es el rol de una burocracia podrida que no ha repudiado la represión sufrida por este sector de trabajadores municipales, y es la principal garantía de subordinación de los empleados municipales a las políticas de precarización, tercerización y pauperización de la gestión radical en la ciudad.

Este conflicto se volvió testigo de la problemática que padecemos el conjunto de los estatales. El radical Suárez en Mendoza, igual que Alberto en la nación, priorizan el pago de la deuda externa y la negociación con los bonistas, a costa de salarios congelados, despidos y suspensiones. Aguinaldos postergados. Paritarias cerradas. Alta precarización laboral, con contratos basura, prestaciones, suplencias, monotributo, etc. Y también porque la fragmentación sindical agrava la crisis de dirección del conjunto de los estatales. Los reclamos son los mismos: reapertura inmediata de paritarias, recomposición salarial, pase a planta permanente. Pero el alineamiento de conducciones con el gobierno del Frente de Todos por un lado, y de Cambia Mendoza por otro, se traduce en desmovilización y desconfianza de las bases.

Los municipales en lucha, que soportaron tres represiones y no han sido doblegados, tienen que triunfar. Son hoy una referencia para el conjunto de los estatales, y tienen ganada la autoridad para convocar a provincializar el conflicto, instando a poner en pie un congreso de delegados estatales de base mandatados, que supere la fragmentación de las conducciones y permita centralizar las fuerzas dispersas de los trabajadores. Esta instancia es clave para debatir y resolver un plan de lucha unificado, que prepare un paro provincial hasta imponer el reconocimiento de las demandas de los municipales, y que obligue a Suárez a sentarse a discutir en una paritaria estatal única.

Un congreso de delegados de base, es necesario, para avanzar en un debate programático de cara a resolver la grave crisis de dirección que nos atraviesa al conjunto de los estatales. Las tendencias y delegados antiburocráticos y de izquierda, tenemos la responsabilidad de batallar por un programa de independencia de clase, forjando una oposición sindical revolucionaria que dispute la dirección de la lucha de los estatales y prepare la recuperación de los sindicatos. En cada lugar de trabajo, impulsemos asambleas y mandatos de PARO PROVINCIAL y de ruptura de la tregua de las CGT y CTAs al gobierno del FdT. Preparemos un congreso que discuta cómo enfrentamos la crisis económica y sanitaria con nuestros métodos de clase.

 

Los estatales, la policía y el monopolio de la fuerza del Estado.

En el conflicto de los municipales, junto al sector de limpieza urbana, sostienen la lucha un grupo de preventores. Los preventores son un cuerpo de civiles, creado en el ámbito de la Municipalidad de Mendoza, por decreto del año 2008 (luego emulado por otros municipios), con el objetivo de observar, informar y colaborar con la Policía de Mendoza. Como cuerpo de civiles, auxiliares de la Policía provincial, portan tonfas y gas pimienta, y tienen acceso al sistema Tetra de comunicación encriptado que usa la policía. Si bien son civiles, son casi 300 los preventores de la ciudad, cuya función es la cooperación y coordinación como auxiliares en el accionar policial.

No podemos ser indiferentes a las implicancias de esta relación. Más aún en esta situación de crisis económica mundial acelerada por la pandemia, frente a la cual, la cuarentena es utilizada por Alberto y los gobernadores, para aumentar el control de la circulación de bienes y de trabajadores. Para ello son las medidas de mayor intervención de las fuerzas de seguridad, incluyendo el despliegue del ejército en las barriadas, como parte de la preparación de los capitalistas y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo. Medida que ya se ha cobrado numerosas vidas, como Luis Espinoza en Tucumán, dos jóvenes muertos en las comisarías de San Luis, Facundo Scalzo y tantos otros asesinados por gatillo fácil en el marco del ASPO. Esta tendencia es internacional, y vemos su expresión, con sus especificidades, en las movilizaciones contra los asesinatos raciales a manos de la policía en EEUU, y la discusión abierta en el movimiento obrero sindicalizado respecto a la expulsión de los sindicatos de policía de las centrales obreras.

