El 2020 fue un año para los trabajadores y estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) atípico por donde se lo mire. Pandemia de por medio, la virtualización de la educación y la actividad sindical, dejó vía libre para que la conducción del gremio docente (UEPC) con Juan Monserrat a la cabeza y el gobierno de la provincia, llevaran adelante un ataque mayúsculo a las y los docentes cordobeses con la modificación del estatuto. Claro que la oposición docente trató de poner en discusión, previo al tratamiento en la legislatura el pasado diciembre, los puntos de dicha reforma tales como la profundización de la precarización laboral, las dificultades para la titularización de cargos, el ajuste y el feroz ataque al conjunto de las y los docentes provinciales. En este contexto, las autoridades de la UPC en consonancia con el gremio de la UEPC redactan un acta acuerdo a espaldas de cientos de trabajadores para que entre en vigencia el ataque.
Mientras las autoridades daban curso al mencionado ataque algunos trabajadores de la UPC deciden organizarse bajo la cobertura gremial de la Asociación de Trabajares del Estado (ATE) quienes eligen a sus delegados normalizadores hace apenas unos meses. Resulta ser que el rectorado toma la decisión de poner fin al contrato del asesor legal de la Facultad de Artes (FAD), el abogado Juan Valfré, por incursionar en la organización sindical. Cabe destacar que desde la COR no vamos a avalar ningún despido ni persecución político gremial pero debemos aclarar lo que la CDP de ATE o bien desconoce, o se empeña en hacernos pasar gato por liebre. El caso es que la UPC viene de un proceso de “normalización” de hace 7 años y en consecuencia tiene a todos sus funcionarios designados a dedo por el ejecutivo provincial; y Valfré no es la excepción. Basta corroborarlo en la web oficial de la UPC el cual figura con dos cargos; uno como secretario general de Gestión y el otro como asesor legal de la FAD.
El Sr. Valfré en nuestra intervención política junto a compañeros independientes en la dirección del Centro de Estudiantes de la Roberto Arlt (CERA) en el período 2016-2018; asesoró legalmente a la directora del instituto y su lista de estudiantes a disputar la dirección del centro. Cabe recordar que nuestra pelea se trató siempre de defender la independencia de nuestra organización estudiantil de las autoridades de turno. Incomodaba sobremanera a las autoridades las discusiones políticas- sindicales y el apoyo activo por parte de los estudiantes a los conflictos gremiales de ese entonces tales como la lucha de la UTA, de AGR-Clarín; las negociaciones paritarias docente de UEPC; el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado desaparecido por la gendarmería nacional con la responsabilidad del estado nacional, etc. La actual agrupación dirigente del CERA es la misma que asesoró Valfré en aquel momento; permaneciendo aún fieles a sus objetivos de tener un centro a merced de las decisiones de las autoridades y lejos de los trabajadores.
La decisión actual de tener a funcionarios del riñón del régimen universitario como trabajadores en las filas de un sindicato es un problema que deben debatir las y los afiliados de ATE y exigir la renuncia de este y todos los funcionarios que hayan buscado la cobertura gremial para salvar una situación personal que huele más a interna peronista que a las ilegalidades que denuncia el gremio. Además porque los sindicatos son de las y los trabajadores a pesar de las direcciones que circunstancialmente los dirijan; y resulta deshonesto para aquellos trabajadores de la universidad que definieron acercarse al sindicato para exponer sus problemas de condiciones laborales, de higiene y seguridad, salariales, etc.
El debate de que la persecución gremial y política que despliegan las autoridades de UPC es por la falta de democratización de los órganos de gobierno y la imposibilidad de votar a sus representantes y autoridades, es falso. Quienes aducen que estas peleas que se dieron a principios del siglo pasado como la autonomía y el gobierno universitario deben ser parte fundamental del programa para la UPC son aquellos que están mirándose en el espejo de la UNC. Esa UNC tan “democrática y autónoma” que se ha cansado de perseguir a trabajadores y estudiantes que osaron cuestionar el desfinanciamiento educativo y el congelamiento salarial y terminó con el procesamiento de 27 compañeros estudiantes en el 2018 por la toma del pabellón argentina e intentó, sin éxito, condecorar a ex funcionarios de la dictadura militar el año pasado a través del Consejo Superior. Esos son los ejemplos más recientes de la impoluta UNC, cuyo régimen de cogobierno pretendidamente democrático está permeado por todos los costados por la rosca de los partidos patronales (UCR, PJ en todas sus variantes) y los intereses de las empresas, el Banco Mundial y el FMI.
Los revolucionarios peleamos por una universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles que permita que el acceso a la educación de los trabajadores y sus hijos sea sin restricciones. Y para ello debemos recuperar nuestros sindicatos y centro de estudiantes de las manos de la burocracia sindical y de las organizaciones pro-patronales. El “proceso de normalización” de la UPC sigue su curso en base a la precarización laboral y de las condiciones edilicias y de estudio: debemos enfrentarlo impulsando un Congreso de Delegados con mandato de asamblea, docentes, co-docentes y estudiantiles, para votar un plan de lucha y sentar las bases del nuevo gobierno de trabajadores y estudiantes de la universidad.
Son varios los problemas que debemos enfrentar en lo inmediato: la lucha para hacer retroceder la implementación del nuevo estatuto docente y la vuelta a la presencialidad en las aulas sin las condiciones de seguridad e higiene garantizadas. La bimodalidad para el dictado de clases tiene como objetivo continuar como en el 2020 trasladando el gasto de conectividad y equipamiento a los docentes y estudiantes. Debemos rechazar y enfrentar la bimodalidad como sinónimo de la extensión de la jornada laboral docente. Es éste un debate fundamental entre los trabajadores y estudiantes de la UPC; como nos enfrentamos a una campaña furibunda por parte de los gobiernos nacional y provincial de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales.
Pongamos en pie asambleas de docentes, co-docentes y estudiantes para la elección de representantes para la conformación de comisiones de higiene y seguridad por escuela; de este modo podremos encarar programáticamente la vuelta a la presencialidad.
Desde la COR nos ponemos a disposición de las y los trabajadores docentes y co-docentes de la UPC y repudiamos enérgicamente cualquier ataque y persecución que estén sufriendo por parte de las autoridades Krawchik -Bambozzi con la complicidad de la burocracia sindical de Juan Monserrat. Y llamamos a los activistas y estudiantes a sumarse al debate de cuales son las organizaciones que necesitamos y el programa que debemos levantar para enfrentar la política de ataque y ajuste del FMI, los gobiernos de turno para con los trabajadores y la juventud.