La policía es una fuerza integrada por individuos que se forman y trazan su vida como miembros de las instituciones represivas del Estado burgués. Los policías, oficiales, suboficiales, espías de la exSIDE y demás servicios, no son obreros aunque ganen poco, soporten largas horas de servicio, los maltraten los superiores o vivan en malas condiciones. Es una aberración completa considerar que existe algún tipo de “unidad de clase” con los policías, a pesar de poder ellos mismos ser hijos de obreros u obreras, y de percibir por su servicio una remuneración salarial. Su función es opuesta a los asalariados que trabajan en la producción o en servicios. La función del policía consiste esencialmente en colaborar con la explotación capitalista, asegurando en forma “técnica y administrativa” la extracción de plusvalía y la disciplina laboral. Aunque sean pobres o maltratados no significa ni mucho menos que los policías sean explotados. Los trabajadores son explotados porque rinden plusvalía al patrón. El policía amordaza al obrero y ayuda al patrón a tenerlo esclavizado. “El hecho de que los agentes de policía fueran reclutados en gran parte entre los obreros socialdemócratas no significa absolutamente nada. Aquí también la existencia determina la consciencia. El obrero que se hace policía al servicio del Estado burgués es un policía burgués y no obrero. (…) Pero lo más importante es que todo policía sabe que los gobiernos cambian, pero la policía queda” (León Trotsky. Alemania, la revolución y el fascismo).

En este conflicto, un grupo numeroso de preventores estuvo en la lucha, junto a los trabajadores de limpieza urbana, soportando incluso la represión de la fuerza policial. Es importante dar el debate de la perspectiva que abre este conflicto para el sector. Por ello sostenemos que los preventores que están en la lucha junto al resto de los municipales, deben plantear la disolución del cuerpo de preventores, y su reubicación en otras tareas y servicios municipales.  Porque cualquier lucha reivindicativa elemental, nos encontrará una vez más, enfrentando el accionar policial como fuerza represiva del Estado para disciplinar a los trabajadores. Debilitar el poder represivo estatal, es central en la perspectiva estratégica de la destrucción de este Estado, que no es nuestro Estado.

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  • Una paritaria bancaria en cuarentena y en línea con los pedidos del gobierno

    Una paritaria bancaria en cuarentena y en línea con los pedidos del gobierno

    Entre gallos y medianoche se alcanzó un acuerdo paritario bancario, casi al cierre del mes de julio, del cual ningún bancario estaba al tanto que se estaba discutiendo. El mismo significa un aumento (totalizado) del 26% al salario bancario, pero que en realidad son 4 aumentos trimestrales (7% para el primero y tercer trimestre y 6% para el segundo y cuarto trimestre) y los cuales no son acumulativos, ni retroactivos a enero y con una cláusula de revisión recién para noviembre de este año. Un aumento paritario, que, apenas cubre el “aporte solidario” que definió el gobierno a principios de año el cual iba ser absorbido por futuros incrementos.

    Estas paritarias están enmarcadas en el pacto social del que tanto habló (y quería armar) Alberto Fernández en su campaña electoral presidencial del año pasado y que hoy, luego de más de cuatro meses de cuarentena obligatoria, se firma con la idea de imponer una nueva relación entre capital y trabajo, donde la variable ajuste seguimos siendo los trabajadores.

    Está claro que lo que el gobierno, las patronales (nacionales e internacionales) y la burocracia sindical están tratando, es de dar forma a lo que se viene: no un escenario post pandemia, sino al que se impondrá luego de la negociación con los bonistas por el pago de la deuda externa y las condiciones en las que el país quedará después de ésta.

    Es por eso que es tan importante, tanto para el gobierno, como por las patronales, el definir y legalizar hoy los ataques a los trabajadores: ya sea por medio de rebajas salariales (aumentos por debajo de la inflación proyectada, por ejemplo), masivos despidos encubiertos por medio de los famosos “retiros voluntarios”, suspensiones, la reforma previsional y la tan mentada y no lograda por el gobierno anterior: reforma laboral.

    El acuerdo firmado sólo habla de aumento salarial y no dice nada al respecto de las condiciones en las que hoy están trabajando los bancarios (como la cantidad de horas extras que hacen con el homeoffice, escritorios improvisados en los hogares y malas herramientas informáticas y de conectividad). Esto se discutió por otro lado y quedó plasmado con la recién aprobada Ley de teletrabajo, que avala la flexibilización laboral (y la bancaria y la burocracia en general apoyan) y en la discusión que están planteando sobre productividad y la necesidad que tienen de “modernizar” las leyes laborales.

    Por otro lado, la Bancaria avalando el “quédate en casa” del gobierno, también aceptó que el sindicato se cerrara y se cancelaran las reuniones de los trabajadores en nombre de “cuidar nuestra salud” desde marzo a esta parte. También aceptó los protocolos anti covid armados por los bancos y los homologó en el Ministerio de Trabajo, y que hasta el final eran garantía de una mejor explotación y de contagio en las sucursales. Es que, las medidas de protección no sólo llegaron tarde en muchos bancos, sino que no en todos se aplicaron y plantean lineamientos generales que no tienen en cuenta las verdaderas condiciones en las que trabajamos. En la práctica, muchos bancarios y bancarias se han infectado por el virus, no se han respetado las medidas mínimas de protección, ni se les ha brindado los insumos y elementos a los trabajadores para evitarlos y luego nos echan la culpa “por no cuidarnos”. Es necesario que votemos delegados de Seguridad e Higiene para definir y hacer cumplir las medidas necesarias de protección de nuestros compañeros.

    Por todo esto es imperioso que nos organicemos para pelear por nuestras condiciones de trabajo y por todo los que nos quitaron antes y durante la cuarentena y lo que nos quieren quitar con las próximas medidas en puerta. Palazzo y compañía, apoyando al proyecto de Alberto Fernández, ató nuestra organización de pies y manos a un proyecto que busca explotarnos y oprimirnos cada día más. En este sentido, tenemos que recuperar nuestra organización para la lucha, independiente de los partidos patronales y que pueda, junto con hermanos sindicatos recuperados de manos de la burocracia sindical, pensar una salida revolucionaria para los trabajadores y el pueblo pobre en su conjunto. Hacemos un llamado a todas las agrupaciones combativas y de izquierda en La Bancaria a que discutamos la necesidad de poner en pie una oposición sindical revolucionaria dentro del sindicato.

  • Trabajadores de la salud en la pandemia: El plan sanitario del Estado es una farsa

    El 20 de marzo pasado el gobierno nacional de Alberto Fernández estableció por decreto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” por el COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia mundial. El domingo 29 de marzo, extendió la medida hasta fines de semana santa. El pretexto para establecer esta cuarentena, con las fuerzas de seguridad controlando las calles, es un modelo estadístico (curva) promovido por la OMS y los especialistas según el cuál es necesario ralentizar los contagios de la enfermedad para evitar un colapso del sistema sanitario de los estados burgueses, como se está viendo en Italia y España. Este plan de “achatar la curva de contagios” parte del supuesto de que el sistema sanitario tiene capacidades limitadas para la atención de la población, y según el ministro de salud González García, todo el plan consiste en ganar tiempo para adecuar el sistema, en actual estado de calamidad, a las necesidades del futuro pico de contagio. Basta traspasar la medianera de cualquier hospital del interior del país para darse cuenta de que esto es una burla al pueblo pobre y a la clase trabajadora toda, y un cínico insulto a los trabajadores de la salud en particular.
    Por supuesto, lo anterior es un mero pretexto sanitario. Al 29 de marzo, el total de detenidos por “violación de la cuarentena” ascendía a 33.000 (Clarín). Como hemos expuesto en otros materiales, la intervención de las fuerzas de seguridad controlando la circulación de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, responde a la preparación de la burguesía y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo mundial que va mucho más allá de una infección respiratoria. Estamos hablando de una crisis capitalista en toda regla, con su ola de suspensiones, despidos, rebajas salariales, avance de la precariedad y quita de conquistas obreras, camino que ya comienzan a transitar las patronales como Techint, pero que ya venían implementando antes del COVID-19 en la industria petrolera, en ARCOR, por dar sólo algunos ejemplos.

    Un sistema en ruinas

    La inversión en salud en Argentina es del 9,4% del PBI. De esta cifra, el Estado (en sus distintos niveles e incluyendo el gasto en seguridad social) aporta el 70% y el 30 % restante corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda. Por la expansión de la pandemia, el gobierno nacional anunció una partida presupuestaria extra de $1.700 millones. Para que tengamos un punto de comparación, es el equivalente a un cuarto del presupuesto anual del Hospital Garraham.
    El cinismo de Fernández es insuperable cuando se refirió a que los trabajadores de la salud iban a recibir un pago diferencial extraordinario: se rumoreaba que iba a ser de $30.000, pero resultó en el decreto que cobrarán 4 cuotas de $5.000, no remunerativos y contra la prestación efectiva de servicios; y en caso que se ausente del trabajo en forma parcial o total -justificada- el pago extraordinario se ajustará proporcionalmente, introduciendo en la emergencia una cláusula de presentismo  (productividad). Ese decreto además reconoce que el personal de salud debe trabajar en más de un lugar, dado que el salario no alcanza, estableciendo que el incentivo lo cobrarán sólo por uno de sus empleos. Resulta ahora que los trabajadores de la salud deben hacer una “patriada” con un barbijo y un par de guantes durante todo el día a cambio de las peores condiciones laborales agudizadas por la expansión del virus, con todos los riesgos que ello significa, y con un salario por debajo de la línea de la pobreza.
    El sistema sanitario argentino está fragmentado en el sector estatal, que atiende a 3 de cada 10 personas en forma gratuita, las Obras Sociales sindicales, que cubren a los trabajadores registrados con aportes, y el sector privado de prepagas, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, otros centros privados y, no olvidarlo, las nefastas ARTs. Estos dos últimos sectores atienden a 7 de cada 10 personas (Iprofesional, 22/03/20). Las estadísticas no distinguen entre las personas atendidas por las Obras Sociales de aquellas atendidas por el sector privado porque de hecho estos sectores se confunden. Hay una razón: en los años 90, las Obras Sociales que ya estaban bajo la égida del Estado burgués a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos, fueron desreguladas, proceso que culminó bajo el gobierno de la Alianza que nos depositó en la crisis de 2001. Debería tener más cuidado el actual presidente cuando compara los muertos con las crisis económicas: muchos de los trabajadores que morirán con el pico de la actual pandemia serán en realidad víctimas de las reformas antiobreras que se instrumentaron durante las crisis anteriores. La desregulación de las Obras Sociales permitió que muchas de estas simplemente tercerizaran los servicios de cobertura de salud de los trabajadores de su rama desviando los descuentos de ley a prepagas que surgieron como hongos y luego fueron decantando por la competencia capitalista en el monopolio de los actuales mercaderes de la vida y la muerte como OSDE, Swiss Medical, Medifé, etc, etc. Otras Obras Sociales sindicales se “especializaron” en el rubro, ofreciendo sus servicios a otros sindicatos. Todo esto, sin dejar de mantener una relación espuria con la SSS, que junto con la Ley de Asociaciones Sindicales y la Conciliación Obligatoria se ha convertido en un instrumento de subordinación de las organizaciones de la clase obrera al Estado burgués. Esto sucedió durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos anteriores y sucede ahora: la burocracia sindical negocia paz social por fondos frescos que la SSS transfiere a esta capa privilegiada a través de las Obras Sociales. Los fondos que supuestamente deberían destinarse a la salud de los trabajadores son el pago en efectivo de la traición de sus dirigentes por el Estado burgués. Este sistema de salud, llamado “tripartito”, que viene siendo coto de negocios de un puñado de empresas capitalistas (a las que hay que sumar a los laboratorios de medicamentos) y del concubinato del Estado con la burocracia sindical, es el que se enfrenta a la famosa “curva” del COVID-19. De más está decir que la resultante, en palabras del propio Ginés González García, es un sistema sanitario devastado.

    La salud del pueblo

    Igual que la democracia política, la salud popular en la Argentina fue producto de la lucha y la organización de la única clase progresiva, el proletariado. La salud de los trabajadores sólo fue atendida por los trabajadores mismos a través de las mutuales y cajas de socorros mutuos, germen de los sindicatos. Las Obras Sociales tienen ese mérito, y recordamos esta historia porque lamentablemente hoy muchas organizaciones obreras y de la propia izquierda centrista están totalmente adaptadas a la ideología estatista de la burguesía, que hoy en la crisis se fortalece. La salud pública, que es una ilusión, pasaría por los hospitales estatales, (no tan) gratuitos, que además los últimos años han sufrido también el embate de las políticas del Banco Mundial y su Cobertura Única de Salud (CUS) que propone la intervención directa de los privados en los servicios “rentables” del hospital público. Más que tripartito, el sistema es una maraña en la cual las empresas de la salud se quedan con el negocio y el Estado sostiene los déficits, estatismo a fin de cuentas. No hace falta más que conversar con cualquier enfermera de un hospital estatal para saber cuáles son y cómo se manejan los servicios “privatizados”. En cuanto a las Obras Sociales, como explicábamos más arriba, han sufrido el derrotero de los propios sindicatos bajo la decadencia imperialista, siendo sometidas por el estado burgués y sus formas de poder bonapartistas sui generis. Sin embargo, en medio de la pandemia, la lección de la historia es categórica: sólo a los trabajadores nos interesa nuestra salud y la salud del pueblo pobre en general.
    ¿Qué significa la salud de la clase obrera para la burguesía? Simplemente parte del valor de la fuerza de trabajo, que debe reproducirse día a día para continuar bajo el yugo de la explotación del capital y su acumulación. Incluso si se “daña” en el propio proceso de producción, como cualquier máquina está cubierta por un seguro (ART). Esto simplemente queda mucho más al descubierto con la descomposición de cualquier idea de Estado de bienestar en los países imperialistas, el antiguo espejo en que se miraban la sub-burguesía nacional y los sectores medios.

    Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud

    La pandemia ha venido a profundizar y acelerar la crisis económica y social y a poner al descubierto un sistema de salud en ruinas. La actual coyuntura de crisis en todo el mundo muestra como los trabajadores de la sanidad, de la industria y los servicios empezamos a organizarnos y luchar por lo que nos han robado hace décadas, como es el caso de las huelgas en Italia, método de la clase obrera para que las patronales no la arrojen como “carne de cañón” a producir en la insalubridad de las fábricas.
    En Argentina, la burocracia sindical se votó el aislamiento social, cubriéndole el flanco al gobierno. Luego de la reunión entre nación y sindicatos de la salud quedó demostrado que tanto ATE y Fesprosa como la CTA-A van a ser cómplices de profundizar la precariedad laboral ante la incorporación de residentes del 2º y 3º año al abordaje de la epidemia, la falta de recurso crítico disponible en los hospitales (aunque parece ser un dato novedoso para los burócratas) y definen poner a disposición los hoteles sindicales para subordinarse a la estrategia del gobierno nacional. La UPCN y ATSA también firmaron la paz social, y solo se remiten a elevar notas por falta de insumos al Ministerio de Salud ante la presión de los trabajadores de la sanidad en hospitales designados de referencia para atender pacientes infectados por el COVID-19. La burocracia trata de mostrar la importancia que tiene la “unidad” de los sindicatos con el Estado burgués, con la excusa de la emergencia y la esencialidad del sector, manteniendo así la conciliación de clases como objetivo primordial de salvaguardar las ganancias capitalistas.
    Los trabajadores de la salud somos hoy los más expuesto a la pandemia y al plan de Alberto y las patronales. Además de defender nuestra propia vida, debemos defender al conjunto de los trabajadores ya que, con menor personal de atención disponibles por posibles contagios, el sistema sanitario caería aún en peores condiciones, como sucede en España donde casi el 15% de los contagios se dan entre trabajadores de la sanidad. Contra las jornadas extenuantes y la doble o triple jornada de trabajo, debemos pelear por jornadas de 6 hs para las y los trabajadores de la salud, con un salario inicial igual a la canasta básica indexado a la inflación, y por el pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes. Hay que poner fin a las tercerizadas. No podemos permitir que gobiernos y empresarios de la salud aprovechen la coyuntura para avanzar en la precarización laboral, ¡Que todo trabajador que se incorpore en la emergencia sea contratado con las mismas condiciones que el personal de planta, por un contrato único!
    Los trabajadores de la salud necesitamos disponer de todos los insumos necesarios para la asepsia y esterilización de materiales, así como de equipos e insumos. Necesitamos equipos de protección personal (EPP) para todo el personal, teniendo en cuenta que se trata de material descartable y debe estar disponible de formar constante. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad para todo el personal.
    Es imperiosa la centralización real de los recursos sanitarios. Al igual que el resto del plan sanitario de Alberto, la coordinación a través del gobierno nacional y sus conferencias con los gobernadores de las provincias y el intendente de la CABA son una farsa y dejan al 70% de la atención del sistema, privado, seguir actuando guiado por el lucro (una pandemia significa grandes negocios para estos burgueses). Sin embargo, la consigna de centralización del sistema bajo el comando del Estado burgués, incluso la estatización de las efectores del sector privado, sigue dejando en manos del comando de nuestros enemigos de clase el problema de la salud de los trabajadores. Lo que está planteado es poner los hospitales, clínicas, sanatorios, grandes cadenas de farmacias y demás centros de atención bajo control de sus trabajadores a través de los sindicatos de la rama (ATSA, la Fesprosa, ATE Salud, UPCN, sindicatos estatales provinciales y municipales). Por supuesto, para ello es necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ampliar sus funciones. El método es la asamblea, la elección de delegados con mandato, los plenarios zonales o municipales, provinciales y un Congreso Nacional de Delegados de Base de la Salud, por supuesto, tomando todas las medias de prevención para evitar los contagios (tal como deben tomarse en los propios hospitales y fábricas donde se continúan las labores). Para esto también necesitamos imponer la jornada de 6hs, que los sindicatos estén abiertos para realizar reuniones de delegados y activistas, y que emitan salvoconductos sindicales para que nuestros delegados puedan circular entre los lugares de trabajo y las sedes de nuestras organizaciones.

    Control Obrero versus Reconversión

    Existe una preocupación válida entre muchos compañeros y compañeras en relación a la provisión de los EPP y otros insumos y equipamientos médicos, ¿cómo conseguirlos, si no hay stock? Esto se debe a que la producción de estas mercancías y su distribución no escapan a las reglas capitalistas anárquicas que rigen a cualquier mercancía. Los stocks no están o porque no se producen, o porque están escondidos para la especulación o porque fueron destinados a la exportación o al consumo de los sectores burgueses. El caso de los respiradores es paradigmático: fueron los propios distritos provinciales los que comenzaron a pujar por los pocos respiradores que se fabrican en el país. Nuevamente, el Estado nacional tuvo que salir a aparentar cierta organización centralizando a su manera el abastecimiento de los mismos, y al mismo tiempo activando un gran negocio para una multinacional como Toyota que se ofreció para la reconversión de su planta de Zárate, donde propuso armar una línea de montaje de respiradores para sumar a los que se fabrican en Córdoba y a las partidas que serán importadas probablemente de China. ¡Es un gran negocio! En tiempos de restricción de la producción por la cuarentena, pero más aún por la recesión mundial, la industria automotriz está paralizada; la única forma en que puede valorizarse el capital es explotando a la fuerza de trabajo, y Toyota encuentra la manera de realizar esto… ¡a través de la famosa reconversión! En el terreno del mercado mundial, ocurre lo mismo con la competencia entre el capital de los países imperialistas entre sí y con China por poner en funcionamiento determinadas producciones destinadas a los sistemas sanitarios para intentar iniciar una (muy dudosa) recuperación económica a futuro.
    Lo más lamentable es que esta idea sea un punto central del programa que nos propone la izquierda centrista organizada en el FIT-U. Dirán que ellos suman a la reconversión el “control obrero”, entendido como un mero control democrático “por la base” de la actividad capitalista. Sin embargo, lo que realmente están proponiendo es una reconversión dentro de los marcos del sistema, sin cuestionar el mando capitalista ni enfrentar al Estado burgués (por eso tampoco quieren enfrentar la cuarentena) ni cuestionar la explotación del sistema del trabajo asalariado. Los revolucionarios, entendiendo el problema de la cadena de suministros del sistema sanitario, levantamos la intervención independiente de la clase obrera, luchando por recuperar nuestros sindicatos industriales y de servicios para que amplíen sus funciones y a través de nuestras organizaciones imponer el control obrero de los laboratorios médicos, las fábricas químicas, textiles, de papel y de equipos médicos, la cadena logística, y demás insumos y equipos que se necesiten para atender la pandemia y sostener la tarea de los trabajadores de la salud. Confiscación de todos los stocks de insumos y equipos y distribución bajo control obrero, donde tendrá un peso preponderante la opinión de los propios trabajadores de la salud.
    Debemos decir finalmente que la idea de reconversión es totalmente nacionalista. El control obrero sobre las ramas industriales y de servicios rompe las fronteras nacionales porque la tarea que enfrenta nuestra clase obrera y su vanguardia tiene una naturaleza, como la pandemia y el mercado mundial capitalista, internacional.

    El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo

    Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud. Esto no quiere decir que podamos poner en pie un sistema de salud “obrero”, paralelo al Estado capitalista y el sistema de la propiedad privada, eso sería una mera utopía reformista. La salud de la clase obrera no puede garantizarse sin enfrentar las consecuencias de la descomposición capitalista. Siguiendo a Trotsky, “los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
    La salud de nuestra clase no puede sostenerse a través de ningún sistema de salud estatal bajo el capitalismo, porque no tenemos garantizadas las mínimas condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Conquistar estas condiciones, un salario mínimo igual a la canasta básicas familiar, las condiciones de seguridad e higiene para no morir en las fábricas y en el transporte, una reforma urbana basada en la expropiación de los grandes terratenientes para conquistar viviendas para todos los obreros, imponer las escalas móviles de salario y horas de trabajo contra el desempleo y los despidos, todo eso plantea un programa de transición para la lucha de nuestra clase contra los capitalistas y su Estado. A través de nuestros métodos, los ceses de actividades y paralizaciones para avanzar a la huelga general. Es el camino de la revolución socialista y la instauración de un gobierno obrero, en el que los revolucionarios internacionalistas estamos comprometidos.
    El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo.

  • Molino Minetti: Derrotado el primer intento de desalojo

    Molino Minetti: Derrotado el primer intento de desalojo
    Poner a producir el molino con los 150 adentro

    El miércoles 22 de enero se vivieron momentos de tensión en el molino Minetti. Tras el cierre fraudulento de los portones por parte de la empresa para fortalecer el lock out, los compañeros decidieron recuperar la planta, con el apoyo de la comisión de mujeres y algunos grupos de izquierda, incluida nuestra corriente. La respuesta de la patronal y de toda la institucionalidad del Estado no se hizo esperar: la justicia mandó la orden de desalojo y Schiaretti a la policía provincial con un operativo contundente. Son los cómplices, junto a la burocracia de UOMA, de garantizar el no pago de salarios, el lock out y los despidos de los tenaces molineros que vienen desde hace meses resistiendo este ataque.
    Finalmente, luego de horas de tensión, los delegados hicieron un acuerdo para que la policía retrocediera, un acuerdo precario ya que se mantiene la amenaza de desalojo y un móvil policial se mantiene en el predio haciendo inteligencia. La tenacidad de resistencia de los molineros es ejemplar, merece el apoyo del conjunto de nuestra clase. La burocracia sindical de las CGTs y CTAs provinciales, amigas de Schiaretti y de Alberto, le está dando la espalda al conflicto, preocupadas más por garantizar el pacto social. Las oposiciones dentro de los sindicatos debemos redoblar esfuerzos, para sostener la pelea de los molineros y para poner a nuestros sindicatos en pie de lucha. ¡Que las CGTs y CTAs llamen ya a un paro provincial!
    Para avanzar en la lucha, es necesario romper el lock out poniendo el molino a producir, convocando al conjunto de los compañeros para esta enorme tarea. Los mejores aliados para esto son los sindicatos de las ramas vinculadas a los servicios, al trasporte y la distribución de la materia prima y la harina, como Camioneros, Empleados de Comercio, Luz y Fuerza y Gas. Es necesario llamar a estos sindicatos y a sus trabajadores, con la tarea principal de derrotar el actual intento de desalojo y avanzar en la puesta en producción. También es necesario continuar luchando para derrotar la política cómplice de la UOMA  y preparar el paro molinero. El camino de confiar en el ministerio, en la justicia o en el gobierno de Schiaretti ha demostrado llevar a un callejón difícil de sortear.
    ¡Reincorporación de todos los despedidos!
    ¡Poner el molino a producir!
    ¡Abajo el desalojo!

    COR Regional Córdoba

    24/01/2020

     

  • Un nuevo acuerdo para reprimir y criminalizar las luchas de los trabajadores y el pueblo

     

    El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.

    Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.

    La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.

    Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.

    Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).

    La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.

    También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes.  En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.

    Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.

    Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.

    Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.

    Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares

    Comités de autodefensa para enfrentar la represión

    Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores

    Por el control obrero de los de los grandes medios de producción

    Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.

    Abajo Piñera

    Por un Gobierno Obrero

  • No a los salarios de hambre de Schiaretti. Paro provincial para imponer nuestras demandas

    El gobierno de la provincia de Córdoba afina la puntería y avanza en un duro ataque contra los estatales y docentes provinciales estableciendo un “aumento” salarial irrisorio del 4% para noviembre más una suma no remunerativa de $1750; en diciembre un adicional de $875; en enero lo mismo que noviembre y en febrero se reúnen nuevamente para discutir si se blanquea los $1750 más los $1500 que ya venían cobrando, luego de suspender el pago de la cláusula gatillo. Mientras que la inflación interanual ya supera el 50% y la canasta básica suma un acumulado desde el 1º enero del 48,24%. Las declaraciones de Juan Monserrat: “en febrero intentaremos recuperar los puntos perdidos del 2019 ante la caída de la recaudación en las arcas provinciales” son claramente las de un vocero de la patronal.

    Con este acuerdo, basado en la necesidad de ajustar las cuentas para pagar la deuda, Schiaretti se pone a tono con los F-F y se apresta a ingresar, junto con el resto de los gobernadores, al Pacto Social. Lo mismo hacen el kirchnerista Monserrat, Pihén y demás burócratas, se preparan para ser la pata sindical del pacto contra la clase obrera.

     

    Crisis provinciales

     

    Pasadas las elecciones, tanto los gobernadores peronistas como los radicales se juegan a garantizar que seamos los trabajadores estatales y privados la variante de ajuste para el saneamiento de sus cuentas. No es novedad que las provincias están atravesando una profunda crisis económica, generada por la recesión y por la crisis de deuda y financiamiento abierta durante el gobierno de Macri. Mientras la derrota electoral de este último ha generado grandes expectativas entre los trabajadores y las masas, estas más temprano que tarde se van a ver defraudadas por la política del gobierno peronista que prioriza a cada paso las negociaciones con el FMI y los empresarios. Mientras, la situación social se agrava, con la aceleración inflacionaria y el congelamiento del salario. En medio de una región convulsionada por las protestas sociales en Chile, Ecuador y más recientemente por la resistencia al avance de la derecha en Bolivia, evitar una situación similar en nuestro país fue el gran rol que Macri y la burguesía le deben a la Iglesia, al triunvirato piquetero vendido al Estado y sobre todo a la burocracia sindical peronista de la CGT y las CTAs, que se embarcaron en la paz social del “hay 2019” traicionando a la clase obrera dejando pasar una brutal destrucción salarial y de puestos de trabajo. Por eso, si queremos recuperar lo perdido y pasar a la ofensiva, debemos enfrentar decididamente a los enemigos en nuestras propias filas: los Pihén y Monserrat, los Daer, los Acuña y los Moyanos.

     

    Pase a planta ya! Fin a la precarización laboral en el estado provincial

     

    Para Schiaretti y sus funcionarios, mantener las estructuras ministeriales con trabajadores precarizados mediante becas, monotributos y pasantías es una cuestión central y por ello, hace algo más de tres meses los Ministros vienen lavándose las manos aduciendo que se viene el cambio de autoridades y que por eso ellos no pueden resolver las demandas de los precarizados. Igual que a nivel nacional, chamullan con la “transición”, en este caso la de Schiaretti consigo mismo...

    Los jóvenes precarizados del estado provincial siguen dando pelea por el pase a planta, aunque sin respuestas favorables por el momento; dieron sus primeros pasos con acciones como las asambleas, los cortes y las marchas, y avanzaron en la organización sindical, afiliándose a ATE y eligiendo delegados normalizadores. En esto, fue muy importante la experiencia de las compañeras del Polo de la Mujer que sirvió como ejemplo a seguir. La semana pasada, se hizo sentir en los hospitales el paro de los transportistas de pacientes con discapacidad tercerizados, por una deuda salarial que mantiene el gobierno de Schiaretti desde junio, algo insostenible para cualquier trabajador.

    La lucha iniciada por los estatales precarizados tiene enorme importancia para el conjunto de la clase obrera. Plantea la posibilidad de conquistar el pase a planta, mejores condiciones de trabajo y un contrato único para todos los trabajadores estatales terminando con las divisiones entre las diferentes leyes, estatutos y convenios colectivos que, alentados por las mezquindades sectoriales de las burocracias de turno, nos llevan a la atomización y división. A contramano de la lucha por fortalecernos en la unidad, algunos sindicatos como la UTS plantean erróneamente la “pelea por la paritaria de salud”, postulando una pelea sectorial cuando es necesario generalizar el combate contra Schiaretti y el Estado provincial como un todo.

    Debemos recupera los sindicatos de las manos de la burocracia sindical para unificar a los estatales provinciales y luchar por la inmediata reapertura de paritarias, por una paritaria estatal única, por delegados paritarios elegidos en asambleas, por el pase a planta permanente, por un salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación, entre otras conquistas centrales para poner de pie a nuestra clase.

     

    Por un Congreso Provincial de delegados con mandato

     

    Avancemos en un congreso provincial de delegados con mandato que se plantee la deliberación y vote el paro provincial con toma de fábricas y edificios como parte de un plan de lucha para conquistar todas nuestras demandas. Este Congreso debe unificar a los estatales con el conjunto de los trabajadores de los servicios y la industria que enfrentan las mismas condiciones de deterioro salarial, precarización laboral y también los despidos y suspensiones. A los trabajadores de Molino Minetti, ya en el cuarto mes de lucha, se suman otros sectores como los judiciales, trabajadores de prensa de La Voz del Interior, los transportistas de AOITA, diferentes líneas de la UTA, que están en conflicto. Esto no sucede sólo en Córdoba, por lo que una instancia así debe servir para preparar un Congreso Nacional de delegados de base, para echar a la burocracia sindical y votar una paro nacional y un plan de lucha para enfrentar el ajuste que preparan el FMI junto con Alberto, los gobernadores, la Iglesia y los burócratas de la CGT todos unidos en el famoso Pacto Social. En estos momento es donde más necesitamos centralizar nuestras fuerzas para poder dar una salida a la crisis desde nuestros intereses.

    Para avanzar en estas tareas, las agrupaciones opositoras combativas de los diferentes sindicatos tienen gran responsabilidad en la necesidad de reagrupar a los luchadores y activistas más decididos. Proponemos organizar un plenario de delegados de las oposiciones de los sindicatos estatales para deliberar y discutir el programa para enfrentar a la burocracia sindical y recuperar los sindicatos para los grandes desafíos que tenemos planteados.

    • Abajo el Pacto Social.

    • Recuperar nuestros sindicatos y centrales obreras de manos de la burocracia sindical.

    • Por un congreso de delegados con mandato de base.

    • Por el pase a planta permanente, ya!

    • Contrato único para todos los estatales.

    • Salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación.

    • No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI de América Latina.

    Regional Córdoba

    4/12/2019

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